Se nos olvidaba algo de la Chinovela o la movie Chinogate:
La Corte federal del distrito de Columbia otorgó un plazo de 90 días al gobierno de Estados Unidos para entregar "pruebas contundentes" y hacer "progresos significativos", para sustentar los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon.
El juez federal Emmet Sullivan negó también la libertad bajo fianza del empresario chino, y convocó a una nueva audiencia el próximo 12 de octubre para analizar el caso, con la posibilidad de que sea el 20 de diciembre la fecha para iniciar el juicio.
La sesión ante el juez Sullivan se tornó en momentos difícil para el gobierno de Estados Unidos. Y es que los argumentos del fiscal federal, Paul Leymon, no dejaron del todo satisfecho al magistrado, pues en todo momento alegó que Ye Gon era narcotraficante internacional muy peligroso.
La sesión transcurrió con varios puntos contenciosos, sobre todo cuando Sullivan rechazó los alegatos de Leymon que pretendía sustentar sus dichos, vinculando, sin evidencias, a Ye Gon con los cárteles del narcotráfico de México.
En todo momento, el juez dejó en claro a la fiscalía que muchos de los supuestos delitos que Ye Gon cometió ocurrieron en México, por lo que no tenían jurisprudencia en Estados Unidos, a menos que le presentara evidencias que los sustentaran.
En este tenor, el gobierno de George W. Bush estableció que tiene testigos que servirán para demostrar que Ye Gon cometía actividades relacionadas al tráfico y producción de drogas sintéticas en México.
"No tenemos una pistola humeante", aceptó el fiscal Laymon, usando esta frase como una analogía de que el gobierno de Estados Unidos carecía de evidencias contundentes de los cargos que le imputa al empresario chino-mexicano.
En un momento de la sesión en la Corte, la fiscalía dijo al juez que podía presentarle pruebas de los cargos contra Ye Gon, pero solamente en una sesión confidencial, sin la presencia de la defensa del empresario chino encabezada por Martin McMahon.
El juez Sullivan se negó a participar en la estrategia de la fiscalía, sosteniendo que esa situación no tenía sustento en las leyes de Estados Unidos.
McMahon, como en otras sesiones anteriores en la Corte federal, insistió en que su cliente es un empresario honesto que ha ganado muchos millones de dólares con la importación de precursores para productos de la industria farmacéutica, por lo que puso el acento en que 150 millones de dólares --de los 207 que le decomisaron las autoridades mexicanas-- eran propiedad de políticos mexicanos del Partido Acción Nacional, que lo dieron a guardar al chino-mexicano por su supuesta procedencia del tráfico de narcóticos y destinado para financiar la campaña presidencial del presidente Felipe Calderón.
La fiscalía informó al juez que hace unos días viajó a la Ciudad de México para recopilar más información sobre el caso de Ye Gon, por lo que trajeron once expedientes con miles de documentos que revelan los detalles de las operaciones bancarias y comerciales del controvertido empresario en México.
El juez federal Emmet Sullivan negó también la libertad bajo fianza del empresario chino, y convocó a una nueva audiencia el próximo 12 de octubre para analizar el caso, con la posibilidad de que sea el 20 de diciembre la fecha para iniciar el juicio.
La sesión ante el juez Sullivan se tornó en momentos difícil para el gobierno de Estados Unidos. Y es que los argumentos del fiscal federal, Paul Leymon, no dejaron del todo satisfecho al magistrado, pues en todo momento alegó que Ye Gon era narcotraficante internacional muy peligroso.
La sesión transcurrió con varios puntos contenciosos, sobre todo cuando Sullivan rechazó los alegatos de Leymon que pretendía sustentar sus dichos, vinculando, sin evidencias, a Ye Gon con los cárteles del narcotráfico de México.
En todo momento, el juez dejó en claro a la fiscalía que muchos de los supuestos delitos que Ye Gon cometió ocurrieron en México, por lo que no tenían jurisprudencia en Estados Unidos, a menos que le presentara evidencias que los sustentaran.
En este tenor, el gobierno de George W. Bush estableció que tiene testigos que servirán para demostrar que Ye Gon cometía actividades relacionadas al tráfico y producción de drogas sintéticas en México.
"No tenemos una pistola humeante", aceptó el fiscal Laymon, usando esta frase como una analogía de que el gobierno de Estados Unidos carecía de evidencias contundentes de los cargos que le imputa al empresario chino-mexicano.
En un momento de la sesión en la Corte, la fiscalía dijo al juez que podía presentarle pruebas de los cargos contra Ye Gon, pero solamente en una sesión confidencial, sin la presencia de la defensa del empresario chino encabezada por Martin McMahon.
El juez Sullivan se negó a participar en la estrategia de la fiscalía, sosteniendo que esa situación no tenía sustento en las leyes de Estados Unidos.
McMahon, como en otras sesiones anteriores en la Corte federal, insistió en que su cliente es un empresario honesto que ha ganado muchos millones de dólares con la importación de precursores para productos de la industria farmacéutica, por lo que puso el acento en que 150 millones de dólares --de los 207 que le decomisaron las autoridades mexicanas-- eran propiedad de políticos mexicanos del Partido Acción Nacional, que lo dieron a guardar al chino-mexicano por su supuesta procedencia del tráfico de narcóticos y destinado para financiar la campaña presidencial del presidente Felipe Calderón.
La fiscalía informó al juez que hace unos días viajó a la Ciudad de México para recopilar más información sobre el caso de Ye Gon, por lo que trajeron once expedientes con miles de documentos que revelan los detalles de las operaciones bancarias y comerciales del controvertido empresario en México.
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