Visos de una aceptable reforma electoral

Por: Julio Pomar

No hay deseo de venganza, pero Ugalde se va. Con esto concluye el breve escándalo de unos cuantos días que armó el todavía presidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, con motivo de los cabildeos entre bancadas legislativas con relación a la reforma electoral, cuando defendió su derecho a la sopa de seguir en el mismo cargo desde donde acumuló tramposos esfuerzos para el acceso de Felipe Calderón al máximo puesto de la administración pública.

Cómo andarán las cosas en el cabildeo entre partidos, que hasta el PAN -aunque no muy de agrado- apoyó la remoción, así sea escalonada, de los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral. Y este acuerdo entre bancadas, ya casi formalizado, además de ser un hecho de salud política benéfica para el desarrollo democrático, pero aún no “una reforma revolucionaria” como quiere Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, es el paso que aparentemente abre la puerta para acceder a la reforma fiscal que tanto necesita Felipe Calderón y que explica por qué el PAN, su partido, hubo de ceder en el punto de la remoción de Ugalde. Lo cual demuestra que los personajes en la política son pasajeros, no indispensables y hasta desechables, que la derecha se las sabe gastar así, y peores. Y Ugalde no es la excepción, sino que por sus infortunadas declaraciones -“removerme es tanto como aceptar que hubo fraude en el 2006”- se convirtió velozmente en funcionario incómodo para la actual administración.

Por eso Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas dijo este jueves 6 que “no hay deseo de venganza del Congreso hacia el IFE”, sino que esta remoción “es sólo una parte de las reformas” al proceso electoral, cuyo árbitro tan mal se portó en el 2006. Así, pronto se irá Ugalde a la academia, de donde nunca debió salir, pero con la amarga experiencia de haber servido a unos amos ingratos, el PAN, Calderón, los poderes fácticos y el duopolio televisivo más el oligopolio radiofónico. Sin que para ello bastara la lanzada de moro del Consejo Coordinador Empresarial, que calificó el intento de remoción de Ugalde como un atentado a la democracia por parte de los partidos políticos. Sic transit gloria mundi.

Eso fue lo anecdótico. Lo profundo del acuerdo entre bancadas parlamentarias está en las nuevas reglas del juego en los procesos electorales, especialmente en el uso de los medios de comunicación y en el dinero para las campañas. Los partidos ya no tendrán la posibilidad de comprar los espacios televisivos y radiofónicos, sino que será el nuevo IFE, mediante monitoreo que se presume será enérgico y puntual, quien contrate los espacios mediáticos, y a cargo de los tiempos oficiales con que cuenta el Estado (el IFE dispondrá de 51 minutos diarios en tiempos electorales). O sea, que los partidos no habrán de erogar ninguna de las fabulosas sumas que hicieron al mexicano el sistema electoral más oneroso del mundo (sólo Televisa dejará de embolsarse más de mil 500 millones de pesos, que fue lo que obtuvo en el proceso del 2006).

Este es en principio un aceptable anuncio, el más importante de todos los que se puedan estar cocinando en el cabildeo entre bancadas. Quitarle a las grandes empresas televisivas el control de las elecciones habrá de trocar el actual estado de cosas, si es que eso resulta al final del proceso, de unos partidos que le pedían permiso de rodillas a las televisoras para competir electoralmente, a un Estado que asuma su papel donde los medios no serán quienes determinen a quién sí y a quién no apoyan. Es una demanda surgida de lo más profundo del malestar ciudadano, tras la experiencia electoral -el fraude y el abuso- del 2006. Será posible pasar de la aplastante telecracia a una cosa más cercana a la democracia, pero todavía falta por ver en qué acaben las negociaciones actuales y cómo será al final de cuentas la operación electoral de los partidos y los candidatos en su relación con los medios.

El caso es que Calderón está sumamente urgido de una reforma fiscal que fortalezca su muy débil administración. La propuesta equívoca que presentó a través de Hacienda de Carstens se está enfangando entre el egoísmo sempiterno de los empresarios y las quejas justas de los contribuyentes cautivos, en una realidad de atonía económica que afecta mucho más a los segundos que a los primeros. Ya anda queriendo subir el precio a la gasolina, en 5.5%, y de inmediato el director del Banco de México, Guillermo Ortiz, le responde que será inflacionario, y ante ello se gesta una rebelión entre legisladores panistas que no quieren cargar con el muerto del nuevo gravamen.

En 2006, según datos difundidos en la prensa, los partidos políticos gastaron 2 mil 62 millones de pesos en medios electrónicos, de los cuales la TV captó el 67%, la radio el 28.5% y la prensa escrita un exiguo 4%. Pero sobre todo, esta reforma tiende a corregir el absurdo político de que un par de empresas privadas (el duopolio televisivo) determinen el destino de las elecciones. Que ya no ocurra lo que tantas veces denunció el entonces senador Manuel Bartlett, ex secretario de Gobernación, para quien la reforma que se está gestando no ha salido del cascarón de las buenas intenciones, ya que esas decisiones consensuadas sólo están en la exposición de motivos del proyecto legislativo, pero no en su articulado.

Dijo Bartlett con justicia y veracidad en su artículo del jueves 6 en El Universal, entre otras cosas: “El dinero se ha apoderado de la política mexicana. El debilitamiento del Estado, la gobernanza neoliberal privatizadora del poder público y los intereses enquistados dejan al dinero sin contrapeso institucional. En México, con una brutal concentración de la riqueza es evidente la ventaja de candidatos a modo de las élites económicas y la desventaja de candidatos favorables a la justicia social. La influencia del dinero en los procesos electorales destruye la democracia y somete a las instituciones a políticas obligadas. Todo agravado por el peso de las transnacionales y del crimen organizado. Limitar al dinero como poder electoral es ineludible. Debe prohibirse el financiamiento privado”.

De todos modos, sin echar las campanas al vuelo como Acosta Naranjo, debe exigirse que la exposición de motivos de esta reforma al procedimiento electoral se traduzca reciamente en su articulado. Y que el nuevo IFE actúe para corregir todo lo malo que el actual realizó en el 2006. Cuando menos es una llamada al orden de parte del Congreso.