El turno de la Corte

Daniel Lizárraga, Proceso 1584

Con el amparo interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las boletas electorales sean destruidas, Proceso busca que se respete el derecho de los periodistas y los medios de comunicación a tener acceso directo a la información en poder del Estado –en este caso del Instituto Federal Electoral (IFE).

El miércoles 7, durante la sesión de la Segunda Sala, el ministro ponente del caso, Mariano Azuela, pretendió dar carpetazo al asunto, pero lo frenó su colega Genaro Góngora Pimentel, quien propuso una iniciativa para que este asunto sea analizado por los 11 miembros del máximo tribunal del país. Ahora sólo falta que el expediente sea turnado a un tercer ministro.

El abogado de este semanario, Miguel Cano, ha sustentado el derecho de acceder a las boletas para presidente de la República utilizadas en la jornada electoral del 2 de julio pasado, con base en el artículo sexto constitucional, que garantiza el derecho a la información.

Al principio, el litigante presentó el juicio de amparo ante la juez federal María Guadalupe Rivera González, quien desechó el alegato sin valorarlo a fondo.

En respuesta Proceso presentó un recurso de revisión, que recayó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En sus alegatos, Cano insistió ante los magistrados sobre la necesidad de analizar con mayor rigor el asunto y propuso consultar a la SCJN si existían suficientes elementos para que ésta lo atrajera, debido a la importancia que podría tener para el país. Este aspecto es el que se va a decidir ahora en el pleno de la Corte.

En el otro litigio sobre el acceso a las boletas que se dirime en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Proceso solicitó que se recabe la opinión del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), con el fin de contar con más elementos y razonamientos especializados.

Por medio de un escrito dirigido al magistrado presidente y encargado de este expediente, Flavio Galván Rivera, Proceso arguyó que los comisionados podrían fungir como peritos ante el rotundo rechazo del IFE, cuya Comisión de Transparencia respondió que existen razones de Estado para negar el acceso a los sobres que aún contienen las boletas.

En el escrito de tres páginas, Proceso recordó al magistrado Galván que ya en una ocasión el IFAI participó en una controversia sobre acceso a la información, suscitada fuera de sus atribuciones. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a los comisionados una opinión sobre qué datos deberían ser públicos y cuáles reservados sobre los permisos oficiales para instalar casinos en México.

El pasado 19 de enero, el TEPJF aceptó analizar el recurso de este semanario mediante el cual se pretende tener acceso a las boletas utilizadas para presidente de la República, con el fin de emprender una investigación de corte académico-periodística.

Este juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) fue turnado con el número de expediente SUP-JDC-19 al magistrado presidente, Flavio Galván Rivera, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia y presentarlo a la consideración de sus seis compañeros en una sesión pública.

Además, en diciembre pasado, este reportero presentó un escrito ante la Secretaría Ejecutiva del IFE para exigir la apertura de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la cerrazón de sus órganos internos para permitir al acceso a las bodegas.

El IFE rechazó la solicitud, argumentando que las boletas “no son documentos públicos”. Ante ello se recurrió al Poder Judicial Federal toda vez que dentro de los canales institucionales, no hay garantía alguna de que en ese momento pudiera detenerse la destrucción de las boletas.

Para la mayoría de los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE, el derecho de acceso a la información tiene límites. Según ellos, una de esas restricciones consiste en “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, incluida la seguridad nacional”.

Ante esta situación, Proceso propuso al magistrado Flavio Galván tomar en cuenta que el expediente de rechazo elaborado por la Comisión de Transparencia del IFE contiene argumentos ya plenamente estudiados dentro del IFAI en sus más de tres años de trabajo.

Independientemente del recuento de los votos, este semanario decidió acudir hasta la última instancia posible en México –la SCJN– toda vez que está de por medio el derecho de los medios de comunicación y de los reporteros de acceder a la información en poder del Estado. En este caso, se trata del contenido de las boletas electorales, aún bajo la custodia del IFE.

Palabrista

Mariano Albor, Proceso 1582

Mi casero se inclina sobre mí, hace señales a alguien que está en la puerta y dice: El señor Kafka está aquí.

Bohumil Hrabal

Vicente Fox Quesada está en las inmediaciones del derecho penal. Según sus propias palabras, que han dado lugar a un indicio inobjetable, algunas de sus acciones políticas y de gobierno ameritan la reconstrucción técnico-jurídica de los procedimientos penales, y después de la investigación determinar si se han reunido los elementos para su juzgamiento. En efecto, el expresidente de la República, de oficio palabrista, con un alarde oratorio se ha convertido en denunciante de sus propios hechos como gobernante.

Una vez más se presenta al observador el tema del tratamiento constitucional y ordinario respecto de la responsabilidad penal del presidente de la República. Ya se sabe que la criminalidad de los gobernantes y su regulación normativa es tan antigua como la relación de mando y obediencia, que es el contenido esencial del poder político y de la que han dado infatigablemente cuenta los teóricos del Estado. Cada sociedad prevé los hechos y propone los remedios de acuerdo con las categorías de su organización política: despotismos, tiranías y absolutismos se explican en gran medida por la imposibilidad de someter al príncipe al derecho penal común.

La sociedad liberal moderna es muy punitiva. Cuando los tres últimos gobiernos priistas señalaron el liberalismo como ruta y destino del proyecto nacional e incorporaron la planeación económica de carácter democrático al texto constitucional, la nueva disciplina gubernamental dio lugar a un amplio programa de responsabilidades jurídicas de naturaleza política, administrativa, civil y penal. En este sentido, se amplió la institución del fuero y se configuró el juicio político y el administrativo. La norma civil amplió la tutela del daño moral y el derecho penal acentuó la severidad de sus rigores. Las decisiones legislativas alcanzaron casuística y exhaustivamente a todos los servidores públicos. Los afanes punitivos de la nueva forma de gobernar dieron lugar a códigos legales contrarios a los derechos humanos y que, a pesar de todo, no logran amainar los desmanes burocráticos ni amedrentan a los gobernantes.

El estado de derecho es la sociedad organizada jurídicamente. Por esta razón, en el entramado de las relaciones humanas nada debe escapar a las razones legítimas del derecho. A este principio obedece la imposición de sanciones y castigos. En un sistema constitucional como el mexicano, ante los hechos irregulares o ilícitos del gobernante debe también considerarse que en una sociedad democrática y liberal la norma penal es el último recurso del Estado dirigido a las acciones de los hombres. Alterar este orden, en unos casos, es un riesgo peligroso para el ciudadano y, en otros, para el orden público.

En este sentido, el Constituyente ha expresado su voluntad con dos ideas torales: la Presidencia de la República no es una institución idónea para cometer delitos. Debe permanecer alejada de los juicios políticos y administrativos, y más aún de la norma penal. Sin embargo, no ha predicado la impunidad presidencial. En ningún supuesto hipotético, el titular del Ejecutivo está exento de ser investigado y juzgado por traición a la patria o por haber desplegado un comportamiento típico de un delito incluido en el amplio catálogo de los que son considerados graves por la legislación procesal federal y que incluye como supuestos delictuosos graves la instigación, invitación e incitación para cometer conductas criminales.

El expresidente Fox sabe que puede ser perseguido penalmente. Tiene en la memoria la experiencia reciente. No hay prescripción de la acción penal que valga si para ello se atiende el criterio surrealista de los ministros de la Suprema Corte que convirtió la residencia de Magnolia en el reclusorio preventivo cuyo único interno es el anciano diabólico de San Jerónimo. A los riesgos jurídicos, el guanajuatense debe añadir los peligros de la justicia política. El sometimiento penal puede darse en este sexenio o en los que sigan si resulta conveniente para la estabilidad del régimen en turno.

Instigar al procurador general de la República para afectar el principio de la división de Poderes y manipular a la judicatura federal y la Cámara de Diputados para firmar y ejecutar un procedimiento de desafuero con fines políticos; incitar a los mandos federales policiacos para realizar operativos violentos y letales en Atenco y en Lázaro Cárdenas; inducir la ejecución de procedimientos penales por parte de gobernadores estatales para decidir y llevar a cabo acciones políticas sentado sobre los ataúdes abiertos que aguardan todavía los cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos no son, en verdad, poca cosa para el derecho penal mexicano. Que siga hablando el palabrista.

Gemelos políticos

Verónica Espinosa, Proceso 1582

La personalidad del panista Vicente Fox no es novedosa. Se parece mucho a la del priista Luis Echeverría en sus tiempos de político activo. Al igual que éste, el guanajuatense tiene sed de reconocimiento y urgencia de reflectores. Los sueños de grandeza del antecesor de Felipe Calderón son equiparables a los de Echeverría. Larga es la lista de semejanzas: populistas, demagogos, expresidentes parlanchines, orgullosos ambos de haber elegido a sus sucesores... Pero algún consejero tendría que recordarle a Vicente Fox que aquel a quien emula terminó su etapa intervencionista como embajador… en las islas Fiji.

GUANAJUATO, GTO.- El parecido es alucinante. Populistas, demagogos, contradictorios, dicharacheros... Cada uno en su sexenio, Luis Echeverría Álvarez y Vicente Fox Quesada se autonombraron líderes en Latinoamérica y se propusieron encabezar la lucha de esta región contra el neoliberalismo, las desigualdades y la pobreza extrema.

Ambos protagonizaron escándalos de corrupción, tráfico de influencias y abusos mientras estuvieron en el poder. La personalidad y la salud de los dos han sido objeto de estudio y debate entre el ámbito clínico y la vida política del país.

Mientras a Echeverría su “debilidad mental” y física supuestamente le han impedido comparecer ante las autoridades que lo han encontrado responsable de genocidio durante la llamada “guerra sucia”, las opiniones de expertos acerca de la personalidad de Fox (documentadas en Proceso) fueron llevadas incluso a un debate en el Senado de la República, donde la priista Dulce María Sauri exigíó establecer el examen psicológico como requisito para los candidatos a la Presidencia.

Los dos, ya como expresidentes, rompieron la llamada “regla de oro” del silencio y el discreto retiro al concluir sus sexenios, ávidos de mantener los reflectores a su alrededor.

Y sí, Vicente Fox sigue los pasos de Echeverría, con quien se reunió en un par de ocasiones cuando fue gobernador de Guanajuato para invitarlo a participar en su proyecto de un Centro de Desarrollo Humano. En ese entonces Fox se atrevió a mostrar admiración hacia quien calificó como un hombre “de compromiso social”, con el que dijo sentirse identificado “en algunas cosas”.

Veinte años después del fracasado proyecto echeverrista denominado Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, en propiedades cuya adquisición fue irregular y para el que recibió durante un tiempo subsidio del erario federal hasta que en su calidad de secretario de Educación Jesús Reyes Heroles ordenó eliminarlo, Fox anuncia por todo lo alto la creación de su Centro de estudios, biblioteca y museo para que funcione como “un foro académico y de investigación de excelencia para los estudios de políticas públicas, economía de mercado, estabilidad económica, microeconomía, así como sobre democracia, liderazgo, equidad, transparencia y combate a la pobreza”, así como un espacio “bibliográfico, documental, museográfico y cultural de importancia nacional e internacional”.

Vicente Fox dejó Los Pinos hace casi tres meses, y como lo hizo Echeverría –hasta que pudo– viaja por todo el mundo, convertido en conferencista, siempre acompañado de su mujer, Marta Sahagún.

En cada foro que se presenta pregona –empeñado en sus dislates al cambiar nombres y reconocimientos a autores latinoamericanos– “la necesidad de promover y defender (a la democracia) frente al populismo, el engaño y la demagogia, distinguiendo muy claramente entre exitosas ideologías socialistas de izquierda y esos caminos torcidos y engañosos que sólo incrementan la pobreza y el subdesarrollo en nuestros países Latino Americanos”, como dice textualmente en uno de los cuatro comunicados hasta ahora publicados en su página de internet.

Admiración y populismo

Además de informar acerca de sus próximos viajes, en la página del exmandatario –muy activa desde el mes pasado– se muestran los avances de la construcción de su centro de estudios y de los objetivos que éste persigue. Aunque prevalece el silencio acerca del origen de los recursos que costean el proyecto foxista y se desconocen los nombres de los presuntos integrantes del patronato de la asociación civil.

“Soy populista y seré presidente”.

Con esta frase, Fox apareció en la portada de Proceso en su edición 1167 del 14 de marzo de 1999, desatadas ya sus aspiraciones presidenciales a pesar de que aún no era candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

En esa entrevista, el reportero Elías Chávez le recordó una frase de Carlos Castillo Peraza (“el populismo de derecha es peor que el populismo de izquierda”). Fox respondió:

“Si populismo quiere decir compromiso con el pueblo, responsabilidad social, garantizar oportunidades básicas, mínimas, para que cada ciudadano y cada familia tengan desarrollo personal, desarrollo humano, sí que soy populista. Soy el más populista de los populistas”.

Sí, Vicente Fox le sigue los pasos al expresidente priista que ayudó a su padre y a su familia a frenar la ejecución de la resolución presidencial que le quitaría una parte de la hacienda de San Cristóbal para entregársela a los ejidatarios, como él mismo lo reconoció en marzo de 1997 (Proceso 1061).

A principios de marzo de ese año, Fox sostuvo el tercer encuentro (al menos en público) con Luis Echeverría en Guanajuato, justo en la casona construida sobre el cerro de San Miguel –detrás del monumento al Pípila–, propiedad del expresidente Echeverría y una de las frustradas sedes de su Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.

Ambos se habían visto por primera vez 18 años atrás, cuando, según la versión de Fox, el guanajuatense acudió junto con su padre a Los Pinos para pedirle a Echeverría su intervención “pues el gobierno federal pretendía expropiar tierras de la familia Fox”.

También en palabras del panista, en sus encuentros ya como gobernador de Guanajuato, el expresidente le dijo que admiraba “su patriotismo, su sentir de la economía y su interés por sacar adelante a Guanajuato”, y hasta su forma de vestir, porque él también había recibido críticas por usar su clásica guayabera.

Fox quería que Echeverría le donara al gobierno del estado la casona del Cerro de San Miguel, para cumplir uno de sus tantos proyectos de gobierno: abrir un Centro de Desarrollo Humano para Latinoamérica. Pero rechazaba cualquier similitud con el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, “aquél sueño guajiro de don Luis, su tirada era muy política”, como lo describió.

“Me parece que (el concepto de estudios sobre nacionalismo que intentó perfilar Echeverría) es algo ya rezagado, superado. El mundo ya superó los nacionalismos y está metido de lleno en la globalización, de manera irreversible e irremediable. Por eso quizá se pueda ahora con Luis Echeverría modificar el concepto y orientarlo en esta dirección. Espero que el criterio que tuvo de compromiso social, que a veces hasta se exageró, pueda ser incentivo para que le entre a esta donación”, asumió entonces Vicente Fox.

Y aseguró que su proyecto sí sería útil “para superar este neoliberalismo brutal que vive Latinoamérica”, a manera de una “contraloría de los pobres”, según el modelo creado por el iraquí Mubaq Haq

Pese a los intentos de Fox, sus negociaciones no fructificaron, y Echeverría vendió el inmueble a una empresa privada. Y diez años después, inauguró en otra sede el pretendido Centro de Desarrollo Humano, pero nunca llegó a tener la repercusión internacional que esperaba.

De hecho, el centro que actualmente se encuentra en construcción en el rancho San Cristóbal sería el tercer intento de Fox por abrir una institución que lo respalde en las dimensiones internacionales que ahora pretende adquirir como exmandatario y conferencista. Para la segunda intentona, el “Centro Lucas Alamán” auspició a Fausto Alzati –el efímero secretario de Educación al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo– a fin de instalar un instituto de investigación en economía y desarrollo, que básicamente ofreció algunos estudios que el propio Fox contrató y se pagaron del erario estatal, y que también desapareció en cuanto Fox dejó la gubernatura.

Actualmente, Fox promueve su centro de estudios como “un foro académico y de investigación de excelencia para los estudios de políticas públicas, economía de mercado, estabilidad económica, microeconomía, así como sobre democracia, liderazgo, equidad, transparencia y combate a la pobreza, entre otros. Será también un espacio bibliográfico, documental, museográfico y cultural de importancia nacional e internacional”.

“El Centro Vicente Fox estará constituido por un acervo documental de más de 4 millones de documentos digitalizados, imágenes, fotografías, audio y video, puestos a disposición a través de alta tecnología, sobre la gestión gubernamental 2000-2006”, divulga Fox en su página de internet.

Y, una vez más, emula a su amigo Echeverría cuando desde los escenarios públicos, sin empacho, comienza a hablar acerca de su sucesión.

Si bien Echeverría lo hizo desde las páginas de El Universal en 1981, cuando relató que decidió nombrar a José López Portillo como su sucesor en un “discretísimo coloquio”, a Fox le han gustado más los foros internacionales. Y en Washington se frotó las manos al recordar su contribución para que ganara su candidato, Felipe Calderón Hinojosa, luego del primer tropiezo que admitió sufrir al fallar su intento por dejar fuera de la contienda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

A propósito de tantas y tantas similitudes, en esa larga entrevista con Proceso –todavía no pedía licencia como gobernador de Guanajuato– de marzo de 1999, el ranchero de San Cristóbal expresó un deseo:

“Ojalá mi forma de vestir, el peso de mis botas me mantenga siempre con los pies en la tierra. Y si no, para eso está la sociedad, para que me lo recuerde y me jale las orejas, y para que me impida ser sangrón y mameluco como son la mayoría de los políticos”.

Todavía se mostraba afectado por su separación de Lilián de la Concha, y sostenía su compromiso, como católico, de mantener su matrimonio religioso. “Tengo un compromiso muy firme en ese sentido, soy católico… Estoy satisfecho como estoy”.

Meses después, convertido en el primer presidente de oposición e instalado en Los Pinos, Fox le daba la voltereta a su discurso ideológico, a sus anhelos personales y a su convicción religiosa.

Comentario: en resumen fox es un asco al igual que todos los servidores del imperio.