Los veinte días

Luis Javier Garrido

México se halla en un momento de definiciones ante el inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, pues un grupo de panistas y priístas pretenden, al entregar la industria petrolera al capital extranjero, arrogarse la responsabilidad histórica de cancelar la vía para que México sea una nación independiente y de paso para que el destino del país se pueda decidir por la vía de la razón.

1. El gobierno de facto de Felipe Calderón ha multiplicado en pocos días las señales de su desesperación por lograr que el PRI le entregue aprobadas cuanto antes en bandeja de plata las contrarreformas legales en materia energética conocida como iniciativa Beltrones, lo que le permitiría cumplir sus primeros compromisos con las multinacionales y disponer de recursos frescos para subsistir políticamente, a costa, desde luego, de enajenar el patrimonio de la nación, que no le pertenece. De ahí que Juan Camilo Mouriño, titular de facto de Gobernación, el martes 26 haya reunido en sus oficinas de Bucareli, convertidas en casa de campaña del PAN, a los jefes de las bancadas blanquiazules con un grupo de secretarios de Estado para planear en cónclave el nuevo fast track.

2. La iniciativa de la sociedad civil, que plantea la necesidad de otra política de Estado en materia energética, en la cual un Pemex reunificado y fortalecido sea el pilar de una industria petrolera nacional, y que el FAP ha hecho suya, fue entregada al Senado apenas el lunes 25, dos días antes de que esa Cámara recibiese los resultados de la Consulta Popular, y ya presas de enorme agitación los panistas exigen que se expida la nueva legislación. El titular de Energía, Jesús Reyes-Heroles Jr., llegó incluso a demandar el martes 26 que sea cuanto antes, considerando que los próximos 20 días serán “cruciales” para el país, asumiendo que en ese lapso se tendrá que expedir un nuevo marco legal que “flexibilize” la empresa: esto es, que le permita seudolegalmente privatizar la industria petrolera nacional

3. La “flexibilización” de la que hablan los tecnócratas neoliberales no es otra cosa en el caso de Petróleos Mexicanos que la creación de un marco jurídico “de excepción”, para que al margen del ámbito constitucional, y sin control alguno, la paraestatal pueda suscribir directamente –o por conducto de sus filiales– contratos con las corporaciones trasnacionales para irles cediendo todas sus funciones.

4. La exigencia de Calderón al Congreso para que expida la legislación que le permita privatizar la industria petrolera nacional –a pesar de lo que dispone la Constitución General de la República, de la oposición nacional a esta medida y de lo que se ha expresado en múltiples foros– es, por consiguiente, una exigencia al PRI, que de socio, aliado y cómplice ha pasado a ser su apoyo fundamental, y más que eso: su protector. Y lo más significativo es que lo hace en un momento crítico, cuando el desastre de la administración calderonista es generalizado.

5. El peso de la tarea sucia parece estar, por consiguiente, en las manos de lo que queda del PRI, que bajo la presidencia de Beatriz Paredes no ha sido otra cosa que un aparato de apoyo al gobierno espurio y entreguista de Calderón, haciéndole las faenas sucias e ilegales y cargando con el costo de esa relación de complicidad. De manera que ante la responsabilidad que tendría que asumir el PRI por este acto de traición a México, la cúpula priísta no ha hallado otra coartada que pretender que está virando hacia la socialdemocracia, y que con eso podría engañar a los mexicanos.

6. La 20 Asamblea Nacional del PRI, que se hizo al vapor el 23 de agosto en Aguascalientes, que no fue la reunión democrática del que se supone es el órgano supremo del partido, sino un foro de discursos de la cúpula, que avaló, como es normal, en estos cambios rituales a sus documentos básicos, pretende ser presentada como un viraje del Institucional hacia posiciones socialdemócratas, lo que es falso.

7. El PRI se hizo miembro observador de la Internacional Socialista (IS) desde finales del sexenio de López Portillo y se afilió plenamente a esta organización mundial de partidos hace ya varios lustros, poco después de que lo hiciera el PRD, por lo que esta redefinición del PRI como “socialdemócrata” no es ningún hecho nuevo, como pretende la cabeza de La Jornada del domingo 24. No hay en esta proclama que hicieron sus dirigentes ninguna novedad.

8. La IS, que tiene como uno de sus vicepresidentes a Cuauhtémoc Cárdenas, es, por otra parte, al menos desde los años 80 del siglo pasado, como todo mundo sabe, una organización de partidos abiertamente derechista, que sostiene el modelo monetarista y las políticas privatizadoras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y no representa, por lo mismo, ninguna alternativa frente al modelo que defienden los partidos de la Internacional Democrática de Centro (antes Demócrata Cristiana), cuyo copresidente es Vicente Fox. Las dos organizaciones internacionales de partidos se asumen opuestas pero son tan similares que es difícil encontrar diferencias en sus planteamientos. Anthony Giddens, uno de los ideólogos de la socialdemocracia, decía, por ejemplo, en 2002 que el gobierno de su amigo Tony Blair en Gran Bretaña no había sido distinto del de Margaret Thatcher, La Dama de Hierro, y que lo único que lo distinguía de ella era que estaba siempre sonriente y que no usaba bolsa. Los priístas suponen que sorprenden a los mexicanos haciéndoles creer que están virando a la izquierda y esto es un acto de desprecio al pueblo de México

9. La única afinidad históricamente justificable para cualquier fuerza política mexicana hoy día tendría que ser con los pueblos y las fuerzas políticas de diversos países latinoamericanos que defienden a ultranza los recursos estratégicos de su pueblo: en Bolivia, en Paraguay, en Ecuador o en Venezuela.

10. El PRI puede hacerle una vez más el trabajo sucio a Calderón, ahora en materia energética, pero sus dirigentes deben entender que ya no pueden engañar como antes a los mexicanos y que si lo hacen van a encontrar a amplios sectores dispuestos a impedir que culmine este intento de despojo a la nación.

Los dos proyectos

Luis Javier Garrido

¿Está el país ante una posible ruptura del orden constitucional por la posible aprobación de la contrarreforma petrolera?

1. La vía para detener una violación de los principios centrales de la Constitución mexicana, de intentar el gobierno de facto violentar el orden nacional por la entrega del petróleo a las trasnacionales, está abierta y supone una reflexión legislativa serena ante las dimensiones del desafío.

2. El Movimiento de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, logró en menos de cinco meses detener la pretensión del gobierno de facto de imponer vía fast track una contrarreforma petrolera al país que hubiera privatizado la industria petrolera nacional, abrir una discusión sin precedente en materia energética en el Senado de la República entre mayo y julio, forjar una amplia organización popular de defensa de los recursos estratégicos de México, y ahora ha logrado impulsar la organización de un amplio grupo de la sociedad civil que ha elaborado una propuesta energética, que los partidos políticos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) se han comprometido a hacer suya, lo cual constituye un hecho sin antecedente en nuestra historia legislativa.

3. El amplio grupo plural, integrado tanto por intelectuales, técnicos y científicos que participaron en los Foros del Senado como por miembros del Grupo de Intelectuales en Defensa del Petróleo, y de los cuales la mayoría no son militantes de ningún partido político ni están vinculados al Gobierno Legítimo de López Obrador, trabajó más de tres semanas para elaborar una evaluación de las iniciativas de Felipe Calderón y de Manlio Fabio Beltrones presentadas al Senado, un plan de emergencia en materia energética y una serie de iniciativas legales en materia de energía y de petróleo acordes con la Constitución en lo que constituye una de las más importantes aportaciones de la sociedad en nuestra historia parlamentaria.

4. Los dos proyectos de reforma de la industria petrolera mexicana que se van a discutir en las próximas semanas en el Congreso difieren, por lo mismo, radicalmente, pues mientras el proyecto Beltrones (al igual que lo hacía el proyecto Calderón), y que es el ya negociado por PRI y PAN, busca el empequeñecimiento de Pemex, al seguir subdividiéndolo en pequeñas empresas “paraestatales filiales” y desmantelándolo de sus funciones –que pretende entregar a las trasnacionales, que ya están operando en México–, en lo que constituye una abierta privatización, y conduce, por consiguiente, a su destrucción, la propuesta alternativa que presentará el FAP con base en la elaborada por este grupo persigue el fortalecimiento de Pemex, como una gran industria nacional, por la vía de reinvertir sus ganancias e impedir el saqueo del gobierno.

5. Los dos proyectos difieren en consecuencia en lo que se refiere al manejo en el futuro de la industria petrolera asentada en el país, pues mientras las iniciativas de Calderón y de Beltrones, abdicando de cualquier pretensión nacional, a pesar de lo que dicen sus defensores, entregan el pleno control de la industria petrolera de México a las grandes compañías petroleras trasnacionales conforme al modelo neoliberal, la propuesta de los técnicos, científicos e intelectuales que se comprometieron a hacer suya los partidos integrantes del FAP, mantiene, por el contrario, el control de la industria petrolera de México en manos de la empresa paraestatal Pemex como ordena el mandato constitucional.

6. La iniciativa Beltrones o “de la alianza PAN-PRI” entraña como consecuencia que al ceder Pemex sus funciones estratégicas, en un futuro cercano la política energética de México estaría decidida por unas cuantas empresas trasnacionales, con las consecuencias catastróficas para México que ello supone, en tanto que la iniciativa alternativa respeta el mandato constitucional y defiende el principio de que es prioritario defender una política energética de Estado, como hacen todas las grandes potencias: de Estados Unidos a Rusia.

7. La iniciativa Beltrones, que para ser aprobada requeriría que senadores y diputados del PRI traicionaran los principios de su partido al crearle un marco seudo jurídico de blindaje a Pemex, crea, en fin, un marco “legal” propicio para la corrupción al fijarle este marco legal metaconstitucional que la protege de todo tipo de controles de parte del Congreso o de la sociedad, facilitando los enjuages tanto de los altos funcionarios del Estado como de los líderes sindicales, más aún que hasta el presente, como ahora de los dirigentes de las corporaciones privadas, en tanto que la “iniciativa alterna” lo que busca es que se terminen todas estas prácticas ilegales a través de un firme control de parte tanto del Congreso como de la sociedad.

8. Las dos propuestas difieren radicalmente en lo que se refiere a su posición frente al marco constitucional del país, pues mientras las iniciativas Beltrones y Calderón entrañan cientos –no decenas, sino cientos– de violaciones a la Constitución mexicana, como se ve claramente en uno de los documentos de la propuesta alterna, esta última fue redactada teniendo como principio el respeto absoluto a la Constitución, que constituye el acuerdo fundamental de los mexicanos, y que al ser gravemente violentado en un asunto de tanta importancia podría llevar al país a un escenario gravísimo de confrontación.

9. La ropuesta elaborada por el grupo de especialistas, técnicos e intelectuales, de cuyos avances fueron informados los dirigentes de los partidos integrantes del FAP el 16, el 19 y el 20 de agosto, y que formalmente les será entregada el próximo día 24, ha de ser la base para que sus representantes defiendan en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado los principios constitucionales fundamentales del país, y con ellos la necesidad de tener una política energética en beneficio del pueblo mexicano y no de las trasnacionales, de lo cual depende la paz y la seguridad de la nación en el futuro inmediato.

10. Lo que está en juego es de enorme gravedad, pues la iniciativa Beltrones como la de Calderón entrañan una verdadera ruptura del orden constitucional mexicano y esto trae gravísimas consecuencias para el futuro de la República.

El cincho

Luis Javier Garrido

Las horas decisivas para la defensa del petróleo han llegado, pues a pesar de los resultados de la Consulta Popular, la alianza PAN-PRI parece decidida a ir adelante en su tentativa de fraude a la Constitución para entregar la industria.

1. La iniciativa del PRI o ley Beltrones, que el PAN y el PRI han acordado sea la base de la contrarreforma en materia petrolera, es anticonstitucional desde los dos aspectos fundamentales que supone toda ley. Lo es porque tiene como objetivo fundamental privatizar la industria petrolera mexicana entregándosela al capital trasnacional, pero también porque la vía que prevé para alcanzar estos objetivos consigna mecanismos violatorios de la Constitución que transgreden el principio de legalidad y comprometen en múltiples aspectos la integridad soberana de la nación.

2. El escenario es cada vez más crítico, pues mientras Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón se pavonean por el país confiados en que el PRI les hará la tarea sucia de imponerle a México la privatización de la industria petrolera que le tienen ofrecida a diversos consorcios trasnacionales –y que les dejaría a ellos enormes beneficios–, los legisladores del tricolor se hallan enmarañados en un gravísimo problema, pues están a punto de cometer un atentado en contra de la nación, ya que a fin de despojarla de un recurso estratégico están avalando en la legislación secundaria mecanismos que se sustentan en facultades anticonstitucionales que le están dando al Ejecutivo y que transgreden el principio de legalidad.

3. La propuesta alterna en materia energética que presentarán a las Cámaras el Frente Amplio Progresista, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y el Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador, anunciada el viernes 30, se torna, por consiguiente, fundamental para que el país pueda en esta cuestión prioritaria reorientarse por la vía de la legalidad constitucional, lo que es clave para que México pueda hacer frente a la gravísima situación económica que vive en este verano de 2008 y que se agrava por la crítica situación derivada de la intentona privatizadora del petróleo.

4. El objetivo de las iniciativas de Calderón y de Beltrones en materia petrolera es el mismo, pues no buscan fortalecer a Pemex, sino burlar los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que decreta el dominio exclusivo de la nación sobre los hidrocarburos, al crear mecanismos en leyes secundarias que les permitan ir entregando a retazos la industria, como se ha señalado con claridad, pero lo que no se ha subrayado de manera suficiente son los riesgos que entrañan a su vez los mecanismos de camuflaje diseñados en ambas propuestas.

5. Los medios que las iniciativas presentadas por Beltrones prevén para lograr su objetivo son violatorios de la Constitución en diversos aspectos que no logran ocultar. La propuesta priísta supone que el Ejecutivo puede crear empresas filiales de Pemex a nivel federal o local para realizar los servicios de refinación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos, y por lo mismo viola la Constitución al menos en dos aspectos centrales, pues, por un lado, a) el Ejecutivo federal no tiene atribuciones para crear por acuerdo organismos descentralizados, aún y cuando se busque presentar a éstos como “filiales de Pemex”, ni mucho menos las tiene la propia paraestatal y, por otra parte, b) esta iniciativa olvida que la industria petrolera es federal y no puede entregarse ninguna de sus fases a los gobiernos de los estados.

6. El titular del Ejecutivo no tiene atribuciones para crear de manera discrecional organismos públicos ni empresas del Estado, pues esto es competencia del Congreso que tiene que hacerlo mediante una ley. La “discrecionalidad” supone la prexistencia de facultades constitucionales, pero en México se ha entendido ésta de manera equivocada como una facultad metaconstitucional, es decir, como un acto atrabiliario e ilegal del Ejecutivo, y eso es precisamente lo que caracteriza las iniciativas tanto del PAN como de Beltrones: que ambas son presidencialistas y establecen en la legislación secundaria procesos para desmantelar a Pemex, sustentados en decisiones presidenciales contrarias a la Constitución.

7. Este principio se ha violado en el pasado reciente al crear de facto el Ejecutivo entidades públicas al margen del Congreso, desde el caso escandaloso del Centro Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, que durante cuatro sexenios ha funcionado al margen de la legalidad del país, pero ello no puede sentar un precedente para que se le den al Ejecutivo en leyes secundarias atribuciones que en la Constitución son privativas del Congreso.

8. No debe olvidarse que la ideología neoliberal, que preconiza el desmantelamiento de los estados nacionales, tiene como base el principio de la desregulación, es decir, de la supresión de los marcos jurídicos nacionales de aquellos principios que constituyen un obstáculo para los intereses trasnacionales. Salvador Vega, secretario de la Función Pública, lo decía de manera descarada hace dos días señalando que los cambios al régimen de Pemex no buscaban fortalecer la empresa, sino darle “facilidad de gestión”, pues el actual marco constitucional constituye “un cincho para contratar” con la iniciativa privada (La Jornada del jueves 31). La clave de la contrarreforma es por consiguiente ésa: la Constitución es un cincho, es decir, un freno para que Pemex pueda ceder sus funciones en materia petrolera a las empresas privadas, y lo que se busca es burlarla.

9. La segunda cuestión no es menos grave porque la conformación de paraestatales locales en los estados petroleros, demandada en la ponencia del gobernador veracruzano Fidel Herrera en los Foros del Senado y prevista en la ley Beltrones, violentaría por otro lado el principio del federalismo, pues la Constitución mexicana establece la exclusividad del Estado federal en el manejo de sus recursos petroleros, y llevaría además a lo que ha sido un proyecto de la ultraderecha estadunidense para todos los estados nacionales fuertes: su fragmentación o “balcanización”. Conduciría no sólo a dividir a Pemex para destruirlo, sino a fragmentar al Estado mexicano, haciendo realidad la tesis del “nuevo federalismo”, lanzada hace un cuarto de siglo por Ronald Reagan.

10. La propuesta alterna en materia energética entraña, por lo tanto, el desafío de lograr rencauzar el manejo de la industria petrolera en el marco constitucional: única vía para edificar un Pemex fuerte y al servicio de la nación.

El conflicto

Luis Javier Garrido

El país está en horas decisivas de su historia ante la posibilidad de que se abra una vía seudolegal para que sea despojada de su riqueza petrolera, y la llamada “clase política” no parece darse cuenta de la trascendencia de lo que está en juego, y no piensa más que en sus intereses inmediatos.

1. La consulta abierta en el Senado de la República para discutir las iniciativas de contrarreforma petrolera de Felipe Calderón llega a su fin el martes 22, luego de que ésta fuera derrotada en toda la línea con los argumentos de la razón y del derecho, y en un clima político enrarecido por el descubrimiento de 108 nuevos contratos ilegales de Mouriño con Pemex (La Jornada del jueves 17), pero un sector de las mafias priísta y panista confían en aprobar la contrarreforma, contando para ello incluso con el aval del sector más derechista del PRD.

2. La iniciativas de Calderón buscan esencialmente ir desmantelando gradualmente a Pemex para al mismo tiempo crear una industria trasnacional en México, y ante el repudio generalizado los principales voceros priístas una y otra vez reiteraron la oposición del PRI a violar la Constitución para privatizar Pemex, pero a unas horas de que concluyan los foros y el PRI deba cumplirle al gobierno de facto su ofrecimiento, el senador Beltrones esboza de nuevo lo que va a ser la contrapropuesta priísta, que supuestamente “negociarían” con el PAN, y ésta supone ahora nada menos que violar la Constitución para privatizar Pemex: es decir, que es la misma gata nada más que revolcada.

3. En una más de sus conferencias de prensa, un Manlio Fabio ahora inusitadamente nervioso, como los boxeadores ablandados tras el castigo recibido, indicó ante los medios el día 16 cuál sería lo esencial del proyecto del PRI que están elaborando (El Noticiero del Canal 2 del día 16), y precisó que al contrario de lo que habían señalado otros voceros, la propuesta del tricolor supone la entrega al capital privado nacional de diversas actividades que ya “no debería” llevar a cabo Pemex, entre ellas la refinación, los ductos y el almacenaje de hidrocarburos, mediante contratos, que serían ilegales, y la creación de las anticonstitucionales “empresas espejo” (La Jornada, 17 de julio).

4. Como si los foros no hubiesen evidenciado hasta la saciedad el carácter anticonstitucional de las “empresas espejo” y de este tipo de contratos, Beltrones salió con su batea de babas y pretende que “la iniciativa del PRI” es nueva porque crea empresas filiales “cien por ciento mexicanas”, aunque todo mundo sabe que no es otra cosa que la misma del gobierno de facto, pero presentada de otra manera. Es decir, que dio a entender que él y los miembros de la cúpula priísta no van a hacer otra cosa que actuar como gatetes de Calderón y de los panistas y en consecuencia cargar con el costo del acto de felonía que supone la comisión del delito de traición a la patria.

5. La propuesta del PRI, así esbozada en la tontería de Beltrones, que en minutos perdió su arrogancia de semanas, contraviene el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que establece claramente desde la reforma del 29 de diciembre de 1960, impulsada por el presidente Adolfo López Mateos, que “tratándose del petróleo y de los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”, es decir, los contratos llamados “de riesgo”, luego reformulados como “de servicios múltiples” (que habían proliferado en los años de Ávila Camacho y Alemán), los que ahora se han rebautizado como contratos “de desempeño” o “incentivados” y que conducen a lo mismo.

6. La mecánica que se ha ido definiendo es clara, pues se trata de que Pemex vaya cediendo sus facultades a las trasnacionales, que buscan crear una industria petrolera paralela –como se hizo con la eléctrica–, para lo cual requiere el gobierno de Calderón tener manos libres en el consejo de administración de Pemex. De ahí que la propuesta de nueva Ley Orgánica de la paraestatal suponga una empresa blindada frente a la legalidad, fuera del control del Legislativo y de la sociedad y sobre todo por encima de los principios constitucionales, para que en las manos de un régimen presidencialista exacerbado, el Ejecutivo, dotado de nuevas atribuciones, pueda irla entregando discrecionalmente al capital privado.

7. Un Petróleos Mexicanos abandonado por el gobierno, que se seguiría rehusando a invertir en éste, no podría, en suma, competir con las llamadas “empresas espejo”, dotadas de la más moderna tecnología y a las que se dotaría del más moderno equipamiento, y en unos cuantos años la industria pública habría desaparecido y florecería la privada.

8. El argumento de que sólo se permitiría “al capital privado” nacional adueñarse de Pemex, además de inconstitucional constituye por dos motivos una engañifa. La Constitución, por un lado, consagra en sus artículos 25 y 28, párrafo cuarto, el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros por conducto de una empresa pública, y prohíbe la privatización de esta industria estratégica, por lo que este proyecto sería ilegal. Y, por el otro, no hay hoy en el mundo empresas “nacionales”: todas son trasnacionales. La afirmación de Manlio constituye una falacia, pues ni Cemex ni Televisa son empresas “nacionales” ni pueden serlo en un mundo en el que el capital no tiene patria y/o donde es fácil defraudar a la Ley. La Jornada documentaba ayer el caso del Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), al que Francisco Gil le otorgó, siendo titular de Hacienda, una concesión como “nacional” y ahora se sabe que Telefónica de España posee 94.7 por ciento de sus acciones.

9. La contrapropuesta del PRI a las iniciativas de Calderón, sea la que vaya a ser, no puede por lo mismo dictaminarse y aprobarse fast track, máximo si no es más que una reformulación de la oficial ya conocida, como sugiere Beltrones, y que transgredería el orden constitucional al pretender crear una industria petrolera en la más plena ilegalidad y en contra de la voluntad del pueblo mexicano que tendría en todo momento el derecho legítimo de oponerse a ésta y buscar por todos los medios su desaparición.

10. La Consulta Popular del domingo 27 constituye así en este escenario un paso adelante en la búsqueda de una salida racional al conflicto y es ya desde ahora un momento fundamental en la vida del pueblo mexicano.

¿Y el PRI?

Luis Javier Garrido

¿Es un hecho el respaldo del PRI al proyecto de privatización de la industria petrolera mexicana enviado por el gobierno de facto al Congreso?

1. Los foros de debate abiertos en el Senado tras la movilización de abril y la toma de las tribunas aún no concluyen, y está apenas organizándose la consulta popular, pero el nerviosismo de los panistas no puede ya ocultarse, por lo que las presiones hacia el PRI son cada vez mayores. A pesar de que en el curso de junio el senador priísta Manlio Fabio Beltrones le reiteró al PAN una y otra vez que “los tiempos del Congreso no son los de Los Pinos”, la señora Georgina Kessel, titular de Energía del gobierno de facto, insistió el día 26 en que hay “un acuerdo” para que el 22 de julio se dictaminen las siete iniciativas de Calderón, declarando enfática que la consulta “no se tomará en cuenta” (La Jornada del viernes 27), y los funcionarios panistas han seguido insistiendo en que está cercana la aprobación del engendro de Calderón.

2. Los dimes y diretes de los panistas se han multiplicado desde entonces, a pesar de que la derrota de las iniciativas del gobernante espurio ha sido contundente, lo mismo en las mesas del Senado que en las de la UNAM y otras universidades, y se sabe en todo el país que la iniciativa privatizadora es inviable jurídica y políticamente, pues llevaría a México a un desastre sin precedente, por lo que la clave de lo que acontecerá sigue estando en la cúpula del PRI, pues sin ésta, el PAN y sus aliados no tienen mayoría.

3. La posición del PRI se ha ido esclareciendo en estas semanas y el martes 2, durante los debates en el Senado, el ponente priísta Francisco Suárez reconoció que la privatización de refinerías y ductos es inviable por razones constitucionales y estratégicas, y el propio Francisco Labastida tomó la palabra para precisar que el PRI, conforme a su propuesta del 6 de mayo, no avalaría tampoco los contratos de riesgo, ni una privatización disfrazada.

4. Los priístas en particular parecen estar entendiendo cada vez más que la aprobación de las iniciativas de Calderón no sólo implicaría entregar por completo la industria petrolera a las trasnacionales, sino que traería como consecuencia un despojo vergonzoso a la nación y un desastre social en el país, pero también un desmantelamiento del Estado y, en consecuencia, del régimen político, todo lo cual dejaría al PRI sin viabilidad histórica, pero su decisión está en el aire. El problema de los dirigentes del PRI no es sólo el aparecer traicionando sus principios estatutarios como alcahuetes de Calderón en la aprobación de la contrarreforma, sino que con la entrega del petróleo a las trasnacionales cancelarían las posibilidades del PRI que, al identificarse por completo con el PAN, ya no tendría razón histórica de ser.

5. Las exigencias y presiones de Calderón a la cúpula del PRI en 2008 para que le aprueben sus iniciativas de contrarreforma energética no puede desconocerse que se asemejan a las exigencias y presiones que tanto Fox como él ejercieron sobre la dirección nacional priísta en 2006, antes y después de la jornada electoral, para que le ayudara a llegar ilegalmente al cargo, con las consecuencias desastrosas que ello ha conllevado para el país.

6. El nuevo escándalo que ha estallado sobre el fraude de 2006, al cumplirse dos años de éste, así lo demuestra. Manuel Espino, presidente entonces del PAN, declaró en una entrevista a Milenio Diario el día primero que al desfondarse en junio de 2006 la campaña electoral de Calderón –luego del debate televisado en el que López Obrador hizo público el tráfico de influencias de su cuñado–, él y Fox tomaron la decisión de pedir a los 17 gobernadores priístas que “apoyaran” a Calderón, recordándoles que Madrazo estaba ya fuera de la competencia y que de no respaldarlo sería López Obrador el elegido. De los 10 gobernadores priístas que pactaron el “voto útil”, dice que seis de ellos le cumplieron (e instrumentaron en consecuencia el fraude en su entidad a favor del candidato del PAN), siendo a su juicio sus operativos más eficientes que los del SNTE de Elba Esther Gordillo –que trabajaban para lo mismo–, de dos gobernadores manifiesta tener dudas sobre su colaboración y dos “no lo hicieron”.

7. Un día después, Mariano Palacios Alcocer, que era entonces presidente del PRI, hizo saber al mismo diario que él a su vez recibió luego del 2 de julio incontables presiones del gobierno foxista y del equipo de Calderón para que la dirigencia nacional de su partido convalidara cuanto antes el supuesto triunfo del panista.

8. Las iniciativas de Los Pinos en materia petrolera se hallan como se ve en la misma vía, pues Calderón una vez más está en manos del PRI. El traficante de influencias Juan Camilo Mouriño, titular de facto de Bucareli, luego de festejar con ostentación el domingo 29 en un restaurante español de Polanco el triunfo de España en la Eurocopa (Milenio Diario, primero de julio), ha seguido cumpliendo la que al parecer es su única tarea: someter a los priístas, aprovechando su relación cercana con Beltrones: ofreciéndole a los gobernadores del PRI una gran tajada del pastel privatizado, maiceando –se dice– a sus legisladores y orquestando la campaña de desinformación.

9. La cuestión no está empero en determinar quien asumirá la que va a ser una de las más importantes decisiones en la historia en un partido que ha perdido sus formas tradicionales de decidir, de todos los que ahora se disputan el ser sus centros de poder: a) los gobernadores, b) los salinistas Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, sus dos coordinadores parlamentarios, c) la también salinista Beatriz Paredes, que hasta ahora ha sido una presidenta de ornato, d) Francisco Labastida y los priístas de la Comisión de Energía, e) los grandes empresarios del tricolor, o quien en fin resume el poder de todos: f) Carlos Salinas de Gortari.

10. El dilema del PRI no puede olvidarse que está, a pesar de todo, en el futuro inmediato, pues los priístas saben que el país ha cambiado mucho y que en México hay ya un pueblo en movimiento que no va a permitir la entrega del petróleo, por lo que un error de cálculo de su parte llevaría al país a un escenario imprevisible.

El debate

Luis Javier Garrido

El repudio que se está produciendo en los más amplios sectores del pueblo mexicano a la iniciativa del gobierno de facto para privatizar la industria petrolera nacional está abriendo un escenario cada vez más crítico para Mouriño y Calderón, que aún deben enfrentar el resultado de la consulta nacional que se avecina.

1. La movilización popular en defensa del petróleo mexicano ha logrado en el curso de unas cuantas semanas abrir un debate sin precedentes en torno al intento del gobierno calderonista por privatizar de manera anticonstitucional y en contra de los intereses de los mexicanos la industria petrolera nacional, el cual está impactando a los más amplios sectores del país y en particular a la llamada “clase política”, al ser implícitamente también una reflexión colectiva sobre el proyecto de país que quieren los mexicanos, por lo que está sentando un precedente en la vida legislativa y política del país que era muy difícil imaginar hasta hace muy poco.

2. La historia legislativa mexicana, en particular, no registra ningún otro caso en el que un paquete de iniciativas legales haya sido objeto de una discusión tan amplia en la sociedad, pero tampoco registra, a la vez, ningún otro caso de repudio tan absoluto a un proyecto legislativo.

3. Al iniciarse 2008, Mouriño y Calderón estaban confiados en que la contrarreforma energética fraguada a espaldas y en contra de los mexicanos podía ser aprobada fast track por el Congreso de la Unión, al contar presuntamente con los votos priístas necesarios, y habiéndose diseñado una campaña de desinformación en los medios para engañar a todo mundo, por lo que podrían de manera muy fácil cumplirle su ofrecimiento a las multinacionales con las que ya habían negociado la entrega de la industria petrolera del país. Unas cuantas semanas después, a consecuencia de la movilización social y del debate que logró abrir, el respaldo priísta a la aberrante propuesta de Mouriño y Calderón está en el aire, y en amplísimo sectores se conoce ya que Felipe Calderón ha estado mintiendo de manera sistemática al pueblo de México sobre la naturaleza de las iniciativas y que éstas no buscan otra cosa que privatizar la principal industria del país.

4. El proceso que se ha desencadenado en México es consecuencia de la movilización popular y de la toma de las tribunas en las dos cámaras legislativas en el mes de abril, y ésa es ya la principal lección para el futuro inmediato de la nación: que las acciones de resistencia civil tienen enorme fuerza cuando son respaldadas por un amplio movimiento popular. El proyecto del gobierno de facto de hacer pasar sigilosamente la contrarreforma en materia petrolera como una serie de medidas tendientes a “modernizar” a Pemex y sin que nadie se enterara de lo que se pretendía se vio frustrado y, en vez de verlo aprobado hacia el 22 de abril, como lo habían ordenado, Mouriño y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces una creciente oleada de denuncias por todos los aspectos entreguistas de su propuesta, que configuran con claridad el delito de traición a la patria.

5. Las siete iniciativas de Los Pinos en materia petrolera no sólo no están conduciendo hasta ahora a privatizar la industria petrolera mexicana, como se lo había prometido Calderón a grandes consorcios trasnacionales, sino que están, por el contrario, revirtiéndose contra el espurio morador de Los Pinos, quien aparece con una nitidez mayor ante millones de mexicanos no sólo como un mentiroso, sino como un coyote más que pretende encabezar a un grupo de corruptos coludidos con empresas extranjeras y ansiosos de beneficiarse de la privatización: desde sus cuñados, Mouriño, Reyes Heroles y los Bribiesca, hasta una serie interminable de empresarios-políticos.

6. El principal logro del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, impulsado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido desde entonces contribuir de manera determinante a que amplísimos sectores de mexicanos discutan sobre el tema. Nadie puede ya creer ahora el cuento de que los cambios legales que se buscaban eran para “modernizar” a Pemex y traer beneficios sin cuento para los mexicanos. La movilización social hizo posible que en muy poco tiempo, a pesar del perverso papel de la mayoría de los medios, y en especial de Televisa y Tv Azteca, que no han dejado de desinformar en este lapso sobre la propuesta, los mexicanos se fueran enterando de todos los aspectos de un proyecto que no busca otra cosa que desmantelar Pemex y crear una industria petrolera privada en manos de las multinacionales.

7. La propuesta oficial ha recibido en estas semanas una propaganda descomunal, pero significativamente no ha tenido defensores, por la sencilla razón de que no puede tenerlos, pues carece de una razón histórica.

8. El aspecto más sorprendente de los Foros de Debate sobre la Reforma Energética en el Senado –que han sido vistos por millones, a pesar de estar restringidos al canal del Congreso–, de las Mesas de Debate en la UNAM –que han constituido, a su vez, un acontecimiento sin precedente en la historia universitaria–, y de los actos organizados en otras universidades de la República, que muestran un interés creciente por lo que está aconteciendo, lo constituye no nada más el contundente rechazo a la contrarreforma calderonista de la mayor parte de los expositores, sino la inexistencia de argumentos de aquellos que han pretendido defenderla.

9. El otro impacto de lo que acontece es el que no se puede medir, pues se desarrolla tras bambalinas: es el debate intenso en la cúpula del PRI: entre los que desean por interés seguir fungiendo como alcahuetes de Calderón y los que todavía tienen una visión del Estado y de la nación, y el resultado de este debate se conocerá muy pronto.

10. Al margen de lo que acontezca en la “clase política”, todo indica que se impondrá la sensatez y el sentido común del pueblo mexicano frente a la sinrazón de quienes entienden el poder como un botín.

La urgencia

Luis Javier Garrido

¿Cuál es la prisa del grupo en el poder por entregar Pemex?

1. La propuesta legislativa en materia petrolera con la que Felipe Calderón ha pretendido engañar no tan sólo a los legisladores, sino sobre todo al pueblo mexicano, ha sido evidenciada en los debates de las últimas semanas como violatoria de la Constitución, absolutamente privatizadora, contraria a los intereses del pueblo mexicano y lesiva para la nación, no obstante lo cual el titular espurio del Ejecutivo ha seguido insistiendo con nerviosismo en que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y continúa maquinando con toda la fuerza del Estado tratando de imponerla al país.

2. El nerviosismo de Calderón, lejos de disminuir, se ha exacerbado, pues ahora ya está claro en todos los ámbitos del país que el esquema de “reorganización” de la industria petrolera mexicana preparado por su grupo, lejos de responder a los presupuestos de modernización que se anunciaron corresponden al plan de un grupo de delincuentes de Estado para apropiarse de un patrimonio fundamental de la nación: privatizando abiertamente la refinación, al igual que el transporte, el almacenamiento y la distribución de los productos, manteniendo contratos anticonstitucionales para ceder tareas de exploración y explotación, y creando un régimen de excepción a un Pemex al margen de la legalidad para permitir la entrega a pedazos de la industria.

3. El gobierno de facto no ocultó la urgencia que tenía por acelerar de manera irreversible en 2008 el proceso de privatización de la industria petrolera mexicana, y en consecuencia no ha logrado evitar que se entiendan cuáles son sus principales móviles para ello, los que van desde a) su necesidad de disponer de recursos frescos para lubricar la maquinaria de imposición electoral con vistas a los comicios legislativos de 2009, sobre todo b) ante la incertidumbre de cuál será la composición de la Cámara de Diputados de la 61 Legislatura que se instalará en 2009 y, sobre todo, c) su compromiso de cumplir cuanto antes con los acuerdos tenidos con diversas corporaciones trasnacionales a las cuales se halla vinculado Calderón desde los días del fraude electoral de 2006, en razón de la situación política prevaleciente en Estados Unidos.

4. La urgencia de Mouriño y Calderón por privatizar la industria petrolera mexicana estuvo además determinada desde un principio por las evidencias de que el tiempo jugaría en contra de sus pretensiones de engañar a los mexicanos con una serie de documentos mañosamente redactados y presentados por la propaganda oficial como lo que no eran, pues d) a medida que las iniciativas oficiales fueran discutidas se iría evidenciando su naturaleza, lo que permitiría el crecimiento y la organización del movimiento popular, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como aconteció, pero también, por otra parte, e) la profundización de la discusión en los partidos políticos y en particular en el PRI y en toda la llamada “clase política”, donde Calderón ha creído contar con sus mejores aliados, lo que está ahora sucediendo.

5. Una última explicación que se ha venido dando a la situación actual se halla, por otro lado, en razones síquicas y médicas y atañe al estado personal de quien se asume titular –espurio desde luego– del Ejecutivo, lo que es ya motivo de especulaciones en especial en el sector privado, muchos de cuyos dirigentes se hallan arrepentidos de haber colaborado al fraude para imponerlo, pues Calderón ha fracasado en toda la línea en sus pretensiones y su desfase de la realidad social es cada vez mayor.

6. La insistencia de Felipe Calderón en seguir mintiendo y aseverando que sus iniciativas no son privatizadoras o que no han sido comprendidas no hacen ver más que un desequilibrio y una incapacidad para decidir en asuntos de trascendencia.

7. Esa impaciencia de Calderón por entregar el petróleo de México a las trasnacionales asociadas a la familia Bush deriva, por ejemplo, en buena medida de la urgencia que tiene de retribuir a éstas y a sus protectores republicanos la ayuda financiera que le brindaron en 2006, sobre todo ante la inminente salida de George W. Bush de la Casa Blanca, pues el horizonte que se avecina en Estados Unidos no es claro para la banda de Calderón y de Mouriño, ya que cada vez más se proyecta a nivel internacional su imagen de dirigentes de un grupúsculo corrupto e incompetente.

8. El debate sobre el petróleo y la crisis de la energía está marcando también, por las presiones de las trasnacionales, la campaña presidencial en Estados Unidos, pues mientras el republicano John McCain exige, secundado por Bush, que se levante la prohibición que existe por razones ecológicas para explotar el petróleo en las costas estadunidenses, con el argumento, según ellos, de ya no tener que depender de “regímenes hostiles”, como Irán o Venezuela, el demócrata Barack Obama se opone a esto argumentando que conduciría a la destrucción de la Florida, California y Alaska (El País, 19/6/08). Las motivaciones de tal exigencia son claras, pues provienen de las grandes trasnacionales petroleras de origen estadunidense que, ante las dificultades crecientes que encuentran en el mundo entero para su expansión, pretenden no tener más alternativa que volverse a Estados Unidos.

9. En este escenario de mentiras y engaños, el papel que tienen ahora los legisladores del PRI ha adquirido, por consiguiente, la mayor importancia, de ahí que las especulaciones sobre lo que puede estar pasando sólo puede atajarlas la prudencia a que están obligados para enfrentar el desafío de desechar la propuesta de Calderón e intentar presentar y negociar otra, pues las especulaciones son muchas: la entrevista de Beltrones con el subsecretario Negroponte en Washington esta semana, los posibles acuerdos Salinas-Calderón para exonerar a Raúl de la acusación de narco a cambio de la pérdida de sus fondos en Suiza, los rumores sobre dádivas del gobierno a los legisladores.

10. Las prisas de la mafia de Mouriño y Calderón contrastan en todo caso con la serenidad de los mexicanos, la cual no debe confundir, pues hay ya un amplio movimiento dispuesto a defender el petróleo en manos de la nación como una cuestión fundamental.

Diez razones para la consulta

Luis Javier Garrido

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de someter a una Consulta Popular la iniciativa de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera nacional procede, a pesar de lo que dicen los funcionarios del gobierno de facto, al menos por 10 razones.

1. La Consulta Popular en materia energética es absolutamente constitucional y legal porque la Constitución mexicana prevé ya, desde 1983, este mecanismo en el tercer párrafo del artículo 26, en el marco del “sistema nacional de planeación democrática”, además de que al menos en 22 Constituciones locales del país existen mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta pública, el plebiscito y el referendo.

2. La consulta procede porque es el mecanismo democrático por excelencia en la toma de decisiones en la mayor parte de los países euro-occidentales en este siglo XXI, ya que está progresivamente compensando los vicios y limitaciones del sistema representativo, con otros mecanismos de democracia semi-directa. México está atrasado en materia democrática y la consulta sentaría, por lo mismo, un precedente positivo para el país.

3. La decisión de consultar al pueblo es correcta porque la mayor parte de los mexicanos la quiere, como demuestran las encuestas, incluso aquellas hechas por despachos vinculados al gobierno. El 78 por ciento de los ciudadanos la aprueba, según una encuesta de Gea-Isa del 28 de mayo

4. El mecanismo de la consulta tiene una legitimidad histórica y hondas raíces en la tradición mexicana, pues, a pesar de lo que muchos suponen, sí se ha utilizado en el pasado en momentos significativos. Los ejemplos que se podrían dar son muchos, pero baste uno: con motivo de las elecciones de 1867, el presidente Benito Juárez sometió en una Consulta Popular a los electores su propuesta de aprobar diversas modificaciones constitucionales, entre ellas la del restablecimiento del Senado, solicitándoles se pronunciaran en el anverso de la boleta electoral.

5. La consulta no sólo es legal, legítima y viable, sino que es, por otro lado, imprescindible por una razón obvia que sustenta en el mundo entero el recurso a las consultas, plebiscitos y referendos: porque en las elecciones de 2006, ninguno de los partidos y candidatos que ahora auspician la privatización propusieron durante la campaña desincorporar al petróleo de la soberanía y del patrimonio nacionales, como ahora lo hacen, y no lo hicieron porque esta medida no aparecía en sus plataformas electorales y en consecuencia ni los legisladores federales ni la 50 Legislatura del Congreso están mandatados por el pueblo para tomar esta medida, mucho más cuando la misma trastoca el orden constitucional y atenta contra la soberanía energética de la nación, por lo que la única salida a esta situación es, como se hace en regímenes de otros países, recurrir de nuevo por la vía democrática al pueblo para que se pronuncie.

6. El carácter imprescindible de la Consulta Popular se fortalece porque a juicio de amplios sectores hay dudas razonables y fundadas sobre la representatividad de un Congreso surgido de las elecciones fraudulentas de 2006 –en el que el PAN y otros partidos están sobrerrepresentados– y, por lo mismo, sobre la “legitimidad” de una decisión tomada en un asunto de importancia estratégica para el país y clave para los intereses de las multinacionales. Las que no son dudas, sino certezas de lo que sería una decisión así se fortalecen por las informaciones en el sentido de que tanto las grandes corporaciones como el gobierno de facto están recurriendo a prácticas de corrupción y de amedrentamiento para someter a los legisladores.

7. La consulta procede además con carácter imprescindible por el papel crítico que está desempeñando Felipe Calderón, quien luego de haber llegado por la vía fraudulenta al cargo protestó cumplir la Constitución y ahora pretende violarla, exigiendo se apruebe una legislación anticonstitucional. Calderón impulsa una desbocada campaña de desinformación, se niega a transparentar la información y miente constantemente incurriendo en contradicciones que suscitan lo mismo indignación que hilaridad. Argumenta con desprecio a la inteligencia de los mexicanos que sus iniciativas no son “privatizadoras”, pero luego en un arrebato de carácter racista se lamenta de la oposición a sus propuestas y dice que “hasta los chinos” están privatizándolo todo (4 de junio).

8. En el grave contexto actual, la consulta está de sobra justificada además de todo por las evidencias existentes de que un alto número de funcionarios públicos están asociados a los intereses de las corporaciones trasnacionales y actúan como parte interesada en la privatización en un escenario de corrupción generalizada –en el cual son parte fundamental Felipe Calderón, varios de sus familiares y su secretario de facto de Gobernación, el español Juan Camilo Mouriño–, y el hecho de que hasta ahora esta situación ha rebasado en mucho al Congreso, que ha mostrado su impotencia, por lo que se hace urgente recurrir a la Consulta Popular.

9. La Consulta Popular debe llevarse a cabo, en suma, porque de aprobarse estos cambios legales sin consenso –y una decisión del Congreso es insuficiente, como han subrayado la mayor parte de los constitucionalistas– se generaría en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica, pues las corporaciones extranjeras invertirían en un contexto de ilegalidad y de violación al marco constitucional, lo que le daría al pueblo mexicano y a los futuros gobiernos el legítimo derecho para actuar contra ellas.

10. “La soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo”, establece el artículo 39 constitucional, y frente a este precepto no hay consideración que valga. Los funcionarios privatizadores del gobierno de facto están repitiendo ya en plena desesperación y de manera mecánica para oponerse a la Consulta Popular que el pueblo es ignorante, que el mecanismo “carece de sustento legal”, que es dilatorio, que sería costoso, que “descarrila” las intenciones de Calderón. Es decir, que carecen de argumentos jurídicos, políticos, éticos e históricos para oponerse a la misma. La consulta procede en última instancia, o acaso en primera, porque no hay, además de todo, argumentos en contra. Y no los hay porque no puede haberlos en contra de la voluntad soberana de los mexicanos.

La ofensiva

Luis Javier Garrido

¿Están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros trasnacionales para que aprueben la contrarreforma de Felipe Calderón, como lo señalan algunos analistas, lo que reproduciría aquí una de las prácticas de corrupción que se dan impunemente en el sistema estadunidense?

1. El debate en materia energética en el Senado ha puesto al descubierto el proyecto de las trasnacionales por apoderarse de la industria petrolera de México del cual es piedra angular la iniciativa de Felipe Calderón, pero también está abriendo una reflexión tanto sobre la corrupción desenfrenada del grupo calderonista como sobre el funcionamiento del Poder Legislativo mexicano, planteándose entre otras una cuestión: ¿están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros al igual que acontece en el sistema estadunidense?

2. El país sabe que el gobierno panista es una cloaca y que muchos de sus integrantes están asociados a corporaciones trasnacionales en el negocio que están fraguando, y por eso no sorprenden noticias como las que han generado nuevos escándalos esta semana al saberse que el gobierno ha mandado a una red de emisarios a Estados Unidos para solicitar apoyo de los grandes consorcios petroleros o que Georgina Kessel (secretaria de Energía) contrató multimillonarios servicios de espionaje privado para vigilar a los legisladores en relación con el debate energético (El Universal, 26 y 29 de mayo).

3. La actitud de algunos priístas ha llamado la atención, pues varios parecen dispuestos a avalar la privatización por móviles poco claros. Los legisladores del PRI, se supone que no tendrían en principio problema alguno para desechar, por notoriamente anticonstitucional, la propuesta de Calderón, quien les exige de manera desvergonzada le ayuden a hacerle un fraude a la Constitución, y que lo hagan además traicionando sus principios, ya que en el punto 14 de su Declaración de Principios se establece que en relación con los energéticos el PRI sostiene “el principio constitucional de propiedad de la nación”, y se pronuncia “contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”.

4. Las propuestas de algunos priístas resultan por ello no sólo descabelladas sino opuestas a los principios de su partido, sobre todo porque en un mediano plazo tal claudicación no podría conducir más que a acelerar la desaparición de su instituto político. El proyecto de algunos dirigentes del PRI de crear las llamadas “empresas espejo”, que se atribuye a Manlio Fabio Beltrones, no es más que una variante del presentado por Calderón y tan anticonstitucional como éste, pues supone autorizar a las trasnacionales a operar en el ámbito petrolero con todos sus recursos mientras el gobierno federal prosigue el desmantelamiento de Pemex. La propuesta del gobernador veracruzano Fidel Herrera de crear empresas mixtas en los estados donde hay enclaves petroleros es también absolutamente violatoria del orden constitucional, pues además de privatizadora se olvida de que el petróleo es materia federal.

5. El escenario nacional, marcado por la discusión sobre el petróleo, se está por otro lado enrareciendo más por la desenfrenada campaña de los medios para que se aprueben la iniciativas de Calderón, en particular porque éstas carecen de argumentos, y lo único que hacen es utilizar una serie de lemas mentirosos, tratando de negar que las iniciativas sean privatizadoras o tengan como propósito culminar el desmantelamiento de Pemex y entregar la industria petrolera mexicana a compañías extranjeras.

6. El principal argumento del gobierno de facto hacia las compañías trasnacionales es el mismo que está utilizando frente a los mexicanos, haciendo a todos creer que es posible violar impunemente la Constitución modificando la legislación secundaria, y deslizando la idea de que la Suprema Corte avalaría esta empresa, la que por el contrario claramente tipifica el delito de “traición a la patria” previsto en nuestra legislación penal, lo que puede llevar a Calderón y a sus cómplices a ser destituidos.

7. En otras palabras, lo que el gobierno de facto está sosteniendo, fuera y dentro del país, en su campaña mediática, es que el fraude a la Constitución está al alcance de la mano, y que además eso es positivo para los mexicanos, olvidándose de una cosa: que a lo que conduciría es a que la nueva industria privatizada operase en un contexto de plena ilegalidad.

8. La realidad de la situación es que la propuesta de las multinacionales y de Calderón, que en este caso actúa como lo que es, como su pelele, no sólo empobrecería a los mexicanos y dejaría al Estado sin recursos, sino que crearía en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica. Las trasnacionales extranjeras estarían invirtiendo en un país de manera anticonstitucional, y ello le daría a los mexicanos, tanto al poder público como al pueblo, el legítimo derecho para proceder contra ellas por todos los medios, y de nada les serviría a éstas acudir a tribunales extranjeros, pues la propia Suprema Corte ha reiterado en sus últimos fallos que los acuerdos internacionales suscritos por los gobiernos mexicanos –y más todavía los suscritos por un gobierno ilegítimo y de facto como el de Calderón– están por debajo de la Constitución.

9. Los debates en la vieja casona del Senado en la calle de Xicoténcatl han conducido a una derrota completa de la posición oficial, que ha sido evidenciada como contraria a los intereses de los mexicanos y al orden constitucional del país, y en consecuencia no están produciendo más que una mayor desesperación en el gobierno, lo que hace más difícil una salida a la cuestión.

10. La salida a esta cuestión es empero muy simple y la única digna de una sociedad democrática: consultar a todos los mexicanos sobre el futuro de nuestros recursos estratégicos, para que decidan si quieren que sigan siendo manejados por los mexicanos o que abdiquemos de nuestra vocación histórica y entreguemos la industria petrolera y el futuro de la nación a las corporaciones petroleras que la codician desde hace décadas.

El descaro

Luis Javier Garrido

La entrega del petróleo de México a las corporaciones trasnacionales, que es el objetivo de las iniciativas del gobierno de facto, como lo aceptan ya con descaro muchos panistas, conduciría a un desastre económico y social sin precedente, si no a una liquidación del Estado nacional, y esto apenas algunos lo están comprendiendo.

1. México se halla al borde de la mayor crisis política que haya enfrentado desde la terminación de la fase armada de la Revolución Mexicana en este segundo año del gobierno de facto de Felipe Calderón, no nada más por el fracaso absoluto de las políticas neoliberales que, entre otras cosas, condujeron al desmantelamiento de organismos públicos y al remate de la mayor parte de las empresas del Estado, produciendo un desastre económico sin parangón en el país (no obstante lo cual se quiere ahora entregar también la industria petrolera mexicana al capital trasnacional), sino también por todo un cúmulo de políticas irracionales llevadas a cabo por el gobierno de facto, que muy difícilmente pueden entenderse sólo como consecuencia de la ineptitud de los panistas.

2. Las últimas iniciativas del gobierno espurio no dejan lugar a dudas: el país está siendo llevado al caos de manera deliberada, por una decisión de las fuerzas trasnacionales que lo manejan cada vez más abiertamente, y que han encontrado en él a su más dúctil servidor.

3. México está siendo llevado a una situación de caos en su organización política y en su vida social de manera consciente y sistemática para crear un contexto similar al de Colombia, a fin de hacerlo un espacio fácil para los intereses estadunidenses que buscan apoderarse ya de manera abierta y sin restricciones de nuestros inmensos recursos estratégicos. Y se está haciendo por toda una serie de decisiones irracionales que no parecen tener más objetivo que el de generar un escenario político y social de desastre en el que estiman su “patio trasero”, conforme al diseño de los teóricos del neoliberalismo, que de Hayek a Friedman han preconizado devastar socialmente al país al que se le quiere imponer plenamente el modelo neoliberal.

4. Las acciones del Ejército en las ciudades del norte no han logrado lo que buscaba Calderón, que era legitimarse en el cargo, ni mucho menos reordenar el mercado en función de los intereses del salinismo y el panismo, pero sí ha logrado su propósito latente y fundamental: el que buscaban los poderes trasnacionales de crear un escenario de caos, con miles de muertos, una burocracia gubernamental cada vez más inmersa en la corrupción y un Ejército dividiéndose por las deserciones, pues cada día que lucha en las calles contra sus desertores pasados a las filas del narco, hay más desertores y la colombianización se acentúa.

5. La privatización salvaje de la industria petrolera de México, que es el objetivo fundamental e innegable de la propuesta de Calderón, no conduce, además de darles un negocio descomunal a las trasnacionales (y a sus cómplices) y a empobrecer al pueblo de México, condenándolo por décadas a la miseria, más que a otro propósito: fortalecer las estructuras de dominación de Washington, debilitando por completo al Estado mexicano.

6. El modelo neoliberal a lo que tiende es a dejar a los estados nacionales reducidos a un mero territorio de explotación, diezmada la población por sus políticas genocidas y con un gobierno sin recursos económicos ni políticos, sometido a los poderes fácticos: y en México la clave para alcanzar ese escenario lo constituye le entrega del petróleo.

7. El inicio de los foros en materia energética el martes 13 en el Senado de la República, para discutir la contrarreforma petrolera de Felipe Calderón, ha propiciado que algunos ponentes oficialistas insistan en que no es “privatizadora”, pero a su lado muchos otros ponentes neoliberales y varios legisladores del PAN se han descarado y han aceptado que sí lo es, y que a lo que tiende es a darle la vuelta a la Constitución y al marco legal fundamental de México que han vituperado, ya se sabe que con el fin de entregar la explotación, el uso y aprovechamiento de los recursos petroleros de la nación a corporaciones extranjeras.

8. La pretensión del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir Pemex y entregar la industria petrolera a las multinacionales es de tal manera descabellada y contraria a los intereses de los mexicanos, que no puede entenderse únicamente por el fanatismo ideológico neoliberal de los panistas y de sus aliados priístas, por su odio patológico al Estado y a la legalidad o por la avidez que tienen en el marco de corrupción que han creado por aprovecharse sin límites del proceso privatizador, sino por otra sinrazón: su sumisión al capital trasnacional y al proyecto de éste de desmantelar no al Estado sino a la nación.

9. La Cámara de Senadores no tiene, por lo mismo, en términos de ley, más alternativa que la de desechar las cinco iniciativas de Calderón por notoriamente improcedentes para no forzar a una discusión en el pleno sobre un texto que no oculta que pretende nada menos que crear las condiciones para violar la Constitución y las leyes de México, y crear un régimen de excepción a una nueva industria petrolera en manos de extranjeros, a fin de propiciar la impunidad para los grandes consorcios petroleros para la explotación, sin límites y sin control, y al margen de cualquier legalidad constitucional, de las riquezas básicas de México: lo que los neoliberales llaman la plena desregulación.

10. Lo contrario sería llevar al país aún más lejos en el escenario de simulación institucional que se ha creado y en el cual hay dos realidades, la de la ficción formal y la real. Quienes gobiernan deben empero entender que ya han tirado demasiado de la cuerda y que el México real –y profundo– se les está apareciendo, pues con una profunda intuición nacionalista ha entendido que defender su petróleo es una cuestión de supervivencia.

La inconstitucionalidad

Luis Javier Garrido

La estrategia para privatizar la industria petrolera mexicana fue diseñada por los think tanks de las corporaciones trasnacionales que buscan apoderarse de ella contando con la complicidad de los grupos mafiosos que se han apoderado del gobierno mexicano, y eso explica que sus redactores desdeñaran dos factores que la están haciendo inviable. Menospreciaron por un lado el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917, que prohíbe de manera categórica esa privatización, aún está vigente, y que no se le puede dar la vuelta cambiando leyes secundarias, pues ello llevaría al país a una absoluta ilegalidad en la materia. Y, por el otro, subestimaron la respuesta del pueblo mexicano a su pretensión, de ahí su azoro ante el hecho de que sectores cada vez más numerosos estén llevando a cabo una movilización sin precedente en defensa del petróleo, la que a todas luces va a seguir creciendo.

1. El gobierno de facto ha sufrido una primera derrota en su tentativa de entregar los recursos petroleros de México al capital trasnacional al aceptar el Senado de la República el 25 de abril organizar una serie de foros de debate sobre la contrarreforma energética, como exigían Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, y ahora empieza a enfrentar la que ha de ser su derrota histórica de fondo en este asunto, pues los más amplios sectores de mexicanos están ya entendiendo la sinrazón histórica de esta pretensión, que configura un acto sin precedente de traición a México.

2. La primera etapa de la resistencia civil organizada por López Obrador, que se caracterizó por una creciente movilización popular y por la toma de las tribunas de las dos cámaras federales por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), medida que fue imprescindible para el éxito del movimiento, terminó, en consecuencia, por un triunfo que fue festejado por más de medio millón de mexicanos que marcharon el domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo en una de las manifestaciones más alegres y vigorosas de los tiempos recientes, la que confirmó, por otro lado, el fracaso de la estrategia mediática del panismo y de las campañas neofascistas de difamación y mentira de Calderón.

3. Las cinco iniciativas de cambios legales en materia energética que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se le hagan a diversas leyes han sido revisadas por especialistas de diversas disciplinas y la casi totalidad de ellos han coincidido en estas semanas que son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Mexicana, y no sólo eso, sino que por su objetivo central, que es entregar a compañías extranjeras un bien estratégico patrimonio de los mexicanos, comprometen la soberanía nacional y hacen de México un objetivo militar de Estados Unidos, condenan por décadas a la pobreza a varias generaciones y cancelan de paso la viabilidad histórica de México como país.

4. La mayoría de los mexicanos ha entendido también, a pesar de los medios, que tras la tentativa de privatizar a la industria petrolera mexicana y destruir a Pemex se halla un negocio multimillonario en el que los grupos de neoempresarios enriquecidos durante el salinismo y aliados a la mafia delictiva de Mouriño y Calderón pretenden enriquecerse sin límites y, lo que es más grave, adueñarse por largo tiempo del aparato estatal mexicano.

5. En el aspecto jurídico, la cuestión es muy clara, y muy difícilmente la campaña de desinformación y de mentiras del gobierno va a conseguir confundir a los mexicanos. Los principios fundamentales de la Constitución mexicana de 1917 son un valladar para la pretensión oficial, pues ésta establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos estratégicos y la prohibición tajante de otorgar concesiones y contratos en materia petrolera (artículo 27); también consagra la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros (artículo 25) y la obligación estatal de utilizar estos recursos para sustentar la soberanía nacional (artículo 28).

6. Las iniciativas de cambios “legales” de Calderón están todas permeadas en su esencia de un profundo desprecio a la legalidad constitucional del país, rasgo que comparten por igual los teóricos de la globalización neoliberal y los panistas, pues lo que buscan al abrir una vía seudojurídica para entregar los recursos petroleros de México a las compañías extranjeras es crear un régimen de facto para la industria petrolera sin importarles que éste contravenga el régimen jurídico.

7. La “clase política” representada en el Congreso de la Unión, y en particular la alianza PRI-PAN, que expresa los acuerdos Salinas-Calderón para sacar adelante la contrarreforma, no tiene por ello legitimidad para expedir leyes de tal importancia para el futuro del país, sobre todo cuando se busca pasar por encima de la Constitución; de ahí el reclamo de que el futuro de la industria petrolera mexicana sea sometido a una amplia consulta popular.

8. Es urgente por ello que en México se establezcan mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito y el referendo, para que en lo sucesivo las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales no las hagan sólo las cámaras, sino que pasen a consulta de la ciudadanía, como es desde hace mucho tiempo el caso en varios países europeos y latinoamericanos.

9. Esta reforma constitucional debería hacerse previamente a cualquier otra tentativa de seguir tocando leyes fundamentales del país, y ante esto resulta significativo que el gobierno espurio, que pensó podría imponerse a los mexicanos por la manipulación de los medios, ahora se oponga a la democracia semidirecta y le tenga terror a la ciudadanía.

10. El destino de la industria petrolera de México es también el del país y no puede decidirse ahora por un grupo de legisladores, sino que debe someterse a la decisión de todos los ciudadanos.

El peligro

Luis Javier Garrido

La iniciativa de contrarreforma energética de Felipe Calderón, que está concitando creciente repudio nacional, no sólo conduce a la entrega de la industria petrolera a las trasnacionales, sino representa además otro peligro para México, pues vuelve a nuestro país un objetivo miltar del Pentágono en función de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

1. La contrarreforma petrolera que el gobierno de facto busca imponerle a México fue el móvil fundamental del apoyo de múltiples trasnacionales al fraude electoral de 2006. Las corporaciones petroleras que brindaron un financiamiento ilegal y un respaldo político a Calderón para imponerlo en la silla presidencial lo hicieron sobre la base de que la nueva administración se comprometía a entregarles plenamente lo que habían querido lograr sin obtenerlo en las anteriores administraciones: el control de una nueva industria petrolera construida en territorio mexicano sobre las ruinas de Pemex, bajo el resguardo del poderío militar de Washington, que, sobre bases supuestamente “legales”, la consideraría un bien propio.

2. Quienes toman las decisiones en el gobierno espurio, con la miopía fanática y la avidez por el enriquecimiento que los ha caracterizado, buscan, por su parte, dar un paso decisivo en el proceso de regresión iniciado por los priístas De la Madrid, Salinas y Zedillo y proseguido por el panista Fox con el aval del PRI, para reconvertir al Estado nacional más fuerte de América Latina, surgido del vigoroso movimiento histórico de la Revolución Mexicana, en lo que sería un remedo de los estados bananeros latinoamericanos de los años 50: en protectorado. México transitaría no a la democracia, como se ha pretendido en el discurso mistificador del poder, sino a convertirse, como Colombia, en una mera colonia, con los panistas de perros guardianes de ese “proyecto histórico”.

3. El Plan México pasa por el fortalecimiento del TLC y la institucionalización de la doctrina Bush, aceptada ya por el gobierno de facto con la Iniciativa Mérida de 2007, y avalada de nuevo por Calderón y el primer ministro canadiense Stephen Harper en la Cumbre de la ASPAN de Nueva Orléans los días 21 y 22, donde el gobierno espurio calderonista reconoció que el territorio mexicano va a ser un objetivo militar de Estados Unidos de aprobarse la contrarreforma, y que lo que se busca es dar a las trasnacionales petroleras enclaves estratégicos, tanto en el Golfo de México como en el territorio nacional, sin importarle a los panistas volver a nuestro país un espacio privilegiado del poderío militar estadunidense.

4. El proyecto de los grupos de interés asociados a Carlos Salinas de Gortari, que utilizan a Felipe Calderón como su pelele, culminaría así entregando el pleno control del país a Washington y con ellos asociados a las trasnacionales que lo saquearían arbitrariamente, llevándose por su traición una tajada del descomunal negocio, que los expertos en corrupción calculan en 15 por ciento. Durante los gobiernos de Fox y Calderón, el abandono panista ha conducido a que Washington tenga ya importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano, y en especial de la frontera, las aduanas, los litorales y el espacio aéreo de México, así como de la seguridad interna, a lo que se agregaría ahora el hecho aberrante de que los recursos básicos mexicanos, que deberían ser de importancia estratégica para México, lo serían en el futuro para Estados Unidos.

5. La doctrina de seguridad nacional de Bush establece que Washington se arroga el derecho de intervenir militarmente ahí donde tiene intereses petroleros, es decir, lo mismo en Irak y en Afganistán que en algunos países de América Latina, por lo que, de ceder el Congreso mexicano a esta aberración seudolegal, se cometería un atentado no sólo contra nuestro país, sino contra todo el continente, precisamente en un momento histórico en el que desde Nicaragua hasta Bolivia y Ecuador, y ahora Paraguay, se delinean políticas que anteponen los intereses nacionales de nuestros pueblos a las pretensiones de las multinacionales.

6. La aprobación de la contrarreforma por las cámaras federales constituiría además una convalidación de las pretensiones hegemónicas de las potencias occidentales. El presidente galo Nicolas Sarkozy no se ha cansado de repetir en las últimas semanas que Francia tiene un supuesto derecho a intervenir en los países generadores de energía con los que tiene acuerdos cuando sus políticas pudiesen afectar los intereses franceses.

7. Las políticas neoliberales tienen, empero, dos caras, y Estados Unidos sostiene abiertamente la tesis contraria tratándose de su petróleo, pues para Bush, siendo la energía de importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se opone a las inversiones extranjeras en materia petrolera en su territorio, y así ha vetado diversos intentos de penetración del capital asiático.

8. Las pretensiones de los halcones del Pentágono no deberían ser, por lo mismo, motivo para la sumisión del Congreso mexicano, sobre todo cuando países más pequeños que el nuestro, desde Cuba hasta Bolivia, han resistido con éxito amenazas mucho más serias, sin olvidar que México lo hizo en materia petrolera hace tres cuartos de siglo. Y sobre todo ahora, en un contexto en el que América Latina está cambiando y en el que el imperio estadunidense se halla en una larga crisis terminal.

9. La campaña de difamación de caracter totalitario que ha implementado Mouriño desde Bucareli en contra del movimiento ciudadano de resistencia pacífica en defensa del petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, busca, por eso, distraer la atención nacional del fondo del problema, con una estrategia y una retórica que ésas sí son de caracter nazifascista, como fue el comportamiento de Calderón en sus conferencias de prensa en Nueva Orleáns.

10. La contrarreforma petrolera, tal como está planteada, entrañaría graves consecuencias para México, pero la principal es en el aspecto político, y el México profundo ya lo está comprendiendo.

La crisis institucional

Luis Javier Garrido

El proyecto de contrarreforma petrolera constituye una exigencia de Felipe Calderón al Congreso para que apruebe una seudo legislación secundaria abiertamente violatoria de la Constitución, que le permita al gobierno de facto abrir vías metalegales para que las grandes corporaciones trasnacionales se apoderen de la industria petrolera mexicana, y de paso las mafias salinista y calderonista puedan hacer el negocio del siglo empobreciendo sin límites a la nación, todo ello bajo el supuesto de que no puede haber una respuesta del pueblo mexicano. Las cosas no le han resultado, sin embargo, tan fáciles.

1. La grave crisis institucional que se ha abierto en el país por esa intentona del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón de entregar el petróleo mexicano a diversas empresas extranjeras luego de cambios seudo legales implementados fast track por el Poder Legislativo –y que con justicia ha sido calificada de golpista, pues busca destruir la esencia de la Constitución mexicana, llevando al pueblo mexicano a un desastre económico inimaginable–, se ha agravado por la intransigencia panista a abrir un amplio y sereno debate nacional y amenaza ya al futuro del propio régimen de facto sin que sus responsables parezcan darse cuenta de ello.

2. El gobierno espurio, teniendo como su principal operador al corrupto traficante de influencias extranjero Juan Camilo Mouriño –quien a pesar de las evidencias de los actos ilegales que ha cometido para enriquecerse desde el poder con contratos en materia energética sigue en el cargo de secretario de Gobernación–, creyó que le bastaba con efectuar una serie de acuerdos a espaldas del país para luego poder recurrir tanto a los viejos mecanismos de corrupción, a fin de subordinar a los legisladores indecisos, como a una vasta campaña fascistoide de desinformación, para confundir a los mexicanos, pero no le están saliendo las cosas.

3. El pueblo mexicano, agraviado como nunca por las mentiras de Felipe Calderón, quien pretende tratarlo como ignorante al anunciarle beneficios sin límites y ofrecerle unos bonos que son indignidad, pues buscan encubrir la venta del principal recurso estratégico del país, está reaccionando en toda la República y manifestándose en el Movimiento en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mediante una serie de actos de resistencia civil pacífica que están evidenciando la falta de representatividad y de legitimidad de las actuales instituciones pervertidas por los panistas.

4. El paquete de contrarreformas legales en materia petrolera que el gobierno de facto hizo llegar al Senado de la República es una vergüenza para México, pues supone no nada más “algunas medidas privatizadoras”, como pretenden quienes le hacen de comparsas al gobierno. Es una trampa para desmantelar por la vía de los hechos la Constitución mexicana y terminar con el principio sustentado en los artículos 27 y 28 que determina la exclusividad del Estado en el manejo de los recursos petroleros nacionales, pues busca entregar por completo a las multinacionales la exploración, la explotación del petróleo, así como la petroquímica y la transportación a las multinacionales. Implica no únicamente un aceleramiento del proceso de privatización de la empresa estatal Pemex, que es patrimonio de los mexicanos, sino la creación de una industria petrolera privada paralela que se adueñe de ese sector estratégico del país.

5. La indigna propuesta constituye no una supuesta serie de cambios a la organización de Pemex, como se pretende, sino un trastocamiento del marco constitucional derivado de la Revolución Mexicana, al cambiar leyes secundarias para terminar con el principio de la soberanía nacional y modificar la naturaleza del Estado, cancelando lo que queda del proyecto nacional y conduciendo a un empobrecimiento sin límites del país, que empezaría a perder su principal fuente de recursos al imponerse ya sin límites el depredador modelo neoliberal, y está siendo entendida, por lo mismo, como un acto de traición a la patria.

6. Una reforma legal debe entenderse en función de sus objetivos fundamentales, y ésta que busca pasar ilegalmente por sobre los principios centrales de la Constitución Mexicana, y que lleva incluso a pretender entregar el control estratégico del Golfo de México a las trasnacionales, tornando a México en un objetivo militar para Washington, no deja lugar a dudas: busca abrir la vía para llegar a un completo desmantelamiento del Estado mexicano.

7. La movilización social ha puesto de manifiesto la existencia de acuerdos secretos entre Carlos Salinas de Gortari, quien actúa en nombre del priísmo, y el gobierno panista de facto, para entregar la industria petrolera mexicana a la Shell, a la Exxon Mobil Corporation y a la Repsol-YPF, conforme lo reclama la agonizante administración Bush, pero también ha evidenciado la existencia de importantes resistencias a este acto de lesa traición a la patria en el interior del PRI, de la propia burocracia política, de los trabajadores petroleros del país que contribuyeron a edificar esta empresa y de las fuerzas armadas, a las que Calderón ha envilecido y desprestigiado como en pocos momentos de nuestra historia.

8. ¿A quien creerá entonces el gobierno de facto que puede engañar con su torpe campaña de embustes e insultos en los medios?

9. La crisis institucional abierta por el violento intento de atraco del gobierno espurio de Calderón al pretender entregar a las trasnacionales el patrimonio de la nación tras un debate simulado, podría empezar a tener, sin embargo, una salida de aceptar el binomio PAN-PRI un verdadero debate nacional, amplio y sin prisas, en los términos que le han planteado los legisladores de la oposición; de acordarse modificar la Constitución para que en lo sucesivo las grandes reformas sean hechas vía referendo, como propuso el FAP el día 16; y terminando con la onerosa campaña de desinformación y de odio de Calderón en los medios, que sólo evidencia su desesperación y su falta de respaldo social.

10. La indignación nacional es ya muy grande y este intento depredador está concitando una movilización popular en defensa de la nación y en contra del gobierno entreguista que no tiene precedentes, y que debería ser entendida por las mafias en el poder.

La traición

Luis Javier Garrido

La disputa por el petróleo mexicano ha llegado a un momento crucial en la primavera de 2008, pues el gobierno ilegítimo tiene ya frente a él a amplios sectores de mexicanos organizados y decididos a impedir su entrega a multinacionales extranjeras.

1. La fuerza del movimiento nacional en defensa del petróleo convocado por Andrés Manuel López Obrador ha sorprendido de tal manera al gobierno de facto de Felipe Calderón, empeñado en ocultar mediante una amplia estratregia mediática su pretensión de entregar el control de los yacimientos petrolíferos de la nación a diversas corporaciones multinacionales, que éste no halla ahora cómo presentar la iniciativa de cambios legales con la que busca cumplir con una serie de acuerdos políticos inconfesables.

2. La enorme movilización de decenas de miles de mexicanos en la Plaza de la Constitución del martes 25, que los medios buscaron ocultar a toda costa pues fue la segunda de esta magnitud en una semana, significó el fracaso de la estrategia de medios diseñada por Mouriño y Calderón para desmovilizar a importantes sectores, pues lejos de eso mostró a un pueblo dispuesto a una serie de acciones de resistencia civil y cada vez más comprometido e indignado por el que ya se reconoce en todos los ámbitos como el más grave acto de traición a México que se intenta cometer desde mediados del siglo XIX.

3. La publicación de extractos del documento de la Secretaría de Energía titulado de manera hipócrita Fortalecimiento de Pemex, y enviado al PRI como un supuesto “diagnóstico” a fin de justificar la entrega que pretende hacer de los yacimientos petrolíferos mexicanos al capital trasnacional (La Jornada, 26 de marzo) no deja lugar a duda, pues lo que quieren Calderón, Mouriño y asociados, como todo mundo sabe, es modificar mañosamente la legislación secundaria de México en la materia para abrir una vía –que sería ilegal y en contravención a la Constitución– a fin de permitirle a Petróleos Mexicanos (Pemex) “celebrar alianzas o asociaciones” con las grandes multinacionales “para la exploración y la producción”, con lo que éstas tendrían así el control estratégico de la nación.

4. El “affaire Mouriño”, marcado por los gravísimos actos de corrupción que el empresario hispano que se ostenta como secretario de Gobernación confesó cínicamente estar cometiendo como funcionario público al autotorgarse contratos en materia energética, no ha podido por otra parte ser acallado por las campañas oficiales de desinformación, y no hace día a día más que crecer y confirmar que “la alianza” o “asociación” de Pemex con consorcios multinacionales (que esa es la forma que prevén para la privatización), al tiempo que reduciría a un México despojado al atraso, la miseria y el desempleo, cancelando por muchas décadas las posibilidades de un verdadero desarrollo, le permitiría lograr a Calderón y a sus amigos descomunales beneficios económicos.

5. La cuestión petrolera pone a México de esta manera a la hora de América Latina, pues es cierto que en un momento histórico en el que diversos gobiernos del continente plantean como fundamental el resistir al embate de las trasnacionales, defendiendo sus recursos estratégicos y fortaleciendo a las empresas petroleras del Estado, anacrónicamente Calderón y sus amigos buscan entregar a grupos privados un recurso básico que le ha costado décadas de sacrificio al pueblo mexicano, pero también lo es la circunstancia de que abajo las cosas están cambiando. El movimiento nacional en defensa del petróleo hermana al pueblo de México con las luchas de otros pueblos latinoamericanos en defensa de sus recursos básicos, muchas de las cuales en Bolivia, en Ecuador, en Perú o en Uruguay han constituido movimientos triunfantes que han impedido la privatización del agua, de la minería o de los recursos naturales.

6. El fracaso del gobierno para plantear su propuesta petrolera indigna incluso a sus propios aliados, pues hasta ahora no ha expuesto ninguna idea seria sobre la industria y carece de todo consenso, por lo que se ha limitado a una campaña de eslogans, la que por otra parte ofende a amplios sectores sociales, que ven una vez más el desprecio de Calderón por el pueblo.

7. El primer fracaso de Mouriño, y el que más interrogantes suscita, es frente al PRI, pues el senador Manlio Fabio Beltrones acusó el miércoles 26 a Calderón de alterar las cifras sobre las reservas de crudo y reiteró que “la reforma energética” no puede implicar modificaciones constitucionales, los contratos “de riesgo” o la privatización, evidenciando las divergencias que existen entre los priístas, que saben que si avalan la propuesta oficial y las alianzas de Pemex, el PRI dará un paso determinante hacia su extinción.

8. El segundo fracaso del gallego ha sido en su pretensión de imponer por la vía del fraude a Jesús Ortega en la presidencia perredista, lo que le habría permitido al gobierno espurio el control del PRD, dándole un aliado para sus políticas entreguistas y cancelando de paso la posibilidad de cualquier candidatura opositora en 2012. Ortega perdió las elecciones internas y no podría ser impuesto sino por medio de trampas, de manera que lo único logrado por Mouriño fue hundir en el lodazal del descrédito a decenas de columnistas y locutores, en particular al equipo de Televisa, que en su afán de servir al gobierno han lanzado una indigna campaña de desinformación que avergonzaría a cualquiera en un país democrático.

9. La experiencia de Mouriño como mapache electoral es de sobra conocida, pues Calderón llegó, como se sabe, a la Presidencia de facto tras dos fraudes electorales, el primero de los cuales fue en las elecciones internas del PAN de 2005 y en el cual intervino Mouriño: mismo que fue denunciado por Santiago Creel, el otro contendiente, tras los comicios de Yucatán y Jalisco, calificándolos como “un cochinero”, y aunque el gobierno foxista le impidió a Creel acudir a las instancias federales, Calderón quedó acreditado desde entonces como el político surgido del “cochinero”.

10. La movilización social en defensa del petróleo mexicano es por sobre todo esto la más importante en la historia reciente del país, y de ella debe surgir no sólo una defensa a ultranza de nuestros recursos estratégicos e impedir la traición a México, sino una refundación democrática de la nación.

El tesoro

Luis Javier Garrido

El caso de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño es patético, pues en su torpe empeño por defenderse ante las evidencias de los actos de corrupción que están cometiendo en la industria petrolera, buscan ahora apoderarse de la dirección nacional del PRD e imponer a un secuaz suyo.

1. La urgencia que tiene el gobierno de facto de Felipe Calderón por acelerar la privatización de la industria petrolera responde a dos intereses fundamentales, ninguno de los cuales son del pueblo mexicano. Las mafias de poder económico que controlan a Calderón –y a las que él está ya asociado– quieren modificar el marco constitucional y legal en materia petrolera para a) proseguir el desmantelamiento del Estado nacional mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y b) a fin de poder explotar en beneficio propio lo que en las leyes mexicanas es un bien público: que debe servir a todos y no a unos cuantos.

2. La publicación de una serie de datos sobre los actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en la industria petrolera, y que involucran directamente a Felipe Calderón, quien aparece como beneficiario de la privatización, abrieron, sin embargo, una crisis política que no sólo pone en entredicho cualquier iniciativa del gobierno espurio en materia energética, sino la supervivencia misma del régimen calderonista, cuya ineficiencia, desprecio a la ley y escandalosos actos de corrupción tienen hartos no sólo a los mexicanos, sino de paso a muchos grupos de poder aliados suyos, y al no poder responder a la situación el gobierno de facto está agravando su situación.

3. El extraordinario discurso de Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo en la Plaza de la Constitución en el 70 aniversario de la expropiación, puntualizando la importancia estratégica que tiene para México mantener la industria petrolera en manos del Estado para poder ser un país libre y soberano, alertando sobre la privatización disfrazada que planean el PAN y el PRI al pretender modificar la legislación secundaria para “legalizar” los contratos de servicios múltiples y la asociación con consorcios trasnacionales, y la posibilidad de un albazo legislativo en ese sentido, y anunciando un plan nacional de movilización civil pacífica, exacerbó el nerviosismo de los ultraderechistas que pretenden gobernar y las contradicciones en el interior del PRI.

4. El PAN nació en 1939, financiado por las compañías petroleras expropiadas, y con un objetivo central que era echar abajo las reformas cardenistas, lo que ahora les da una coartada a los panistas, pero el PRI defendió en el pasado los principios del artículo 27 constitucional, y un director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, como recordó López Obrador, se opuso con tenacidad a los “contratos riesgo” que comprometen el destino del país, y que hoy defiende su hijo al frente de Pemex.

5. Mouriño y Calderón sufrieron en menos de una semana dos derrotas que agravaron su situación de debilidad y comprometieron aún más su proyecto privatizador. La primera fue la derrota del PP español en las elecciones del día 9 que impidieron a los neofranquistas Aznar y Rajoy –mentores, socios y protectores de los panistas– regresar al gobierno desde donde hubieran sido un apoyo invaluable para éstos, y aunque Zapatero y el PSOE impulsan también la voracidad de las trasnacionales hispanas en América Latina, y en particular de la Repsol, uno de los 10 mayores consorcios petroleros del mundo, la situación no es la misma. Y la segunda fue la victoria de Alejandro Encinas en las elecciones internas del PRD derrotando el domingo 16 a Jesús Ortega, candidato de Calderón.

6. La torpe reacción de Mouriño y Calderón, que en evidente colusión con el equipo de Ortega, han lanzado una grosera campaña mediática para calificar como fraudulentas las elecciones perredistas y descalificar la victoria de Encinas, pretendiendo además con golpes fraudulentos de mano revertir los resultados para poder anularlos con la intervención del tribunal electoral, no revela más que la desesperación de estos pillos que se adueñaron del poder por un fraude, y que al fracasar este otro fraude que instrumentaron para el domingo 16 en alianza con el equipo orteguista insisten con todo el peso del Estado en imponerle una dirección al PRD con el fin de paraestatalizarlo, marginar a López Obrador y facilitar la privatización.

7. La mentira mayor de los medios en este aspecto es que no se trataba de elecciones internas entre dos candidatos internos –Encinas y Ortega–, sino de elecciones cruciales para el gobierno calderonista en las que uno de los dos candidatos –Jesús Ortega– era el candidato de Calderón por lo que el gobierno calderonista y sus dependencias –desde Sedesol hasta los gobernadores afines—, así como los medios, intervinieron para ayudarlo por la vía ilegal, como ahora quieren seguir haciéndolo.

8. El obstáculo mayor que encuentra el gobierno espurio para privatizar el petróleo mexicano no está, sin embargo, en un partido –el PRD– ni en el Frente Amplio Progresista, y ni siquiera en las fuerzas sociales aglutinadas en la convención nacional democrática, sino en las grandes mayorías del pueblo mexicano, que están oponiéndose a esa privatización y a los actos de corrupción de Calderón y Mouriño y de todos sus secuaces: César Nava, Alfredo Elías Ayub, Dionisio Pérez Jácome, Diego Zavala y toda la red delincuencial que tienen en el interior de Pemex.

9. Calderón y Mouriño, que usufructúan de manera ilegal el poder, no hallan cómo resolver su situación y distraer del debate sobre sus actos de corrupción que frena su proyecto, pues para mantenerse en el cargo buscan ahora apoderarse del PRD y poner en su dirección a Ortega, o, se dice, a un cardenista, dada la convergencia de los planteamientos en materia petrolera del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Calderón.

10. La entrega del petróleo mexicano al capital extranjero, sin embargo, no va a pasar: no sólo porque es contraria a la razón y a la ley, así como a la historia de luchas del pueblo mexicano, sino porque amplios sectores de mexicanos están decididos a impedirla.