¿Está el país ante una posible ruptura del orden constitucional por la posible aprobación de la contrarreforma petrolera?
1. La vía para detener una violación de los principios centrales de la Constitución mexicana, de intentar el gobierno de facto violentar el orden nacional por la entrega del petróleo a las trasnacionales, está abierta y supone una reflexión legislativa serena ante las dimensiones del desafío.
2. El Movimiento de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, logró en menos de cinco meses detener la pretensión del gobierno de facto de imponer vía fast track una contrarreforma petrolera al país que hubiera privatizado la industria petrolera nacional, abrir una discusión sin precedente en materia energética en el Senado de la República entre mayo y julio, forjar una amplia organización popular de defensa de los recursos estratégicos de México, y ahora ha logrado impulsar la organización de un amplio grupo de la sociedad civil que ha elaborado una propuesta energética, que los partidos políticos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) se han comprometido a hacer suya, lo cual constituye un hecho sin antecedente en nuestra historia legislativa.
3. El amplio grupo plural, integrado tanto por intelectuales, técnicos y científicos que participaron en los Foros del Senado como por miembros del Grupo de Intelectuales en Defensa del Petróleo, y de los cuales la mayoría no son militantes de ningún partido político ni están vinculados al Gobierno Legítimo de López Obrador, trabajó más de tres semanas para elaborar una evaluación de las iniciativas de Felipe Calderón y de Manlio Fabio Beltrones presentadas al Senado, un plan de emergencia en materia energética y una serie de iniciativas legales en materia de energía y de petróleo acordes con la Constitución en lo que constituye una de las más importantes aportaciones de la sociedad en nuestra historia parlamentaria.
4. Los dos proyectos de reforma de la industria petrolera mexicana que se van a discutir en las próximas semanas en el Congreso difieren, por lo mismo, radicalmente, pues mientras el proyecto Beltrones (al igual que lo hacía el proyecto Calderón), y que es el ya negociado por PRI y PAN, busca el empequeñecimiento de Pemex, al seguir subdividiéndolo en pequeñas empresas “paraestatales filiales” y desmantelándolo de sus funciones –que pretende entregar a las trasnacionales, que ya están operando en México–, en lo que constituye una abierta privatización, y conduce, por consiguiente, a su destrucción, la propuesta alternativa que presentará el FAP con base en la elaborada por este grupo persigue el fortalecimiento de Pemex, como una gran industria nacional, por la vía de reinvertir sus ganancias e impedir el saqueo del gobierno.
5. Los dos proyectos difieren en consecuencia en lo que se refiere al manejo en el futuro de la industria petrolera asentada en el país, pues mientras las iniciativas de Calderón y de Beltrones, abdicando de cualquier pretensión nacional, a pesar de lo que dicen sus defensores, entregan el pleno control de la industria petrolera de México a las grandes compañías petroleras trasnacionales conforme al modelo neoliberal, la propuesta de los técnicos, científicos e intelectuales que se comprometieron a hacer suya los partidos integrantes del FAP, mantiene, por el contrario, el control de la industria petrolera de México en manos de la empresa paraestatal Pemex como ordena el mandato constitucional.
6. La iniciativa Beltrones o “de la alianza PAN-PRI” entraña como consecuencia que al ceder Pemex sus funciones estratégicas, en un futuro cercano la política energética de México estaría decidida por unas cuantas empresas trasnacionales, con las consecuencias catastróficas para México que ello supone, en tanto que la iniciativa alternativa respeta el mandato constitucional y defiende el principio de que es prioritario defender una política energética de Estado, como hacen todas las grandes potencias: de Estados Unidos a Rusia.
7. La iniciativa Beltrones, que para ser aprobada requeriría que senadores y diputados del PRI traicionaran los principios de su partido al crearle un marco seudo jurídico de blindaje a Pemex, crea, en fin, un marco “legal” propicio para la corrupción al fijarle este marco legal metaconstitucional que la protege de todo tipo de controles de parte del Congreso o de la sociedad, facilitando los enjuages tanto de los altos funcionarios del Estado como de los líderes sindicales, más aún que hasta el presente, como ahora de los dirigentes de las corporaciones privadas, en tanto que la “iniciativa alterna” lo que busca es que se terminen todas estas prácticas ilegales a través de un firme control de parte tanto del Congreso como de la sociedad.
8. Las dos propuestas difieren radicalmente en lo que se refiere a su posición frente al marco constitucional del país, pues mientras las iniciativas Beltrones y Calderón entrañan cientos –no decenas, sino cientos– de violaciones a la Constitución mexicana, como se ve claramente en uno de los documentos de la propuesta alterna, esta última fue redactada teniendo como principio el respeto absoluto a la Constitución, que constituye el acuerdo fundamental de los mexicanos, y que al ser gravemente violentado en un asunto de tanta importancia podría llevar al país a un escenario gravísimo de confrontación.
9. La ropuesta elaborada por el grupo de especialistas, técnicos e intelectuales, de cuyos avances fueron informados los dirigentes de los partidos integrantes del FAP el 16, el 19 y el 20 de agosto, y que formalmente les será entregada el próximo día 24, ha de ser la base para que sus representantes defiendan en las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado los principios constitucionales fundamentales del país, y con ellos la necesidad de tener una política energética en beneficio del pueblo mexicano y no de las trasnacionales, de lo cual depende la paz y la seguridad de la nación en el futuro inmediato.
10. Lo que está en juego es de enorme gravedad, pues la iniciativa Beltrones como la de Calderón entrañan una verdadera ruptura del orden constitucional mexicano y esto trae gravísimas consecuencias para el futuro de la República.
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