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El choque entre poderes cobró más fuerza el lunes tras las acusaciones del presidente Alvaro Uribe contra la Corte y la Fiscalía por lo que calificó como manipulación de testigos y aplicación no imparcial de la justicia.
Además, Uribe acusó al gobierno de César Gaviria (1990-1994) de abrir paso al paramilitarismo en la Constitución de 1991.
Asimismo, aseguró que le dará mucha guerra a quienes lo acusen ante la Corte Penal Internacional (CPI) por obstruir a la Justicia en las investigaciones de la llamada parapolítica, que envuelven a decenas de políticos cercanos a su gobierno.
Con esas andanadas el mandatario intentó mitigar las consecuencias de varias reuniones secretas mantenidas por sus asesores Jurídico y de Prensa con dos cercanos colaboradores del ex jefe paramilitar Diego León Murillo (Don Berna).
Esos encuentros fueron calificados por la Corte como un complot en su contra, lo que llevó a la Fiscalía y la Procuraduría a anunciar la apertura de investigaciones sobre los asesores presidenciales puestos en evidencia.
En tanto, el Partido Liberal, en la voz de su presidente, César Gaviria, exigió a Uribe aclarar el frecuente ingreso a la Casa de Nariño de los reconocidos delincuentes.
Gaviria calificó como lenguaje camorrista y pendenciero el empleado por Uribe y lo llamó a explicar a la CPI por qué deslegitima de manera reiterada las decisiones de la Corte en las investigaciones sobre la parapolítica.
Además, el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo se cuestionan la permanencia del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, en su cargo.
El hermano del titular, Guillermo Valencia, fue destituido como fiscal y es investigado por probados contactos con connotados personajes vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico en el departamento de Antioquia.
Para complicar más la delicada posición del ministro, el Fiscal General, Mario Iguarán, declaró a la prensa que Fabio Valencia lo había llamado para interceder por su familiar.
Para la oposición Valencia está descalificado ética y políticamente, pero el funcionario, apoyado por la Presidencia, ha manifestado que no renunciará.
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