Alejandro Martí, como Andrés Manuel López Obrador, tienen razón. La causa principal de la grave situación por la que hoy atravesamos todos los mexicanos en materias de seguridad pública y política energética se sintetiza en una sola palabra: corrupción.
Lamentablemente, en lugar de lanzar propuestas para combatir de raíz este mal en la administración pública, tanto el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional este jueves, como la iniciativa en materia energética del PRI caen en la simulación.
El acuerdo nacional propone de manera general la realización de procesos de “evaluación permanente” y “control de confianza” de las instituciones de seguridad pública, así como la participación de la sociedad civil en estas tareas. Sin embargo, no se presenta un solo diagnóstico claro sobre el fenómeno ni se ofrecen estrategias concretas para su combate. Parece que las autoridades gubernamentales se limitarán a aplicar exámenes sicológicos y toxicológicos en busca de las “manzanas podridas” escondidas en las corporaciones policiacas, en lugar de elaborar una estrategia estructural y de largo plazo.
La iniciativa del PRI en materia petrolera también aborda el tema de la corrupción de manera deficiente. Las principales innovaciones son la creación de un comité de transparencia y auditoría, y la publicación de los contratos en Internet. Sin embargo, el nuevo comité no tendrá ninguna independencia del consejo de administración de Pemex y la publicación de los contratos ya ocurre en la actualidad, de acuerdo con la ley federal de transparencia. Asimismo, la iniciativa no toca al sindicato ni con el pétalo de una rosa, y confirma el régimen de excepción para las adquisiciones de la paraestatal incluido en la iniciativa de Calderón.
Afortunadamente, la experiencia internacional ofrece algunas claves que nos podrán ayudar a elaborar una estrategia integral de combate a la corrupción en México. Casos emblemáticos en países como Estados Unidos, Brasil, India, Hong Kong y Bangladesh demuestran que habría que dotar de independencia plena a las instituciones responsables de investigar y castigar la corrupción, implementar políticas de auspicio a la denuncia y extender la transparencia hasta los rincones más oscuros del Estado.
México requiere de transformaciones fundamentales en los tres ámbitos. En primer lugar, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) están subordinadas al presidente de la República, y el auditor superior de la Federación únicamente puede intervenir después de la presentación de la cuenta pública. La creación de “centros de control de confianza” y comités de transparencia no resuelven el problema de fondo, ya que estas instancias seguirán bajo el mando de las mismas personas que deben investigar.
Habría que romper de tajo con esta situación de ser juez y parte al crear instituciones verdaderamente autónomas de combate a la corrupción. Aquí los ejemplos del Ministerio Público en Brasil, el contralor general en Chile y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en Ecuador pueden servir como referentes para una eventual reforma del Estado en la materia.
Segundo, entre los funcionarios públicos y ciudadanos en general existen temores fundados de las represalias que pudieran llegar a generarse de iniciar una denuncia contra un funcionario corrupto. El gobierno ha hecho muy poco para cambiar esta situación, a pesar de que la Convención Interamericana contra la Corrupción nos obliga a avanzar en la creación de una ley de whistleblowers que protege a los denunciantes y que esté a la altura de los estándares internacionales. También habría que considerar la aprobación de iniciativas más ambiciosas, como las famosas leyes Qui tam que estimulan la denuncia ciudadana por medio de incentivos monetarios.
Finalmente, el régimen de transparencia hace agua por todos lados. A pocos funcionarios públicos se les castiga por incumplir las disposiciones legales en la materia, y áreas completas del Estado evaden la norma como práctica institucional. Destaca, por ejemplo, la lamentable actuación de la PGR que ha hecho todo lo posible por evitar el escrutinio público. Sus “Consideraciones respecto del acceso a la información pública gubernamental a cargo de la PGR (averiguaciones previas)”, dadas a conocer hace unos días, son violatorias de la Constitución y retan peligrosamente la autoridad del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Apremia incluir en la nueva ley federal de transparencia disposiciones específicas que atienden este problema.
El despido de funcionarios, la restructuración burocrática y la incesante firma de pactos difícilmente servirán de algo si no se atiende de manera simultánea el fondo de la crisis de gobernabilidad que aqueja al país. Los obstáculos son grandes, pero cuando existe voluntad política hasta las peores crisis pueden llegar a convertirse en oportunidades para avanzar y corregir errores. Falta ver si nuestros gobernantes estarán a la altura del reto.
* Investigadora y directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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