Inseguridad Éxodo tabasqueño

armando guzmán VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- En las secciones de “sociales” de los principales diarios de esta ciudad cada vez son más las notas que dan cuenta del éxodo de familias de la alta sociedad tabasqueña a diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, por el temor de ser secuestrados o víctimas de la delincuencia que desde hace rato reina en esta entidad.

“En Tabasco ya no se puede vivir”, coinciden en su mayoría las familias que han decidido cambiar su residencia al extranjero ante de la ola de asesinatos y secuestros que sacuden al antes considerado “edén” tabasqueño.

Las cifras reflejan que el temor de las familias adineradas no es gratuito: De acuerdo con el subprocurador de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Alex Álvarez Gutiérrez, en los primeros siete meses del año se habían cometido 41 secuestros, el doble de los registrados en el mismo período de 2007.

Sin embargo, la prensa tabasqueña lleva contabilizados 10 más, es decir 50 de enero a julio, y, por si fuera poco, 13 ejecuciones.

El éxodo “hormiga” de tabasqueños hacia Estados Unidos y Canadá, acabó de sepultar la machacona campaña publicitaria “Tabasco, el mejor lugar para vivir”, que utilizó el exgobernador Manuel Andrade Díaz durante su administración, para presumir la “paz y tranquilidad” que, según él, había en el estado.

No obstante, en el último año de su gestión, en 2006, surgieron los primeros indicios de la presencia de la delincuencia organizada y de su infiltración en altos mandos policiacos de Tabasco.

He aquí algunos datos:

En julio de 2006, fueron detenidos el “comandante” Mateos Díaz López, y su escolta, Alexander Bermúdez Zamora, en el municipio de Cunduacán, por escandalizar en el interior de un bar.

Policías locales los detuvieron la noche de un sábado y los recluyeron en la cárcel municipal, al encontrarles armas de alto poder en la camioneta que conducían.

Dos horas después, un grupo de sicarios, a bordo de cuatro vehículos, intentaron rescatarlos por la fuerza. Los agresores dispararon con una bazuca contra las instalaciones policiacas, asesinando a un policía judicial y a un agente de tránsito.

La investigación sobre ese suceso permitió a las autoridades descubrir que Díaz López era un alto jefe de “Los Zetas”, identificado en la organización como “Z-10”.

En febrero de 2007, ya en la administración de Andrés Granier Melo, un grupo de sicarios atentó contra la vida del general retirado y en ese entonces secretario de Seguridad Pública, Francisco Fernández Solís, cuando salía de un restaurante donde había desayunado.

A pesar del ataque, el militar salvó la vida no así su chofer y escolta, José de la Luz Pérez Mayo, quien murió en el atentado.

Luego de las investigaciones, fueron detenidos el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Cano Torres, así como cuatro mandos policiacos más, por su presunta participación en el atentado contra el general Fernández Solís.

La captura de Cano Torres y de sus cómplices –presos actualmente en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco--, exhibió el grado de penetración que tuvieron los cuerpos policiacos durante el gobierno de Andrade Díaz y queso sucesor, Andrés Granier Melo, no ha podido sanear.

El pasado 8 de agosto, el propio gobernador reveló que 11 corporaciones policiacas de los 17 municipios de Tabasco están infiltradas por el crimen organizado.

“Es necesaria la purga de las policías municipales… pero 11 corporaciones policiacas municipales están infiltradas por el crimen organizado en Tabasco”, reconoció Granier Melo, quien hizo un “enérgico llamado” a los 17 alcaldes –siete del PRD y 10 del PRI-- para depurar sus policías.

La industria del secuestro

En abril pasado, 12 policías del municipio de Paraíso, así como el subdirector administrativo del ayuntamiento, Manases Flores Ángulo, y dos comandantes, fueron detenidos por su presunta participación en el atentado contra el subdirector de Seguridad Pública local, Saturnino Domínguez.

Según la PGJE, el ataque contra el jefe policiaco, que milagrosamente salvó la vida, provino de la delincuencia organizada, mientras que los policías detenidos se encuentran implicados.

La industria del secuestro empezó a florecer en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo (1995-2000). Con aspiraciones desde entonces para la presidencia de la República, gastó enormes sumas de dinero para difundir que había “erradicado” el secuestro en el estado.

Sin embargo, durante administración de Madrazo se documentaron 65 plagios de prominentes empresarios, ganaderos y políticos.

Con su sucesor Manuel Andrade Díaz, quien sólo gobernó cinco años, de 2002 a 2006 --en 2001 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de gobernador por fraudulenta--, se iniciaron en Tabasco los “levantones” y las ejecuciones.

Tal situación se dio sobre todo a partir de la presencia en Tabasco del “comandante” Mateos Díaz López, “Z-10”, detenido en julio de 2006. Durante el último año de gobierno de Andrade, hubo más de 20 secuestros y 14 ejecuciones.

En junio pasado, generó una conmoción en el estado los asesinatos del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes, y sus trabajadores, Adán Junco Cruz, Luis Eduviges Vidal Vázquez, Raúl Rodríguez Medina y Antonio Rodríguez Medina.

Sus cuerpos fueron encontrados esposados con el tiro de gracia y huellas de tortura, dentro de una camioneta, en una carretera rural del municipio de Huimanguillo. Habían sido plagiados dos semanas antes.

Cinco meses después, el 15 de noviembre, ejecutaron al alcalde perredista de Huimanguillo, Walter Herrera Ramírez, a las puertas de su rancho “Los Cuates”, cuando descendía de su camioneta.

Ahora, en 19 meses de gobierno de Granier Melo, suman ya más de 80 los secuestros, nueve desapariciones denunciadas y más de 50 ejecuciones, 27 de ellos, mandos policiacos.

Entre los desaparecidos se encuentra el periodista Rodolfo Rincón Taracena. Desde el 21 de enero de 2007 se ignora su paradero.

Los tres últimos asesinatos de personas secuestradas ocurrieron en un periodo de 15 días.

El pasado 23 de julio, el teniente coronel retirado del Ejército y director de Policía y Tránsito del municipio de Emiliano Zapata, Mario Rodríguez Alonso, fue sacado de sus oficinas por un grupo armado y ejecutado 12 horas después. Su cuerpo fue encontrado en Palenque, Chiapas.

Al día siguiente, Ángel García Moreno, jefe de seguridad y chofer del delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tabasco, Bernardino Rico Maya, fue ejecutado de seis balazos, luego de ser “levantado” cuando llegaba a su domicilio.

Su cuerpo fue encontrado tirado a orillas del río Carrizal, casi frente al Centro Administrativo de Pemex en Villahermosa.

En tanto, el pasado 7 de agosto, el empresario, ganadero, agricultor y político panista, Cenobio Argaiz Zurita, fue encontrado muerto en el interior de su camioneta Ford Lobo, en la que fue secuestrado el 29 de julio en el municipio de Balancán.

El cuerpo de Argaiz Zurita, amordazo y con cinta canela alrededor de los ojos, fue encontrado en la ranchería La Montaña, de Palenque, Chiapas.

Presentaba huellas de tortura y varios impactos de armas de alto poder, así como el tiro de gracia. Sus familiares habían pagado el rescate de cinco millones de pesos exigido por los plagiarios.

Su familia vendió casas, ranchos, automóviles y otras propiedades con la esperanza de que regresara con vida.

Tras lo ocurrido, el gobernador Granier Melo lamentó la muerte del panista y advirtió que su ejecución constituía “una nueva afrenta a la sociedad y un desafío al gobierno del estado”.

“Tabasco y el país viven momentos críticos derivados de las acciones violentas del crimen organizado. Sin embargo, estos hechos no nos amedrentan”, dijo Granier Melo en un comunicado leído por el secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal.

En este contexto, el pasado 11 de agosto, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, presentó dos grabaciones, en las que supuestamente el exprocurador de Justicia del estado, Gustavo Rosario Torres, y el subprocurador, Álex Álvarez Gutiérrez, conversan con el abogado Francisco Javier Estrada Sánchez, sobre la presunta compra de un cargamento de cocaína.

En el acto, Ortega Sánchez acusó a Estrada Sánchez de ser “defensor legal de los Zetas y del cártel del Golfo”.

Rosario Torres renunció a la procuraduría del estado el pasado 23 de julio por “motivos personales” y salió de Tabasco. Regresó para rechazar las imputaciones. Calificó como un “grotesco montaje” las dos grabaciones, y anunció que presentaría una denuncia ante la PGR para “lavar” su nombre y honor.

Lo mismo hicieron el subprocurador Álex Álvarez y el abogado Estrada Sánchez. Este último, incluso, negó “categóricamente” que la voz que se le achaca en un audio sea la de él y dijo que estaba dispuesto a someterse a un peritaje para probarlo.

El gobernador Granier Melo calificó como “un agravio” la denuncia y dijo que exigiría que se investigara a fondo “y hasta las últimas consecuencias” para que Ortega Sánchez revele el nombre de quien le entregó las supuestas grabaciones que implican al exprocurador y subprocurador con supuestos nexos con el narcotráfico.

“Dicho señalamiento representa un agravio al gobierno del estado y a los servidores públicos que trabajan firmemente enfrentando de manera decidida a la delincuencia en todas sus expresiones”, dijo Granier Melo, quien afirmó que, en caso de que no se comprobara la denuncia, el presidente del Consejo Ciudadano “deberá ofrecer una disculpa pública”.

Advirtió que nada ni nadie manchará el buen nombre y prestigio del

exprocurador y del subprocurador de Justicia, y dijo que las grabaciones fueron “truqueadas”.

Reconoció que Rosario Torres hizo un gran trabajo al frente de la procuraduría de Justicia del estado. Y dijo que es “un gran político” y su amigo, por lo que sigue en pie la propuesta para que se reintegre a su gabinete, pues aún faltan más de cuatro años a su gobierno.

Ratificó que Alex Álvarez se mantendrá como subprocurador de Justicia por su “lealtad” con Tabasco y por jugarse la vida desde el cargo que representa.

“Yo tengo una gran confianza y le guardo total respeto a Gustavo Rosario y a Alex Álvarez. No van a manchar sus nombres, porque estamos ciertos que han dado lo mejor de sí”, sostuvo Granier Melo, tras dar posesión a Rafael González Lastra como nuevo procurador de Tabasco.