Porfirio Muñoz Ledo
Bitácora Republicana
Durante este agosto de consultas populares sucedió en Bolivia el referendo revocatorio sobre el mandato del presidente, el vicepresidente y los prefectos de ocho departamentos. Ganado por los primeros y por la mayor parte de los segundos, reafirma la legitimidad de las dirigencias, modifica equilibrios y abre el camino de la negociación política.
La dualidad de la consulta obedece a la correlación entre los gobiernos locales y el nacional, tratándose de la cuestión autonómica que decide el destino de las regiones pero afecta la integridad del conjunto. Los anteriores (2006 y mayo-junio 2008) no fueron definitorios ya que en el primero triunfó el “No” en la mayoría del territorio y los segundos —parciales— fueron anulados por el Tribunal Constitucional.
El último no implicó la definición de un estatuto legal para las regiones sino la confirmación de las dirigencias y la revocación de algunas —dos de la oposición y una adicta a Morales—. Los resultados transparentan la polarización del país y la necesidad de aliviar el conflicto. Representan un llamado al diálogo a efecto de conciliar el proyecto constitucional con las exigencias autonómicas.
El 28 de septiembre tendrá lugar el referendo del Ecuador sobre la Constitución, que será revocatorio, ya que las orientaciones fundamentales del texto fueron aprobadas en la consulta de 2007. Es cada vez más claro que los regímenes presidenciales —arcaicos en mi criterio— necesitan de la democracia directa, ya que sólo funcionan mediante el ejercicio de liderazgos eficientes y consolidados.
Podría esgrimirse que en EU tal figura no existe. Recordemos sin embargo el carácter cuatrienal del mandato que somete al presidente con mayor frecuencia a las urnas. Se trata en realidad de una sucesión de bienios, ya que las campañas comienzan en enero del tercer año, lo que obliga a severas recomposiciones políticas. En ningún otro sistema tiene pleno sentido la expresión lame duck (pato rengo).
Existe también el juicio político —bajo cualquiera de sus modalidades— que tiene la doble función de espada de Damocles y de alternancia política en caso de ocurrir. En los regímenes parlamentarios —menos personalistas aunque igualmente mediáticos— la clave son las mayorías parlamentarias, que cuando se esfuman o incurren en “parálisis y pantanos” provocan la disolución de las asambleas y la renovación de los gobiernos.
Referir estos temas a México —La ruptura que viene— me vale ser acusado de “golpista” o bien condenado al “ocaso del estadista”. Señal incontrovertible de una cultura política arqueológica, pero también de que el miedo no se traslada en jumento. Cuando objetivamente resulta difícil encontrar un caso que —como el nuestro— llame a gritos la devolución del encargo, de origen además ilegítimo.
La radiografía política del país no podía ser más espectral. Problemas acumulados de enorme envergadura que dramáticamente contrastan con la pequeñez del gobierno. La disfuncionalidad de un sistema constitucional que no se ha querido modernizar; la bulimia política que se traduce en anorexia estatal; la impunidad como garantía sucesoria y la banalización de las instituciones, a merced de quien las quiera arrollar o manosear.
Los efectos devastadores de la parálisis del crecimiento, la caída de la bolsa de valores, el aumento de los precios y la contracción de los salarios, el rechazo escolar, el imperio del crimen organizado, la inseguridad generalizada y la pérdida de jurisdicción del Estado sobre el territorio.
Calderón responde con la instauración de un gobierno “bonsái”, medalla olímpica del anonimato y reflejo de las estrecheces de quien convierte a su staff en gabinete. Cómo ignorar la indignación sin precedentes de los empresarios y el clamor de la sociedad ante la ola creciente de secuestros que equivale ya al secuestro de nuestro destino.
A falta de liderazgo presidencial para convocar una cumbre sobre seguridad pública, lo hace el jefe de Gobierno. Incapaz de conciliar un proyecto racional sobre energía, los ciudadanos ocupan el espacio de la decisión nacional. Sólo queda la devolución democrática del mandato y la recomposición pacífica de los poderes públicos.
Bitácora Republicana
Durante este agosto de consultas populares sucedió en Bolivia el referendo revocatorio sobre el mandato del presidente, el vicepresidente y los prefectos de ocho departamentos. Ganado por los primeros y por la mayor parte de los segundos, reafirma la legitimidad de las dirigencias, modifica equilibrios y abre el camino de la negociación política.
La dualidad de la consulta obedece a la correlación entre los gobiernos locales y el nacional, tratándose de la cuestión autonómica que decide el destino de las regiones pero afecta la integridad del conjunto. Los anteriores (2006 y mayo-junio 2008) no fueron definitorios ya que en el primero triunfó el “No” en la mayoría del territorio y los segundos —parciales— fueron anulados por el Tribunal Constitucional.
El último no implicó la definición de un estatuto legal para las regiones sino la confirmación de las dirigencias y la revocación de algunas —dos de la oposición y una adicta a Morales—. Los resultados transparentan la polarización del país y la necesidad de aliviar el conflicto. Representan un llamado al diálogo a efecto de conciliar el proyecto constitucional con las exigencias autonómicas.
El 28 de septiembre tendrá lugar el referendo del Ecuador sobre la Constitución, que será revocatorio, ya que las orientaciones fundamentales del texto fueron aprobadas en la consulta de 2007. Es cada vez más claro que los regímenes presidenciales —arcaicos en mi criterio— necesitan de la democracia directa, ya que sólo funcionan mediante el ejercicio de liderazgos eficientes y consolidados.
Podría esgrimirse que en EU tal figura no existe. Recordemos sin embargo el carácter cuatrienal del mandato que somete al presidente con mayor frecuencia a las urnas. Se trata en realidad de una sucesión de bienios, ya que las campañas comienzan en enero del tercer año, lo que obliga a severas recomposiciones políticas. En ningún otro sistema tiene pleno sentido la expresión lame duck (pato rengo).
Existe también el juicio político —bajo cualquiera de sus modalidades— que tiene la doble función de espada de Damocles y de alternancia política en caso de ocurrir. En los regímenes parlamentarios —menos personalistas aunque igualmente mediáticos— la clave son las mayorías parlamentarias, que cuando se esfuman o incurren en “parálisis y pantanos” provocan la disolución de las asambleas y la renovación de los gobiernos.
Referir estos temas a México —La ruptura que viene— me vale ser acusado de “golpista” o bien condenado al “ocaso del estadista”. Señal incontrovertible de una cultura política arqueológica, pero también de que el miedo no se traslada en jumento. Cuando objetivamente resulta difícil encontrar un caso que —como el nuestro— llame a gritos la devolución del encargo, de origen además ilegítimo.
La radiografía política del país no podía ser más espectral. Problemas acumulados de enorme envergadura que dramáticamente contrastan con la pequeñez del gobierno. La disfuncionalidad de un sistema constitucional que no se ha querido modernizar; la bulimia política que se traduce en anorexia estatal; la impunidad como garantía sucesoria y la banalización de las instituciones, a merced de quien las quiera arrollar o manosear.
Los efectos devastadores de la parálisis del crecimiento, la caída de la bolsa de valores, el aumento de los precios y la contracción de los salarios, el rechazo escolar, el imperio del crimen organizado, la inseguridad generalizada y la pérdida de jurisdicción del Estado sobre el territorio.
Calderón responde con la instauración de un gobierno “bonsái”, medalla olímpica del anonimato y reflejo de las estrecheces de quien convierte a su staff en gabinete. Cómo ignorar la indignación sin precedentes de los empresarios y el clamor de la sociedad ante la ola creciente de secuestros que equivale ya al secuestro de nuestro destino.
A falta de liderazgo presidencial para convocar una cumbre sobre seguridad pública, lo hace el jefe de Gobierno. Incapaz de conciliar un proyecto racional sobre energía, los ciudadanos ocupan el espacio de la decisión nacional. Sólo queda la devolución democrática del mandato y la recomposición pacífica de los poderes públicos.
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