Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo y otros
1. El momento histórico que vivimos
1°. México ha vivido y está viviendo un proceso de ocupación integral, a la vez abierto y silencioso, que muchas organizaciones políticas y grupos de la sociedad civil –entre ellas Paz con Democracia— han estado denunciando desde hace décadas, estructurado mediante reformas a la Constitución y a través de disposiciones de hecho. Estas políticas y transformaciones aplicadas sin un examen público informado –legalizadas o fuera de la ley –, impuestas por los gobernantes, al profundizar y extender la ocupación, han refuncionalizado nuestra nación al proyecto “globalizador” y hegemónico del “imperialismo colectivo” que hoy domina una inmensa región del mundo, encabezado por Estados Unidos de América.
2º. El proyecto neoliberal de los sucesivos gobiernos mexicanos sigue todos los lineamientos del llamado “Consenso de Washington”, que es el consenso de “los que mandan”. Han logrado convertir a México en una zona transnacionalizada, dependiente y excluyente, en la que legitiman y legalizan el despojo comercial o forzado. Los distintos gobiernos y grandes empresarios, unos cuantos multimillonarios, grandes accionistas de las megaempresas transnacionales, encabezadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus subordinados y asociados, se han beneficiado enormemente, a costa de la inmensa mayoría de la población. En dichas instituciones, supuestamente mundiales, el poder de decisión lo tiene el gobierno de Estados Unidos. Este ha contado además con la unión de intereses de grandes potencias, como Inglaterra, Europa y Japón. Dispone asimismo de la colaboración de redes internas e internacionales de otras empresas y gobiernos, todos ellos articulados a organizaciones informales, como mafias y raqueteros políticos que actúan como operadores contratados, sicarios, e incluso como fuerzas paramilitares. La inmensa mayoría de la llamada “clase política”, de “los medios”, así como de otros dependientes y socios, incluso de los más bajos estratos sociales, han hecho del apoyo al proyecto “globalizador” su modo de vida, para obtener privilegios y pagos por sus servicios. Y si no pocos obran con cinismo y picardía, existen también quienes se engañan y acaban convenciéndose de que su trabajo en apoyo de neoliberales y señores mafiosos es para bien de su alma y de su país.
3°. Este proceso de ocupación integral, “transnacional” o “globalizadora” –de gran parte del mundo y de México— ha ocurrido en gran medida ya; pero tiene el proyecto de extenderse y profundizarse aún más, y hacer que todos los sectores y las ramas del Estado, la economía, la cultura y la sociedad mexicana formen parte del inmenso complejo dominado por el imperialismo. Los impactos directos e indirectos, abiertos y encubiertos de las redes actuales del imperialismo han comprobado –para quien quiera verlos y oírlos, y no tema reconocerlos— las grandes mentiras del neoliberalismo sobre la “economía de libre mercado”, sobre “los progresos y el desarrollo de la nación mexicana”, y sobre tantas otras “bondades neoliberales” que nos empobrecen y someten cada vez más. Hoy mismo, en medio de todos los desastres y desenfrenos que sufrimos, hay voceros que defienden con fingidas razones la privatización y desnacionalización de todo México. En realidad esos voceros de las fuerzas que dominan gran parte del mundo y del país, mienten incluso cuando llegan a aceptar los efectos perversos de sus políticas. Para seguir ocultándolos, unos a otros se echan la culpa y siguen aplicando, extendiendo y profundizando las mismas políticas que llevan a la miseria creciente de las mayorías, y al coloniaje informal e integral del país, acusando a los gobiernos más débiles o a los anteriores al suyo de no haber logrado las metas que ellos se proponen y que afirman estar fundadas en una presuntuosa ciencia de punta. Con distintos modos de engañar, buscan justificar o legalizar la continuación de las políticas neoliberales de ocupación y saqueo.
4º Este proceso de ocupación neoliberal ha provocado también una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Asimismo, el neoliberalismo fortalece sus funciones e instituciones represivas, transformándolas en garantes de la estabilidad social y del control autoritario de la fuerza de trabajo, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. El fin esencial del actual Estado nacional de competencia es hacer rentable al país en el mercado neoliberal y optimizar las condiciones nacionales de rentabilidad del capital trasnacionalizado. Para ello lleva a cabo una permanente intervención económica, social, política, ideológica, cultural y militar, y, si es necesario, una guerra social interna para facilitar la penetración y explotación trasnacional.
5º. Mientras todo eso ocurre, criminalizan las protestas sociales, violan gravemente los derechos humanos, disimulan la impunidad, “aplican el derecho” a su arbitrio e incluso lo invocan para actos claramente violatorios de la Constitución y de las leyes de la República, y van introduciendo lentamente en nuestro marco jurídico un “derecho de excepción”. Por un lado le piden al pueblo mexicano que “obre conforme a derecho”, y por otro actúan violando sistemáticamente las leyes y la Constitución, pretendiendo además legalizar la arbitrariedad. Así, con ese doble rasero quieren esconder la violación o desestructuración permanente del derecho público y privado, civil y penal, y sobre todo del derecho Constitucional.
6º. Y como si todo estuviera orquestado, pasan de sus conceptos de “gobernabilidad democrática” a los de “gobernanza”. En nombre de la “seguridad nacional” —al estilo de la administración Bush— desatan una fingida guerra contra el terrorismo, en la que tal vez a diferencia de aquél, utilizan al Ejército, provocando relaciones de odio mutuo entre éste y el pueblo, mientras alientan con sus políticas públicas y privadas la corrupción de los partidos, los Poderes de la Unión y de cuanto líder grande o pequeño se preste a ser asimilado.
7º. Con tamañas medidas, ellos mismos están conscientes que han llevado al país a una crisis de las instituciones y a la liquidación de una gobernabilidad mínimamente democrática. Pero están listos a dar los pasos necesarios para tomar las medidas político-militares contra la ciudadanía insumisa y contra los pueblos indígenas autónomos que defienden sus recursos, territorios y tierras, su cultura, vida y dignidad.
8º. Este proceso de ocupación integral se ha realizado con dos armas tradicionales: la represión y la cooptación, el autoritarismo exacerbado de Estado y la asimilación, asociación y corrupción. Esta doble política busca hoy como ayer que los propios mexicanos se atemoricen o se vuelvan cómplices y socios menores de la pérdida y sometimiento de nuestro país. Se aplica así de nuevo la política que un presidente de Estados Unidos llamó “de la zanahoria y el garrote”. El objetivo de la misma consiste, simultáneamente, en sembrar el miedo y en comprar al temeroso, sumándolo o sometiéndolo a los líderes-socios y a las fuerzas de apoyo social, cultural, político, militar, para-militar y económico del sistema. Esa política se aplica hasta en los estratos más bajos y miserables de la sociedad, con más miedo y menos pago.
9°. El proceso de ocupación integral de México, sus consecuencias y peligros, se advierte en prácticamente todas las medidas que las fuerzas dominantes han venido tomando desde los años ochenta, con base en un proyecto de represión-negociación, en el que los acuerdos se logran con la lógica pragmática de los oportunistas: “ganar algo hoy, aunque se esté más sujeto, corrompido y amolado mañana”; y aunque “mañana” los “gringos” y sus aliados ocupen mayores, más y mejores posiciones, fuerzas, empresas y poder. Hecho que se vuelve evidente a nivel mundial desde el 2005, año en el que el gran capital y el imperialismo colectivo encabezados por Estados Unidos han decidido aplicar (siempre que la correlación de fuerzas lo aconseje) la nueva “política de concesión cero” a los movimientos de pueblos indígenas, ciudadanos y trabajadores que exijan el cumplimiento de los derechos humanos integrales, individuales y colectivos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, nacionales, étnicos y de género, alcanzados en luchas anteriores.
10º. La persecución tiene en la mira a los insumisos que insistan en la realización de un proyecto pacífico y legal que les permita satisfacer los intereses generales y el bien de todos, y acabar con el proyecto neoliberal que nos esclaviza y coloniza, y que corresponde a una nueva política de conquista integral y de “desarrollo del subdesarrollo”, de destrucción de nuestro patrimonio natural, cultural, científico, artístico y comunitario, así como de menoscabo de las infraestructuras encaminadas a la solución de los problemas sociales y nacionales, propios del interés general y del bien común en México y el Mundo.
11°. A contracorriente de la propaganda neoliberal, la nación sigue siendo el espacio de nuestras luchas de resistencia, y la base estratégica de nuestra articulación con las resistencias de las naciones y los pueblos del mundo entero al capitalismo. La disputa por la nación pasa por la defensa de sus recursos naturales y estratégicos, por la lucha contra la ocupación neoliberal de nuestros países. La resistencia patriótica es fundamento de las transformaciones democráticas y sociales de largo aliento, que nuestro país requiere urgentemente.
12° Próximos a celebrarse el Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, los objetivos de construir una nación libre, soberana y pluricultural y de garantizar la justicia social, han sido traicionados y continúan siendo un pendiente histórico. Peor aún, la creciente integración a Estados Unidos, la subordinación a los intereses de las potencias y las grandes corporaciones, la aplicación de las políticas neoliberales que destruyen las conquistas sociales históricas, y hoy la amenaza de imponernos un Plan México o la “Iniciativa Mérida”, han venido alejando aquellos objetivos por los que tantos cientos de miles de mexicanos sacrificaron su vida.
Las dimensiones de la ocupación
2. Cómo ocurre el proceso de ocupación integral
13° El territorio mexicano encierra enormes riquezas materiales y culturales. Es una tierra con grandes reservas de agua y un amplio espectro de minerales, que van del oro al uranio y de los inorgánicos a los apreciados hidrocarburos. Con 2,7 millones de km2 de mar patrimonial y 9 mil 330 kilómetros de costas, generalmente de aguas tibias, circundadas por arrecifes coralinos y pobladas por especies marinas muy variadas y valiosas, cuenta con un suelo fértil que dio origen al maíz -amenazado hoy por la revolución verde, los transgénicos y el TLCAN-, así como con cientos o miles de especies más igualmente en peligro y muchas ni siquiera identificadas por la ciencia, que hacen de México un área de megadiversidad.
14° Al TLCAN, megaproyecto que aceleró el proceso de ocupación contemporáneo, mediante la desregulación del patrimonio nacional, la extranjerización total de la planta productiva y la mercantilización del campo (la Madre tierra), se siguió el Plan Puebla Panamá, proyecto de infraestructura para la integración territorial, energética, biológica y maquiladora, con el fin de resolver el déficit energético de Estados Unidos, trasladar el problema de la migración y los trabajos precarios hacia el sur —creando así una nueva frontera de la conflictiva socioeconómica—, y para dejar en manos del Banco Mundial, Conservación Internacional y otros organismos similares la invaluable riqueza biológica del Corredor Mesoamericano, que es pieza central de comunicación y canal de alimentación y enriquecimiento entre las selvas húmedas del norte de Chiapas (muy particularmente la Lacandona) y del sur del Continente (la cuenca amazónica).
15° Estos megaproyectos, atravesados por el del corredor del Istmo de Tehuantepec, son acompañados hoy por otros de naturaleza distinta: los megaproyectos de seguridad, que comprometen ya no sólo la soberanía alimentaria o económica de México, sino íntegramente su soberanía como nación. La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que no es ni tratado ni acuerdo, para eludir la sanción de la sociedad, pone en riesgo la vigilancia de nuestras fronteras, y desde allí nuestra seguridad interior, así como la independencia de las fuerzas de seguridad de México, por una supuesta amenaza del terrorismo. Los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, en cambio, tienen la facultad de actuar para garantizar la seguridad de la región completa, con atribuciones en suelo mexicano, que son, por decir lo menos, inconstitucionales. Curiosamente, se agregan a la ASPAN, la integración energética (el saqueo de nuestros hidrocarburos), tan delicada por el valor material y simbólico del petróleo en México, y el libre tránsito de especies (biopiratería legalizada).
16° Como si fuera insuficiente, en la actualidad se refuerza la ASPAN con un Plan copiado de la triste y desastrosa experiencia colombiana, la denominada “Iniciativa Mérida”, que aportará recursos estadounidenses para el combate al narcotráfico en México, pero que serán, como los créditos atados, otorgados en especie y acompañados de las instrucciones de uso y de los instructores estadounidenses. El Plan México y las políticas de “inteligencia” y “seguridad” que se están poniendo en marcha son una amenaza a la sociedad mexicana. Se trata de romper tejidos comunitarios, crear una cultura de la delación y sospecha, y de convertirnos a todos en potenciales delincuentes a juicio de algunas altas autoridades que nadie controla, que no tienen sanción social, y que obedecen las directivas del Comando Norte de Estados Unidos.
17° Saqueo económico hasta la última gota de petróleo, hasta el último grano de maíz criollo, hasta el último código genético, provenga de planta, animal o ser humano; este es el escenario que se construye con los megaproyectos económicos, y que se garantiza con los megaproyectos de seguridad. Disciplinamiento social, fragmentación, represión directa, selectiva, masiva, mediática, subliminal, simbólica, hasta convencernos de que aislados, solos y encerrados es como podemos construir nuestra felicidad. Disuadirnos de actuar, atemorizarnos, des-sujetizarnos, es el propósito. Colocarnos en la situación de sospechosos, mediante el mecanismo “tolerancia cero”, el operativo desmovilizador. La disolución de la nación mexicana, el objetivo estratégico, y convertirnos en “estrella” de Estados Unidos de Norteamérica, el “mejor futuro posible”.
3. La dimensión económica. Integración subordinada total
18° La economía mexicana se encuentra hoy mucho más integrada a un proceso que inicia y termina fuera del país. Constituye una pieza intermedia de un rompecabezas que se arma y se decide en el extranjero y de acuerdo con una lógica ajena a las necesidades y voluntades internas. El mercado interno es alimentado por bienes importados y la producción interna nutre las cadenas mundiales. Esto es signo de una pérdida de autosuficiencia y, por tanto, de una vulnerabilidad económica acrecentada. La incorporación al mercado mundial, en la mayoría de los casos es a través de las filiales de empresas extranjeras que operan en el país, y, cuando no, sirve solamente para elevar la jerarquía de nuestros supermillonarios en las listas de Forbes, nunca para fortalecer la capacidad de autorreproducción y autodeterminación de la nación mexicana.
19° La política económica, en un país que depende del exterior, se orienta total y casi indiscriminadamente hacia la obtención de divisas. Entregar los recursos petroleros, gasíferos, agrícolas, mineros o cualquier otro, generando incluso desabastecimiento interno, se justifica por la obtención de esas divisas que, inexplicablemente, en vez de aplicarse al bienestar nacional, se acumulan en las bóvedas del Banco de México o se fugan bajo la forma de ganancias o de abonos a la eterna deuda externa. Exportar jóvenes en condiciones de alto riesgo para obtener remesas; exportar petróleo, depredando el ambiente natural y social, y vaciando aceleradamente los yacimientos; exportar trabajo, realizado sin protección ni derechos, con salarios diez veces menores que los del resto de América del Norte y con jornadas de trabajo abusivas, maquilando productos de los que no podemos hacer uso, porque son sólo una pequeña pieza de un proceso ajeno: éstos son los pilares de la economía y las finanzas del país.
20° El campo ha sido depredado: los campesinos han quedado sin créditos y con tierras que se van reduciendo y desgastando, acosados por los empresarios del agrobussines y por la necesidad de explotar exhaustivamente sus parcelas, sin permitirles descanso. Se ha perdido capacidad de autosuficiencia y, simultáneamente, competitividad. Los subsidios al campo se destinan a los grandes empresarios, en vez de apoyar la producción campesina, que es la que más conserva las especies criollas. Primero la revolución verde y hoy la importación de granos de baja calidad, pero bajo precio, y la introducción de transgénicos, han acabado con el cuerno de la abundancia y diversidad del que nos enorgullecíamos todavía en los años sesenta del siglo pasado1. El debilitamiento de nuestra autosuficiencia alimentaria tiene en enero de 2008 una fecha fatal: en virtud del cumplimiento del TLC, los granos básicos (maíz, frijol) quedarán, desde ese momento, absolutamente desprotegidos. Serán arrasados por la falta de créditos o subsidios, por los precios o por los cultivos transgénicos, si los campesinos, que están acentuando sus protestas, no son apoyados por la sociedad en su conjunto.
21° La deuda externa, de 42 mil 604.3 millones de dólares2, motor original de la conquista financiera que imponía créditos atados al modelo productivo del exterior, y hacía depender cada vez más a los países endeudados de los grandes prestamistas y de sus tasas variables, se acompaña hoy de una abultada deuda interna de un billón 498 mil 608.3 millones de pesos3, construida con dudosos mecanismos, entre los que destaca el rescate bancario. Podría afirmarse que las deudas interna y externa conforman un mismo paquete que, subdividido, crea la falsa ilusión de estarse liberando de la sujeción externa, pero que, con la extranjerización del sistema financiero, mantiene las finanzas del país, y en general la política económica, sometida a las disposiciones de los organismos acreedores externos, del FMI y del Banco Mundial. Con la creciente deuda externa se impuso un nuevo tributo colonial al pueblo de México. Paradójicamente, esta deuda crece al mismo tiempo que se empieza a entregar el petróleo al exterior (por inversiones en el sector). Esto es, se abren simultáneamente dos canales de extracción de nuestras riquezas que, en una espiral maligna, van secando los pozos del patrimonio nacional.
22° La política monetaria, que debería responder a las necesidades internas de ajuste, es prisionera del Banco Mundial y del FMI, desde el momento en que se decretó la autonomía del Banco Central. El gobierno mexicano pierde el control de las políticas monetarias y se refuerza así la aplicación de un proyecto colonizador, empobrecedor, excluyente y desnacionalizador. Con la política de endeudamiento externo-interno, y con la política que determina el valor del peso como divisa, los grandes monopolios y sus complejos militares-empresariales pueden extender su fuerza, aumentar sus utilidades y propiedades a discreción.
23° Ante una situación de abastecimiento del mercado interno por importaciones, de un sector productivo en parte precarizado y casi totalmente orientado a la exportación, con base en el abaratamiento de salarios; con un turismo de enclave y con una industria extractiva saqueada, así como con un sector social desmantelado, las actividades que dinamizan el empleo, y en las que se refugian los mexicanos que no emigran, son cada vez más el narcotráfico, las actividades ilícitas y deleznables, como la pornografía y la pederastia, y los cuerpos de seguridad, que no dejan de crecer para controlar el descontento frente a esta descomposición. ¿Qué clase de sociedad se está conformando sobre estas rutas?
24° La divisa privatizadora bajo el proceso de ocupación neoliberal arroja un saldo escalofriante y aún está por cobrar sus últimas cuentas. A estas alturas, más del noventa por ciento de lo que alguna vez fueron empresas del Estado han sido malbaratadas, en lo que ha constituido un negocio redondo para empresarios nacionales y extranjeros, que primero fueron subsidiados por ellas, luego las compraron por debajo de su precio real, en algunos casos fueron generosamente “rescatados” con fondos públicos, para luego volverlas a comprar a precio de ganga. Ha sido así que sectores como los bancos quedaron ya casi por completo en manos extranjeras. Ahora se va por lo que queda como pendientes de la agenda privatizadora, lo que pomposamente se denomina como las reformas estructurales de “tercera generación”, que además representan nichos seguros para la inversión: la energía (petróleo y electricidad), la salud y la seguridad social, la educación pública, el patrimonio cultural, la biodiversidad y el agua. Es la privatización de la vida, en contraposición a cualquier futuro de justicia, equidad y bienestar social.
25° El petróleo, símbolo de la soberanía nacional desde el momento de su expropiación y patrimonio esencial del pueblo de México, ha sido objeto de una privatización hormiga, mediante los contratos de servicios múltiples. Simultáneamente, ha servido para financiar los gastos gubernamentales a costa de su descapitalización, que hoy es argumento para inyectarle inversiones privadas. Y de la misma manera, la amenaza de privatización se cierne sobre la electricidad y el agua. Sólo la resistencia activa mostrada por diferentes sectores de la sociedad ha logrado detener hasta hoy estos procesos, que son reclamados por el Banco Mundial y los inversionistas interesados.
26° México enfrenta una crisis de agua, a pesar de su dotación natural de ríos y lagos, contaminados, por cierto, en un 94 por ciento. En los últimos años han desaparecido cinco lagunas y alrededor de 38 ciudades presentan problemas de agua. Once millones de personas no tienen acceso a agua potable y la conflictiva social por problemas relacionados con el agua o con su utilización productiva, como es el caso de la construcción de presas hidroeléctricas, se incrementa proporcionalmente a su escasez.
27° Los largos años de ocupación neoliberal han dejado un panorama desolador para la gente que depende de su trabajo para vivir. Para los que tienen la fortuna de tener trabajo, de 1982 a la fecha el salario ha perdido el 70 por ciento de su poder adquisitivo; es decir, se necesitaría un incremento del 200 por ciento para recuperarlo. Más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en el desempleo, el subempleo o, en el mejor de los casos, en la llamada “economía informal”, como un fenómeno que ha adquirido carácter estructural, incluyendo las cadenas “informales” de producción o distribución de mercancías, en las que miles de personas a domicilio o en pequeños talleres inhumanos, producen o distribuyen por su cuenta para las grandes compañías, marcas y tiendas de autoservicio, sin que éstas los reconozcan como sus trabajadores.
28° Quienes encuentran “empleo” se enfrentan también ahora al empleo precario: sin seguridad, sin prestaciones, con salarios de hambre y en condiciones en general violatorias de la Constitución y las leyes laborales. Para burlar sus obligaciones e inhibir aún más la organización colectiva, los patrones recurren crecientemente a la tercerización o subcontratación. Por si fuera poco, existe una verdadera campaña para hacer aparecer toda conquista laboral como un privilegio, enfocada ahora especialmente a reducir los derechos a una jubilación y pensión dignas. Para evitar las violaciones a las leyes, la solución es fácil: cambiar las leyes, y por ello se busca una reforma laboral que institucionalice la flexibilización brutal que se ha venido poniendo en práctica.
29° Como mancuerna de estas políticas neoliberales, se refuerza aún más la ausencia de libertad de asociación sindical, que en algunos casos se traduce en prohibición directa, como en las maquiladoras. Actualmente la mayoría de los trabajadores formales se encuentran bajo sindicatos y contratos de protección patronal; esto es, pactados mafiosamente entre “lideres” y abogados con los patrones, con el desconocimiento absoluto de los trabajadores. El fenómeno de la migración atañe a toda la población en el país, y está generando serios problemas políticos, sociales y económicos, obligando a plantear nuevas estrategias de convivencia social.
30° El 17 por ciento de los migrantes mexicanos tienen entre 15 y 24 años de edad4. Solamente en el último sexenio, más de tres millones y medio de mexicanos traspasaron la frontera hacia Estados Unidos. Algunas estimaciones señalan que el 9.4 por ciento de los mexicanos se encuentran fuera del país. Cerca de medio millón de connacionales fueron detenidos en el 2006 en Estados Unidos y deportados hacia México. Los emigrantes son también centroamericanos y atraviesan nuestro país sufriendo maltratos y violaciones a sus derechos humanos. Miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses son víctimas de violencia física, extorsión, tortura y privación ilegal de su libertad. Miles de mujeres han sufrido violaciones sexuales y abusos por parte de autoridades mexicanas. 5
31° Las políticas neoliberales profundizan las migraciones y provocan nuevas corrientes y patrones de movilidad laboral hacia las regiones de agricultura comercial, ciudades capitales regionales y de la frontera norte, centros turísticos, reforzando la histórica marcha rumbo a Estados Unidos. La fisonomía de los migrantes internos se diversifica étnica y generacionalmente, y se feminiza, al igual que la de los migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, que es cada vez más heterogénea social y culturalmente: trabajadores del campo y la ciudad, clases medias empobrecidas y sin empleo, sin olvidar los “cerebros” fugados.
32° La xenofobia, casi siempre pensada hacia los extranjeros de nacionalidades varias, no se ha reconocido hacia otros migrantes internos que se desplazan por el territorio nacional, y quienes igualmente son exteriorizados, atributo para marcar diferencia, distancia y limitar derechos, racializados y excluidos por sus orígenes regionales, y estigmatizados como los de fuera en su propia nación. Es evidente una relación entre exclusión neoliberal, xenofobia y racismo, particularmente cuando se trata de los emigrantes indígenas en contextos urbanos, o el paso de un tipo de rechazo a otro, una vez que el otro se vuelve próximo y ocupa un lugar, se fija y arraiga en el territorio. Los excluidos pueden tener distintos nombres y procedencias culturales, regionales y nacionales. La interioridad y la exterioridad, así como la movilidad de las fronteras étnicas, culturales y locales, regionales, nacionales y transnacionales son constantes, como lo son sus cotidianas transgresiones.
33° El racismo y la xenofobia pueden dirigirse a muy distintos sujetos sociales internos y externos a la nación. El neoliberalismo fragmenta espacios de relaciones, identidades colectivas, la propia comunidad nacional y los movimientos sociales. Mientras estos procesos de fragmentación separan, se produce paradójicamente una homogeneización de las condiciones sociales y formas de exclusión que igualmente afectan a una diversidad de sujetos, y de las cuales pueden surgir estrategias comunes que articulen las luchas sociales.
34° En los últimos años se da por un hecho que México se encuentra en plena “transición a la democracia”, si bien con sus contradicciones, avances y retrocesos. En realidad no existe tal transición a la democracia. La “alternancia” de partidos y políticos no ha alterado la continuidad de las políticas neoliberales, la persistencia de las estructuras corporativas, la resistencia a saldar los crímenes del pasado y la ausencia de mecanismos verdaderamente democráticos, a través de los cuales la gente pueda participar y decidir. Tampoco ha cambiado la violación constante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, la falta de control de los medios masivos de comunicación, la impunidad y la corrupción. Los comicios se reducen a un circo electoral que va de reforma en reforma, sin impedir la repetición del fraude, la falta de respeto al sufragio efectivo, la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar por proyectos y no sólo por políticos de uno u otro color, el derroche de recursos públicos que se invierten en las campañas electorales y en los aparatos partidarios —que se creen los dueños del país y de la “democracia”—, sin propiciar la real disputa por el poder y evitar la “alternancia” de las mafias narco-político-financieras que predominan más allá de las fronteras partidarias. Para que exista o, mejor dicho, para que pueda iniciarse una verdadera transición a la democracia, es indispensable primero una ruptura tajante, profunda, con el viejo orden, el desmantelamiento de las añejas estructuras antidemocráticas, comenzar a saldar decididamente los grandes pendientes humanos, democráticos y sociales que existen en el país.
35° Las fuerzas armadas, cuidadosamente preparadas para la “guerra interna” y la contrainsurgencia, desde los tiempos de las escuelas militares panamericanas dirigidas por Estados Unidos, han pasado a ser verdaderos ejércitos de ocupación, emplazadas en vastas regiones del país y en prácticamente todas las regiones indígenas. Muchos de sus altos mandos están, como los políticos civiles, asociados al gran capital, en formas directas o indirectas. La dependencia y vinculación de las fuerzas armadas mexicanas con las estrategias militares y de inteligencia de Estados Unidos, en el marco del ASPAN, y a través de la asistencia, entrenamiento y apoyo de todo tipo de militares de ese país a sus contrapartes locales, han cerrado el círculo de la dependencia de México en el terreno militar, de seguridad e inteligencia. La militarización de la seguridad pública y los cambios legislativos para adecuar el marco jurídico-constitucional del país a las exigencias estadounidenses en materia de seguridad y terrorismo, acentúan el carácter neocolonial de nuestra dependencia.
36° La televisión y “los medios”, que producen la “verdad virtual”, a la manera de los antiguos magos de la India, capaces de hipnotizar a multitudes enteras, van imponiendo significados fabricados que sustituyen los sentidos comunes construidos colectivamente y, consecuentemente, tienden a borrar o parcelar las memorias y a generar una pasividad que inhibe la autodeterminación como un proceso directo, activo y participativo del pueblo de México.
37° Las elecciones han sido suplantadas en su añorado papel de representación de la ciudadanía por el oligopolio de la televisión, por el uso abierto y encubierto de múltiples recursos de la cultura mexicana y estadunidense en materia de trampas electorales y de “política sucia” antigua y electrónica, para lograr los resultados deseados. A esto se suma la influencia monetaria y la manipulación y violencia de los poderes fácticos, que deciden en última instancia el rumbo de la “transición democrática” y el carácter de la alternancia. Los procesos electorales se transforman en eventos mediáticos superficiales, en los que la oferta partidaria no difiere en la sustancia, y sólo permite una alternancia controlada por los grandes electores neoliberales.
38° El Poder Ejecutivo sigue usando al presidencialismo, aunque sin bases sociales y sin negociaciones para que se beneficie por lo menos sectores de campesinos, trabajadores y clases medias. El Poder Legislativo logra votos de unanimidad o de mayoría suficiente para aplicar las políticas neoliberales, entre pleitos por las curules y las “concesiones”, al tiempo que una llamada “nueva izquierda”, políticamente correcta, hace una oposición muy poco efectiva dentro del nuevo sistema de “partidos de Estado” que encabezan el viejo PRI y el restaurado PAN. El Poder Judicial toma algunas medidas autónomas, a las que después hace ajustes, interpretaciones, precisiones, con argumentos legales “magistrales”, en los que echa abajo sus efímeras oposiciones.
39° Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos. Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos, las corporaciones, los monopolios mediáticos, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esta crisis alcanza también a los partidos de la izquierda institucionalizada, al ser absorbidos en las reglas del juego que establece el poder, y al dejar de ser portavoces de las causas populares y de los movimientos sociales. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción.
40° Las políticas culturales del Estado mexicano y la transnacionalización corporativa neoliberal a través de los medios masivos de comunicación, la información y las llamadas industrias culturales, se han venido apropiando de la cultura con fines mercantiles y homogeneizadores. El patrimonio cultural, como memoria de la nación y de todos sus pueblos y componentes regionales, como soporte también de sus identidades, está siendo sitiado por las corporaciones transnacionales y por el uso privado que de él hacen las elites políticas regionales, y por la industria turística que ocupa lugares, costas, territorios y recursos naturales que pertenecen a la nación, y en los que habitan pueblos indígenas, a quienes se convierte en objetos exóticos de consumo.
41° El vaciamiento de valores y símbolos de identidad nacional que han guardado las propias instituciones culturales del Estado, el INAH y el INBA, y el despojo de sus funciones en defensa de este patrimonio nacional por instituciones como CONACULTA, violando el marco jurídico existente, ha abierto el camino a su privatización y desnacionalización. El control de los medios de comunicación ha significado la difusión de discursos y representaciones de un modelo de vida, de ser y de pensar único, que niega y distorsiona las especificidades y las diversidades culturales, y sus formas propias de significar el mundo. La homogeneización y las formas en que se mediatiza la creatividad popular y se amenaza el patrimonio étnico–lingüístico–cultural de la nación mexicana, son una estrategia de estos poderes para disolver toda frontera política, ideológica y cultural que pueda impedir el avance del capital transnacional. La producción industrial y masiva de lo cultural promueve el consumismo, el individualismo, la competencia y un supuesto humanismo global y, consecuentemente, busca subsumir lo colectivo, la solidaridad y la fraternidad, manifestando su etnocentrismo y desprecio por las identidades de pueblos y culturas, que han de ser el sustrato a partir del cual se articulen otras identidades colectivas y un humanismo global democrático construido en el diálogo intercultural.
42° En materia educativa, el proceso de ocupación está dirigido fundamentalmente hacia dos objetivos: por un lado, ocupar las mentes de los jóvenes, esto es, formar conciencias adaptadas a una situación social determinada, y, por otro, a producir la fuerza de trabajo necesaria, en función del lugar que ocupa el país en la división del trabajo del capitalismo internacional.
43° La ocupación en materia educativa ha quedado sancionada en los tratados comerciales y de libre comercio. Antes de la firma del TLCAN, bajo el salinismo, fueron modificados el Artículo 3° constitucional, la Ley General de Educación, que reglamenta dicho artículo y las demás leyes secundarias. Esto es, que todo el marco jurídico y legal que regía el sistema educativo nacional fue modificado en correspondencia con las nuevas reglas introducidas por el TLCAN. La repercusión más importante fue que dejó de concebirse a la educación como un derecho social, y, por lo tanto, asequible a todos, en todos sus niveles y formas, para convertirse en un servicio; es decir, algo que puede ser privatizado, y cuyo acceso dependerá de las posibilidades y preferencias individuales del consumidor. Esto significa, en materia de educación superior y media superior, anular la responsabilidad social del Estado y, consecuentemente, acabar con el principio de gratuidad.
44° El desmantelamiento del Estado benefactor y la imposición del modelo neoliberal implicó la elaboración y la instauración de nuevas políticas educativas, cuyo eje conductor ha sido el discurso de la calidad, la eficiencia y la competitividad. En nombre de la calidad se impulsaron medidas y reformas que modificaron de manera sustancial los esquemas de funcionamiento, las relaciones entre los distintos actores educativos dentro y fuera de las escuelas, los contenidos educativos y, de manera importante, los fines de la educación en el país. Para lograr estos objetivos, se han instrumentado los más diversos programas y políticas de gobierno, como la carrera magisterial, los estímulos a la productividad docente, o las “escuelas de calidad”6, encaminados a ganar un mayor control político del sistema educativo nacional, y una mayor subordinación de sus actores sociales.
45° Los programas de estímulos a los maestros alentaron el premio a la individualidad y a la competencia, eliminando la solidaridad y cooperación académica, promoviendo con ello una mentalidad empresarial, en la que los investigadores, “por iniciativa propia”, buscan “nichos” en el mercado, para colocar “el producto” o resultado final de su trabajo, pues de ello depende en gran medida el monto del ingreso o salario personal.
46° En este contexto, y como consecuencia de las restricciones presupuestales a la educación pública, pero además bajo las presiones de organismos financieros internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, se alentó a las universidades públicas a diversificar sus fuentes de financiamiento; lo que, traducido quiere decir por un lado imponer a sus alumnos un aumento en el cobro de colegiaturas, y, por otro, ponerse al servicio de las empresas que compararán los productos universitarios por una buena cantidad de dinero. En una palabra, estamos hablando de un proceso de privatización de la educación superior. También, como consecuencia del TLC, quedó abierto a la inversión privada el mercado de la educación. Lejos de lo esperado, no llegaron con abundancia los capitales extranjeros, pero los inversionistas nacionales ocuparon rápidamente el nuevo espacio que se abría. Así, entre 1990 y 2002 las escuelas particulares de nivel superior pasaron de 800 a más de 2 mil, y la matrícula privada creció de 22 a 33 por ciento respecto de la matrícula nacional.
47° Como parte de esta misma tendencia general de privatización y mercantilización de la educación, legitimada bajo el discurso de la calidad, los gobiernos neoliberales dejaron de impulsar el crecimiento de la Universidad Autónoma tradicional que conocemos (cuyas tres funciones básicas son la enseñanza, la investigación y la difusión de las culturas), para promover, primero el crecimiento de la universidad privada, la universidad a distancia y la creación de Institutos y “Universidades” Tecnológicas. Estas últimas han recibido un gran apoyo gubernamental en los últimos años, y se han creado ya más de 100 planteles; sin embargo, en realidad no son universidades (que cumplen mínimamente con las tres funciones básicas ya mencionadas), sino centros de capacitación y adiestramiento laboral post-bachillerato, con ciclos cortos de educación, basados en la nueva concepción de un profesionista deshumanizado y sin conciencia histórica, con una concepción pedagógica centrada en la enseñanza de manuales técnicos, y vinculados directamente con las empresas privadas enclavadas en la localidad, cuyos directivos deciden en última instancia los programas de estudio y los perfiles profesiográficos de la región.
48° Esta política de impulso a modalidades de educación superior, distintas a la Universidad Pública Autónoma tradicional, fue planteada de manera deliberada para contener el crecimiento de la matrícula en las mismas, evitando así por un lado los problemas que provocaría al gobierno la presión de miles de jóvenes que no tienen la oportunidad de continuar estudiando, aunque también para cubrir con los requerimientos laborales que exige la cada vez mayor complejidad tecnológica en el ámbito laboral. Para que el país pueda atraer la inversión extranjera que busca el gobierno, es necesario ofrecerles una mano de obra dócil y bien capacitada.
49° Una de las consecuencias sociales más graves de la aplicación de la política neoliberal en materia de educación, ha sido la exclusión de miles de jóvenes a ejercer su derecho a recibir educación universitaria. Ante la creciente demanda de acceso, y para legitimar estas políticas de exclusión, se optó, siempre bajo el discurso de la calidad, por hacer más selectivos y rigurosos los mecanismos de ingreso a las universidades. El argumento es que sólo entren “los mejores”. Se esconde así el hecho trágico de que en nuestro país sólo el 23 por ciento de los jóvenes en edad de cursar estudios superiores, están inscritos en el sistema educativo nacional.
50° En términos de “dominación ideológica”, toda la educación en México, desde el nivel básico hasta el superior, está siendo modificada por sucesivas reformas en sus contenidos y planes de estudio. En esencia, todos los cambios tienen como denominador común preparar a los alumnos para resolver problemas técnicos concretos, manteniéndolos en un estado de pasividad; es decir, sin conciencia crítica de sí mismos y de la sociedad. Para esto se puede, y es necesario prescindir del estudio de la historia, artes, humanidades; pero es indispensable aprender a leer, a escribir (habilidades en el manejo del español) y conocer los números (habilidades en el manejo de la aritmética).7
51° En síntesis, el discurso neoliberal ha sido muy eficiente en el campo de batalla ideológica, y en gran medida ha sido exitoso en ocupar las mentes de los funcionarios, profesores y estudiantes, para que en aras de “la calidad”, el “desarrollo económico” y la “integración laboral”, apoyen una educación desnacionalizada, con amnesia histórica y funcional al modelo hegemónico vigente.
4. La dimensión jurídica o normativa
52° En el periodo del 2000 al 2006, México tuvo la visita de 20 Mecanismos Internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. De estos mecanismos se han derivado 16 informes que dan cuenta de la situación de los derechos humanos, en temas como tortura, migrantes, discriminación, independencia de magistrados y abogados, defensores de derechos humanos, vivienda adecuada, desplazados, indígenas y violencia, entre otros. Sin embargo, con todo ello el país ha venido acumulando una cantidad enorme de recomendaciones, que no logran que el gobierno dé pasos decididos para proteger debidamente los derechos humanos en la vida cotidiana, pues aún se padecen violaciones graves y sistemáticas, como son las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas, además de la prácticamente nula garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto aunado a la impunidad y a severos problemas de acceso a la justicia.
53° Violaciones graves de los derechos humanos que han quedado impunes son las matanzas de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995; la de Acteal, en Chiapas, en 1997, y la de El Charco, igualmente en Guerrero, en 1998; los más de 600 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante la guerra sucia de los años 60, 70 y 80; las agresiones y el asesinato contra periodistas y medios de comunicación social; la violación sistemática contra los derechos individuales y colectivos de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas; la muerte y violaciones graves a los derechos humanos de cientos de migrantes que intentan cruzar las fronteras de Guatemala con México, y de México con Estados Unidos, así como las violaciones a su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; el hostigamiento en contra de las/los defensoras/es de derechos humanos; la criminalización de la protesta social y la reciente represión a los movimientos sociales, como han sido los casos de Cancún (2003), Guadalajara (2004), y sobre todo San Salvador Atenco (2006) y Oaxaca (2006), a los que podríamos añadir la represión contra los obreros de la SICARTSA en el 2006, sólo por mencionar algunos. Todo esto es muestra de que no se ha logrado atender de manera integral las violaciones de los derechos humanos, mediante una adecuada e imparcial investigación, garantías al debido proceso, sanción y reparación de daños.
54° La impunidad continúa siendo una constante y es una muestra de los pocos avances concretos en materia de derechos humanos en México. Entre los casos paradigmáticos se encuentran la discriminación y violencia de género en los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas que han ocurrido no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino también en otros estados de la República, como Sonora, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México; la violencia de género ejercida por militares en contra de indígenas en varios estados del país; las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y los crímenes de homofobia.
55° Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas regiones del país. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad a favor de los culpables de esas violaciones a las garantías individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños, su internamiento injustificable en penales de alta seguridad, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que han sido víctimas estando en prisión, así como su posterior consignación por el delito de secuestro equiparado a 67 años y medio de cárcel; la muerte de la indígena de 73 años Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los ya referidos atropellos del 14 de junio, 27 de octubre y 27 de noviembre del año 2006, y los del 16 de julio de 2007 en Oaxaca. Además, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. La exoneración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y un juez de Saltillo, de catorce de los veinte militares en servicio activo que el 11 de julio de 2006 participaron en los delitos de violaciones sexuales (propios e impropios), lesiones, intimidaciones y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la debilidad con la que actuaron los organismos de procuración e impartición de justicia de Coahuila.
56° En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde su toma de posesión no hay tampoco determinaciones y definiciones claras y contundentes de política pública al respecto, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, así como la aceptación tácita de la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, las libertades y los derechos políticos. Es más, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de manera confusa al delito de terrorismo la protesta social pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez más autoritario y represivo.
La lucha por la independencia y la soberanía nacional sigue
Ante esta situación de verdadera emergencia nacional en que nos encontramos, llamamos a todas las fuerzas patriotas y nacionales a continuar con el proyecto de lucha, que puede y debe ser pacífico, por la democracia. Conscientes de que el anhelo histórico de México consiste en estructurar un país soberano y democrático, que permita a todos los integrantes de su nación su pleno desarrollo, en su unidad y en su pluralidad, en sus comunidades y para todos y cada uno de sus miembros. Ello significa impulsar la solidaridad y el apoyo entre los componentes de la sociedad.
Es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos.
Llamamos respetuosamente a las comunidades existentes, o a quienes tomen las iniciativas de sus propias organizaciones, a ejercer en todo momento la democracia como libertad, como pluralidad de creencias filosóficas y religiosas, como honestidad individual y colectiva, con claridad en el manejo de los fondos y recursos públicos o colectivos; como desmercantilización de servicios, que sólo pueden darse aumentando la cultura comunitaria y las relaciones de interés social general.
Llamamos respetuosamente a esas comunidades a no embarcarse en discusiones abstractas o dogmáticas sobre las mejores formas de organizarse. Todas las experiencias muestran que para los propósitos emancipadores, la lógica de la combinación de fuerzas y organizaciones es más eficaz, cuando lo principal es lograr objetivos comunes. Según su historia, conocimiento y experiencias de organización y lucha, cada movimiento escogerá las organizaciones jerárquicas para fines de defensa, en tanto para esos fines éstas revelen ser las más eficaces. Y lo serán siempre que entiendan el “mandar obedeciendo” como los lineamientos generales que les dan las bases, e informando a éstas de sus actos, sin salirse de esos lineamientos. Y, en todo caso, proponer los cambios necesarios a las bases y darles la última palabra en la decisión.
Al mismo tiempo que llamamos a la unidad en la diversidad de las fuerzas patriotas y liberadoras, pedimos que reflexionen sobre la importancia que para la lucha por la independencia de la nación, para la democracia en México y para un nuevo socialismo tiene la construcción de alianzas, frentes o bloques, en los que los trabajadores y pueblos marginados, excluidos y discriminados tengan, dentro de las organizaciones alternativas, un peso real y moral efectivo, por su fuerte presencia, y por la decisión inquebrantable de no traicionarlos a la hora del triunfo, como ha ocurrido en el pasado, en que se les usa y mediatiza a la hora de las luchas liberadoras y se les olvida y abandona a la hora de los triunfos.
Ninguna alianza, frente o bloque construirá otro mundo posible y mejor que se encamine a la emancipación humana, si no tiene física y moralmente presentes a los pobres de la tierra y a quienes están decididos a echar su suerte con ellos. Cabe recordar que muchos grandes latinoamericanos cumplieron con ese propósito que Martí precisó para las luchas de nuestra América.
No son tolerables ni morales ni “políticas” ni “realistas” más burlas a los pueblos indios y a los trabajadores proletarios, que siempre han sido utilizados como carne de cañón o como instrumento por quienes, cuando triunfan, los dejan en iguales o peores condiciones de exclusión y discriminación, hechos vergonzosos que se dan desde la lucha por la independencia de México hasta la traición colectiva a los acuerdos de San Andrés. Impedir que esas traiciones se repitan es posible, y si no se cumplen al pie de la letra, otro mundo mejor será imposible.
No nos engañemos y no nos engañarán: México hará una gran contribución a la liberación humana.
Juntos luchamos, juntos ganaremos, gobernaremos juntos.
“Por Paz con Democracia”
Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Miguel Álvarez, Luis Hernández Navarro, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y Rivas, Héctor de la Cueva, Ana Esther Ceceña, Magdalena Gómez, Higinio Muñoz, Samuel Ruiz García, José Antonio Almazán, Dolores González, Pablo Romo Cedano, Gonzalo Ituarte Verduzco, Juan Bañuelos, Juan Brom, Oscar González, Guillermo Briseño, Guillermo Almeyra, Alfredo López Austin, Carlos Fazio , Rafael Reygadas, María Fernanda Campa Uranga, Manuela Alvarez y Santiago Alvarez.
1 En el momento en que se rompe la autosuficiencia alimentaria, o incluso como parte de los mecanismos que la precipitan, se inicia la importación de maíz de baja calidad para forraje y las políticas de dumping que no solamente arruinan a los campesinos, sino que facilitan la erradicación de especies nativas de mucho mayor calidad nutricional, pero de menor rendimiento productivo. Actualmente se importan alrededor de 10 mil toneladas., un tercio del maíz que se consume en el país.
2 Es el saldo de la deuda externa neta del sector público federal. Datos del Banco de México a junio de 2007.
3 Deuda interna neta del sector público federal al cierre de julio del 2007.
4 Según expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
5 Ver datos de Sin Fronteras I. A. P. y Frontera con Justicia A. C.
6 El programa de “escuelas de calidad”, por ejemplo, otorga recursos adicionales a las escuelas de educación básica, con el objetivo de mejorar las condiciones infraestructurales de las mismas; sin embargo, por un lado está basado en una relación comercial, mediada por el dinero, entre el gobierno federal, el local y los distintos actores de la escuela (docentes, estudiantes y familias), y, por otro, profundiza, en lugar de subsanar las desigualdades existentes, ya que el programa establece que la cantidad de recursos que aportará la federación dependerá de la cantidad de recursos que aporte la propia escuela. Como resultado, las escuelas que más dinero pueden aportar, más recursos reciben, y viceversa.
7 Este es el sentido de la última reforma realizada a la educación secundaria (la RIES, Reforma Integral a la Educación Secundaria), que entró en vigor a partir del ciclo escolar 2006-2007.
