Y esto es todos los días, ajústelo a casos locales, municipales, estatales, algo pasa con los políticos de hoy, solo unos cuantos se salvan y muchos si no es que todas esas excepciones están con el Peje. Chequen esto me late mucho la editorial de LA JORNADA de hoy:
“Derechos humanos, de nuevo relegados”
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) consolidaron ayer viernes, en la Cámara de Diputados, el reparto de las comisiones legislativas ordinarias tras semanas de negociaciones bipartidistas, marginando al Partido de la Revolución Democrática (PRD). De hecho, pasando por encima de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, ambas fuerzas políticas arrebataron al PRD la Comisión de Hacienda y le asignaron la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta situación, escandalosa de por sí, ya que constituye una afrenta a los principios básicos de una sana democracia, no sólo excluye a los perredistas de las comisiones más importantes, sino también los despoja de las que han sido sus banderas tradicionales de batalla, con las cuales se ha identificado una parte sustancial de la sociedad mexicana y que han sido piedra angular de los progresos democráticos en el país, como es el caso de los derechos humanos.
La Cámara de Diputados aprobó la integración de las 43 comisiones legislativas. Así se cumplió el deseo de panistas y priístas, quienes desde un inicio opinaron que a los perredistas les correspondían únicamente las llamadas comisiones sociales (Asuntos Indígenas, Cultura, Equidad y Género, Educación y Seguridad Social, así como las de Desarrollo Rural, Distrito Federal, Pesca, Turismo y la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación). Ello a pesar de que el PRD es la segunda fuerza electoral y de que el reparto de las comisiones se lleva a cabo con base en ciertas tradiciones y usos que en esta ocasión no han sido respetados.
Las que abordan temas de economía y gobierno, las cuales manejan los presupuestos más jugosos y tienen mayor peso político, quedaron en manos del binomio PAN-PRI: los panistas presidirán las de Presupuesto, Economía, Energía, Gobernación y Relaciones Exteriores, entre otras, y los priístas, las de Hacienda, Seguridad Pública y Comunicaciones, por citar algunas.
En este panorama, cabe resaltar el veto que el PRI impulsa contra la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra elegida senadora el pasado 2 de julio, propuesta por el perredismo para encabezar la comisión de Justicia y Derechos Humanos, candidatura que marcaría un importante avance en esta materia en México y permitiría lanzar el mensaje a la nación de que la violación de los derechos humanos ya no quedaría en la impunidad, como ha sucedido hasta ahora.
Desde finales de la década de los 70, Rosario Ibarra de Piedra se ha dedicado a denunciar la guerra sucia en el país, lucha que abarca desde la represión de los movimientos sociales, la desaparición de centenares de activistas y opositores a los regímenes priístas que monopolizaron el poder durante más de 70 años entre ellos uno de sus propios hijos hasta la impunidad de funcionarios y agentes de seguridad que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, entre otros crímenes de lesa humanidad. En el contexto de esta lucha, fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, comúnmente conocido como Comité Eureka, el cual preside hasta la fecha, y fue postulada, en 1988, a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (la primera mujer en la historia del país en buscar este cargo).
Se trata, pues, de una luchadora social que ha sido precursora en la defensa de las garantías individuales, que se ha constituido en un obligado referente moral y se ha erigido en uno de los máximos exponentes de la izquierda mexicana: una persona ideal para presidir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En ese aspecto, cobran mucho sentido las declaraciones del perredista Ricardo Monreal Avila, quien calificó el veto del PRI de "inaceptable", ya que Ibarra de Piedra representa a una parte de la sociedad que exige justicia y el fin de la impunidad, y ahora ha sido excluida con la negativa del PRI.
Por ello queda claro que para el PRI y PAN el castigo de los crímenes del pasado y la defensa efectiva de los derechos humanos no son asignaturas de relevancia.
“Derechos humanos, de nuevo relegados”
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) consolidaron ayer viernes, en la Cámara de Diputados, el reparto de las comisiones legislativas ordinarias tras semanas de negociaciones bipartidistas, marginando al Partido de la Revolución Democrática (PRD). De hecho, pasando por encima de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, ambas fuerzas políticas arrebataron al PRD la Comisión de Hacienda y le asignaron la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta situación, escandalosa de por sí, ya que constituye una afrenta a los principios básicos de una sana democracia, no sólo excluye a los perredistas de las comisiones más importantes, sino también los despoja de las que han sido sus banderas tradicionales de batalla, con las cuales se ha identificado una parte sustancial de la sociedad mexicana y que han sido piedra angular de los progresos democráticos en el país, como es el caso de los derechos humanos.
La Cámara de Diputados aprobó la integración de las 43 comisiones legislativas. Así se cumplió el deseo de panistas y priístas, quienes desde un inicio opinaron que a los perredistas les correspondían únicamente las llamadas comisiones sociales (Asuntos Indígenas, Cultura, Equidad y Género, Educación y Seguridad Social, así como las de Desarrollo Rural, Distrito Federal, Pesca, Turismo y la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación). Ello a pesar de que el PRD es la segunda fuerza electoral y de que el reparto de las comisiones se lleva a cabo con base en ciertas tradiciones y usos que en esta ocasión no han sido respetados.
Las que abordan temas de economía y gobierno, las cuales manejan los presupuestos más jugosos y tienen mayor peso político, quedaron en manos del binomio PAN-PRI: los panistas presidirán las de Presupuesto, Economía, Energía, Gobernación y Relaciones Exteriores, entre otras, y los priístas, las de Hacienda, Seguridad Pública y Comunicaciones, por citar algunas.
En este panorama, cabe resaltar el veto que el PRI impulsa contra la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra elegida senadora el pasado 2 de julio, propuesta por el perredismo para encabezar la comisión de Justicia y Derechos Humanos, candidatura que marcaría un importante avance en esta materia en México y permitiría lanzar el mensaje a la nación de que la violación de los derechos humanos ya no quedaría en la impunidad, como ha sucedido hasta ahora.
Desde finales de la década de los 70, Rosario Ibarra de Piedra se ha dedicado a denunciar la guerra sucia en el país, lucha que abarca desde la represión de los movimientos sociales, la desaparición de centenares de activistas y opositores a los regímenes priístas que monopolizaron el poder durante más de 70 años entre ellos uno de sus propios hijos hasta la impunidad de funcionarios y agentes de seguridad que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, entre otros crímenes de lesa humanidad. En el contexto de esta lucha, fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, comúnmente conocido como Comité Eureka, el cual preside hasta la fecha, y fue postulada, en 1988, a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (la primera mujer en la historia del país en buscar este cargo).
Se trata, pues, de una luchadora social que ha sido precursora en la defensa de las garantías individuales, que se ha constituido en un obligado referente moral y se ha erigido en uno de los máximos exponentes de la izquierda mexicana: una persona ideal para presidir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En ese aspecto, cobran mucho sentido las declaraciones del perredista Ricardo Monreal Avila, quien calificó el veto del PRI de "inaceptable", ya que Ibarra de Piedra representa a una parte de la sociedad que exige justicia y el fin de la impunidad, y ahora ha sido excluida con la negativa del PRI.
Por ello queda claro que para el PRI y PAN el castigo de los crímenes del pasado y la defensa efectiva de los derechos humanos no son asignaturas de relevancia.
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