Capturado, Porfirio Barbosa, cercano a Cuauhtémoc Cárdenas
Miguel Cabildo
México, D.F., 24 de octubre (apro).- Con base en una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero de Distrito del Reclusorio Norte, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la PGR, detuvieron este martes al coordinador de la Comisión de Transporte (Cocotra) del gobierno de Michoacán, Porfirio Barbosa.
Amigo entrañable, compañero de causa y excolaborador de Cuauhtémoc Cárdenas en los gobiernos de Michoacán y del Distrito Federal, Barbosa está acusado del presunto delito de peculado por la cantidad de 129 millones de pesos, en agravio del erario capitalino cuando fungió como oficial mayor del GDF (1998-2000).
Su detención ocurrió cuando circulaba por la avenida Periodismo, cerca de sus oficinas de la Cocotra, de la que se hizo cargo el 22 de abril de 2005, invitado por Lázaro Cárdenas Batel.
La acusación que pesa sobre Barbosa se remonta al 2003, en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron investigaciones paralelas al detectar una serie de irregularidades cometidas en la compra de vales de despensa entre ISSSTE y el GDF.
Las indagatorias condujeron inicialmente a las autoridades federales hasta la Oficialía Mayor del GDF, a cargo de Porfirio Barbosa, uno de los hombres más cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas.
Conforme avanzaron las investigaciones, la lista de implicados creció. El organismo dirigido por Arturo González de Aragón puso en la mira a ocho exfuncionarios más del GDF y a 18 del ISSSTE.
Se trata de dos exfuncionarios de la Oficialía Mayor del GDF, dos del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como cuatro de la Policía Auxiliar del DF. La mayoría de los implicados del ISSSTE laboraban en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF).
En la indagatoria, la ASF determinó que el daño al erario por las irregularidades en la compra de vales de despensa fue de 131 millones 66 mil 552 pesos.
Puesta al tanto, la SFP tomó conocimiento del caso e inició una investigación por su cuenta.
En su investigación, detectó que la malversación ascendió a 129 millones de pesos, 2 millones menos que lo detectado por la ASF. Además, sólo encontró responsabilidades en cinco exservidores públicos del ISSSTE bajo la administración de Socorro Díaz.
Mecánica del fraude
De acuerdo con la investigación desarrollada por la ASF, el dinero fue desviado a través de la empresa fantasma Grupo John and Fran SA de CV, y de personas desconocidas que nunca ingresaron el dinero a las arcas de las dependencias correspondientes.
Las irregularidades fueron cometidas de 1998 a 2000. Iniciaron con descuentos financieros y bonificaciones en la compra de los vales y electrodomésticos, por parte de personal del SITyF que no estaba facultado para ello.
El único autorizado por el Consejo Directivo para recibir descuentos era el GDF, pero también fueron concedidos, sin que oficialmente se solicitaran, al Sistema de Transporte Colectivo, a la Policía Bancaria e Industrial y a la Auxiliar (PADF).
La investigación de la ASF coincide con la de la Contraloría --ahora Secretaría de la Función Pública-- en que del total del monto del fraude, 83 millones 252 mil 887 pesos por concepto de descuentos y bonificaciones fueron a parar a cuentas que Grupo John and Fran abrió en banco Santander.
Esta empresa cobraba por concepto de "mediación mercantil por estudios profesionales y asesoría técnica profesional de mercado en la compra de los ISSSTE-vales y electrodomésticos para el Gobierno del Distrito Federal", aunque también recibió cantidades destinadas al SCT, PBI y PADF.
De acuerdo con el expediente de la ASF, el representante legal de la empresa, Alejandro Xavier Amador Quezada, reconoció en su comparecencia que la empresa no tiene domicilio y que toda documentación se guardaba en su casa y otras direcciones que no recuerda.
Según la auditoría de la Contraloría, el representante legal de la compañía, Xavier Amador Quesada, es un maletero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que negó estar involucrado.
Los implicados
Además de Porfirio Barbosa, la ASF implicó a otros funcionarios del GDF:
María Brenda Estrada de Paz, excoordinadora de la dirección general de Administración y Desarrollo de Personal; José Antonio Tomasena Larruy, exsubdirector general de Administración y Finanzas del Metro, y Miguel Ángel Montero López, exasesor técnico de la dirección de Administración por la Policía Auxiliar del DF.
Por el ISSSTE, los implicados son: Rodolfo Pérez Reyes, exdirector del SITF; José Navarrete Ancona, exsubdirector de Finanzas; Carlos Eduardo Ruiz Belín, exsubdirector de Finanzas; Rodolfo Poumian Serrano, exsubdirector de Mercadotecnia, y José Bernardo Gil Torruco, exjefe de Servicios de Tesorería, entre otros.
Miguel Cabildo
México, D.F., 24 de octubre (apro).- Con base en una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero de Distrito del Reclusorio Norte, elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la PGR, detuvieron este martes al coordinador de la Comisión de Transporte (Cocotra) del gobierno de Michoacán, Porfirio Barbosa.
Amigo entrañable, compañero de causa y excolaborador de Cuauhtémoc Cárdenas en los gobiernos de Michoacán y del Distrito Federal, Barbosa está acusado del presunto delito de peculado por la cantidad de 129 millones de pesos, en agravio del erario capitalino cuando fungió como oficial mayor del GDF (1998-2000).
Su detención ocurrió cuando circulaba por la avenida Periodismo, cerca de sus oficinas de la Cocotra, de la que se hizo cargo el 22 de abril de 2005, invitado por Lázaro Cárdenas Batel.
La acusación que pesa sobre Barbosa se remonta al 2003, en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron investigaciones paralelas al detectar una serie de irregularidades cometidas en la compra de vales de despensa entre ISSSTE y el GDF.
Las indagatorias condujeron inicialmente a las autoridades federales hasta la Oficialía Mayor del GDF, a cargo de Porfirio Barbosa, uno de los hombres más cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas.
Conforme avanzaron las investigaciones, la lista de implicados creció. El organismo dirigido por Arturo González de Aragón puso en la mira a ocho exfuncionarios más del GDF y a 18 del ISSSTE.
Se trata de dos exfuncionarios de la Oficialía Mayor del GDF, dos del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), así como cuatro de la Policía Auxiliar del DF. La mayoría de los implicados del ISSSTE laboraban en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF).
En la indagatoria, la ASF determinó que el daño al erario por las irregularidades en la compra de vales de despensa fue de 131 millones 66 mil 552 pesos.
Puesta al tanto, la SFP tomó conocimiento del caso e inició una investigación por su cuenta.
En su investigación, detectó que la malversación ascendió a 129 millones de pesos, 2 millones menos que lo detectado por la ASF. Además, sólo encontró responsabilidades en cinco exservidores públicos del ISSSTE bajo la administración de Socorro Díaz.
Mecánica del fraude
De acuerdo con la investigación desarrollada por la ASF, el dinero fue desviado a través de la empresa fantasma Grupo John and Fran SA de CV, y de personas desconocidas que nunca ingresaron el dinero a las arcas de las dependencias correspondientes.
Las irregularidades fueron cometidas de 1998 a 2000. Iniciaron con descuentos financieros y bonificaciones en la compra de los vales y electrodomésticos, por parte de personal del SITyF que no estaba facultado para ello.
El único autorizado por el Consejo Directivo para recibir descuentos era el GDF, pero también fueron concedidos, sin que oficialmente se solicitaran, al Sistema de Transporte Colectivo, a la Policía Bancaria e Industrial y a la Auxiliar (PADF).
La investigación de la ASF coincide con la de la Contraloría --ahora Secretaría de la Función Pública-- en que del total del monto del fraude, 83 millones 252 mil 887 pesos por concepto de descuentos y bonificaciones fueron a parar a cuentas que Grupo John and Fran abrió en banco Santander.
Esta empresa cobraba por concepto de "mediación mercantil por estudios profesionales y asesoría técnica profesional de mercado en la compra de los ISSSTE-vales y electrodomésticos para el Gobierno del Distrito Federal", aunque también recibió cantidades destinadas al SCT, PBI y PADF.
De acuerdo con el expediente de la ASF, el representante legal de la empresa, Alejandro Xavier Amador Quezada, reconoció en su comparecencia que la empresa no tiene domicilio y que toda documentación se guardaba en su casa y otras direcciones que no recuerda.
Según la auditoría de la Contraloría, el representante legal de la compañía, Xavier Amador Quesada, es un maletero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que negó estar involucrado.
Los implicados
Además de Porfirio Barbosa, la ASF implicó a otros funcionarios del GDF:
María Brenda Estrada de Paz, excoordinadora de la dirección general de Administración y Desarrollo de Personal; José Antonio Tomasena Larruy, exsubdirector general de Administración y Finanzas del Metro, y Miguel Ángel Montero López, exasesor técnico de la dirección de Administración por la Policía Auxiliar del DF.
Por el ISSSTE, los implicados son: Rodolfo Pérez Reyes, exdirector del SITF; José Navarrete Ancona, exsubdirector de Finanzas; Carlos Eduardo Ruiz Belín, exsubdirector de Finanzas; Rodolfo Poumian Serrano, exsubdirector de Mercadotecnia, y José Bernardo Gil Torruco, exjefe de Servicios de Tesorería, entre otros.
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