Fox retrasa operativo en Oaxaca tras el rechazo a su "ultimátum"
Alrededor de 4 mil militares y policías esperan tomar posiciones "para restablecer el orden"
FABIOLA MARTINEZ
Arribo de militares al aeropuerto de Oaxaca Foto Francisco Olvera
El gobierno federal abrió anoche un último compás de espera antes de tomar posiciones en las zonas ocupadas de la capital oaxaqueña, operativo que se aplicará en el transcurso de este domingo para "restablecer el orden". Según fuentes oficiales consultadas, la fuerza pública se utilizará '"sólo para repeler posibles agresiones".
Después de dar un ultimátum a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para que entregue inmediatamente calles, plazas, edificios públicos y bienes de propiedad privada tomados, y de justificar el envío a la entidad de al menos 4 mil efectivos, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Carlos Abascal Carranza, dijo -a pregunta expresa- que la exigencia para el mandatario estatal, Ulises Ruiz, es que "respete el estado de derecho y se conduzca con prudencia y responsabilidad".
En un pronunciamiento hecho poco después de las 10 de la noche, el funcionario aseveró que el despliegue de fuerzas federales ordenado por el Presidente de la República obedece a la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal de garantizar la seguridad pública y la paz social, así como "a la presencia de grupos radicales, fuera de control, que ponen en riesgo la tranquilidad de la ciudadanía".
Antes, el subsecretario de Gobierno de la SG, Arturo Chávez, confirmó que "no está contemplada ninguna acción para las fuerzas federales en la noche de hoy (sábado) y la madrugada de mañana, salvo que las circunstancias así lo impusieran". Tales "circunstancias" se refieren a sucesos como los ocurridos en la víspera.
Abascal Carranza informó que la fuerza pública estará en Oaxaca "sólo el tiempo que sea necesario", y sostuvo que el operativo "no busca apoyar a ninguna de las partes en conflicto, sino únicamente el restablecimiento del orden en beneficio de la ciudadanía".
Pese a la invitación a la comisión negociadora de la APPO para que se traslade hoy a la ciudad de México a fin de continuar la negociación, el operativo federal se mantiene como una decisión tomada, con el propósito de quitar las barricadas y liberar las vías de comunicación, confirmaron las fuentes consultadas.
El responsable de la política interna sostuvo que el empleo de la fuerza pública es "un recurso legítimo que no implica coartar la libertad de expresión y el derecho de manifestación de todos los oaxaqueños".
El Ejecutivo federal justificó -en ocho puntos- el despliegue de fuerzas federales a Oaxaca por los hechos del viernes, que dejaron un saldo de tres muertos y más de 20 heridos, pero también -dijo Abascal- derivado de la solicitud de apoyo de la fuerza pública por parte del Congreso local, "ratificada hoy por el gobierno estatal", en los términos del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, agregó, se realiza ante la necesidad de brindar protección suficiente a los alumnos y maestros que han ratificado su decisión de regresar a clases a partir de mañana.
Dijo que el gobierno de la República preservará las vidas humanas, independientemente de quien se trate; también ratificó el compromiso de la administración federal de impulsar la reforma del estado en Oaxaca, tanto en lo político como en lo social y en lo económico.
"El Ejecutivo federal reitera que el empleo de la fuerza pública es un recurso legítimo que no implica coartar la libertad de expresión y el derecho de manifestación de todos los oaxaqueños", expresó.
Ulises Ruiz acude a Bucareli
Por la mañana, Abascal Carranza se reunió en Bucareli con el gabinete de seguridad (integrado por los titulares de Marina, Sedena, Seguridad Pública, Procuraduría General de la República y del Cisen), además del canciller Luis Ernesto Derbez.
Poco después de las 11 acudió al Palacio de Covián el gobernador Ulises Ruiz, quien después de permanecer alrededor de tres horas en la dependencia y sostener una reunión con Arturo Chávez, salió al volante de su camioneta negra Mercedes Benz, fuertemente custodiado por al menos cinco elementos de su equipo de seguridad.
No hubo información oficial del encuentro, pero se supo que se ultimaron detalles del operativo programado para este domingo.
Al mismo tiempo, a unos cuantos metros de donde se hallaban los funcionarios federales y el gobernador, se desarrollaba la mesa de negociación con la comisión de 14 maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Y OTRA MÁS DESDE LA JORNADA:
Ya están Ejército y PFP en Oaxaca
GUSTAVO CASTILLO
A las 4 de la madrugada empezó el despliegue de militares, marinos y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) -en su mayoría integrantes de la Policía Militar- hacia Oaxaca. Por tierra y aire llegarían a la zona en conflicto para "instaurar el estado de derecho".
Oficialmente, a las 6:30 horas de ayer la Presidencia de la República dio a conocer la movilización mediante un comunicado de prensa: "En respuesta a los acontecimientos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Oaxaca, los cuales atentan contra el orden y la paz de los ciudadanos del lugar, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, ordenó la movilización de fuerzas federales a esa ciudad".
El operativo constaría de dos vertientes: 3 mil 500 elementos con uniforme de la PFP entrarían de manera directa a los campamentos y barricadas, reforzados por 300 policías militares. Por otra parte, poco más de 5 mil efectivos del Ejército mantendrían la marcha del Plan DN-II (contrainsurgente) en cinco zonas de la entidad, para evitar el trasiego de armas, cartuchos y explosivos, y neutralizar cualquier movimiento de grupos armados.
Fuentes gubernamentales de alto nivel revelaron a La Jornada que durante la noche y la madrugada, funcionarios de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP) federal, principalmente, afinaron los últimos detalles de la acción para desarticular los plantones, protestas y movilizaciones de los integrantes de la sección 22 y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Tres mil 500 policías federales, a los que se agregarían militares y marinos vestidos como agentes de la PFP, se distribuirían en 26 grupos, cada uno con un mando civil, que dependería de un mando general.
El objetivo, según datos recabados en las últimas semanas por áreas de inteligencia del gobierno federal, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la sección segunda de la Sedena, era la capital de Oaxaca, 11 municipios conurbados y otros siete donde la APPO tiene presencia y supuestamente había instalado barricadas o tenía potencial para realizar movilizaciones.
Al mismo tiempo, los efectivos militares incrementarían su presencia en las zonas serranas y huasteca de Oaxaca para controlar cualquier intento de movilización de grupos como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Cabe señalar que desde marzo, la Sedena puso en marcha (sin darlo a conocer oficialmente) el Plan DN-II, y para ocultar sus movilizaciones inicialmente bastó que incrementara los puntos de revisión carreteros para la supuesta detección de armas y municiones.
El cerco militar sobre el estado se fue extendiendo, como mencionó en su comunicado número 187, fechado el 5 de octubre: "desde el 27 de marzo de 2006 hay un despliegue del Ejército Mexicano patrullando en Oaxaca, en acotamiento de grupos armados.
"Actualmente, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen desplegados en Miahuatlán 624 elementos pertenecientes al 6º batallón de infantería; Pinotepa Nacional, 645 del 47º; Nopala, 609 del 54º; Juxtlahuaca, 372 del 95º; Tuxtepec, 442 efectivos del 6º regimiento de caballería motorizado; Tlaxiaco, 104 pertenecientes al 95º batallón de infantería; Coxocon, 489 del 13º regimiento de caballería motorizado; Huajuapan de León, 185 efectivos de la 23 compañía de infantería no encuadrada; en los límites con Puebla, 489 elementos pertenecientes al 24º regimiento de caballería motorizado; en los límites con Guerrero, mil 455 del 4º, 48º y 93º batallones de infantería".
El despliegue, informó la Sedena, se hizo "en previsión de cualquier evento", pero agregó que en Ixcotel, Oaxaca, hay una brigada de infantería organizada con tres batallones de mil 837 efectivos, que también, tras órdenes superiores, podría desplegarse.
"En la base aérea militar ubicada en el aeropuerto de Oaxaca están disponibles, para reconocimiento, cuatro helicópteros (2 Bell 212 y 2 Bell 206).
"La Fuerza Aérea Mexicana dispone de aviones Schweizer, siendo su principal característica el ser silenciosos y permitir obtener información sensible", indicó la dependencia.
Así, desde antes de las 12 de la noche del viernes, en la Presidencia de la República se determinó el uso de la fuerza pública para "resolver el conflicto" en esa entidad. A decir de las fuentes consultadas, el operativo castrense que había propuesto la Sedena se dejó como último recurso, debido a que "no se trata de un estado de guerra interna y provocaría un efecto indeseable en la visión internacional".
Entonces se analizó la posibilidad de utilizar una fuerza compuesta por agentes federales y estatales, pero finalmente se determinó que ingresara la PFP, ya que en su mayoría son militares adscritos a esa corporación y su sujeción al mando sería inamovible.
Las fuentes consultadas revelaron que se acordó realizar el despliegue de fuerzas federales, sujetas a las órdenes de la Secretaría de Gobernación, y mientras no sea necesaria su intervención, los efectivos de las fuerzas armadas mantendrán posiciones en espera de órdenes.
Más tarde se sumaron alrededor de 120 elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la Repúplica.
El accionar de la PFP -y de los elementos de otras corporaciones que lleguen a tomar parte en el operativo-, según indicaron los funcionarios entrevistados, estaría supervisado por notarios públicos y observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los elementos federales no llevarían armas letales, pero sí agentes químicos (como gas lacrimógeno) y equipo antimotines, y en su accionar contarían con el apoyo de 10 camiones antimotines (los mismos que estuvieron varados en las inmediaciones de la Cámara de Diputados el 1° de septiembre, el día en que se impidió que Vicente Fox subiera a tribuna a leer su último Informe.
Un grupo especial, integrado en su mayoría por militares, se haría cargo de la ejecución de las órdenes de captura pendientes, ya que la PGR se mantendría al margen de cuestiones operativas, y únicamente su personal adscrito a la delegación en Oaxaca permanecería en alerta y a la espera de requerimientos específicos para iniciar acciones jurídicas, en caso necesario.
Los entrevistados mencionaron que la acción inicial sería abrir las barricadas y retirar cualquier objeto que impidiera el paso de los grupos policiacos, y no efectuar ninguna maniobra de fuerza hasta no ser objeto de agresiones.
Durante los encuentros del gabinete de seguridad también se hizo a un lado el factor sorpresa (iniciar acciones en la madrugada o al alba, como se hizo en San Salvador Atenco en mayo pasado), para evitar que surgieran acusaciones de violaciones a los derechos humanos o excesos.
También se consideró que esta medida permitiría que los integrantes de la APPO y de la sección 22 del magisterio se retiraran de las barricadas en el transcurso del sábado y se desistieran de obstaculizar el ingreso de las fuerzas federales. Mera acción disuasiva durante varias horas, a fin de avanzar de manera determinante en las negociaciones en Gobernación.
"Estos cuerpos se irán concentrando en la capital del estado en el transcurso del día".
La base militar que se localiza en el aeropuerto de Oaxaca fue el punto elegido, y luego se desplegarían conforme a los requerimientos operativos.
El primer avión con agentes federales tocó tierras oaxaqueñas antes de las 11 de la mañana, y con ello también se suspendió el tráfico aéreo comercial de manera temporal, mientras concluían los seis vuelos programados inicialmente.
Se esperaba que el último contingente partiera del aeropuerto de la ciudad de México a las 7 de la noche, hora y media antes de que Gobernación diera un ultimátum a la APPO y la sección 22.
Sólo faltaba la orden. Los funcionarios consultados indicaron que a partir de las 7 de la noche todo se "resolvería en cualquier momento del sábado o domingo".
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