Demanda Abascal a Ulises Ruiz esclarecer los hechos
El gabinete de seguridad se declara "en alerta máxima"
FABIOLA MARTINEZ
El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, exigió al mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, esclarecer de inmediato los hechos violentos ocurridos ayer "y castigar a los responsables con todo el rigor de la ley", porque éstos "no pueden quedar impunes". A la medianoche, de manera urgente, fue convocado en Los Pinos el gabinete de seguridad pública, debido a los acontecimientos, cuyo saldo preliminar es de tres muertos y más de una veintena de heridos.
De manera paralela, como oferta para avanzar en la distensión en la entidad y asegurar el pronto regreso a clases, el funcionario aceptó prácticamente todas las peticiones y condiciones expuestas por el magisterio, incluida la liberación de los presos (el próximo lunes) y la cancelación de las órdenes de aprehensión derivadas de los casi 160 días de conflicto.
También invitó a la comisión negociadora de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a regresar este sábado a la mesa de negociación para conformar una comisión política en la que pudiera definirse -como propuso la asamblea- el inmediato envío de un subsecretario federal para que tome el mando de las policías municipales y estatal. De igual forma, en esta instancia se evaluarían las alternativas para seguir impulsando la salida del mandatario.
Con ello, según las previsiones oficiales, y con la aceptación de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se busca el regreso paulatino a las aulas a partir del próximo lunes, tras la firma de la minuta correspondiente, cuyo sustento gira también en torno a brindar seguridad a los profesores que regresen a las escuelas, ante la posesión de múltiples planteles "en manos de gente de Ruiz, priístas, autoridades municipales y de (Elba Esther) Gordillo", presidenta del SNTE.
Reunión del gabinete de seguridad
El presidente Vicente Fox canceló su viaje al rancho San Cristóbal y a Monterrey, ante la urgencia de encabezar esta reunión junto con el secretario Abascal Carranza.
De acuerdo con fuentes consultadas de la SG, los funcionarios "deberán tomar una decisión en las próximas horas" para restablecer el estado de derecho en la entidad y asegurar la investigación y castigo "para todos los responsables, independientemente del grupo o bando al que pertenezcan". Los funcionarios del gabinete de seguridad (Sedena, Marina, Gobernación, Cisen y PGR) -según las fuentes- se declararon en "alerta máxima".
En la semana que termina se evaluaron dos escenarios, con base en la decisión que tome el magisterio. De regresar a las aulas aplicarían de inmediato -luego de obtener consenso entre los dirigentes de la APPO- el control de las policías locales, pero en caso de que los sucesos (como los ocurridos ayer) subieran de nivel no se descarta el uso de la fuerza pública federal para restablecer el orden.
Al cierre de esta edición los funcionarios continuaban reunidos en la residencia oficial.
Compromisos firmados
De acuerdo con información obtenida por La Jornada, el funcionario dijo que los compromisos asumidos por el gobierno federal, asentados en documentos del 9 y 10 de octubre, están ya firmados, los cuales incluyen, precisamente, el envío del subsecretario para restablecer el orden y la seguridad en la entidad.
Respecto de los hechos violentos, el funcionario expresó: "Es lamentabilísimo que haya heridos, etcétera. Ese tipo de violencia brutal tiene consecuencias lamentables (y) da pretextos a los más violentos de ambas partes para que suceda lo que ha sucedido".
"Entonces -agregó Abascal en la reunión con la comisión de 14 profesores de la sección 22-, ustedes (el magisterio) tienen que deslindarse públicamente de la violencia y yo exigiré al gobierno del estado el esclarecimiento inmediato de los hechos."
Con el propósito de amarrar el regreso a clases, el responsable de la política interna del país les dijo, con voz inusualmente pausada, lejos de cualquier aspaviento: "nosotros hacemos lo que ustedes quieran, lo que resulte eficaz. No nos vamos a meter en su vida interna (del sindicato), no lo hemos hecho. Si ustedes me dicen que quieren firmada la minuta hoy, bueno, pues ya se ha dicho todo. Ya no hay tiempo. Está comprometido, el lunes (los presos) estarán libres (y) las órdenes de aprehensión se cancelarán".
Cuando el funcionario dijo a los maestros de la comisión negociadora que la violencia "siempre tiene dos partes", una profesora le respondió que si bien este gremio acepta su responsabilidad en las consecuencias del conflicto, es necesario que no se olvide el origen de la movilización y la petición irrenunciable de la salida del gobernador, ante la ola de ataques y amenazas de que son víctimas los integrantes de la APPO.
Abascal manifestó su inquietud por encontrarse con un nuevo viraje de la asamblea magisterial: "Nuestra preocupación es que no vaya a suceder que ustedes, el día de mañana, en su nueva asamblea replanteen, cuestionen, se enfrenten. Aquí necesitamos una certeza absoluta (porque) la sociedad ya no les cree a ustedes y ya no nos está creyendo a nosotros (el gobierno federal), sin embargo, nosotros estamos creyendo en ustedes.
"Aquí la credibilidad de los dos (maestros y gobierno) está empeñada, entonces, ya no puede haber un nuevo cambio de la jugada."
Antes, en Aguascalientes, el funcionario defendió la estrategia del gobierno foxista. "Yo te pregunto -dijo a un reportero- si el método hubiera sido entrar a sangre y fuego y hubiera habido personas que fallecieran, ¿tú crees que se habría ganado tiempo?"
Por la noche, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para condenar la violencia ocurrida ayer en Oaxaca, y advirtió que los hechos violentos "no pueden quedar impunes".
La dependencia -se agrega en el boletín- reitera que se mantendrá abierta para resolver la problemática por la vía del diálogo, sin renunciar a las atribuciones que le marca la Constitución.
En un receso del encuentro de funcionarios de Gobernación y la comisión de la sección 22, el dirigente de ésta, Enrique Rueda Pacheco, exigió el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de las agresiones, cometidas "por grupos que han estado en el poder".
De igual forma, reiteró que el regreso a clases está avalado por la asamblea estatal y su aplicación está sujeta a los términos de la minuta. El líder de los maestros oaxaqueños dejó en claro que -pese a los muertos y heridos- esta sección no se retira de la mesa de negociación.
La minuta entre gobierno y magisterio
En la propuesta presentada ayer por la sección 22 al titular de Gobernación, misma que el funcionario se comprometió a dejar prácticamente en los mismos términos, se reitera, como demanda principal, la salida de Ulises Ruiz.
El magisterio estableció, a partir de la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, la Democracia y la Justicia en Oaxaca, la inclusión de diversos sectores para elaborar una propuesta "vinculante de reformas legislativas, institucionales y administrativas" encaminadas a la transformación profunda de la entidad.
Para ello, demandan el reconocimiento del Consejo Ciudadano de Seguridad -en el cual participe la APPO y enviados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros grupos defensores de garantías- para que desde ahí se diseñen las medidas de distensión y restablecimiento de la seguridad.
Seis mesas especiales, una exigencia
La sección 22 exige la formación de seis "mesas especiales", integradas fundamentalmente por los ciudadanos, que atiendan el retiro de las barricadas, generación de garantías y medidas de seguridad local.
El plan de distensión abarca la liberación de presos, cancelar órdenes de aprehensión, crear un fideicomiso en favor de las familias de "nuestros muertos y heridos", cumplimiento de las medidas cautelares y castigo a los culpables de los hechos de represión.
El magisterio se compromete, de manera simultánea al cumplimiento de las exigencias anteriores, a entregar diversas instalaciones y vehículos gubernamentales, "en el entendido que la lucha principal en contra del señor Ulises Ruiz no ha terminado y que la devolución material no significa dejar de insistir en la ingobernabilidad en el estado, que continuaremos nuestra legítima y legal movilización y expresión social". En la última parte de la minuta se coloca la agenda magisterial, con el eje del convenio de rebonificación para este gremio.
Con información de Claudio Bañuelos
El gabinete de seguridad se declara "en alerta máxima"
FABIOLA MARTINEZ
El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, exigió al mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, esclarecer de inmediato los hechos violentos ocurridos ayer "y castigar a los responsables con todo el rigor de la ley", porque éstos "no pueden quedar impunes". A la medianoche, de manera urgente, fue convocado en Los Pinos el gabinete de seguridad pública, debido a los acontecimientos, cuyo saldo preliminar es de tres muertos y más de una veintena de heridos.
De manera paralela, como oferta para avanzar en la distensión en la entidad y asegurar el pronto regreso a clases, el funcionario aceptó prácticamente todas las peticiones y condiciones expuestas por el magisterio, incluida la liberación de los presos (el próximo lunes) y la cancelación de las órdenes de aprehensión derivadas de los casi 160 días de conflicto.
También invitó a la comisión negociadora de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a regresar este sábado a la mesa de negociación para conformar una comisión política en la que pudiera definirse -como propuso la asamblea- el inmediato envío de un subsecretario federal para que tome el mando de las policías municipales y estatal. De igual forma, en esta instancia se evaluarían las alternativas para seguir impulsando la salida del mandatario.
Con ello, según las previsiones oficiales, y con la aceptación de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se busca el regreso paulatino a las aulas a partir del próximo lunes, tras la firma de la minuta correspondiente, cuyo sustento gira también en torno a brindar seguridad a los profesores que regresen a las escuelas, ante la posesión de múltiples planteles "en manos de gente de Ruiz, priístas, autoridades municipales y de (Elba Esther) Gordillo", presidenta del SNTE.
Reunión del gabinete de seguridad
El presidente Vicente Fox canceló su viaje al rancho San Cristóbal y a Monterrey, ante la urgencia de encabezar esta reunión junto con el secretario Abascal Carranza.
De acuerdo con fuentes consultadas de la SG, los funcionarios "deberán tomar una decisión en las próximas horas" para restablecer el estado de derecho en la entidad y asegurar la investigación y castigo "para todos los responsables, independientemente del grupo o bando al que pertenezcan". Los funcionarios del gabinete de seguridad (Sedena, Marina, Gobernación, Cisen y PGR) -según las fuentes- se declararon en "alerta máxima".
En la semana que termina se evaluaron dos escenarios, con base en la decisión que tome el magisterio. De regresar a las aulas aplicarían de inmediato -luego de obtener consenso entre los dirigentes de la APPO- el control de las policías locales, pero en caso de que los sucesos (como los ocurridos ayer) subieran de nivel no se descarta el uso de la fuerza pública federal para restablecer el orden.
Al cierre de esta edición los funcionarios continuaban reunidos en la residencia oficial.
Compromisos firmados
De acuerdo con información obtenida por La Jornada, el funcionario dijo que los compromisos asumidos por el gobierno federal, asentados en documentos del 9 y 10 de octubre, están ya firmados, los cuales incluyen, precisamente, el envío del subsecretario para restablecer el orden y la seguridad en la entidad.
Respecto de los hechos violentos, el funcionario expresó: "Es lamentabilísimo que haya heridos, etcétera. Ese tipo de violencia brutal tiene consecuencias lamentables (y) da pretextos a los más violentos de ambas partes para que suceda lo que ha sucedido".
"Entonces -agregó Abascal en la reunión con la comisión de 14 profesores de la sección 22-, ustedes (el magisterio) tienen que deslindarse públicamente de la violencia y yo exigiré al gobierno del estado el esclarecimiento inmediato de los hechos."
Con el propósito de amarrar el regreso a clases, el responsable de la política interna del país les dijo, con voz inusualmente pausada, lejos de cualquier aspaviento: "nosotros hacemos lo que ustedes quieran, lo que resulte eficaz. No nos vamos a meter en su vida interna (del sindicato), no lo hemos hecho. Si ustedes me dicen que quieren firmada la minuta hoy, bueno, pues ya se ha dicho todo. Ya no hay tiempo. Está comprometido, el lunes (los presos) estarán libres (y) las órdenes de aprehensión se cancelarán".
Cuando el funcionario dijo a los maestros de la comisión negociadora que la violencia "siempre tiene dos partes", una profesora le respondió que si bien este gremio acepta su responsabilidad en las consecuencias del conflicto, es necesario que no se olvide el origen de la movilización y la petición irrenunciable de la salida del gobernador, ante la ola de ataques y amenazas de que son víctimas los integrantes de la APPO.
Abascal manifestó su inquietud por encontrarse con un nuevo viraje de la asamblea magisterial: "Nuestra preocupación es que no vaya a suceder que ustedes, el día de mañana, en su nueva asamblea replanteen, cuestionen, se enfrenten. Aquí necesitamos una certeza absoluta (porque) la sociedad ya no les cree a ustedes y ya no nos está creyendo a nosotros (el gobierno federal), sin embargo, nosotros estamos creyendo en ustedes.
"Aquí la credibilidad de los dos (maestros y gobierno) está empeñada, entonces, ya no puede haber un nuevo cambio de la jugada."
Antes, en Aguascalientes, el funcionario defendió la estrategia del gobierno foxista. "Yo te pregunto -dijo a un reportero- si el método hubiera sido entrar a sangre y fuego y hubiera habido personas que fallecieran, ¿tú crees que se habría ganado tiempo?"
Por la noche, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para condenar la violencia ocurrida ayer en Oaxaca, y advirtió que los hechos violentos "no pueden quedar impunes".
La dependencia -se agrega en el boletín- reitera que se mantendrá abierta para resolver la problemática por la vía del diálogo, sin renunciar a las atribuciones que le marca la Constitución.
En un receso del encuentro de funcionarios de Gobernación y la comisión de la sección 22, el dirigente de ésta, Enrique Rueda Pacheco, exigió el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de las agresiones, cometidas "por grupos que han estado en el poder".
De igual forma, reiteró que el regreso a clases está avalado por la asamblea estatal y su aplicación está sujeta a los términos de la minuta. El líder de los maestros oaxaqueños dejó en claro que -pese a los muertos y heridos- esta sección no se retira de la mesa de negociación.
La minuta entre gobierno y magisterio
En la propuesta presentada ayer por la sección 22 al titular de Gobernación, misma que el funcionario se comprometió a dejar prácticamente en los mismos términos, se reitera, como demanda principal, la salida de Ulises Ruiz.
El magisterio estableció, a partir de la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, la Democracia y la Justicia en Oaxaca, la inclusión de diversos sectores para elaborar una propuesta "vinculante de reformas legislativas, institucionales y administrativas" encaminadas a la transformación profunda de la entidad.
Para ello, demandan el reconocimiento del Consejo Ciudadano de Seguridad -en el cual participe la APPO y enviados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros grupos defensores de garantías- para que desde ahí se diseñen las medidas de distensión y restablecimiento de la seguridad.
Seis mesas especiales, una exigencia
La sección 22 exige la formación de seis "mesas especiales", integradas fundamentalmente por los ciudadanos, que atiendan el retiro de las barricadas, generación de garantías y medidas de seguridad local.
El plan de distensión abarca la liberación de presos, cancelar órdenes de aprehensión, crear un fideicomiso en favor de las familias de "nuestros muertos y heridos", cumplimiento de las medidas cautelares y castigo a los culpables de los hechos de represión.
El magisterio se compromete, de manera simultánea al cumplimiento de las exigencias anteriores, a entregar diversas instalaciones y vehículos gubernamentales, "en el entendido que la lucha principal en contra del señor Ulises Ruiz no ha terminado y que la devolución material no significa dejar de insistir en la ingobernabilidad en el estado, que continuaremos nuestra legítima y legal movilización y expresión social". En la última parte de la minuta se coloca la agenda magisterial, con el eje del convenio de rebonificación para este gremio.
Con información de Claudio Bañuelos
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