Directivos y empleados del consorcio gasero Grupo Zeta, que durante la década de 1990 fueron investigados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, por el delito de tráfico de cocaína procedente de México, están bajo la lupa de las autoridades fiscales mexicanas por presunto lavado de dinero
Los problemas que enfrenta el Grupo Zeta con autoridades mexicanas y estadounidenses no terminan. Después de que el consorcio gasero más importante de México, propiedad de Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo Jesús Zaragoza López, fue investigado por la DEA en la década de los noventa por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, ahora la Secretaría de Hacienda mantiene abierta una investigación por supuesto lavado de dinero en contra de Oscar Matamoros Núñez y Sergio Cisneros Mata, empleados del Grupo Zeta en las oficinas centrales de Ciudad Juárez, Chihuahua,
Las investigaciones por blanqueo de capitales se centran en movimientos financieros multimillonarios realizados a través de cuentas bancarias a nombre de esos dos empleados con muchos años de servicio en la empresa y que mantienen una estrecha relación con Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo Jesús Zaragoza López.
Las indagaciones de las autoridades financieras mexicanas apuntan al origen de los recursos descubiertos en cuentas bancarias abiertas a nombre de Matamoros Núñez y Cisneros Mata, pues la capacidad económica y el salario de ambos empleados del Grupo Zeta no justifican los movimientos financieros multimillonarios que realizaron en su nombre, por lo que su estrecha relación con Miguel y Jesús Zaragoza y la aparición de algunas de las empresas del consorcio como parte de las transacciones investigadas, pudieran apuntar a una participación directa de Grupo zeta en operaciones financieras ilícitas.
En 2003, la Administración General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF) abrió el expediente No. IPF5300011/03 en contra de Sergio Cisneros Mata, debido a que en sus cuentas bancarias el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descubrió movimientos financieros (depósitos) por 750 millones de pesos, cuando se trata de un trabajador del área administrativa de las oficinas centrales en Ciudad Juárez, por lo que presume que este empleado era utilizado por los dueños del Grupo Zeta para ocultar cientos de millones de pesos, y cuyas operaciones son sospechosas del delito de blanqueo de capitales, como lo establece el artículo 115 Bis del Código Penal.
Para explicar el origen del dinero, Cisneros Mata argumentó ante la Secretaría de Hacienda que se dedicaba a la compra-venta de dólares, pero en la auditoría se encontró que este empleado del Grupo Zeta no está dado de alta en el SAT bajo ningún giro y que utilizaba un Registro Federal de Contribuyentes apócrifo. Adicionalmente será necesario aclarar de dónde provino el dinero, ya que la mayoría de los depósitos fueron hechos en efectivo y se investiga si los recursos fueron reincorporados a las compañías del Grupo Zeta.
En el expediente se cita a Industrias Pikin, S.A de C.V. como una de las empresas que le hicieron depósitos bancarios por lo menos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000. Sobre esos depósitos, Cisneros Mata argumentó que correspondían a “operaciones accidentales” que realizó para dicha empresa, por lo cual no llevó contabilidad, ningún registro y tampoco conservó documentación que amparara los estados de cuenta bancarios.
Industrias Pikin, S.A. de C.V. forma parte de Grupo Zeta y su denominación alude directamente al sobrenombre utilizado por uno de los hijos de Miguel Zaragoza Fuentes, fallecido en un accidente automovilístico.
A raíz de que el nombre de su empresa salió a relucir en la indagatoria de Hacienda, Miguel y Jesús Zaragoza cambiaron la razón social de Industrias Pikin S.A de C.V. por Tanques de Acero del Bravo S.A. (Tabsa), con la cual operan hasta ahora.
Curiosamente en las instalaciones del Grupo Zeta en Ciudad Juárez la planta de Tabsa (ubicada justo a un costado de la oficina de Miguel y Jesús Zaragoza) aún tiene rotulado el nombre original de Industrias Pikin S.A. sobre la pared frontal en letras azul marino. Actualmente Cisneros Mata tramita un amparo ante las autoridades federales.
En noviembre de 2006, la SHCP inició una investigación en contra de Oscar Matamoros Núñez, quien ante el SAT se registró como “prestador de servicios de asesoría, administración y organización de empresas”, pero en sus cuentas bancarias de Banorte y Banamex se encontraron depósitos por 350 millones de pesos tan sólo en 2002. En esta investigación se involucra a otra compañía propiedad de Grupo Zeta, llamada Servicios Administrativos Atlas, S.A. de C.V., que recibió en su domicilio el citatorio de la investigación y el cual fue modificado para incluir el domicilio particular de Oscar Matamoros Núñez.
De acuerdo con el expediente IPF5300005/06, ninguno de los requerimientos fue respondido por Matamoros Núñez y, ante los auditores, su hija Berenice Matamoros justificó que su padre estaba fuera de la ciudad. Pero según el expediente de la AGAFF, actualmente se encuentra prófugo.
En entrevista, Jesús Alonso Zaragoza López, presidente del conglomerado que integra a 80 empresas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y que han desplazado a Petróleos Mexicanos en actividades que de acuerdo con la Constitución Mexicana sólo puede realizar esa empresa del Estado, confirma las indagatorias de la SHCP en su contra y de sus trabajadores en las que se involucra a Industrias Pikin S.A de C.V., empresa de su propiedad, dedicada a la elaboración de carrocerías de pipas de gas, tanques de almacenamiento y cilindros caseros.
El dueño del consorcio gasero trata de explicar que las operaciones financieras multimillonarias de dos de sus trabajadores son sólo “asuntos personales” de Matamoros Núñez y Cisneros Mata, y confirma que ambos empleados siguen trabajando para en actividades que no puede precisar. Los cierto es que las dos personas investigadas son empleados de confianza del Grupo Zeta y tienen varias décadas de servicio. Según datos integrados en los expedientes abiertos en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, los dos empleados de Grupo Zeta se encuentran prófugos.
Emporio bajo sospecha
En Ciudad Juárez, atestada de casi 3 millones de migrantes que sobreviven en la marginación urbana y asechan el paso del norte, con los dedos de las manos se cuenta a las familias que son dueñas de todo.
Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López son reconocidos por sus vínculos con presidentes, gobernadores y secretarios de Estado; poseen un hangar privado para sus tres jets ejecutivos, cuyo rotulo: “Zeta”, es visible a más de 15 mil pies de altura. En la frontera más grande del mundo, controlan un verdadero emporio.
El poder del dinero se deja sentir. La monotonía del árido y seco paisaje que ofrece la carretera Panamericana se rompe cuando los ojos tropiezan con una hilera de árboles y césped bien cuidados que lucen verdes la mayor parte del año, dentro de las 30 hectáreas de las oficinas corporativas del Grupo Zeta, justo frente al aeropuerto de Juárez.
En el mismo complejo están la planta de almacenamiento de Hidrogas, Industrias Pikin o Tabsa, canchas de beisbol y futbol, albercas, deportivo, salones para eventos sociales, y la llamada Universidad del Gas, en la que se capacita a los 10 mil empleados del consorcio en México y donde se mantiene una réplica a escala del barco “Evangelina 1”, llamado así en honor de la esposa de Miguel Zaragoza Fuentes.
La oficina principal de los dueños del también llamado Grupo Miguel Zaragoza es un edificio estilo neoclásico, de techos altos y columnas jónicas. Los pisos cubiertos de enormes mosaicos pulidos, vestidos por gruesas alfombras. El edificio entero está ventilado por un sistema de aire que no se aprecia a simple vista. Un paraíso en la tierra donde el sol es abrasador.
Las enormes puertas de metal y cristal son controladas por un sistema de seguridad electrónico, y en la parte más alta un vitral que ostenta la letra Z.
La sala de juntas –a la que se accede tras subir una escalinata alfombrada con barandales de hierro repujado cubierto de bronce– es una enorme estancia de amplios ventanales con cortinas de terciopelo verde, franqueadas por columnas romanas. Los muebles son de madera de caoba laqueada en colores negro y oro traídos de El Paso, Texas.
Detrás de la enorme mesa de caoba rematada con detalles egipcios de madera estofada, Jesús Zaragoza López habla de las investigaciones en las que se involucra a Industrias Pikin y sus dos empleados en presunto lavado de dinero.
De entrada, desestima las indagatorias y dice que no le preocupan, y que los abogados de Oscar Matamoros y Sergio Cisneros “se harán cargo del asunto”.
–Oscar Matamoros y Sergio Cisneros, investigados por lavado de dinero, ¿siguen trabajando con usted?
–Si son gente que trabaja con nosotros. Yo hablé con ellos y efectivamente comentaron que tienen una revisión de la Secretaría de Hacienda.
–¿Le dijeron el por qué de esa revisión?
–No quisieron decir más. Así, simple y llanamente, dijeron que sus abogados están viendo ese asunto.
–¿Qué significa para el Grupo Zeta el que sus trabajadores estén bajo investigaciones de ese tipo?
–Yo creo que mucha gente está siendo investigada dentro de la empresa, funcionarios y empleados…
–¿Le parece normal?
–Yo creo que todos los ejecutivos y funcionarios han de estar investigados o en proceso de auditoría.
–¿Qué hacen Sergio y Oscar dentro de la empresa?
–Los dos están en el área operativa.
–¿De qué área estamos hablando?
–De las operaciones en la empresa, desde el movimiento de plantas, de camiones, en parte de la administración, en todo.
–¿Le preocupa que estén siendo investigados?
–La verdad ahorita no. Todavía no. Es una investigación más personal que de la empresa.
–Pero en las actas de Hacienda se cita a su empresa.
-No sé por qué ellos hayan dado este domicilio, pero sus abogados que lo arreglen.
-¿Esto no es motivo de despido?
-No, la verdad no.
Zaragoza López se niega a proporcionar más datos. Este tipo de indagatorias son para él cosa de rutina, por sus buenos vínculos con funcionarios y ex funcionarios del gobierno federal, y las prebendas que ha recibido de las autoridades fiscales, como cuando Hacienda impuso a Miguel Zaragoza Fuentes una multa de 30 millones de pesos por evasión de impuestos y a los pocos días le devolvió 29 millones.
Zaragoza López explica: “fíjese, cosas curiosas, sólo de mi papá (Miguel Zaragoza Fuentes) pagamos 30 millones de pesos de multas y recargos, pero después, por amnistías de Hacienda nos regresaron 29 millones de pesos”.
Relaciona las indagatorias contra sus empleados con la investigación que hace una década la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió contra su familia por narcotráfico. Dice que aunque la investigación de la DEA concluyó hace cuatro años, las autoridades hacendarias mexicanas “se reservaron el derecho de seguirnos investigando”.
Zaragoza presume: “Ninguna autoridad se atrevería a decidir ‘sabes que, cierra la investigación contra el Grupo Zeta’.”
Investigaciones por narcotráfico
La mala fama de Miguel Zaragoza Fuentes y sus hijos Jesús Alonso y Miguel Zaragoza López empezó hace 17 años, en noviembre de 1990, cuando en la frontera de California, agentes antidrogas de Estados Unidos detuvieron un trailer de la empresa Hidrogas, cargado con varias toneladas de cocaína. A partir de entonces, la DEA abrió una investigación contra los dueños de Zeta Gas.
La indagatoria se basaba –además de la droga encontrada en el trailer– en los presuntos vínculos de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López con los fundadores del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes. El primero, tío político de Jesús Zaragoza.
Jesús Zaragoza López comenta que creyó que las autoridades de Estados Unidos lo encarcelarían a él y a su familia por la droga descubierta. Ahora, muchos años después, habla de los interrogatorios a que fueron sometidos varios miembros de su familia y de las presiones que sufrieron. Se muestra incómodo pero acepta recordar algo de esa historia de narcotráfico.
“Empieza con los traileres de nuestra empresa que cruzaban la frontera norte y se regresaban vacíos, y en esa ocasión a un agente de la DEA se le hizo sospechoso y pidió detener un vehículo para revisarlo, pero no encontraron nada. Sólo que un perro entrenado para olfatear droga no dejaba de ladrar en las llantas, así que trajeron a otro perro y éste ladró también a las llantas del trailer. Entonces trajeron a una persona para que las desmontara y al revisarlas no encontraron nada. Los agentes de la DEA no estaban de acuerdo con lo ocurrido, pero como ya había pasado el tiempo en que podían tener detenido al chofer y el trailer, sólo dejaron ir al chofer.
“Al día siguiente nos hablaron de la oficina de Aduanas para preguntar por qué no habíamos ido con el mecánico para destapar el tanque, y el jefe de transporte de la empresa les dijo que no sabía. Entonces nos informaron que tenían un trailer de nosotros detenido, por lo que el jefe de transporte fue con el mecánico a esa zona para destapar el trailer, además ya habían subido el trailer a la báscula y pesaba de más, por lo que lo destaparon y encontraron 7 mil libras de droga (cocaína), y así empezó la investigación. Obviamente del chofer ya no se volvió a saber nada.”
Fuente: Ana Lilia Pérez, Contralínea. Nota completa por acá, picale.
