La guerra
Felipe Calderón ha cometido un enorme error al empezar su sexenio poniendo sobre la mesa su carta más fuerte, el Ejército, en una guerra que de entrada tiene perdida: derrotar al narcotráfico. El Ejército, a pesar de todos sus esfuerzos, de todo su armamento y de sus elementos capacitados para enfrentar enemigos peligrosos, no podrá derrotar al narcotráfico si tomamos en cuenta que se trata del principal negocio ilegal del mundo, en el cual están involucrados políticos, banqueros, gobernantes, policías, militares y empresarios de muchos países, entre los cuales se encuentra México. Así, de entrada, Calderón falla en su estrategia de lucha contra el narcotráfico al declarar la guerra a un poder supranacional, que no tiene fronteras y que cuenta con socios poderosos en los mercados internacionales. También falla su estrategia, pues se centra en atacar solamente a las bandas mediante el uso de la fuerza, dejando a un lado las labores de inteligencia, los planes de combate a la pobreza en zonas de producción de enervantes, los programas de salud y de prevención, así como las tareas de limpieza de los cuerpos policiacos, militares y de aduanas, que han sido corrompidos por los narcotraficantes. Al mandar al Ejército a una guerra donde hay miles de enemigos que combatir, quema la carta más fuerte de su gobierno, a la institución que por muchos años era la más confiable para la sociedad. ¿Y después del Ejército quién queda en la banca para continuar con la lucha contra el narcotráfico, que es permanente, no de un solo día? El Ejército ya comenzó a sufrir sus primeras derrotas en un campo de batalla que se multiplica por todo el país. Además de las bajas en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, sus acciones no tienen el efecto que se esperaba, pues no se ve que haya mermas en el poder y la influencia del narcotráfico, sino todo lo contrario; este último parece cada día más fuerte y su poderío cada vez más salvaje e incontrolable. Además las acciones del Ejército son cuestionadas por los partidos políticos y por la propia sociedad que se ve amenazada por las constantes violaciones a los derechos humanos en los operativos que se llevan a cabo. Tan sólo en los operativos recientes en Michoacán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 52 quejas o denuncias, de las cuales cuatro son por presunta violación a otras tantas menores de edad. Muy a su pesar, la comisión presidida por José Luis Soberanes ya reconoció que una joven de 16 años fue violada por soldados y de las otras tres se esperan los resultados de los exámenes médicos. Además se reportaron casos de tortura, allanamiento de morada, privación de la libertad y suspensión de garantías en algunas de las comunidades de Michoacán a las que entraron violentamente los soldados. El miedo a una guerra perdida, a la violencia, a las ejecuciones de día y noche, ha comenzado a pernear en la sociedad, de ahí que Calderón decidiera desplegar una campaña en los medios en los que pide la unidad de los mexicanos para combatir a los “enemigos”. Como si fuera suficiente una campaña mediática para cambiar la percepción de la realidad: más de mil ejecuciones en cuatro meses de gobierno, la novena parte del total registrado en todo el sexenio de Vicente Fox. El problema para Calderón vendrá cuando tenga que reconocer que el Ejército Mexicano fue derrotado en el propio territorio nacional por un enemigo que se multiplica todos los días porque encuentra las condiciones fértiles para hacerlo. En su soberbia es posible que Calderón nunca vaya a reconocer una derrota y por ello no se descarta que siga aplicando la fuerza militar para tratar de apagar los movimientos sociales que siempre se generan cuando se percibe la incapacidad de gobernar. La guerra perdida contra el narcotráfico será, entonces, más que peligrosa para el país, pues además de un Ejército cuestionado en su fuerza institucional, se tendrá una figura presidencial tambaleante, fracasada en sus metas, débil para terminar sus seis años.
Nota de josé gil olmos, Proceso.
Fuerza sin límites
Lejos de lograr un mando único de la policía federal, el presidente Felipe Calderón recurrió de nuevo al Ejército: creó un cuerpo militar de élite integrado por 3 mil 500 elementos y que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero que actuará por instrucciones directas del mandatario. El “Decreto por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal” –firmado por Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván– se publicó el 9 de mayo en el Diario Oficial de la Federación dos días después de que el Ejército atacó con armas de alto poder una casa de Apatzingán, Michoacán, en donde se atrincheró un grupo de narcotraficantes. Los elementos del nuevo cuerpo de élite serán capacitados para el “manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”, con el propósito de restablecer “el orden público y el estado de derecho”. Intervendrán por instrucciones del presidente de la República y a petición expresa, “fundada y motivada”, de las autoridades civiles. Y aunque hasta la segunda semana de agosto vence el plazo para dotar al Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal de recursos humanos, materiales y presupuestarios, Calderón ya dispuso que inicie sus operaciones en Veracruz. El gobernador de esta entidad, Fidel Herrera, lo anunció el viernes 11 luego de comunicarse con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien le dijo que Calderón había autorizado que esa fuerza ataque a los narcotraficantes de forma “selectiva y quirúrgica” en Veracruz. El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal asumirá las funciones –ampliadas– que tenían las Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), integrada en su mayoría por miembros del Ejército y dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con lo anunciado por Calderón, la PFP se fusionará con la Agencia Federal de Investigación (AFI) y otras policías federales como la fiscal y la migratoria. Pero el mando único de las policías está lejos de concretarse debido a las pugnas entre la PFP y la AFI. Calderón tuvo que buscar una alternativa, y fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que le propuso el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal. Pero la creación de esa fuerza especial genera temores porque sus funciones, tan amplias como vagas, ponen en peligro el respeto a los derechos humanos. Lo mismo actuará en casos de delincuencia organizada, en especial de narcotráfico, que en situaciones donde se considere que existe perturbación social. El decreto fue cuestionado incluso por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien en marzo pasado defendió al Ejército ante las acusaciones de que unos militares violaron a Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, y causaron su muerte. El viernes 11, en Zacatecas, Soberanes declaró sobre las amplias atribuciones que Calderón le dio al nuevo cuerpo especial del Ejército: “Esa debe ser labor de la PFP… El Ejército no está para cuidar las calles… está para cuidar la seguridad nacional”.
La falacia de la guerra
Mónica Serrano, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y de la Escuela Militar de Inteligencia –perteneciente al Ejército y la Fuerza Aérea–, asegura que el decreto “encaja muy bien en lo que ha sido la aproximación de Calderón al tema de la autoridad, en la idea de que el símbolo grandilocuente de la autoridad es el Ejército”. No es la primera vez que el Ejército crea ese tipo de cuerpos para combatir el narcotráfico. Actualmente cuenta con las Fuerzas Especiales del Alto Mando, que dependen directamente del secretario de la Defensa y que a principios de 2006 sustituyeron al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Alto Mando. Conocidos como Gafes, los integrantes de este grupo, creado en 1994 a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y entrenados en antiterrorismo, participaron después en cateos y labores de inteligencia contra la delincuencia organizada. Sin embargo, varios de sus elementos se pasaron al servicio de ese enemigo. Además, la Sedena creó en 1998 los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Ganfes). A diferencia de esas fuerzas, que se concentraban en tareas relacionadas con la seguridad nacional y estaban bajo el mando del titular de la Sedena, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal estará en manos de Calderón –aunque pertenezca a la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional– y participará en labores de seguridad pública. Calderón sustentó la creación de esta unidad especial en sus facultades presidenciales, en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en una jurisprudencia adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 1996. La corte resolvió entonces que tanto el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles en labores de seguridad pública. Pero la corte aclaró que las Fuerzas Armadas pueden participar en acciones civiles a favor de la seguridad pública ante situaciones que no requieran la suspensión de garantías. Su participación, precisamente, tiene el fin de evitar el desarrollo de condiciones graves que obliguen a decretar esa suspensión. Sin embargo, al justificar su decisión, Calderón estableció que en la estructura del Ejército y la Fuerza Aérea “debe existir” un cuerpo especial “bajo las órdenes del presidente de la República… para atender el surgimiento de fenómenos y situaciones excepcionales que pongan en riesgo la seguridad interior de la nación, el orden público, la integridad y la vida de los ciudadanos o la estabilidad de cualquier parte del país”. A decir de la especialista Mónica Serrano, esas amplias atribuciones muestran “la ilusión que hay en el gobierno de que con el uso de las Fuerzas Armadas hay una recuperación de la autoridad; pero la recuperación del territorio –como ellos le llaman– o de la autoridad política no puede ir con el despliegue militar”. Ante una situación de emergencia, dice, los soldados responderán como en Michoacán, con una ferocidad sin límites: “Están entrenados para responder a un enemigo, no se les puede pedir que se comporten de forma prudente con la población”. Más aún, “si los elementos de ese grupo van a poder incursionar en poblaciones y arrestar a quien consideren sospechoso, estaremos ante un incontenible problema de atropello de los derechos humanos”. Serrano, quien también es investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford, señala que antes el problema del narcotráfico estaba localizado en algunos estados, pero hoy tenemos un contagio en buena parte del territorio nacional. “A esa lógica quiere responder Calderón y es comprensible que en esa estrategia las Fuerzas Armadas sean la punta de lanza del Estado mexicano. Piensan que es la mejor vía y que las bajas son inevitables. Es muy probable que las bajas que ha tenido la policía se transfieran a las Fuerzas Armadas. Y la respuesta va a ser muy dura”, prevé Serrano. Lo que el gobierno llama la recuperación del territorio, enfatiza la especialista, pasa por la reconstrucción de la autoridad política, pero ésta no puede aparejarse con el despliegue de las Fuerzas Armadas. Explica: “Cuando se arrasa una población donde la gente encuentra sustento en redes ligadas al narcotráfico, la probabilidad de que esas personas reaccionen contra esos operativos es doble; no sólo por los atropellos a los derechos humanos, sino por las redes de complicidad que calan muy hondo y dificultan los operativos quirúrgicos y limpios. “El territorio no está tomado por este supuesto adversario, sino copado por las redes de complicidad con la población civil, pues la economía política de las drogas está generando el sustento de muchas familias.” Por ello, Serrano rechaza el discurso oficial de que México se encuentra en una guerra contra el narcotráfico: “Está pasando lo mismo que hizo Bush con el terrorismo. Cuando uno acepta que estamos en guerra se está legitimando la respuesta militar... Hay que reconocer que existe una contienda entre el narcotráfico y el Estado por la sociedad. Pero lo que provoca temor es la tendencia de darle prerrogativas crecientes a las Fuerzas Armadas”, que están ocupando cada vez más espacios en la vida pública del país. Por su parte, Raúl Benítez Manaut, miembro del Centro de Investigaciones para América del Norte de la UNAM y actual profesor visitante en la American University de Washington, considera que Calderón “dejó en claro que le tiene más confianza a las Fuerzas Armadas, además de que no les puede dar órdenes directas a las policías estatales y municipales”. Además, “su amistad con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, lo puede acercar a las soluciones de mano dura, pues a Uribe le han dado popularidad, aunque en países como El Salvador y Honduras el resultado del endurecimiento ha sido el aumento de los homicidios”. Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública federal y excomisionado de la PFP, asegura que al recurrir a las Fuerzas Armadas “el presidente actuó en consecuencia con el tamaño del problema y con los instrumentos que tenía”. Sin embargo, aclara, “hay que tomar con mucha seriedad el potencial de violaciones a los derechos humanos. Esto tiene que ser transitorio” y el Ejército debe devolverle las funciones de seguridad pública a las policías.
Nota de Jorge Carrasco Araizaga de la versión impresa 1593 de Proceso.
La batalla contra las adicciones se torna doblemente difícil ante el incremento del narcomenudeo en el seno familiar.
La batalla contra las adicciones se torna doblemente difícil ante el incremento del narcomenudeo en el seno familiar.
