Vale reproducir la definición por si algún político resuelve ensayar, durante el fin de semana, cómo ruborizarse después de la encuerada que les puso el Ministro Salvador Aguirre Anguiano. Al menos, ese juez considera inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que el año pasado aprobaron los legisladores y que cede, sin condición alguna, el espectro radioeléctrico a los actuales concesionarios de medios electrónicos para que presten servicios adicionales.
El proyecto de dictamen del Ministro Aguirre Anguiano es favorable parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores Manuel Bartlett y Javier Corral junto con otros 45 legisladores que, a diferencia de sus compañeros, resistieron la idea de doblar las manos ante el interés privado de los concesionarios y aparecer como cómplices de un despojo más al Estado.
Es de todo punto de vista apreciable la postura del Ministro, como la de aquel reducido grupo legisladores. Ellos, sólo ellos y quienes de un modo u otro los acompañaron, no tienen por qué ruborizarse. A ver cómo se comporta el pleno de Ministros de la Suprema Corte cuando tome su decisión final.
Cualquiera que sea el destino de ese proyecto -de momento no es más que un documento de trabajo-, reivindica por lo pronto al derecho frente a los poderes fácticos que, por la vía de la presión y el chantaje, lo vulneraron dándole trato de empleados o lacayos a la mayor parte de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Los legisladores que aprobaron esa reforma y el presidente Vicente Fox que la publicó hicieron del derecho un trapeador, y de su representación y mandato popular un servicio privado a domicilio. Sabían de la coyuntura electoral en que planteaban una reforma de esa envergadura y, a sabiendas de ello y de la debilidad en que se encontraban, jugaron a obsequiar la ambición de los grandes concesionarios de radio y televisión.
A partir de lo ocurrido, un cierto rubor debería aparecer en el rostro de los entonces candidatos presidenciales Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo que, frente al despojo que se cometía, se hicieron de la vista gorda. A su modo y estilo -fingiendo demencia, presionando en corto a quienes cuestionaban su postura o simulando el más absoluto desconocimiento-, en vez de marcar sus diferencias, subrayaron su más profunda coincidencia. Se hicieron guajes: resultaron iguales.
El interés de los entonces candidatos presidenciales no estaba puesto en defender al Estado sino en no malquistarse con los concesionarios porque, estando en campaña, no querían perder pantalla ni sufrir eventuales represalias. Por ningún lado apareció la honestidad valiente ni las manos limpias. Su interés personal estaba por encima del interés público.
Rubor debería tener Vicente Fox y su muñeco Rubén Aguilar, que fueron claramente advertidos del atropello. De distintas maneras fueron prevenidos de lo que representaba esa reforma, pero la disculpa estaba a la mano. El portavoz explicó que el presidente de la República no había leído las reiteradas advertencias. Así de simple.
Algo más que rubor debería tener Emilio Gamboa que, a todo lo largo de ese debate, actuó—en su calidad de senador de la República-—no como representante popular sino como representante privado. Jugó abiertamente a favor de los concesionarios y, ahora, debería asumir las consecuencias. En cualquier otra democracia, la descalificación que le supone el proyecto de dictamen del Ministro Aguirre implicaría la presentación de su renuncia al menos como coordinador, ahora, de los diputados tricolores.
Es prematuro, desde luego, echar las campanas a vuelo. El documento del Ministro Aguirre no es más que un proyecto de dictamen. Viene ahora la parte difícil del proceso. En principio, los ministros de la Suprema Corte han resuelto concentrar su atención en ese sólo asunto para emitir su sentencia el próximo día 21. Su agenda de trabajo ha sido limpiada, pero más allá del tiempo que dediquen al estudio del proyecto, los ministros sentirán y sufrirán la presión de los concesionarios que tienen muy claro el tamaño del negocio que, ahora, se les está tambaleando. En su sentencia, dejaron ver al servicio de quién está la Suprema Corte de Justicia.
Los ministros, sin embargo, deben tener muy claro que no es el negocio de unos particulares lo que está en juego, es mucho más. En la decisión que tomen se juega parte de la soberanía nacional -en tanto que el espacio aéreo es parte de ella- y se juega también la fortaleza de la democracia y el Estado de derecho. Si la presión del poder fáctico y mediático que encarnan los grandes concesionarios los doblega, como doblegó a los otros dos Poderes de la Unión, sobra mencionar el estado en que quedará el Estado de derecho y la debilidad de nuestra democracia.
Cada vez es más evidente que la incipiente democracia mexicana corre el peligro de caer en la vertiente de las democracias defectuosas que no acaban de establecerse como el espacio expresamente construido para resolver, civilizadamente y conforme a derecho, las diferencias del conglomerado de los ciudadanos. Los poderes fácticos de la más diversa índole han sometido a una enorme tensión el juego democrático y han hecho del Estado de derecho, en complicidad con buena parte de la clase política, un ariete para defender sus intereses o vulnerar a sus adversarios. Más de una vez, esos poderes informales han sometido a los poderes formales de la Unión.
Salvo contadas excepciones, en este caso los 47 legisladores que presentaron la acción de inconstitucionalidad y, en su decisión, asumieron el riesgo de enfrentar a uno de los mayores poderes informales del país, el conjunto de la clase política no ha estado a la altura de la circunstancia nacional o, lo que es peor, ha resuelto asegurar su sobrevivencia hipotecando su actuación pública a favor de éste o aquel otro interés privado.
El nombre del juego frente al cual los ministros de Suprema Corte fijarán postura es ése. Ahí se verá si, efectivamente, los pesos y contrapesos de la democracia mexicana funcionan o no. Se verá de qué están hechos los ministros y qué poderes cuentan.
Más allá de filias y de fobias, es menester reconocer a los legisladores que se la jugaron y se la están jugando al promover aquella acción de inconstitucionalidad. En la pluralidad del grupo que integraron al estampar su firma en el recurso, reivindican algo de credibilidad en las siglas de los partidos donde militan y reponen algo de esperanza en las instituciones.
Varios de esos políticos ya resienten la consecuencia de haber encarado al poder de los grandes concesionarios de radio y televisión: no aparecen más en las pantallas y son contadas las radiodifusoras que les dan entrada. Saben lo que es la mediocracia, el poder de los medios y, aún así, se la jugaron como, ahora, se la ha jugado parcialmente el Ministro Salvador Aguirre Anguiano.
Es de agradecerse su resistencia porque en el fondo supone una postura de principios. Y eso, en un momento, donde el reino es de los intereses particulares o personales, no es cualquier cosa. Gracias, no tienen por qué ponerse rojos.
© Rene Delgado | El Norte | Reforma } 5 mayo 2007
