Contragolpe de Televisa

Por Eduardo Ibarra Aguirre

Va a resultar muy difícil, por no escribir imposible, que Emilio Azcárraga Jean demuestre lo que sus voceros arguyen como razones para la cancelación del contrato de Carmen Aristegui Flores como conductora de Hoy por Hoy , en W Radio.

El español Javier Mérida , director de Televisa Radio, y el mexicano Daniel Moreno Chávez, director de contenidos y cercano a Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo –responsable de operación del Grupo Prisa en México y cuñado de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa -- explicaron que el consorcio ibérico y ellos no apostarán más a lo que denominan starsystem, un modelo radiofónico en que el conductor de noticiarios tiene más peso que la información.

Más aún, sostienen que Aristegui Flores no se pudo incorporar a este modelo en México, “basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural y que obtiene el liderazgo de audiencia en todos los países”, donde Unión Radio, propiedad de Prisa y a la que pertenece W Radio, tiene radiodifusoras en 10 naciones americanas.

Adujeron también que Aristegui no respetaba los tiempos fijados para la publicidad pagada, establecida en contratos, e implícitamente la relacionan con la obtención de ingresos por 105 millones de pesos, mientras que los gastos de operación fueron de 129 millones, de 2006 a 2007.

Extrañísimo caso éste en que Emilio III permite que una de sus empresas pierda dinero por el irrespeto de una conductora que no atiende los sagrados bolsillos del patrón, quien reacciona hasta el quinto año para poner un alto a la dilapidadora de lo ajeno.

A renglón seguido y sin inmutarse por la evidente contradicción, Moreno Chávez –también cercano a la otrora vicepresidenta Martha María Sahagún Jiménez -- reconoció el vacío que deja Carmen Aristegui y anunció que lo cubrirán con un periodista reconocido, “con una visión similar a la de la conductora, de centro izquierda”.

Las patrañas de Mérida y Moreno, expuestas en una reunión con todo el personal de Radiópolis, evidencian que a diferencia de Emilio Azcárraga Milmo , Emilio III no puede tratar a patadas a sus comunicadores, ni siquiera con el autoritarismo que lo hacia su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta . Para su desgracia, tiene que hacer frente a un alud de mensajes y opiniones críticas que circulan por la red y una reacción airada de la opinión pública y publicada, porque ven severamente mermada la libertad de expresión por segunda vez en el sexenio de Calderón Hinojosa, tras el acoso comercial a Monitor y José Gutiérrez Vivó .

Si se trata de un acto de autocensura de Televisa, lo que seguramente sabrá cobrar muy bien a Los Pinos, o éstos lo ordenaron, quedará definido cuando la periodista encuentre o no empleo en alguna de las estaciones de los consorcios del oligopolio radiofónico, propiedad de nueve familias.

La suerte laboral de la talentosa conductora fue echada cuando en el último brindis de 2006, Azcárraga Jean la consideró una traidora por criticar el engendro promonopólico conocido como Ley Televisa , reafirmada con la actitud crítica que asumió Carmen ante la reforma constitucional en materia electoral y definida con la cobardía de los herederos de Jesús Polanco y los directivos del Grupo Prisa al ceder frente al contragolpe de los 15 propietarios de Televisa y del país.

Desenlaces aparte, un nocivo efecto inmediato será un mayor ejercicio de la cada vez más extendida autocensura por aquellos que al ver las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar.

Enfrenta escándalo Televisa

Por Jenaro Villamil –«PROCESO» (05-Ago-2007).- sacado de « EL NORTE »
MÉXICO.- Pareja sentimental de Emilio Azcárraga Milmo durante dos décadas y su esposa legal hasta su muerte, Paula Cusi Presa Matute ha cimbrado a las estructuras del consorcio televisivo más importante del País al demandar a Emilio Azcárraga Jean por el presunto despojo de la sexta parte del legado de El Tigre y al solicitar que se anulen las consecuencias jurídicas y administrativas de las asambleas de accionistas de Televisa que le otorgaron a El Tigrillo el control del grupo mediático.

La demanda ha empañado la celebración de la primera década de Azcárraga Jean y su equipo compacto al frente de Televisa. Justo antes de cumplirse 10 años del fallecimiento de El Tigre, cuando prescriben los derechos de los legatarios, el 9 de enero de 2007 Cusi interpuso la demanda ante la juez 62 de lo civil en el Distrito Federal, Yolanda Morales Romero.

Desde 1998 Cusi intentó que se le reconociera la sexta parte del reparto de los bienes de la herencia que estipuló El Tigre el 18 de enero de 1996, a fin de evitar la demanda. Se realizaron seis infructuosas reuniones con Alfonso de Angoitia, brazo derecho de Azcárraga Jean y cerebro financiero de Televisa, sin que se llegara a un arreglo. El último encuentro entre los asesores jurídicos de Cusi y De Angoitia fue en diciembre de 2006.

Paula Cusi contrató originalmente al abogado corporativo Javier Pérez Rocha para llegar a un acuerdo con Azcárraga Jean. Ante el fracaso y las amenazas nada veladas de Televisa a sus asesores jurídicos, Cusi decidió contratar el despacho de César Gerardo García Méndez e interponer una demanda de juicio civil.

El documento de 160 fojas, del cual «Proceso» obtuvo una copia, involucra a 40 codemandados, entre ellos a los albaceas de la sucesión de Azcárraga Milmo, a las hermanas de Azcárraga Jean, a sus primos Diez Barroso, a Alejandro Burillo Azcárraga, a funcionarios y ex socios de Televisa, así como al Banco Inbursa de Carlos Slim y a las otras instituciones financieras partícipes en la reestructuración financiera del consorcio.

La demanda argumenta una maquinación para despojar a Paula Cusi del 16.66% que le corresponde del legado de El Tigre, así como para autorizar pagos y compra de acciones y Certificados de Participación Ordinaria (CPO) que le permitieron a Azcárraga Jean tener el control de la empresa sin cumplir con lo establecido en el testamento de su padre en el reparto de bienes y acciones en tres empresas vinculadas a Televisa: Grupo Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C.

Hasta el pasado 2 de agosto, habían respondido al emplazamiento de la juez el Banco Inbursa, Bancomer, Alejandro Burillo, Fernando Diez Barroso, los notarios involucrados, así como uno de los dos albaceas de la herencia de Azcárraga Milmo, Rubén Fuentes Colín.

En la demanda se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria información puntual sobre el manejo de las deudas, las ampliaciones de capital y la redistribución de las acciones de Televisa, es decir, datos desconocidos sobre el manejo financiero de esta empresa en los últimos diez años.

"El alegato podría parecer un pleito entre particulares, pero no es así. La cuestión de fondo es la impunidad y la falta de transparencia con la que se manejan las compañías de gran capital en este país. En la demanda se acusa de apoderamiento ilegal a Emilio Azcárraga Jean de todas las empresas de Televisa", sintetiza César Gerardo García Méndez, abogado de Paula Cusi.

Y subraya que el monto del despojo a su cliente equivale al 4% de las acciones de Televisa o su equivalente al valor actual: 800 millones de dólares.

El abogado precisó que, hasta el momento, ni Azcárraga Jean ni los funcionarios de Televisa han respondido al emplazamiento que le hizo la juez Morales Romero vía edictos publicados el 14, 19 y 22 de junio pasados en el periódico «Reforma». Azcárraga Jean y los codemandados tienen 40 días hábiles para responder y proporcionar la información en su descargo.

Se recurrió al mecanismo de los edictos, que se utiliza para personas o empresas cuyo domicilio no se identifica, ante la negativa constante de Televisa para ser notificada. El abogado García Méndez relató que varias veces se acudió a los edificios plenamente identificados con el logotipo del consorcio, y las respuestas fueron: "Aquí no es Televisa... háganle como quieran".

Azcárraga Jean tampoco ha expresado ninguna posición pública frente a la demanda. Proceso buscó un contacto con De Angoitia, sin obtener respuesta. La oficina de comunicación social de Televisa precisó que la demanda "no es un asunto institucional", sino un litigio privado.

LOS AZCÁRRAGA – MILMO

Emilio Azcárraga Vidaurreta casado con Laura Milmo Hickman

* Emilio Azcárraga Milmo (1930-1997) casado con Gina Shoundube +

segundas nupcias: Pamela de Surmont

Paulina Azcárraga de Surmont (1980, suicidio, Paris)
Alessandra Azcárraga de Surmont
Arienne Azcárraga de Surmont

terceras nupcias: Nadine Jean (de Sánchez Juárez)

Emilio Azcárraga Jean
Carla Azcárraga Jean

cuartas nupcias: Paula Cusi (Encarnación Presa Matute)

concubina: Adriana Abascal (Miss México 1989)

* Laura Azcárraga Milmo casada con Fernando Diez Barroso

Fernando Diez Barroso Azcárraga
Laura Diez Barroso Azcárraga
Emilio Diez Barroso Azcárraga
Gina Diez Barroso Azcárraga casada con Javier Moreno Valle (Canal 40)
Mónica Diez Barroso Azcárraga

* Carmela Azcárraga Milmo casada con Alejandro Burillo

Alejandro Burillo Azcárraga

>> en pocas palabras <<

Testamento de’ El Tigre’ | Danza de millones

Ubicado como eje, sustento, epicentro de su reclamo de 600 mdd, el testamento del ex presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, coloca en el primer lugar de sus legatarios a su última esposa, Paula Cusi Presa Matute

Dictado ante el notario público 55 del DF, Juan Manuel De Quevedo Cortina, el 18 de enero de 1996, tres meses antes de su muerte a bordo del yate «Eco», el documento le cede a quien sería su viuda 16.666% de los principales bienes del magnate.

En un porcentaje idéntico se ubica también como legatarios a los hijos del hombre que inauguró la presencia mexicana en las listas de ricos más ricos del planeta de la revista Forbes, es decir, Alessandra Patricia Azcárraga de Surmont, Ariana Cristina Azcárraga de Sourmont, Laura Magdalena Azcárraga Jean y Emilio Pablo Fernando Azcárraga Jean.

Bajo el mismo rasero se ubican además a la señorita Adriana Abascal López Cisneros, la ex Miss México 1989, con quien se había dicho que se había casado el magnate en secreto en algún lugar de Estados Unidos.

En paralelo, aparecen como beneficiarios de diversas propiedades Guillermo J. Cañedo de la Bárcena, Elisa Almada Trapero, Rubén Fuentes Colín y Leandro Jesús Flores Rosas.

El primero de ellos, cuyo nombre llevaba el Estadio Azteca, fue durante décadas presidente del Club de Fútbol América y alto directivo de la FIFA. El penúltimo fue abogado y contador general del ex presidente de Televisa por espacio de 40 años.

La herencia de Paula Cusi Presa Matute, de acuerdo al documento marcado con el número 56 mil 733 y certificado por el Colegio de Notarios del Distrito Federal, alcanza las acciones que mantenía Azcárraga Milmo en Grupo Televicentro y Grupo Triple C.

Adicionalmente, se habla de los automóviles marca Bentley Turbo S, ubicado en Los Ángeles, California; Rolls Royce con parrilla de Bentley, localizado en Nueva York, además del Rolls Royce Cornish y Mercedes Benz 606, localizados en la capital del país.

Más allá, por disposición expresa del Tigre se le entregarían a la señora Cusi los derechos de acceso y uso de un palco en el Estado Azteca que ella eligiera.

Previamente Azcárraga Milmo le había regalado a su mujer, quien llegó a Televisa como lectora de horóscopos de su principal noticiario matutino, 10% de sus acciones en el imperio, es decir, 3.3% del total que lo ubicaba como mayoritario.

Por este porcentaje el actual presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, le entregó a quien fuera su madrastra un pago de 45 millones de dólares en la etapa de reconfiguración accionaria que lo ubicaría a él sí como propietario de la mayoría del capital.

El caso es que la señora Cussi quiere el resto.

De hecho, durante los últimos nueve años contrató al abogado Javier Pérez Rocha para realizar gestiones extralegales en pos de un arreglo que en principio apuntaba a 240 millones de dólares, en la lógica de que a la muerte de Azcárraga Milmo su participación en Televisa costaba mil 500 millones de billetes verdes.

El hecho es que, de acuerdo con la ley, la posibilidad de reclamo se agotaba a los 10 años de la muerte del legendario empresario, por lo que la viuda decidió recurrir a la vía legal.

La querella se planteó ante el juzgado 62 de lo civil del Distrito Federal en diciembre pasado, es decir cuatro meses antes del desvanecimiento de los derechos sucesorios, con la novedad de que ahora la exigencia es de 600 millones… de dólares, naturalmente.

Ahora que el litigio apunta no sólo a la plana mayor de Televisa, sino a sus accionistas y ex accionistas, incluidos el magnate Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala, Carlos Fernández e Ignacio Deschamps.

En la ensalada caben también los hijos del ex presidente de Televisa; sus sobrinas Gina, Mónica, Laura, Fernando y Emilio Díez Barroso, además de Alejandro Burillo Azcárraga y la propia Adriana Abascal.

Empresa | Alberto Barranco | 11 de julio de 2007

>> en pocas palabras <<

Cussi vs. Azcárraga Jean, disputa de 50 a 250 mdd

Como es público, Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, notificó la demanda que presentó contra Televisa y Emilio Azcárraga Jean por presunto despojo de 16.6% de los bienes que le fueran heredados por «El Tigre». Lo nuevo es que están en juego 250 millones de dólares que debieron saldarse el 27 de abril, décimo aniversario luctuoso del empresario y fecha de prescripción para el reclamo de la heredad.

La demanda en cuestión se hizo extensiva a Carla, Ariana y Alexandra Azcárraga Jean; a Laura Azcárraga Milmo, sus hijos Gina, Mónica, Laura, Fernando y Emilio Diez Barroso. También contra Alejandro Burillo Azcárraga, los albaceas Julio Barba y Rubén Fuentes así como la última compañera sentimental de don Emilio: Adriana Abascal. Según los abogados de Cussi, Cesar García y Ernesto García, agotaron sin éxito las instancias extralegales para llegar a un acuerdo.

Todavía antes de 2006 la relación de la viuda con Emilio Azcárraga Jean era positiva al punto que le vendió su 10% de acciones de Televicentro en 45 millones de dólares. Por ello es que esperaba 50 millones de 16.6% de su herencia, pero al ser rechazada por las huestes de Televisa, Paula Cussi demandó y no dio opción a otra negociación en el corto plazo.

© Mauricio Flores | Milenio | 25 junio 2007

>> en pocas palabras <<

La 'inteligencia' en México | Alfonso Elizondo | El Norte | 09 Junio 2007

Durante los más de 70 años de vida política hegemónica del México posrevolucionario, todos los problemas de seguridad nacional, desde los surgimientos de grupos armados, actividades del crimen organizado, movilizaciones independientes o de organismos políticos y de cualquier asunto de seguridad interna, fueron resueltos, con mayor o menor eficiencia, por un sistema de "inteligencia" que dependía en línea directa del jefe del Ejecutivo y funcionaba en la clandestinidad y al margen de la ley.

Fueron incontables las tropelías que se hicieron en silencio durante el largo periodo del priismo en México, pero se alcanzó un cierto grado de pacificación que permitió el desarrollo de la economía del País durante las tres décadas de crecimiento sostenido sin inflación de 1936 a 1968. Después de este periodo vino la decadencia de dos décadas en las que no creció la economía, por falta de buenos dirigentes políticos que no detectaron el proceso de globalización y aislaron a México del resto del mundo. No obstante, el sistema de "inteligencia" siguió funcionando con gran eficacia y mayor impunidad.

El fraude electoral de Carlos Salinas en 1988 y su ilegítimo ascenso al poder produjeron una asociación política con el PAN que le permitió dejar en el camino a la izquierda de aquel entonces y gobernar en sociedad con la fuerza política que representaba a la mayoría de los grandes capitalistas de viejo cuño del País. Desde ese momento, el sistema mexicano de "inteligencia" dejó de funcionar, por la sencilla razón de que los espías no pueden estar al servicio de dos amos sin causar un distanciamiento entre ambos.

La instalación de un funcionario empresarial como Presidente de México en el 2000 trajo como consecuencia una mayor polarización en la sociedad, ya que el Estado dejó por completo su actividad empresarial e incumplió sus responsabilidades constitucionales de invertir en la infraestructura del País y en el gasto social que protegía a la clase media y a los ciudadanos de bajos ingresos. Como resultado, la clase media casi desapareció y el empleo formal cayó estrepitosamente, dando origen a los dos mayores problemas del presente: la migración desaforada hacia Estados Unidos y el crecimiento brutal del crimen organizado que dio empleo a varios millones de personas.

Si el servicio de "inteligencia" ya no podía funcionar con dos amos en tiempos de Salinas y de Zedillo, con Fox hubo de incorporar al poder político el duopolio televisivo que lo había llevado al triunfo electoral, y tras reemplazar con spots toda la actividad política del Presidente durante seis años, se convirtió en el máximo líder político del País, inhibiendo aún más las labores de la "inteligencia". Las movilizaciones políticas crecieron, las mafias criminales se desarrollaron como nunca y los nuevos líderes políticos se dieron cuenta de que con imágenes televisivas no lograrían contener al crimen organizado, pero podrían disimular la incapacidad del Gobierno y continuar en el poder, encumbrando a otro funcionario empresarial como Presidente de México.

No obstante, durante el sexenio de Fox, la oposición al gobierno había crecido mucho y el poder de la imagen televisiva ya no alcanzaba para lograr un triunfo sobre la izquierda, por lo que Fox solicitó la ayuda de la siniestra profesora Gordillo en los procesos electorales del 2006. Con el poder público formal dividido y dominado por los poderes fácticos, la intervención de la Iglesia católica, y Lady Macbeth dictando la agenda política, la resurrección de la "inteligencia" y de la paz interna se antojan imposibles.

>> La factura del decretazo <<

Autor: Álvaro Delgado Fecha: 13-Mar-2005 PROCESO

A raíz de que el presidente Vicente Fox eliminó la obligación de los medios electrónicos de destinar el 12.5% de sus transmisiones a los mensajes oficiales, los gastos publicitarios del gobierno federal se han disparado, al punto de que sólo en el presente año se destinará a ese concepto y a los llamados "servicios de comunicación social" una cifra similar al presupuesto del INEA. Y, desde luego, la mayor tajada de ese gasto, que según el vocero presidencial suma alrededor de 3 mil millones de pesos, será captada por el mismo duopolio televisivo que presionó para obtener de madrugada aquel polémico acuerdo...

El decreto con el que Vicente Fox eliminó la obligación de que la radio y la televisión destinaran el 12.5% de sus transmisiones a los mensajes oficiales, calificado entonces (octubre de 2002) como un "sometimiento del poder político al poder mediático", está pasando sus facturas: sólo en este año se destinarán 3 mil millones de pesos a servicios de comunicación social y a la publicidad del gobierno federal, de sus organismos y empresas paraestatales.

Dicha cifra, que fue confirmada por el vocero presidencial, Rubén Aguilar -"sí son aproximadamente 280 millones de dólares", dijo-, es casi igual a los recursos destinados este año al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), e inclusive supera el presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos que, en 2004, recibió el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en las 32 entidades del país.

Si bien ese gasto será distribuido entre los medios electrónicos e impresos, la mayor parte del mismo beneficiará sobre todo al duopolio televisivo. Y no obstante que el arreglo de Vicente Fox con los empresarios de la radio y la televisión -operado de madrugada por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa- fue defendido con el argumento de que abatiría costos al gobierno, en la práctica ha ocurrido todo lo contrario: el gasto oficial en publicidad se ha elevado pese a los recortes de 5 y 10% que el Congreso impuso al presupuesto federal en los últimos dos años.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el gobierno de Vicente Fox presupuestó en 2003, para gastos publicitarios, mil 195 millones 13 mil 400 pesos como concepto 3700 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, el cual no incluye, por cierto, los recursos del Consejo de Promoción Turística, cuyas erogaciones oscilan entre 660 y 770 millones de pesos anuales -también concentradas sobre todo por las televisoras-, dependiendo de la derrama de los visitantes extranjeros.

Tras reconocer la fuerte inversión publicitaria por parte de la administración pública federal, sus organismos y empresas paraestatales, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, asegura que Fox no gasta un solo centavo en las campañas de la Presidencia de la República, como las más recientes que se refieren a un país donde "no pasa nada", ni en los spots sobre los logros gubernamentales que, según Aguilar, "también son noticia".

El jefe del Ejecutivo usa para ello parte de los tiempos oficiales que negoció con la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión (CIRT) en el súbito arreglo del 10 de octubre del 2002, que dio al presidente mejores horarios para difundir no sólo sus campañas, sino inclusive programas "de Estado", aunque ese "decretazo" redujo los tiempos oficiales de transmisión a 18 minutos diarios en televisión y a 35 en radio mediante spots grabados.

Uno de los argumentos que el gobierno federal esgrime ahora para no disminuir los gastos publicitarios es la repartición que el Congreso hizo de los tiempos oficiales, a los que inicialmente tenía acceso sólo el Ejecutivo: A partir del 2004, por mandato de ley, la distribución fue distinta: Ejecutivo, 40%; Congreso, 30%, dividido entre ambas cámaras; Poder Judicial, 10%, y 20% se reparte entre los organismos autónomos: Instituto Federal Electoral (IFE), Banco de México y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Del ciento por ciento, al Ejecutivo sólo le queda el 40%, y hay 123 programas de igual número de dependencias que quieren hacer comunicación. El tiempo oficial no alcanza para comunicarlo todo", señala en entrevista Claudia García González, directora general de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, responsable de supervisar la aplicación de los lineamientos que deben regir a los programas de comunicación del gobierno federal.

"Hablando en términos mercadológicos, se deben hacer campañas con cierto tiempo, permanencia y número de spots a lo largo del día, de las semanas, para que tengan penetración y sirvan de algo. Si los dividiéramos entre todos, a cada uno le tocaría mucho menos tiempo, pero no lograríamos los objetivos. Sería un desperdicio", dice.

-¿Entonces se justifica un gasto en publicidad como el concepto 3700?

-Exactamente. No son suficientes los tiempos (fiscales) para hacer toda la comunicación. Eso por una parte, pero también algo muy importante es que no todas las dependencias tienen acceso a los tiempos oficiales. Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, IMSS, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, no pueden acceder a tiempos fiscales.

En efecto, si bien en el artículo 29 del Presupuesto de Egresos para el 2005 se establece que las dependencias y entidades del gobierno federal sólo podrán contratar publicidad a través de la radio y la televisión una vez agotados los tiempos oficiales, aclara que "serán exceptuadas de esta disposición las dependencias y entidades que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y audiencias específicos".

Ingresos del duopolio

El hecho es que, en sólo tres años, Televisa—de la que es vicepresidente Bernardo Gómez, el artífice del arreglo de la CIRT con el presidente Fox y su esposa—recibió por este concepto 274 millones 403 mil 392 pesos:

En el 2002, según documentos oficiales, firmó contratos por 53 millones 417 mil pesos. Pero al año siguiente la cifra se duplicó: 103 millones 77 mil 117, y en el 2004 el gobierno federal le entregó 117 millones 909 mil 392 pesos.

A su vez, Televisión Azteca obtuvo durante los últimos tres años 165 millones 725 mil 389 pesos: En el 2002, año del acuerdo con Fox -en el que participó uno de directivos de esa televisora que también presidió la CIRT, Jorge Mendoza-, recibió contratos por 34 millones 521 mil 739 pesos; en 2003, la cifra se duplicó: 74 millones 587 mil 566 pesos, aunque el año pasado la cifra disminuyó a 56 millones 616 mil 83 pesos, todavía más de lo obtenido por Televisa el año del "decretazo".

Muy lejos de las cifras del duopolio, el Grupo Imagen—propiedad de Olegario Vázquez Raña­—ha recibido no obstante consistentes aumentos en publicidad oficial: Si en 2002 logró contratos por 3 millones 233 mil 880 pesos, al año siguiente la cifra se elevó a 5 millones 346 mil 569 pesos, y para el 2004 se duplicó: 10 millones 872 mil 826 pesos.

Una suerte diferente ha corrido MVS Multivisión y CNI Canal 40.

La primera de ellas, propiedad del expresidente de la CIRT, Joaquín Vargas Guajardo, signó en 2002 contratos por 4 millones 528 mil 578 pesos, pero en el 2003 descendió a 3 millones 700 mil y el año pasado sólo consiguió 3 millones 614 mil 391 pesos.

Y por lo que se refiere a CNI Canal 40, de Javier Moreno Valle, en 2002 firmó contratos por 3 millones 221 mil 738 pesos; al año siguiente, en medio del litigio con Televisión Azteca que derivó en la toma armada de sus instalaciones, obtuvo 2 millones 687 mil 782 pesos, y para 2004 sólo alcanzó 2 millones 294 mil 666 pesos.

En cambio, Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV) registra cifras modestas, pero al alza: En el 2003 captó 1 millón 245 mil 600 pesos, y en 2004 la cifra se triplicó: 3 millones 671 mil 686 pesos.

De acuerdo con los contratos suscritos por las dependencias y entidades de la administración pública que encabeza Vicente Fox, las grandes cadenas radiofónicas también han logrado considerables beneficios, que se hallan disponibles al público por mandato de ley en Compranet:

El Sistema Radiópolis, de Televisa, que en 2002 había conseguido 1 millón 499 mil 216 pesos, en 2003 casi triplicó sus ingresos por este concepto: 4 millones 159 mil 792 pesos, y el año pasado llegó a los 5 millones 600 mil 337 pesos.

Otras empresas y consorcios radiofónicos no han mantenido, en contratos publicitarios del gobierno, una línea claramente ascendente. Por ejemplo, Grupo Acir Nacional, en 2002 recibió 16 millones 592 mil 816 pesos, y en 2003 cayó a sólo 6 millones 857 mil 164 pesos, aunque en el 2004 sumó 7 millones 750 mil.

Promotora de Radio, la empresa del Núcleo Radio Mil, logró en 2002 contratos por 6 millones 937 mil pesos, y al año siguiente, después del "decretazo", subió hasta 8 millones 101 mil 252, aunque en 2004 consiguió un poco menos: 7 millones 619 mil 217 pesos.

La empresa Multimedios Estrella de Oro también es contrastante: En el 2002 captó 2 millones 914 mil 687 pesos; en el 2003 sus ingresos por este rubro se dispararon hasta los 11 millones 233 mil 166 pesos, y el año pasado cayeron a 4 millones 268 mil 362.

Grupo Radio Centro alcanzó 1 millón 600 mil pesos en 2002; al año siguiente se desplomó a sólo 365 mil 634 pesos, pero en el 2004 se recuperó: 6 millones 875 mil 714 pesos.

Mientras tanto, los datos disponibles para Infored revelan que este grupo sólo obtuvo, en 2004, 2 millones 655 mil pesos.

Medios impresos

En cambio, la publicidad en medios impresos ha sido modesta y se ha concentrado en un puñado de medios:

El diario El Universal, por ejemplo, recibió en 2002 un total de 5 millones 683 mil 867 pesos por dicho concepto; al año siguiente sus ingresos se elevaron a 6 millones 774 mil 774 pesos y para 2004 bajaron ligeramente a 5 millones 807 mil pesos.

Ediciones El Norte, que publica el diario Reforma, obtuvo en tres años una cantidad semejante, pero siempre de manera ascendente: en el 2002, un total de 3 millones 906 mil pesos; al año siguiente, 6 millones 369 mil 274, y en 2004 sumó 7 millones 404 mil 374 pesos.

El diario Milenio consiguió durante 2002 la cifra de 3 millones 413 mil 693 pesos; en 2003, 5 millones 128 mil 430, y el año pasado 3 millones 496 mil 915. La Organización Editorial Mexicana, que edita la cadena de los Soles y que encabeza Mario Vázquez Raña, recibió en tres años 5 millones 772 mil 468 pesos.

La Jornada obtuvo en cambio, en el 2002, 6 millones 759 mil 900 pesos, y el año siguiente 11 millones 615 mil 529 pesos, mientras que el año pasado cayó hasta los 6 millones 360 mil 833 pesos, para sumar, no obstante, en tres años, 24 millones 736 mil 262 pesos.

El Financiero firmó contratos por casi 10 millones de pesos en tres años: en 2002, por 2 millones 610 mil 405 pesos; en 2003, por 3 millones 690 mil 406, y el año pasado, por 3 millones 372 mil 970 pesos.

El periódico Ovaciones recibió en 2002, 1 millón 435 mil pesos, y en 2004, 1 millón 384 mil 176. Y hasta el periódico La Extra alcanzó: en 2003 se le proporcionó un contrato por 196 mil 311 pesos, en tanto que El Día consiguió para el mismo período una cantidad menor: 155 mil 416 mil pesos.

En cuanto a las revistas, Compranet registra que Proceso recibió en el 2002 contratos por 615 mil pesos; en 2003, por 960 mil y el año pasado por 595 mil 55 pesos. En total, durante los tres últimos años, 2 millones 170 mil pesos.

En virtud de que la información de Compranet contiene lagunas y es contradictoria -e inclusive contrasta con datos proporcionados a la revista Etcétera por la Secretaría de Gobernación, según la cual en 2003 Proceso recibió en publicidad, sólo de esa dependencia, una cifra superior a la registrada en Compranet-, se interrogó a Rubén Aguilar sobre las cifras que se atribuyen a éste y otros medios, y el vocero presidencial manifestó:

"Es más dinero que eso."

Por eso el viernes 25 de febrero el reportero le solicitó, de manera personal y por escrito, precisar la información oficial sobre la publicidad pagada a los medios escritos. Una semana después, el exvocero de Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña presidencial de 1994—dato que ya no aparece en su currículum oficial—no consideró oportuno entregar dicha información.

La revista especializada en medios de comunicación Etcétera documentó, mediante una solicitud de información y un recurso posterior, que ganó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la manera como la Secretaría de Gobernación asigna publicidad a los medios escritos y las diferencias que registra Compranet.

De acuerdo con las investigaciones de Etcétera, en 2003 Gobernación gastó en publicidad de medios escritos 20 millones 517 mil 658 pesos: Reforma captó casi 2 millones (1 millón 901 mil 617 pesos, cifra que representa el 9.27% del total y constituye 80 mil pesos menos de lo que Gobernación gastó, conjuntamente, en El Financiero, Milenio, El Economista y La Crónica de Hoy).

Según el mismo reporte, La Jornada recibió 1 millón 775 mil 516 pesos; El Universal, 1 millón 250 mil 916; Unomásuno, 215 mil 564; Excélsior, 208 mil 721; Lapiztola, 161 mil; La Extra, 57 mil 500, y El Día, 41 mil 289 pesos.

En lo que respecta a las revistas, conforme a la información de la reportera Laura Islas Reyes difundida por Etcétera, Gobernación compró en 2003 publicidad a Proceso por 1 millón 560 mil 262 pesos; a Nexos le destinó 840 mil 875; a Letras Libres, 749 mil 722; a Etcétera, 232 mil 529; a Quehacer Político, 230 mil; a Este País, 202 mil 831; a TV Notas, 109 mil 89 y a Viva, 99 mil pesos.

Y por lo que se refiere al año pasado, Gobernación aseguró a Etcétera que, hasta el mes de agosto, esa dependencia había gastado en publicidad de medios impresos 6 millones 861 mil 609 pesos, de los cuales El Universal había obtenido la cifra mayor: 672 mil 962 pesos, seguido por Reforma y La Jornada, en ese orden. Según el mismo reporte, Proceso obtuvo durante el mismo lapso 959 mil 675 pesos, seguido por Letras Libres, Larevista y Milenio Semanal.

Los lineamientos

Entrevistada sobre el tema, la directora general de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Claudia García, sostiene que el suministro de publicidad no es caprichoso, y que las dependencias y entidades del gobierno de Fox deben proporcionarlo en apego a los lineamientos establecidos el 21 de diciembre pasado y publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 del mismo mes.

Se trata de un conjunto de principios obligatorios para la orientación, planeación, autorización, supervisión y evaluación de las estrategias, programas y campañas de 123 dependencias y entidades federales para aplicar el gasto en servicios de comunicación social y publicidad.

En el caso de los medios impresos, según dichos lineamientos, su contratación sólo podrá ser autorizada si esa Dirección General recibió de cada medio un estudio del perfil del lector, así como un certificado de su circulación pagada y de su cobertura geográfica vigentes, que debe ser expedido por empresas independientes y expertas.

La fórmula para calcular el promedio de circulación pagada de un medio impreso es la siguiente: ventas directas y a través de canales de distribución estables, definidos y verificables, más suscriptores, menos la devolución sobre las ventas, igual a circulación pagada entre el número de ediciones evaluadas, igual al promedio de circulación pagada...

"La certificación deberá considerar al menos la quinta parte o equivalente de los números publicados en el ejercicio fiscal anterior al que está en curso, de forma aleatoria", señalan los lineamientos de Gobernación, que por primera vez establecen —de manera obligatoria—la evaluación de la eficacia de las campañas, independientemente del medio en que se realicen.

Tales normas empezaron a diseñarse durante este gobierno, cuando Fátima Fernández Christlieb estuvo a cargo de la Dirección General de Normatividad de Medios. Y aunque ella renunció a su cargo frustrada por el "decretazo" de octubre del 2002—como lo narra en el libro Gritos y susurros—, los lineamientos se han robustecido para fortalecer las campañas del gobierno.

Sobre el tema, la sucesora de Fernández Christlieb, Claudia García, expresa que el gobierno tiene que informar, pero rechaza que el gasto del gobierno sea para hacer propaganda: "No se está informando a la sociedad, como en los casos del pago de impuestos, las campañas de salud, las inscripciones escolares, y también tenemos razones de Estado para cuidar el medio ambiente, fomentar los valores cívicos, etcétera. Tenemos que hacer una serie de comunicaciones por razones de Estado".

Respecto a la información de los logros de la Presidencia de la República, dice: "Es comunicar, rindiendo cuentas, de cuáles han sido las acciones que se están generando, más allá de las campañas permanentes en beneficio de la sociedad".

-¿Como las campañas de que en este país "no pasa nada" y de que las "buenas noticias también son noticia"?

-Esto es parte de la rendición de cuentas. Es informar a la gente de manera creativa, por ejemplo, de cómo este gobierno está preocupado por que haya transparencia. Son los resultados del gobierno.

La funcionaria niega que se haga uso del presupuesto de comunicación social y publicidad para promover a algún funcionario o dependencia, y rechaza que en su aplicación exista el propósito de excluir a ciertos medios.

-Pero la que gana es la televisión...

-Esto, debido al alcance que, por sentido común, no tienen otros medios. Si un medio tira 100 mil ejemplares y somos más de 100 millones de habitantes, y aparte la gente no lee en este país, la caja negra es lo que hoy por hoy la gente puede atender. Pero para eso hay campañas para todos los medios.

-¿Es mucho o poco el gasto en este rubro?

-Diría que está mal distribuido, porque hay empresas que son las que tienen el mayor presupuesto y no son necesariamente los mensajes que se deben hacer saber a la gente. Ojalá fuera por prioridades. A mí los mensajes sociales me parecen prioritarios... l

RETRATOS POLITICOS >>18 jUNIO 1972<<

ECHEVERRÍA vs. TELEVISA

El clima, al comenzar la reunión no podía ser más tenso. Varios de los concesionarios se arremolinaban en sus sillas, a la espera de lo que comunicaría el Presidente Luis Echeverría. Habían sido convocados al Salón Juárez de los Pinos a la 1:00 de la tarde, pero el encuentro comenzó a las dos.
Emilio Azcárraga Milmo, Miguel Alemán Velasco (accionista de TELEVISA y directivo del PRI) y Rómulo O’Farrill Jr. Llegaron puntuales y se sentaron en el extremo izquierdo de la primera fila, y muy cerca de ellos los directivos de Televisión Independiente de México, Bernardo Garza Sada (cabeza del Grupo Monterrey) y Alfredo Martínez Urdal. Un poco más allá, otro Regiomontano, don Joaquín Vargas, quien entonces presidía la Cámara de Radio y Televisión. Se saludaban de lejos y los que se acercaban, murmuraban sobre el motivo de este particular encuentro el 18 de junio de 1972.
Meses atrás, estudiosos e intelectuales habían desatado una serie de ataques hacia la televisión privada como promotora de un consumismo exagerado, particularmente en las páginas de Excélsior y Ovaciones. Hubo meses en que casi a diario aparecía un artículo en contra de Telesistema Mexicano (ahora TELEVISA). La televisora inició la contraofensiva y organizó a los empresarios privados para que boicotearan económicamente a Excélsior, mediante un retiro masivo de su publicidad. En 1972, el grupo de empresarios exhortó a las compañías transnacionales a través de circulares, a que se unieran a la campaña. Durante el boicot, se reunió la plana mayor de Excélsior con Emilio Azcárraga Vidaurreta para hablar con él y resolver el conflicto. En eso estaban cuando entró, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo a la oficina y le dijo a Julio Scherer, entonces Director de Excélsior (y después fundador de PROCESO): “Te voy a romper la madre.” Don Emilio lo corrió con un: “No digas pendejadas.” Azcárraga Milmo registró el incidente como una cuenta por cobrar. Sólo con el apoyo de los anuncios gubernamentales pudo Excélsior sobrevivir las presiones de los anunciantes. En esa ocasión, el gobierno ayudó al periódico porque éste apoyaba la política presidencial sobre la radio y televisión.
Montados en la creta de la ola populista, Echeverría y varios miembros de su gabinete estaban convencidos de que la televisión privada no había demostrado suficiente preocupación por los potenciales efectos adversos que tenía la programación sobre la juventud del país y, en general, no contribuía a la formación educativa de los mexicanos. El ánimo del gobierno echeverrista respecto a la televisión giraba alrededor de una frase que había pronunciado el propio Echeverría en 1968 como Secretario de Gobernación: “No nos dedicaremos a construir por las mañanas, y destruir por las tardes.”
Los concesionarios alegaban que el Estado contaba con tiempo/aire que podía utilizar para la educación educativa. Pese a la verdad del argumento—desde 1969 el Estado gozaba por ley el 12.5% de tiempo/aire en televisión—en realidad, hacia junio de 971, sólo utilizaba un 2.9% de ese tiempo de transmisión. El rumor de la nacionalización de la televisión parecía materializarse.
Echeverría al ver en la plataforma a Miguel Sabido (autor de La Tormenta) le pidió su opinión. Sabido entonces dibujó en el pizarrón lo que llamó “el abanico”, describiendo gráficamente el tono de los canales que en ese momento estaban en el aire—es decir, a qué sectores de la sociedad iban dirigidos, y que tipo de programación transmitían, los privados eran los Canales 2, 4, 5, y 8; del Estado eran el 13, el 11 y la TRM. Sabido explicó que había otra canal del gobierno que cruzaba este abanico, y éste era la utilización del 12.5% del tiempo de transmisiones que correspondían al Estado, y que se utilizaría dependiendo del tono del canal, alcanzando así auditorios más específicos. Si uno restaba ese 12.5% del tiempo del Estado, el resultado era un equilibrio estatal y privado de 3.5 canales cada uno.
El Presidente Echeverría se levantó a aplaudir y dio por terminada la reunión. Los concesionarios se felicitaron entre ellos. Echeverría desechaba la posibilidad de una nacionalización ante la alternativa del nuevo modelo mixto de televisión, pero bajo dos condiciones: una, que cada tres meses le informaran sobre el desempeño y que el instituto entregara metodologías de medición del uso social de la televisión. FUENTE: FERNÁNDEZ, C. y PAXMAN, A.; «El Tigre y su Imperio TELEVISA», Grijalbo (2000).

Confirma IFE multas por 97 mdp a partidos

(c) el enmascarado en el exilio
Impugnarán indagación del instituto sobre contratación de 281 mil ‘spots’

El Consejo General del IFE se aprestaba a aprobar en los primeros minutos de hoy un paquete de multas a partidos por 97.4 millones de pesos, debido a irregularidades detectadas en los gastos durante la campaña electoral de 2006.
Las sanciones se originaron por errores y omisiones de partidos al informar sobre la adquisición de tiempos en radio y televisión, precisaron los consejeros Andrés Albo Márquez y Alejandra Latapí Renner, al defender el trabajo realizado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante el inicio de la sesión, los representantes de PAN, PVEM, PRI, PT, Pasc y PRD advirtieron que sus partidos no están en contra de la rendición de cuentas, pero acusaron que “no ha habido certeza” sobre los spots que tiene el IFE como subsanados y aquellos que se tienen como no reportados.
Anunciaron que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la investigación que iniciará el Instituto respecto a 281 mil anuncios que se emitieron en los medios, pero no se reportaron en los gastos de campaña.
Los representantes de los partidos definieron que el “frente común” integrado el 17de abril ya no tenía razón de ser Miguel Ángel Jiménez, de Panal, destacó: “No podemos acordar un Barzón partidista en aras de buscar reducir el monto de las multas”.

(c) El Universal Martes 22 de mayo de 2007

>> en pocas palabras<< La Ley TELEVISA

(c) el enmascarado en el exilio
"DEMOCRACIA SIN TV"

El proceso electoral del 2 de julio pasado ha dejado un gran número de lecciones y de consecuencias en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. Aunque un balance de primera vista pudiera indicar un notable retroceso en la credibilidad de las instituciones electorales, en el marco legal y en el sistema político hay otros signos saludables que presagian una mayor participación de la sociedad en su conjunto en la vida política y cultural de México.
Al margen de que el tiempo y los damnificados en el proceso electoral federal vayan presentando pruebas de las irregularidades e ilícitos ocurridos, los hechos van delineando un nuevo país cuyas principales características son la división interna en dos grandes facciones irreconciliables: una pequeña oligarquía, que es al mismo tiempo la dueña del capital y del poder público; y un sistema económico atrapado en su propia paradoja de desarrollo social al margen de la otra mitad del País cuya pobreza va en aumento.
Aunque los poderes fácticos de México seguirán controlados por un pequeño grupo de grandes capitalistas, tendrán que ampliarse con los amigos y colaboradores de la paradigmática profesora Gordillo, que incluyen desde la primera dama de la nación y sus familiares, hasta gobernadores priistas que la apoyaron en su lucha para salvar a México del peligro, funcionarios electorales federales que le permitieron registrar un partido político (Panal) violando casi todas las disposiciones legales, los priistas que traicionaron a Madrazo y los "mapaches" que ejecutaron la operación de ceder al PAN votos del PRI e inventar diputaciones a desconocidos miembros del Panal.
A la lista anterior habrá que añadir los conductores de noticieros de Televisa convertidos en politólogos, el sector confesional del PAN y los "torquemadas" del clero nacional para crear un gobierno de la derecha radical que hará crecer la división y la iniquidad ya existentes en la sociedad mexicana. No obstante, se advierte en ambas facciones la determinación de convertir a la política en una actividad permanente y no circunscrita, como hasta ahora, a los periodos electorales.
Esto significaría que los mexicanos empezarían a hacer política en el sentido real del término y no simulaciones como hasta ahora, al haberse adoptado instituciones e ideologías de otros países, con otras realidades y otras historias. Al reconstituirse los partidos políticos sobre la base real de sectores de la sociedad que comparten una misma visión del mundo, los mismos sueños e intereses, la representatividad en el poder público de sus líderes tendría sentido y sería legítimo todo lo que plantean y todo lo que exijan.

© Alfonso Elizondo >>> Democracia sin TV<<< ||| El Norte; Sábado, 19 de Agosto de 2006

>> en pocas palabras <<

Ya sé que en México tienen periódicos y que hay "noticieros" pero estoy 100% seguro que se les pasó leer esta nota...
Besos y abrazos.

La olla podrida de la ley Televisa llegó lista para ser servida en la mesa de Marta y Vicente Fox, y en ella metieron su cuchara muchos que hoy fingen demencia.
Fue “una imposición”, dijo Santiago Creel como si no hubiera sido secretario de Gobernación casi todo el sexenio, y confesó: “Es tiempo de rectificar”.

[...]

Entre las voces en contra no sólo estuvieron las de los 47 legisladores que desafiaron el poder de la televisión, de la radio y de algunos periódicos que los declararon muertos y enterrados en sus noticias, sino otra que debe ser recordada: nada menos que la de Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien entregó el 4 de abril de 2006 al consejero jurídico del presidente una serie de observaciones para rechazar la ley.

En mi programa de radio De 1 a 3 del 21 de junio de 2006, dije:

“Señor presidente: usted está obligado a explicarnos por qué ignoró el documento de Cerisola... por qué regala un bien de todos los mexicanos, como es el espectro radioeléctrico, para concentrar más poder en menos manos, sin ninguna contraprestación para un pueblo en que millones de personas viven en la miseria... Uno de los miembros de su partido acaba de recomendarle a otro que las manchas de lodo simplemente las deje secar y luego se caen solas... no le haga caso, señor Fox, hay lodos indelebles”. […]

El señor Fox no se dignó contestarme, ni mucho menos revisar y corregir el texto de la ley Televisa. ¿Lo habrá leído? […]

El mismo día en que los ministros aceptaron estudiar la ley Televisa, se revelaba a qué grado la televisión participó,
influyó y tal vez decidió el resultado de la elección presidencial del año pasado.

Cuando el actual gobierno no cumple todavía su primer semestre, Carlos Ahumada queda súbitamente libre y confiesa que fue el instrumento, sucio y perverso pero efectivo, para tratar de destruir a uno de los candidatos. Se filmó a sí mismo dando dinero a colaboradores muy cercanos de ese candidato. Pero de nada habría servido esa filmación si no llega a divulgarse en la televisión mediante procedimientos siniestros, simulaciones y manejos misteriosos hasta hoy mantenidos en la oscuridad. Al salir de la cárcel Ahumada, con la soberbia propia de los pecadores impunes, dijo: “Creo que puse un granito de arena a lo de julio del año pasado”. Le preguntaron si se refería al “no triunfo” de López Obrador. “Así es”, dijo Ahumada. Uno se pregunta si ese granito de arena no pesaba 0.56% o un poquito más de los votos contados. [...]

Jacobo Zabludovsky, BUCARELI, El Universal, Mayo 14 / 2007

© el comandante en L.A.

>> en pocas palabras<< RUBOR

Varias de las figuras emblemáticas de la clase política tendrían que ruborizarse frente a la exhibida que les dio el Ministro Aguirre Anguiano. Ahora, a ver cómo se comporta el conjunto de la Suprema Corte. Rubor, define el diccionario, es "el color rojo que aparece en el rostro por afluencia de sangre, debido a un sentimiento de vergüenza".

Vale reproducir la definición por si algún político resuelve ensayar, durante el fin de semana, cómo ruborizarse después de la encuerada que les puso el Ministro Salvador Aguirre Anguiano. Al menos, ese juez considera inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que el año pasado aprobaron los legisladores y que cede, sin condición alguna, el espectro radioeléctrico a los actuales concesionarios de medios electrónicos para que presten servicios adicionales.

El proyecto de dictamen del Ministro Aguirre Anguiano es favorable parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores Manuel Bartlett y Javier Corral junto con otros 45 legisladores que, a diferencia de sus compañeros, resistieron la idea de doblar las manos ante el interés privado de los concesionarios y aparecer como cómplices de un despojo más al Estado.

Es de todo punto de vista apreciable la postura del Ministro, como la de aquel reducido grupo legisladores. Ellos, sólo ellos y quienes de un modo u otro los acompañaron, no tienen por qué ruborizarse. A ver cómo se comporta el pleno de Ministros de la Suprema Corte cuando tome su decisión final.

Cualquiera que sea el destino de ese proyecto -de momento no es más que un documento de trabajo-, reivindica por lo pronto al derecho frente a los poderes fácticos que, por la vía de la presión y el chantaje, lo vulneraron dándole trato de empleados o lacayos a la mayor parte de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Los legisladores que aprobaron esa reforma y el presidente Vicente Fox que la publicó hicieron del derecho un trapeador, y de su representación y mandato popular un servicio privado a domicilio. Sabían de la coyuntura electoral en que planteaban una reforma de esa envergadura y, a sabiendas de ello y de la debilidad en que se encontraban, jugaron a obsequiar la ambición de los grandes concesionarios de radio y televisión.

A partir de lo ocurrido, un cierto rubor debería aparecer en el rostro de los entonces candidatos presidenciales Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo que, frente al despojo que se cometía, se hicieron de la vista gorda. A su modo y estilo -fingiendo demencia, presionando en corto a quienes cuestionaban su postura o simulando el más absoluto desconocimiento-, en vez de marcar sus diferencias, subrayaron su más profunda coincidencia. Se hicieron guajes: resultaron iguales.

El interés de los entonces candidatos presidenciales no estaba puesto en defender al Estado sino en no malquistarse con los concesionarios porque, estando en campaña, no querían perder pantalla ni sufrir eventuales represalias. Por ningún lado apareció la honestidad valiente ni las manos limpias. Su interés personal estaba por encima del interés público.

Rubor debería tener Vicente Fox y su muñeco Rubén Aguilar, que fueron claramente advertidos del atropello. De distintas maneras fueron prevenidos de lo que representaba esa reforma, pero la disculpa estaba a la mano. El portavoz explicó que el presidente de la República no había leído las reiteradas advertencias. Así de simple.

Algo más que rubor debería tener Emilio Gamboa que, a todo lo largo de ese debate, actuó—en su calidad de senador de la República-—no como representante popular sino como representante privado. Jugó abiertamente a favor de los concesionarios y, ahora, debería asumir las consecuencias. En cualquier otra democracia, la descalificación que le supone el proyecto de dictamen del Ministro Aguirre implicaría la presentación de su renuncia al menos como coordinador, ahora, de los diputados tricolores.

Es prematuro, desde luego, echar las campanas a vuelo. El documento del Ministro Aguirre no es más que un proyecto de dictamen. Viene ahora la parte difícil del proceso. En principio, los ministros de la Suprema Corte han resuelto concentrar su atención en ese sólo asunto para emitir su sentencia el próximo día 21. Su agenda de trabajo ha sido limpiada, pero más allá del tiempo que dediquen al estudio del proyecto, los ministros sentirán y sufrirán la presión de los concesionarios que tienen muy claro el tamaño del negocio que, ahora, se les está tambaleando. En su sentencia, dejaron ver al servicio de quién está la Suprema Corte de Justicia.

Los ministros, sin embargo, deben tener muy claro que no es el negocio de unos particulares lo que está en juego, es mucho más. En la decisión que tomen se juega parte de la soberanía nacional -en tanto que el espacio aéreo es parte de ella- y se juega también la fortaleza de la democracia y el Estado de derecho. Si la presión del poder fáctico y mediático que encarnan los grandes concesionarios los doblega, como doblegó a los otros dos Poderes de la Unión, sobra mencionar el estado en que quedará el Estado de derecho y la debilidad de nuestra democracia.

Cada vez es más evidente que la incipiente democracia mexicana corre el peligro de caer en la vertiente de las democracias defectuosas que no acaban de establecerse como el espacio expresamente construido para resolver, civilizadamente y conforme a derecho, las diferencias del conglomerado de los ciudadanos. Los poderes fácticos de la más diversa índole han sometido a una enorme tensión el juego democrático y han hecho del Estado de derecho, en complicidad con buena parte de la clase política, un ariete para defender sus intereses o vulnerar a sus adversarios. Más de una vez, esos poderes informales han sometido a los poderes formales de la Unión.

Salvo contadas excepciones, en este caso los 47 legisladores que presentaron la acción de inconstitucionalidad y, en su decisión, asumieron el riesgo de enfrentar a uno de los mayores poderes informales del país, el conjunto de la clase política no ha estado a la altura de la circunstancia nacional o, lo que es peor, ha resuelto asegurar su sobrevivencia hipotecando su actuación pública a favor de éste o aquel otro interés privado.

El nombre del juego frente al cual los ministros de Suprema Corte fijarán postura es ése. Ahí se verá si, efectivamente, los pesos y contrapesos de la democracia mexicana funcionan o no. Se verá de qué están hechos los ministros y qué poderes cuentan.

Más allá de filias y de fobias, es menester reconocer a los legisladores que se la jugaron y se la están jugando al promover aquella acción de inconstitucionalidad. En la pluralidad del grupo que integraron al estampar su firma en el recurso, reivindican algo de credibilidad en las siglas de los partidos donde militan y reponen algo de esperanza en las instituciones.

Varios de esos políticos ya resienten la consecuencia de haber encarado al poder de los grandes concesionarios de radio y televisión: no aparecen más en las pantallas y son contadas las radiodifusoras que les dan entrada. Saben lo que es la mediocracia, el poder de los medios y, aún así, se la jugaron como, ahora, se la ha jugado parcialmente el Ministro Salvador Aguirre Anguiano.

Es de agradecerse su resistencia porque en el fondo supone una postura de principios. Y eso, en un momento, donde el reino es de los intereses particulares o personales, no es cualquier cosa. Gracias, no tienen por qué ponerse rojos.

© Rene Delgado | El Norte | Reforma } 5 mayo 2007