Telecracia vs. partidos

Cuando se discute de política suele suceder que nos perdemos en la superficie y no entramos al fondo. Eso pasa con la reforma electoral en discusión.

Desde abril, cuando se aprobó la Ley para la Reforma del Estado, se veía que gravitaría sobre cuestiones electorales. El promotor tanto de la Ley de Reforma del Estado como de la propuesta de reforma electoral fue el priista Manlio Fabio Beltrones, quien como presidente del Senado se posicionó como líder de ambos proyectos.

Siendo tercera fuerza en la Cámara de Diputados y segunda en el Senado, el PRI está posicionado como partido fiel de la balanza, en tanto que el PRD se niega a reconocer el "triunfo" panista, aprovechando que el PAN todavía no logra acomodar la relación con su Gobierno. Por supuesto que las reformas no son las llamadas reformas estructurales. Nada hay en los debates de cómo reactivar la economía mexicana, seguimos en la que ya parece eterna: reforma electoral.

Lo escandaloso que resultó la decisión de remover a los consejeros electorales atrajo la atención de la opinión pública y pasaron inadvertidos otros aspectos que también son relevantes. Las empresas televisoras emprendieron una dura defensa de la permanencia de los consejeros argumentando que al sacarlos de esa posición se vulneraría la autonomía del IFE. Ugalde se volvió una más de las estrellas del Canal de las Estrellas.

Ese debate escondía otra de las reformas propuestas que no se contenía en la iniciativa firmada por Beltrones: la prohibición absoluta de que los partidos políticos compren tiempo en televisión y radio. La iniciativa de reformas no planteaba esa prohibición, sólo mencionaba que en esta materia se adaptaría a lo que decidiera el Constituyente permanente, órgano encargado de reformar la Constitución, En lo oscurito se fraguaba que salieran del aire los partidos políticos en las campañas. No obstante que no era una parte expresa de la iniciativa, los senadores dictaminaron sacar del aire a los partidos.

Precavidos, los senadores ocultaron su intención para evitar la presión que las televisoras ejercieron el año pasado en la discusión de la Ley de Radio y Televisión. Sólo después de la revisión que hizo de esta ley la Suprema Corte, algunos, entre ellos notablemente Santiago Creel, reconocieron que el "poder" de las televisoras se impuso a los legisladores. Mucho influyó que el Gobierno y los partidos se habían acostumbrado a ver a las empresas televisoras como poderes fácticos incapaces de desafiar.

La discusión se centró en este aspecto y dejó fuera otros puntos relevantes, como son la reducción de las campañas, la presidencial y la de diputados y senadores de casi 200 a sólo 90 días. También se reducen las precampañas, se prevé que el IFE pueda acordar con los organismos electorales locales manejar las elecciones en los estados y municipios. También se considera que exista un órgano especializado en el IFE que fiscalice los gastos de campaña, dejando fuera un poco a los consejeros de esa ingrata tarea. Otros aspectos importantes se conocerán más ampliamente.

Los perdedores de esta reforma, si es que se aprueba en sus términos, serían las empresas televisoras; los ganadores serían los destinatarios de lo que ahora son gastos de campaña y que pueden encontrar mejor destino. Los ahorros serían notables.

Si a alguien habría que culpar de la radicalidad de esa medida es a las propias empresas que se engolosinaron con el poder que les habían transferido los últimos gobiernos que, incapaces de otra forma de comunicación con la sociedad, hicieron de los "spots" un sustituto virtual del verdadero espacio público.

El año pasado miles de millones de pesos fueron a parar a dos empresas del ramo. No conformes, tomaron también dinero proveniente de la segunda campaña, la de Vicente Fox contra López Obrador, y de la tercera, las de los empresarios con el mismo propósito. Fue una victoria pírrica, pues en ese triunfo se finca el recelo de los legisladores a seguir subordinados al poder de la televisión. Hasta ellos tienen límite para enajenar su autonomía política. Bien dicen que la ambición rompe el saco.

El pueblo enfrenta dos alternativas: la política la dirige la televisión o los partidos.

Sergio Elías Gutiérrez 11 Sep. 07 Grupo REFORMA

Ley de Medios: “as bajo la manga”

Televisoras estarían dispuestas a intercambiar reforma electoral por Ley de Medios

Los senadores desempolvaron la Ley de Medios no para usarla de “garrote” , sino para abrir espacios de negociación

Ya se sabe (EL UNIVERSAL, Bajo Reserva, 09/09/07) que,ante la presión descomunal del poder mediático lanzado contra la reforma electoral, los tres principales partidos políticos representados en el Senado de la República —PAN, PRD y PRI— reaccionaron con un “as bajo la manga”, al acelerar la discusión de la llamada Ley de Medios, que tarde o temprano sustituirá a la malograda ley Televisa.

Una respuesta política que, más que inteligente, parece “de librito”, pero que aun así fue vista por no pocos como una reacción de fuerza por parte del Congreso frente a las poderosas televisoras. Pero lo que está en juego tanto en la reforma electoral como en la Ley de Medios —no sólo el dinero que emplean los partidos en propaganda electoral, casi 3 mil millones de pesos, sino la influencia misma del poder mediático frente al poder público— acepta mucho más que una lectura lineal como ésa, y hasta abre la puerta para la hipótesis de una negociación forzada —entre el Congreso y las televisoras— para impulsar un intercambio de intereses.

Es decir, que mediante una campaña de presión supuestamente en defensa del IFE y de su Consejo General —que en realidad es la defensa de sus intereses económicos—, las televisoras habrían forzado a poner sobre la mesa de discusión la Ley de Medios, cuyo debate es impostergable y en una de sus partes medulares tiene importantes puntos de contacto con la legislación electoral. Se podría decir, incluso, que las televisoras, en especial Televisa, estarían dispuestas a un nada extraño “enroque legislativo”: la reforma electoral a cambio de la Ley de Medios.

Y vale la hipótesis, porque el espíritu reformista que anima a los tres grandes partidos mexicanos abre anchas avenidas para la negociación, el acuerdo, la presión y hasta el chantaje entre todos los sectores sociales involucrados en los cambios que se proponen, a la luz de la reforma del Estado. Pero además, la hipótesis se refuerza si recordamos que una buena parte de los políticos y legisladores que hoy impulsan las reformas del Estado, electoral, fiscal y de medios, son los mismos que hace unos cuantos meses aprobaron, casi sin discusión y mediante ofensivos “lineazos”, la ley Televisa. Las televisoras no sólo cuentan con importantes aliados en el Congreso, sino que incluso muchos de quienes impugnaron esa ley frente a la Corte, y que lograron su caída, hoy están fuera de los centros reales de poder.

Está claro que, luego de las experiencias electorales de 2000 y 2006 —en donde el dinero dominó a la política y la democracia electoral—, existe entre el tripartidismo dominante en el Congreso una tendencia que favorece limitar la participación de los poderes fácticos en los procesos electorales, y que todos o casi todos los actores políticos fueron víctimas del poder de las televisoras y los grupos familiares que dominan la radio. Pero también es cierto que en 2000 y 2006 no pocos de los políticos que ahora reivindican posturas de fuerza frente a las televisoras —y que dicen comportarse como “hombrecitos”— en realidad se doblegaron a las presiones mediáticas y hasta pactaron acuerdos inconfesables.

En efecto, el Congreso y los partidos que lo integran pudieran acordar hoy que la televisión y la radio se quedaran fuera de los procesos electorales, y hasta pudieran acordar una Ley de Medios que limite el poder mediático, que permita abrir espacios para la competencia y terminar con los monopolios electrónicos en radio y televisión. Pudieran hacer todo eso y más, hasta convertir a la grosera “partidocracia” en el “poder de poderes”, por sobre la jerarquía constitucional del poder. Pero existe un pequeño detalle que los Creel, Navarrete y Beltrones no quieren decir, que olvidan o, de plano, se niegan a ver. ¿Cuál es ese detalle?

Que ellos mismos, Creel, Navarrete y Beltrones, tienen ambiciones de poder —alguno de ellos incluso presidenciales—, más allá de su cargo actual en el Senado; que pertenecen a partidos políticos cuya esencia y fin es el poder y el ejercicio de los cargos públicos, y que una cosa son los procesos electorales y la construcción de los centros de poder y cargos públicos, y otra cosa muy distinta es el ejercicio del poder y de esos cargos públicos. Cuando en el Senado se limita o prohíbe la participación de los poderes fácticos en los procesos electorales, y cuando presuntamente se amenaza al poder de las televisoras y la radio con la Ley de Medios, en realidad sólo se pretende contener a una parte de ese poder. ¿Por qué?

Porque la otra parte del poder mediático, que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político, queda en absoluta libertad. En realidad la siguiente bandera que esgrimirán los poderes fácticos de los medios será precisamente la bandera de la libertad de expresión; entendida como el derecho de endurecer la crítica y exhibir, en televisión y radio, todos los males de los gobernantes en turno, sean de gobiernos municipales, estatales o federales. ¿Qué centro real de poder, sea del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sea municipal, estatal o federal; sea liderazgo partidista o social, sería capaz de soportar una andanada mediática, en televisión y radio?

Ese es el verdadero mensaje que enviaron en el Congreso los jefes del poder mediático, cuando advirtieron que muchos legisladores aspiraban a ser gobernantes. Y por eso, de manera rápida los senadores desempolvaron la Ley de Medios. Pero no para usarla como un garrote para aplacar a las televisoras, sino para abrir espacios de negociación sobre esa ley. Y es que los políticos “no comen lumbre”, y saben que sean del partido que se quiera y la doctrina que se antoje, todos estarán expuestos a las campañas mediáticas, no en los procesos electorales, tampoco en la pelea por nuevas concesiones, sino en el ejercicio del poder.

Pueden aparecer como “valientes cruzados” frente al poder de la televisión y la radio, pero como “no comen lumbre” y tampoco son suicidas, tendrán que negociar la reforma electoral a cambio de elementos fundamentales de la Ley de Medios. Y si no, al tiempo.

(c) Ricardo Aleman | El Universal | 10 Sept 2007

>> en pocas palabras <<

La 'inteligencia' en México | Alfonso Elizondo | El Norte | 09 Junio 2007

Durante los más de 70 años de vida política hegemónica del México posrevolucionario, todos los problemas de seguridad nacional, desde los surgimientos de grupos armados, actividades del crimen organizado, movilizaciones independientes o de organismos políticos y de cualquier asunto de seguridad interna, fueron resueltos, con mayor o menor eficiencia, por un sistema de "inteligencia" que dependía en línea directa del jefe del Ejecutivo y funcionaba en la clandestinidad y al margen de la ley.

Fueron incontables las tropelías que se hicieron en silencio durante el largo periodo del priismo en México, pero se alcanzó un cierto grado de pacificación que permitió el desarrollo de la economía del País durante las tres décadas de crecimiento sostenido sin inflación de 1936 a 1968. Después de este periodo vino la decadencia de dos décadas en las que no creció la economía, por falta de buenos dirigentes políticos que no detectaron el proceso de globalización y aislaron a México del resto del mundo. No obstante, el sistema de "inteligencia" siguió funcionando con gran eficacia y mayor impunidad.

El fraude electoral de Carlos Salinas en 1988 y su ilegítimo ascenso al poder produjeron una asociación política con el PAN que le permitió dejar en el camino a la izquierda de aquel entonces y gobernar en sociedad con la fuerza política que representaba a la mayoría de los grandes capitalistas de viejo cuño del País. Desde ese momento, el sistema mexicano de "inteligencia" dejó de funcionar, por la sencilla razón de que los espías no pueden estar al servicio de dos amos sin causar un distanciamiento entre ambos.

La instalación de un funcionario empresarial como Presidente de México en el 2000 trajo como consecuencia una mayor polarización en la sociedad, ya que el Estado dejó por completo su actividad empresarial e incumplió sus responsabilidades constitucionales de invertir en la infraestructura del País y en el gasto social que protegía a la clase media y a los ciudadanos de bajos ingresos. Como resultado, la clase media casi desapareció y el empleo formal cayó estrepitosamente, dando origen a los dos mayores problemas del presente: la migración desaforada hacia Estados Unidos y el crecimiento brutal del crimen organizado que dio empleo a varios millones de personas.

Si el servicio de "inteligencia" ya no podía funcionar con dos amos en tiempos de Salinas y de Zedillo, con Fox hubo de incorporar al poder político el duopolio televisivo que lo había llevado al triunfo electoral, y tras reemplazar con spots toda la actividad política del Presidente durante seis años, se convirtió en el máximo líder político del País, inhibiendo aún más las labores de la "inteligencia". Las movilizaciones políticas crecieron, las mafias criminales se desarrollaron como nunca y los nuevos líderes políticos se dieron cuenta de que con imágenes televisivas no lograrían contener al crimen organizado, pero podrían disimular la incapacidad del Gobierno y continuar en el poder, encumbrando a otro funcionario empresarial como Presidente de México.

No obstante, durante el sexenio de Fox, la oposición al gobierno había crecido mucho y el poder de la imagen televisiva ya no alcanzaba para lograr un triunfo sobre la izquierda, por lo que Fox solicitó la ayuda de la siniestra profesora Gordillo en los procesos electorales del 2006. Con el poder público formal dividido y dominado por los poderes fácticos, la intervención de la Iglesia católica, y Lady Macbeth dictando la agenda política, la resurrección de la "inteligencia" y de la paz interna se antojan imposibles.

>> La factura del decretazo <<

Autor: Álvaro Delgado Fecha: 13-Mar-2005 PROCESO

A raíz de que el presidente Vicente Fox eliminó la obligación de los medios electrónicos de destinar el 12.5% de sus transmisiones a los mensajes oficiales, los gastos publicitarios del gobierno federal se han disparado, al punto de que sólo en el presente año se destinará a ese concepto y a los llamados "servicios de comunicación social" una cifra similar al presupuesto del INEA. Y, desde luego, la mayor tajada de ese gasto, que según el vocero presidencial suma alrededor de 3 mil millones de pesos, será captada por el mismo duopolio televisivo que presionó para obtener de madrugada aquel polémico acuerdo...

El decreto con el que Vicente Fox eliminó la obligación de que la radio y la televisión destinaran el 12.5% de sus transmisiones a los mensajes oficiales, calificado entonces (octubre de 2002) como un "sometimiento del poder político al poder mediático", está pasando sus facturas: sólo en este año se destinarán 3 mil millones de pesos a servicios de comunicación social y a la publicidad del gobierno federal, de sus organismos y empresas paraestatales.

Dicha cifra, que fue confirmada por el vocero presidencial, Rubén Aguilar -"sí son aproximadamente 280 millones de dólares", dijo-, es casi igual a los recursos destinados este año al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), e inclusive supera el presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos que, en 2004, recibió el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en las 32 entidades del país.

Si bien ese gasto será distribuido entre los medios electrónicos e impresos, la mayor parte del mismo beneficiará sobre todo al duopolio televisivo. Y no obstante que el arreglo de Vicente Fox con los empresarios de la radio y la televisión -operado de madrugada por Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa- fue defendido con el argumento de que abatiría costos al gobierno, en la práctica ha ocurrido todo lo contrario: el gasto oficial en publicidad se ha elevado pese a los recortes de 5 y 10% que el Congreso impuso al presupuesto federal en los últimos dos años.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el gobierno de Vicente Fox presupuestó en 2003, para gastos publicitarios, mil 195 millones 13 mil 400 pesos como concepto 3700 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, el cual no incluye, por cierto, los recursos del Consejo de Promoción Turística, cuyas erogaciones oscilan entre 660 y 770 millones de pesos anuales -también concentradas sobre todo por las televisoras-, dependiendo de la derrama de los visitantes extranjeros.

Tras reconocer la fuerte inversión publicitaria por parte de la administración pública federal, sus organismos y empresas paraestatales, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, asegura que Fox no gasta un solo centavo en las campañas de la Presidencia de la República, como las más recientes que se refieren a un país donde "no pasa nada", ni en los spots sobre los logros gubernamentales que, según Aguilar, "también son noticia".

El jefe del Ejecutivo usa para ello parte de los tiempos oficiales que negoció con la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión (CIRT) en el súbito arreglo del 10 de octubre del 2002, que dio al presidente mejores horarios para difundir no sólo sus campañas, sino inclusive programas "de Estado", aunque ese "decretazo" redujo los tiempos oficiales de transmisión a 18 minutos diarios en televisión y a 35 en radio mediante spots grabados.

Uno de los argumentos que el gobierno federal esgrime ahora para no disminuir los gastos publicitarios es la repartición que el Congreso hizo de los tiempos oficiales, a los que inicialmente tenía acceso sólo el Ejecutivo: A partir del 2004, por mandato de ley, la distribución fue distinta: Ejecutivo, 40%; Congreso, 30%, dividido entre ambas cámaras; Poder Judicial, 10%, y 20% se reparte entre los organismos autónomos: Instituto Federal Electoral (IFE), Banco de México y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"Del ciento por ciento, al Ejecutivo sólo le queda el 40%, y hay 123 programas de igual número de dependencias que quieren hacer comunicación. El tiempo oficial no alcanza para comunicarlo todo", señala en entrevista Claudia García González, directora general de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, responsable de supervisar la aplicación de los lineamientos que deben regir a los programas de comunicación del gobierno federal.

"Hablando en términos mercadológicos, se deben hacer campañas con cierto tiempo, permanencia y número de spots a lo largo del día, de las semanas, para que tengan penetración y sirvan de algo. Si los dividiéramos entre todos, a cada uno le tocaría mucho menos tiempo, pero no lograríamos los objetivos. Sería un desperdicio", dice.

-¿Entonces se justifica un gasto en publicidad como el concepto 3700?

-Exactamente. No son suficientes los tiempos (fiscales) para hacer toda la comunicación. Eso por una parte, pero también algo muy importante es que no todas las dependencias tienen acceso a los tiempos oficiales. Lotería Nacional, Pronósticos Deportivos, IMSS, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, no pueden acceder a tiempos fiscales.

En efecto, si bien en el artículo 29 del Presupuesto de Egresos para el 2005 se establece que las dependencias y entidades del gobierno federal sólo podrán contratar publicidad a través de la radio y la televisión una vez agotados los tiempos oficiales, aclara que "serán exceptuadas de esta disposición las dependencias y entidades que por la naturaleza de sus programas requieran de tiempos y audiencias específicos".

Ingresos del duopolio

El hecho es que, en sólo tres años, Televisa—de la que es vicepresidente Bernardo Gómez, el artífice del arreglo de la CIRT con el presidente Fox y su esposa—recibió por este concepto 274 millones 403 mil 392 pesos:

En el 2002, según documentos oficiales, firmó contratos por 53 millones 417 mil pesos. Pero al año siguiente la cifra se duplicó: 103 millones 77 mil 117, y en el 2004 el gobierno federal le entregó 117 millones 909 mil 392 pesos.

A su vez, Televisión Azteca obtuvo durante los últimos tres años 165 millones 725 mil 389 pesos: En el 2002, año del acuerdo con Fox -en el que participó uno de directivos de esa televisora que también presidió la CIRT, Jorge Mendoza-, recibió contratos por 34 millones 521 mil 739 pesos; en 2003, la cifra se duplicó: 74 millones 587 mil 566 pesos, aunque el año pasado la cifra disminuyó a 56 millones 616 mil 83 pesos, todavía más de lo obtenido por Televisa el año del "decretazo".

Muy lejos de las cifras del duopolio, el Grupo Imagen—propiedad de Olegario Vázquez Raña­—ha recibido no obstante consistentes aumentos en publicidad oficial: Si en 2002 logró contratos por 3 millones 233 mil 880 pesos, al año siguiente la cifra se elevó a 5 millones 346 mil 569 pesos, y para el 2004 se duplicó: 10 millones 872 mil 826 pesos.

Una suerte diferente ha corrido MVS Multivisión y CNI Canal 40.

La primera de ellas, propiedad del expresidente de la CIRT, Joaquín Vargas Guajardo, signó en 2002 contratos por 4 millones 528 mil 578 pesos, pero en el 2003 descendió a 3 millones 700 mil y el año pasado sólo consiguió 3 millones 614 mil 391 pesos.

Y por lo que se refiere a CNI Canal 40, de Javier Moreno Valle, en 2002 firmó contratos por 3 millones 221 mil 738 pesos; al año siguiente, en medio del litigio con Televisión Azteca que derivó en la toma armada de sus instalaciones, obtuvo 2 millones 687 mil 782 pesos, y para 2004 sólo alcanzó 2 millones 294 mil 666 pesos.

En cambio, Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV) registra cifras modestas, pero al alza: En el 2003 captó 1 millón 245 mil 600 pesos, y en 2004 la cifra se triplicó: 3 millones 671 mil 686 pesos.

De acuerdo con los contratos suscritos por las dependencias y entidades de la administración pública que encabeza Vicente Fox, las grandes cadenas radiofónicas también han logrado considerables beneficios, que se hallan disponibles al público por mandato de ley en Compranet:

El Sistema Radiópolis, de Televisa, que en 2002 había conseguido 1 millón 499 mil 216 pesos, en 2003 casi triplicó sus ingresos por este concepto: 4 millones 159 mil 792 pesos, y el año pasado llegó a los 5 millones 600 mil 337 pesos.

Otras empresas y consorcios radiofónicos no han mantenido, en contratos publicitarios del gobierno, una línea claramente ascendente. Por ejemplo, Grupo Acir Nacional, en 2002 recibió 16 millones 592 mil 816 pesos, y en 2003 cayó a sólo 6 millones 857 mil 164 pesos, aunque en el 2004 sumó 7 millones 750 mil.

Promotora de Radio, la empresa del Núcleo Radio Mil, logró en 2002 contratos por 6 millones 937 mil pesos, y al año siguiente, después del "decretazo", subió hasta 8 millones 101 mil 252, aunque en 2004 consiguió un poco menos: 7 millones 619 mil 217 pesos.

La empresa Multimedios Estrella de Oro también es contrastante: En el 2002 captó 2 millones 914 mil 687 pesos; en el 2003 sus ingresos por este rubro se dispararon hasta los 11 millones 233 mil 166 pesos, y el año pasado cayeron a 4 millones 268 mil 362.

Grupo Radio Centro alcanzó 1 millón 600 mil pesos en 2002; al año siguiente se desplomó a sólo 365 mil 634 pesos, pero en el 2004 se recuperó: 6 millones 875 mil 714 pesos.

Mientras tanto, los datos disponibles para Infored revelan que este grupo sólo obtuvo, en 2004, 2 millones 655 mil pesos.

Medios impresos

En cambio, la publicidad en medios impresos ha sido modesta y se ha concentrado en un puñado de medios:

El diario El Universal, por ejemplo, recibió en 2002 un total de 5 millones 683 mil 867 pesos por dicho concepto; al año siguiente sus ingresos se elevaron a 6 millones 774 mil 774 pesos y para 2004 bajaron ligeramente a 5 millones 807 mil pesos.

Ediciones El Norte, que publica el diario Reforma, obtuvo en tres años una cantidad semejante, pero siempre de manera ascendente: en el 2002, un total de 3 millones 906 mil pesos; al año siguiente, 6 millones 369 mil 274, y en 2004 sumó 7 millones 404 mil 374 pesos.

El diario Milenio consiguió durante 2002 la cifra de 3 millones 413 mil 693 pesos; en 2003, 5 millones 128 mil 430, y el año pasado 3 millones 496 mil 915. La Organización Editorial Mexicana, que edita la cadena de los Soles y que encabeza Mario Vázquez Raña, recibió en tres años 5 millones 772 mil 468 pesos.

La Jornada obtuvo en cambio, en el 2002, 6 millones 759 mil 900 pesos, y el año siguiente 11 millones 615 mil 529 pesos, mientras que el año pasado cayó hasta los 6 millones 360 mil 833 pesos, para sumar, no obstante, en tres años, 24 millones 736 mil 262 pesos.

El Financiero firmó contratos por casi 10 millones de pesos en tres años: en 2002, por 2 millones 610 mil 405 pesos; en 2003, por 3 millones 690 mil 406, y el año pasado, por 3 millones 372 mil 970 pesos.

El periódico Ovaciones recibió en 2002, 1 millón 435 mil pesos, y en 2004, 1 millón 384 mil 176. Y hasta el periódico La Extra alcanzó: en 2003 se le proporcionó un contrato por 196 mil 311 pesos, en tanto que El Día consiguió para el mismo período una cantidad menor: 155 mil 416 mil pesos.

En cuanto a las revistas, Compranet registra que Proceso recibió en el 2002 contratos por 615 mil pesos; en 2003, por 960 mil y el año pasado por 595 mil 55 pesos. En total, durante los tres últimos años, 2 millones 170 mil pesos.

En virtud de que la información de Compranet contiene lagunas y es contradictoria -e inclusive contrasta con datos proporcionados a la revista Etcétera por la Secretaría de Gobernación, según la cual en 2003 Proceso recibió en publicidad, sólo de esa dependencia, una cifra superior a la registrada en Compranet-, se interrogó a Rubén Aguilar sobre las cifras que se atribuyen a éste y otros medios, y el vocero presidencial manifestó:

"Es más dinero que eso."

Por eso el viernes 25 de febrero el reportero le solicitó, de manera personal y por escrito, precisar la información oficial sobre la publicidad pagada a los medios escritos. Una semana después, el exvocero de Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña presidencial de 1994—dato que ya no aparece en su currículum oficial—no consideró oportuno entregar dicha información.

La revista especializada en medios de comunicación Etcétera documentó, mediante una solicitud de información y un recurso posterior, que ganó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la manera como la Secretaría de Gobernación asigna publicidad a los medios escritos y las diferencias que registra Compranet.

De acuerdo con las investigaciones de Etcétera, en 2003 Gobernación gastó en publicidad de medios escritos 20 millones 517 mil 658 pesos: Reforma captó casi 2 millones (1 millón 901 mil 617 pesos, cifra que representa el 9.27% del total y constituye 80 mil pesos menos de lo que Gobernación gastó, conjuntamente, en El Financiero, Milenio, El Economista y La Crónica de Hoy).

Según el mismo reporte, La Jornada recibió 1 millón 775 mil 516 pesos; El Universal, 1 millón 250 mil 916; Unomásuno, 215 mil 564; Excélsior, 208 mil 721; Lapiztola, 161 mil; La Extra, 57 mil 500, y El Día, 41 mil 289 pesos.

En lo que respecta a las revistas, conforme a la información de la reportera Laura Islas Reyes difundida por Etcétera, Gobernación compró en 2003 publicidad a Proceso por 1 millón 560 mil 262 pesos; a Nexos le destinó 840 mil 875; a Letras Libres, 749 mil 722; a Etcétera, 232 mil 529; a Quehacer Político, 230 mil; a Este País, 202 mil 831; a TV Notas, 109 mil 89 y a Viva, 99 mil pesos.

Y por lo que se refiere al año pasado, Gobernación aseguró a Etcétera que, hasta el mes de agosto, esa dependencia había gastado en publicidad de medios impresos 6 millones 861 mil 609 pesos, de los cuales El Universal había obtenido la cifra mayor: 672 mil 962 pesos, seguido por Reforma y La Jornada, en ese orden. Según el mismo reporte, Proceso obtuvo durante el mismo lapso 959 mil 675 pesos, seguido por Letras Libres, Larevista y Milenio Semanal.

Los lineamientos

Entrevistada sobre el tema, la directora general de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Claudia García, sostiene que el suministro de publicidad no es caprichoso, y que las dependencias y entidades del gobierno de Fox deben proporcionarlo en apego a los lineamientos establecidos el 21 de diciembre pasado y publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 del mismo mes.

Se trata de un conjunto de principios obligatorios para la orientación, planeación, autorización, supervisión y evaluación de las estrategias, programas y campañas de 123 dependencias y entidades federales para aplicar el gasto en servicios de comunicación social y publicidad.

En el caso de los medios impresos, según dichos lineamientos, su contratación sólo podrá ser autorizada si esa Dirección General recibió de cada medio un estudio del perfil del lector, así como un certificado de su circulación pagada y de su cobertura geográfica vigentes, que debe ser expedido por empresas independientes y expertas.

La fórmula para calcular el promedio de circulación pagada de un medio impreso es la siguiente: ventas directas y a través de canales de distribución estables, definidos y verificables, más suscriptores, menos la devolución sobre las ventas, igual a circulación pagada entre el número de ediciones evaluadas, igual al promedio de circulación pagada...

"La certificación deberá considerar al menos la quinta parte o equivalente de los números publicados en el ejercicio fiscal anterior al que está en curso, de forma aleatoria", señalan los lineamientos de Gobernación, que por primera vez establecen —de manera obligatoria—la evaluación de la eficacia de las campañas, independientemente del medio en que se realicen.

Tales normas empezaron a diseñarse durante este gobierno, cuando Fátima Fernández Christlieb estuvo a cargo de la Dirección General de Normatividad de Medios. Y aunque ella renunció a su cargo frustrada por el "decretazo" de octubre del 2002—como lo narra en el libro Gritos y susurros—, los lineamientos se han robustecido para fortalecer las campañas del gobierno.

Sobre el tema, la sucesora de Fernández Christlieb, Claudia García, expresa que el gobierno tiene que informar, pero rechaza que el gasto del gobierno sea para hacer propaganda: "No se está informando a la sociedad, como en los casos del pago de impuestos, las campañas de salud, las inscripciones escolares, y también tenemos razones de Estado para cuidar el medio ambiente, fomentar los valores cívicos, etcétera. Tenemos que hacer una serie de comunicaciones por razones de Estado".

Respecto a la información de los logros de la Presidencia de la República, dice: "Es comunicar, rindiendo cuentas, de cuáles han sido las acciones que se están generando, más allá de las campañas permanentes en beneficio de la sociedad".

-¿Como las campañas de que en este país "no pasa nada" y de que las "buenas noticias también son noticia"?

-Esto es parte de la rendición de cuentas. Es informar a la gente de manera creativa, por ejemplo, de cómo este gobierno está preocupado por que haya transparencia. Son los resultados del gobierno.

La funcionaria niega que se haga uso del presupuesto de comunicación social y publicidad para promover a algún funcionario o dependencia, y rechaza que en su aplicación exista el propósito de excluir a ciertos medios.

-Pero la que gana es la televisión...

-Esto, debido al alcance que, por sentido común, no tienen otros medios. Si un medio tira 100 mil ejemplares y somos más de 100 millones de habitantes, y aparte la gente no lee en este país, la caja negra es lo que hoy por hoy la gente puede atender. Pero para eso hay campañas para todos los medios.

-¿Es mucho o poco el gasto en este rubro?

-Diría que está mal distribuido, porque hay empresas que son las que tienen el mayor presupuesto y no son necesariamente los mensajes que se deben hacer saber a la gente. Ojalá fuera por prioridades. A mí los mensajes sociales me parecen prioritarios... l

RETRATOS POLITICOS >>18 jUNIO 1972<<

ECHEVERRÍA vs. TELEVISA

El clima, al comenzar la reunión no podía ser más tenso. Varios de los concesionarios se arremolinaban en sus sillas, a la espera de lo que comunicaría el Presidente Luis Echeverría. Habían sido convocados al Salón Juárez de los Pinos a la 1:00 de la tarde, pero el encuentro comenzó a las dos.
Emilio Azcárraga Milmo, Miguel Alemán Velasco (accionista de TELEVISA y directivo del PRI) y Rómulo O’Farrill Jr. Llegaron puntuales y se sentaron en el extremo izquierdo de la primera fila, y muy cerca de ellos los directivos de Televisión Independiente de México, Bernardo Garza Sada (cabeza del Grupo Monterrey) y Alfredo Martínez Urdal. Un poco más allá, otro Regiomontano, don Joaquín Vargas, quien entonces presidía la Cámara de Radio y Televisión. Se saludaban de lejos y los que se acercaban, murmuraban sobre el motivo de este particular encuentro el 18 de junio de 1972.
Meses atrás, estudiosos e intelectuales habían desatado una serie de ataques hacia la televisión privada como promotora de un consumismo exagerado, particularmente en las páginas de Excélsior y Ovaciones. Hubo meses en que casi a diario aparecía un artículo en contra de Telesistema Mexicano (ahora TELEVISA). La televisora inició la contraofensiva y organizó a los empresarios privados para que boicotearan económicamente a Excélsior, mediante un retiro masivo de su publicidad. En 1972, el grupo de empresarios exhortó a las compañías transnacionales a través de circulares, a que se unieran a la campaña. Durante el boicot, se reunió la plana mayor de Excélsior con Emilio Azcárraga Vidaurreta para hablar con él y resolver el conflicto. En eso estaban cuando entró, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo a la oficina y le dijo a Julio Scherer, entonces Director de Excélsior (y después fundador de PROCESO): “Te voy a romper la madre.” Don Emilio lo corrió con un: “No digas pendejadas.” Azcárraga Milmo registró el incidente como una cuenta por cobrar. Sólo con el apoyo de los anuncios gubernamentales pudo Excélsior sobrevivir las presiones de los anunciantes. En esa ocasión, el gobierno ayudó al periódico porque éste apoyaba la política presidencial sobre la radio y televisión.
Montados en la creta de la ola populista, Echeverría y varios miembros de su gabinete estaban convencidos de que la televisión privada no había demostrado suficiente preocupación por los potenciales efectos adversos que tenía la programación sobre la juventud del país y, en general, no contribuía a la formación educativa de los mexicanos. El ánimo del gobierno echeverrista respecto a la televisión giraba alrededor de una frase que había pronunciado el propio Echeverría en 1968 como Secretario de Gobernación: “No nos dedicaremos a construir por las mañanas, y destruir por las tardes.”
Los concesionarios alegaban que el Estado contaba con tiempo/aire que podía utilizar para la educación educativa. Pese a la verdad del argumento—desde 1969 el Estado gozaba por ley el 12.5% de tiempo/aire en televisión—en realidad, hacia junio de 971, sólo utilizaba un 2.9% de ese tiempo de transmisión. El rumor de la nacionalización de la televisión parecía materializarse.
Echeverría al ver en la plataforma a Miguel Sabido (autor de La Tormenta) le pidió su opinión. Sabido entonces dibujó en el pizarrón lo que llamó “el abanico”, describiendo gráficamente el tono de los canales que en ese momento estaban en el aire—es decir, a qué sectores de la sociedad iban dirigidos, y que tipo de programación transmitían, los privados eran los Canales 2, 4, 5, y 8; del Estado eran el 13, el 11 y la TRM. Sabido explicó que había otra canal del gobierno que cruzaba este abanico, y éste era la utilización del 12.5% del tiempo de transmisiones que correspondían al Estado, y que se utilizaría dependiendo del tono del canal, alcanzando así auditorios más específicos. Si uno restaba ese 12.5% del tiempo del Estado, el resultado era un equilibrio estatal y privado de 3.5 canales cada uno.
El Presidente Echeverría se levantó a aplaudir y dio por terminada la reunión. Los concesionarios se felicitaron entre ellos. Echeverría desechaba la posibilidad de una nacionalización ante la alternativa del nuevo modelo mixto de televisión, pero bajo dos condiciones: una, que cada tres meses le informaran sobre el desempeño y que el instituto entregara metodologías de medición del uso social de la televisión. FUENTE: FERNÁNDEZ, C. y PAXMAN, A.; «El Tigre y su Imperio TELEVISA», Grijalbo (2000).

>> en pocas palabras<< La Ley TELEVISA

(c) el enmascarado en el exilio
"DEMOCRACIA SIN TV"

El proceso electoral del 2 de julio pasado ha dejado un gran número de lecciones y de consecuencias en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos. Aunque un balance de primera vista pudiera indicar un notable retroceso en la credibilidad de las instituciones electorales, en el marco legal y en el sistema político hay otros signos saludables que presagian una mayor participación de la sociedad en su conjunto en la vida política y cultural de México.
Al margen de que el tiempo y los damnificados en el proceso electoral federal vayan presentando pruebas de las irregularidades e ilícitos ocurridos, los hechos van delineando un nuevo país cuyas principales características son la división interna en dos grandes facciones irreconciliables: una pequeña oligarquía, que es al mismo tiempo la dueña del capital y del poder público; y un sistema económico atrapado en su propia paradoja de desarrollo social al margen de la otra mitad del País cuya pobreza va en aumento.
Aunque los poderes fácticos de México seguirán controlados por un pequeño grupo de grandes capitalistas, tendrán que ampliarse con los amigos y colaboradores de la paradigmática profesora Gordillo, que incluyen desde la primera dama de la nación y sus familiares, hasta gobernadores priistas que la apoyaron en su lucha para salvar a México del peligro, funcionarios electorales federales que le permitieron registrar un partido político (Panal) violando casi todas las disposiciones legales, los priistas que traicionaron a Madrazo y los "mapaches" que ejecutaron la operación de ceder al PAN votos del PRI e inventar diputaciones a desconocidos miembros del Panal.
A la lista anterior habrá que añadir los conductores de noticieros de Televisa convertidos en politólogos, el sector confesional del PAN y los "torquemadas" del clero nacional para crear un gobierno de la derecha radical que hará crecer la división y la iniquidad ya existentes en la sociedad mexicana. No obstante, se advierte en ambas facciones la determinación de convertir a la política en una actividad permanente y no circunscrita, como hasta ahora, a los periodos electorales.
Esto significaría que los mexicanos empezarían a hacer política en el sentido real del término y no simulaciones como hasta ahora, al haberse adoptado instituciones e ideologías de otros países, con otras realidades y otras historias. Al reconstituirse los partidos políticos sobre la base real de sectores de la sociedad que comparten una misma visión del mundo, los mismos sueños e intereses, la representatividad en el poder público de sus líderes tendría sentido y sería legítimo todo lo que plantean y todo lo que exijan.

© Alfonso Elizondo >>> Democracia sin TV<<< ||| El Norte; Sábado, 19 de Agosto de 2006

>> en pocas palabras <<

Ya sé que en México tienen periódicos y que hay "noticieros" pero estoy 100% seguro que se les pasó leer esta nota...
Besos y abrazos.

La olla podrida de la ley Televisa llegó lista para ser servida en la mesa de Marta y Vicente Fox, y en ella metieron su cuchara muchos que hoy fingen demencia.
Fue “una imposición”, dijo Santiago Creel como si no hubiera sido secretario de Gobernación casi todo el sexenio, y confesó: “Es tiempo de rectificar”.

[...]

Entre las voces en contra no sólo estuvieron las de los 47 legisladores que desafiaron el poder de la televisión, de la radio y de algunos periódicos que los declararon muertos y enterrados en sus noticias, sino otra que debe ser recordada: nada menos que la de Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien entregó el 4 de abril de 2006 al consejero jurídico del presidente una serie de observaciones para rechazar la ley.

En mi programa de radio De 1 a 3 del 21 de junio de 2006, dije:

“Señor presidente: usted está obligado a explicarnos por qué ignoró el documento de Cerisola... por qué regala un bien de todos los mexicanos, como es el espectro radioeléctrico, para concentrar más poder en menos manos, sin ninguna contraprestación para un pueblo en que millones de personas viven en la miseria... Uno de los miembros de su partido acaba de recomendarle a otro que las manchas de lodo simplemente las deje secar y luego se caen solas... no le haga caso, señor Fox, hay lodos indelebles”. […]

El señor Fox no se dignó contestarme, ni mucho menos revisar y corregir el texto de la ley Televisa. ¿Lo habrá leído? […]

El mismo día en que los ministros aceptaron estudiar la ley Televisa, se revelaba a qué grado la televisión participó,
influyó y tal vez decidió el resultado de la elección presidencial del año pasado.

Cuando el actual gobierno no cumple todavía su primer semestre, Carlos Ahumada queda súbitamente libre y confiesa que fue el instrumento, sucio y perverso pero efectivo, para tratar de destruir a uno de los candidatos. Se filmó a sí mismo dando dinero a colaboradores muy cercanos de ese candidato. Pero de nada habría servido esa filmación si no llega a divulgarse en la televisión mediante procedimientos siniestros, simulaciones y manejos misteriosos hasta hoy mantenidos en la oscuridad. Al salir de la cárcel Ahumada, con la soberbia propia de los pecadores impunes, dijo: “Creo que puse un granito de arena a lo de julio del año pasado”. Le preguntaron si se refería al “no triunfo” de López Obrador. “Así es”, dijo Ahumada. Uno se pregunta si ese granito de arena no pesaba 0.56% o un poquito más de los votos contados. [...]

Jacobo Zabludovsky, BUCARELI, El Universal, Mayo 14 / 2007

© el comandante en L.A.

>> en pocas palabras<< AMLO y la LEY TELEVISA

(c) el enmascarado en el exilio

En la asamblea informativa del 13 de agosto en el Zócalo capitalino, AMLO propuso uno de los cinco puntos principales de la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre, de la siguiente manera:

«La apertura de los medios de comunicación ha sido una conquista de los mexicanos. No permitiremos un retroceso. La tarea de los medios de comunicación es de interés público y, por tanto, los medios de comunicación deben garantizar espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas de nuestro país. Entre sus obligaciones sociales está la de brindar información veraz y objetiva a la población, que sirva de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones y en la vida nacional.»

El primer paso en ese sentido para hacer efectivo el derecho a la información sería la creación de una moderna ley para la televisión que acote su participación en los procesos electorales y en el debate público, tal como sucede en las naciones más avanzadas del mundo.

LA VOZ DE ANDRES MANUEL HA ESTADO AUSENTE CON RESPECTO A LA LEY TELEVISA; LOS CIUDADANOS EN RESISTENCIA EXIGIMOS SABER

>> en pocas palabras<< RUBOR

Varias de las figuras emblemáticas de la clase política tendrían que ruborizarse frente a la exhibida que les dio el Ministro Aguirre Anguiano. Ahora, a ver cómo se comporta el conjunto de la Suprema Corte. Rubor, define el diccionario, es "el color rojo que aparece en el rostro por afluencia de sangre, debido a un sentimiento de vergüenza".

Vale reproducir la definición por si algún político resuelve ensayar, durante el fin de semana, cómo ruborizarse después de la encuerada que les puso el Ministro Salvador Aguirre Anguiano. Al menos, ese juez considera inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que el año pasado aprobaron los legisladores y que cede, sin condición alguna, el espectro radioeléctrico a los actuales concesionarios de medios electrónicos para que presten servicios adicionales.

El proyecto de dictamen del Ministro Aguirre Anguiano es favorable parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores Manuel Bartlett y Javier Corral junto con otros 45 legisladores que, a diferencia de sus compañeros, resistieron la idea de doblar las manos ante el interés privado de los concesionarios y aparecer como cómplices de un despojo más al Estado.

Es de todo punto de vista apreciable la postura del Ministro, como la de aquel reducido grupo legisladores. Ellos, sólo ellos y quienes de un modo u otro los acompañaron, no tienen por qué ruborizarse. A ver cómo se comporta el pleno de Ministros de la Suprema Corte cuando tome su decisión final.

Cualquiera que sea el destino de ese proyecto -de momento no es más que un documento de trabajo-, reivindica por lo pronto al derecho frente a los poderes fácticos que, por la vía de la presión y el chantaje, lo vulneraron dándole trato de empleados o lacayos a la mayor parte de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Los legisladores que aprobaron esa reforma y el presidente Vicente Fox que la publicó hicieron del derecho un trapeador, y de su representación y mandato popular un servicio privado a domicilio. Sabían de la coyuntura electoral en que planteaban una reforma de esa envergadura y, a sabiendas de ello y de la debilidad en que se encontraban, jugaron a obsequiar la ambición de los grandes concesionarios de radio y televisión.

A partir de lo ocurrido, un cierto rubor debería aparecer en el rostro de los entonces candidatos presidenciales Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo que, frente al despojo que se cometía, se hicieron de la vista gorda. A su modo y estilo -fingiendo demencia, presionando en corto a quienes cuestionaban su postura o simulando el más absoluto desconocimiento-, en vez de marcar sus diferencias, subrayaron su más profunda coincidencia. Se hicieron guajes: resultaron iguales.

El interés de los entonces candidatos presidenciales no estaba puesto en defender al Estado sino en no malquistarse con los concesionarios porque, estando en campaña, no querían perder pantalla ni sufrir eventuales represalias. Por ningún lado apareció la honestidad valiente ni las manos limpias. Su interés personal estaba por encima del interés público.

Rubor debería tener Vicente Fox y su muñeco Rubén Aguilar, que fueron claramente advertidos del atropello. De distintas maneras fueron prevenidos de lo que representaba esa reforma, pero la disculpa estaba a la mano. El portavoz explicó que el presidente de la República no había leído las reiteradas advertencias. Así de simple.

Algo más que rubor debería tener Emilio Gamboa que, a todo lo largo de ese debate, actuó—en su calidad de senador de la República-—no como representante popular sino como representante privado. Jugó abiertamente a favor de los concesionarios y, ahora, debería asumir las consecuencias. En cualquier otra democracia, la descalificación que le supone el proyecto de dictamen del Ministro Aguirre implicaría la presentación de su renuncia al menos como coordinador, ahora, de los diputados tricolores.

Es prematuro, desde luego, echar las campanas a vuelo. El documento del Ministro Aguirre no es más que un proyecto de dictamen. Viene ahora la parte difícil del proceso. En principio, los ministros de la Suprema Corte han resuelto concentrar su atención en ese sólo asunto para emitir su sentencia el próximo día 21. Su agenda de trabajo ha sido limpiada, pero más allá del tiempo que dediquen al estudio del proyecto, los ministros sentirán y sufrirán la presión de los concesionarios que tienen muy claro el tamaño del negocio que, ahora, se les está tambaleando. En su sentencia, dejaron ver al servicio de quién está la Suprema Corte de Justicia.

Los ministros, sin embargo, deben tener muy claro que no es el negocio de unos particulares lo que está en juego, es mucho más. En la decisión que tomen se juega parte de la soberanía nacional -en tanto que el espacio aéreo es parte de ella- y se juega también la fortaleza de la democracia y el Estado de derecho. Si la presión del poder fáctico y mediático que encarnan los grandes concesionarios los doblega, como doblegó a los otros dos Poderes de la Unión, sobra mencionar el estado en que quedará el Estado de derecho y la debilidad de nuestra democracia.

Cada vez es más evidente que la incipiente democracia mexicana corre el peligro de caer en la vertiente de las democracias defectuosas que no acaban de establecerse como el espacio expresamente construido para resolver, civilizadamente y conforme a derecho, las diferencias del conglomerado de los ciudadanos. Los poderes fácticos de la más diversa índole han sometido a una enorme tensión el juego democrático y han hecho del Estado de derecho, en complicidad con buena parte de la clase política, un ariete para defender sus intereses o vulnerar a sus adversarios. Más de una vez, esos poderes informales han sometido a los poderes formales de la Unión.

Salvo contadas excepciones, en este caso los 47 legisladores que presentaron la acción de inconstitucionalidad y, en su decisión, asumieron el riesgo de enfrentar a uno de los mayores poderes informales del país, el conjunto de la clase política no ha estado a la altura de la circunstancia nacional o, lo que es peor, ha resuelto asegurar su sobrevivencia hipotecando su actuación pública a favor de éste o aquel otro interés privado.

El nombre del juego frente al cual los ministros de Suprema Corte fijarán postura es ése. Ahí se verá si, efectivamente, los pesos y contrapesos de la democracia mexicana funcionan o no. Se verá de qué están hechos los ministros y qué poderes cuentan.

Más allá de filias y de fobias, es menester reconocer a los legisladores que se la jugaron y se la están jugando al promover aquella acción de inconstitucionalidad. En la pluralidad del grupo que integraron al estampar su firma en el recurso, reivindican algo de credibilidad en las siglas de los partidos donde militan y reponen algo de esperanza en las instituciones.

Varios de esos políticos ya resienten la consecuencia de haber encarado al poder de los grandes concesionarios de radio y televisión: no aparecen más en las pantallas y son contadas las radiodifusoras que les dan entrada. Saben lo que es la mediocracia, el poder de los medios y, aún así, se la jugaron como, ahora, se la ha jugado parcialmente el Ministro Salvador Aguirre Anguiano.

Es de agradecerse su resistencia porque en el fondo supone una postura de principios. Y eso, en un momento, donde el reino es de los intereses particulares o personales, no es cualquier cosa. Gracias, no tienen por qué ponerse rojos.

© Rene Delgado | El Norte | Reforma } 5 mayo 2007

>> en pocas palabras <<

>> RATAS DE DOS PATAS <<

>> EL CARTEL DE LOS SALiNAS <<