Ley de Medios: “as bajo la manga”

Televisoras estarían dispuestas a intercambiar reforma electoral por Ley de Medios

Los senadores desempolvaron la Ley de Medios no para usarla de “garrote” , sino para abrir espacios de negociación

Ya se sabe (EL UNIVERSAL, Bajo Reserva, 09/09/07) que,ante la presión descomunal del poder mediático lanzado contra la reforma electoral, los tres principales partidos políticos representados en el Senado de la República —PAN, PRD y PRI— reaccionaron con un “as bajo la manga”, al acelerar la discusión de la llamada Ley de Medios, que tarde o temprano sustituirá a la malograda ley Televisa.

Una respuesta política que, más que inteligente, parece “de librito”, pero que aun así fue vista por no pocos como una reacción de fuerza por parte del Congreso frente a las poderosas televisoras. Pero lo que está en juego tanto en la reforma electoral como en la Ley de Medios —no sólo el dinero que emplean los partidos en propaganda electoral, casi 3 mil millones de pesos, sino la influencia misma del poder mediático frente al poder público— acepta mucho más que una lectura lineal como ésa, y hasta abre la puerta para la hipótesis de una negociación forzada —entre el Congreso y las televisoras— para impulsar un intercambio de intereses.

Es decir, que mediante una campaña de presión supuestamente en defensa del IFE y de su Consejo General —que en realidad es la defensa de sus intereses económicos—, las televisoras habrían forzado a poner sobre la mesa de discusión la Ley de Medios, cuyo debate es impostergable y en una de sus partes medulares tiene importantes puntos de contacto con la legislación electoral. Se podría decir, incluso, que las televisoras, en especial Televisa, estarían dispuestas a un nada extraño “enroque legislativo”: la reforma electoral a cambio de la Ley de Medios.

Y vale la hipótesis, porque el espíritu reformista que anima a los tres grandes partidos mexicanos abre anchas avenidas para la negociación, el acuerdo, la presión y hasta el chantaje entre todos los sectores sociales involucrados en los cambios que se proponen, a la luz de la reforma del Estado. Pero además, la hipótesis se refuerza si recordamos que una buena parte de los políticos y legisladores que hoy impulsan las reformas del Estado, electoral, fiscal y de medios, son los mismos que hace unos cuantos meses aprobaron, casi sin discusión y mediante ofensivos “lineazos”, la ley Televisa. Las televisoras no sólo cuentan con importantes aliados en el Congreso, sino que incluso muchos de quienes impugnaron esa ley frente a la Corte, y que lograron su caída, hoy están fuera de los centros reales de poder.

Está claro que, luego de las experiencias electorales de 2000 y 2006 —en donde el dinero dominó a la política y la democracia electoral—, existe entre el tripartidismo dominante en el Congreso una tendencia que favorece limitar la participación de los poderes fácticos en los procesos electorales, y que todos o casi todos los actores políticos fueron víctimas del poder de las televisoras y los grupos familiares que dominan la radio. Pero también es cierto que en 2000 y 2006 no pocos de los políticos que ahora reivindican posturas de fuerza frente a las televisoras —y que dicen comportarse como “hombrecitos”— en realidad se doblegaron a las presiones mediáticas y hasta pactaron acuerdos inconfesables.

En efecto, el Congreso y los partidos que lo integran pudieran acordar hoy que la televisión y la radio se quedaran fuera de los procesos electorales, y hasta pudieran acordar una Ley de Medios que limite el poder mediático, que permita abrir espacios para la competencia y terminar con los monopolios electrónicos en radio y televisión. Pudieran hacer todo eso y más, hasta convertir a la grosera “partidocracia” en el “poder de poderes”, por sobre la jerarquía constitucional del poder. Pero existe un pequeño detalle que los Creel, Navarrete y Beltrones no quieren decir, que olvidan o, de plano, se niegan a ver. ¿Cuál es ese detalle?

Que ellos mismos, Creel, Navarrete y Beltrones, tienen ambiciones de poder —alguno de ellos incluso presidenciales—, más allá de su cargo actual en el Senado; que pertenecen a partidos políticos cuya esencia y fin es el poder y el ejercicio de los cargos públicos, y que una cosa son los procesos electorales y la construcción de los centros de poder y cargos públicos, y otra cosa muy distinta es el ejercicio del poder y de esos cargos públicos. Cuando en el Senado se limita o prohíbe la participación de los poderes fácticos en los procesos electorales, y cuando presuntamente se amenaza al poder de las televisoras y la radio con la Ley de Medios, en realidad sólo se pretende contener a una parte de ese poder. ¿Por qué?

Porque la otra parte del poder mediático, que se expresa en la información, en los noticieros, en las campañas contra tal o cual político, queda en absoluta libertad. En realidad la siguiente bandera que esgrimirán los poderes fácticos de los medios será precisamente la bandera de la libertad de expresión; entendida como el derecho de endurecer la crítica y exhibir, en televisión y radio, todos los males de los gobernantes en turno, sean de gobiernos municipales, estatales o federales. ¿Qué centro real de poder, sea del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sea municipal, estatal o federal; sea liderazgo partidista o social, sería capaz de soportar una andanada mediática, en televisión y radio?

Ese es el verdadero mensaje que enviaron en el Congreso los jefes del poder mediático, cuando advirtieron que muchos legisladores aspiraban a ser gobernantes. Y por eso, de manera rápida los senadores desempolvaron la Ley de Medios. Pero no para usarla como un garrote para aplacar a las televisoras, sino para abrir espacios de negociación sobre esa ley. Y es que los políticos “no comen lumbre”, y saben que sean del partido que se quiera y la doctrina que se antoje, todos estarán expuestos a las campañas mediáticas, no en los procesos electorales, tampoco en la pelea por nuevas concesiones, sino en el ejercicio del poder.

Pueden aparecer como “valientes cruzados” frente al poder de la televisión y la radio, pero como “no comen lumbre” y tampoco son suicidas, tendrán que negociar la reforma electoral a cambio de elementos fundamentales de la Ley de Medios. Y si no, al tiempo.

(c) Ricardo Aleman | El Universal | 10 Sept 2007