Jorge Carrasco Araizaga
México, D.F., 2 de octubre (apro).- A sus 84 años y a casi cuatro décadas de la masacre del 2 de octubre de 1968, Luis Echeverría espera que la exoneración definitiva por la masacre de estudiantes en Tlatelolco le llegue antes que la muerte.
Deteriorada su salud y afectado su ánimo por el arresto domiciliario de que fue objeto la primera semana de julio por orden de la justicia federal, Echeverría sólo está a la espera de que en cualquier momento el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito lo declare, en definitiva, libre de los cargos que se le imputan por la muerte de 43 personas, entre civiles y militares, según las cifras oficiales.
El pasado 19 de septiembre, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) presentó ante el titular de ese tribunal, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, sus agravios por la decisión de un juez federal de ordenar la suspensión del arresto.
La noche del viernes 7 de julio, el juez decimoquinto Penal Federal, Ranulfo Castillo, radicado en el Reclusorio Sur, puso fin al arresto que una semana antes había ordenado el anterior titular del Segundo Tribunal Unitario, José Ángel Mattar Oliva.
Con esa decisión, el magistrado había revocado una sentencia del propio Ranulfo Castillo, quien en una primera instancia había negado la orden de aprehensión en rechazo a la acusación de genocidio formulada contra Echeverría por el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo Prieto.
De acuerdo con una resolución de 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juez Castillo determinó que el delito de genocidio ya había prescrito.
Los tiempos de la prescripción son precisamente la materia de los recientes agravios presentados por el fiscal en un documento de 400 páginas.
La defensa de Echeverría sólo presentó dos hojas para responder a esos agravios. El argumento es el mismo que ha presentado desde antes de que se hiciera la consignación del primer expresidente de México que es procesado en México por delitos relacionados con los derechos humanos.
En sus cuentas, Echeverría dice que el delito ya prescribió. Argumenta que el 11 de noviembre de 1969 renunció al cargo de secretario de Gobernación para iniciar su campaña presidencial y el 1 de diciembre de 1970 asumió como presidente.
Como la legislación de esa época, avalada por la Corte, establecía que el genocidio prescribiría a los 30 años de ocurridos los hechos, Echeverría argumenta que su fuero se interrumpió durante 1 año y 20 días, mientras hizo su campaña presidencial. Por lo que en lugar de contarse el 30 de noviembre de 2006 como fecha de la prescripción del delito, el día que perdió vigencia fue el 11 de noviembre de 2005.
Ese es el criterio que la defensa de Echeverría espera del titular del Segundo Tribunal Unitario para que su cliente sea exculpado en definitiva.
Mientras estuvo arrestado, Echeverría tuvo que declarar ante el juez. Sus argumentos fueron los mismos que ha repetido por 38 años: El 2 de octubre de 1968, “militares con sus armas desabastecidas, fueron a Tlatelolco a preservar el orden. Unas personas, apostadas en departamentos y azoteas, dispararon a los militares y por eso, el primer herido fue el comandante de la tropa, general José Hernández Toledo.
“Los militares abastecieron sus armas y enfrentaron a quienes les disparaban. Hubo 43 militares y manifestantes muertos, resultado de un enfrentamiento y no de una política de Estado de exterminio… No hay pruebas de mi probable responsabilidad penal en el enfrentamiento”, declaró ante el juez.
Nada dijo que los militares apostados en los edificios que daban a la plaza en realidad eran francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Esos miembros del cuerpo armado de la Presidencia fueron los responsables de los ataques a estudiantes y militares que estaban en la plaza, de acuerdo con el testimonio de quien en ese momento era el secretario de la Defensa, el general Marcelino García Barragán.
Para Echeverría, no hubo genocidio, sino un enfrentamiento. Y en caso de que hubiera existido genocidio, ha dicho: “Yo no fui”. Lo que sí existió fue el delito de homicidio, pero ya prescribió.
Bajo esa lógica, la verdad judicial le podría favorecer. Pero la verdad histórica, hace muchos años que lo condenó a pesar de que el fiscal especial Carrillo Prieto fue incapaz de documentarla. Al menos así se entenderá hasta que no se conozca el informe final de su oficina, esperado desde hace medio año.
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