Raúl Monge
Después de dos años de análisis y discusiones, el Senado de la República aprobó, el martes 21, una serie de reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por medio de las cuales se endurecen las sanciones contra quienes cometan delitos relacionados con la explotación sexual comercial de menores de 18 años, incluidos los sacerdotes.
La aprobación de estas reformas ocurre justo en vísperas de la difusión pública del Reporte Global de Monitoreo de las acciones contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en México elaborado por Ecpat Internacional, un organismo surgido a finaales de los ochenta que trabaja en coordinación con grupos civiles en 75 países.
El informe, que será presentado el jueves 1 de marzo en la Ciudad de México por la directora ejecutiva del organismo, Carmen Madriñán, no deja bien parado al gobierno mexicano.
Asegura que la respuesta de las autoridades en el combate a la explotación sexual comercial infantil ha sido tardía, parcial y de corto alcance. Establece que el costo de la pasividad gubernamental ha sido brutal porque México es visto hoy día en el plano internacional como el “Bangkok latinoamericano”.
En entrevista, la directora ejecutiva de Ecpat Internacional abunda en ese punto:
“La situación de Tailandia y México muestran similitudes. México es el mayor destino turístico de América y Tailandia es el de Asia. La reputación de México está crecientemente vinculada con el turismo sexual por parte de los medios y de los turistas y criminales.
“Mientras que Tailandia ha sido exitosa en mejorar la protección de los niños en contra del turismo sexual y ha continuado la lucha para eliminar todas las formas de explotación sexual, México se ha vuelto un nuevo y creciente destino para el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes y se ha ganado la reputación de lugar en que dichos crímenes pueden realizarse con relativa impunidad. Por esa razón, es necesario que México explicite a través de fuertes y unificadas leyes su compromiso de garantizar el derecho a vivir una vida libre de la explotación sexual a todo niño, niña y adolescente.”
Madriñán subraya que si bien las autoridades mexicanas han promulgado leyes orientadas a proteger a los menores de la explotación sexual, aclara que “aún no existe un marco legal uniforme de aplicabilidad a nivel nacional para garantizar a todos los niños del país igualdad de protección”.
Indica que esta situación conlleva que en México existan diferentes interpretaciones y sanciones en contra de quienes abusan de la población infantil. “La falta de uniformidad en las leyes de los 32 estados que conforman la Federación mexicana hace que en algunas regiones se pueda explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes con impunidad”.
Bajo tales circunstancias, dice, es imposible medir adecuadamente la situación o cuantificar siquiera el alcance de esos crímenes. “En un país tan grande y estratégicamente situado, la falta de homogeneidad en las leyes debilita la capacidad de respuesta de las autoridades…”.
Legislación desigual
La directora ejecutiva de Ecpat refuerza sus declaraciones con un caso concreto. Señala, por ejemplo, que mientras en los estados de Baja California, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo los delitos de prostitución y de pornografía infantil están tipificados en sus respectivos códigos penales, en el resto del país son considerados como simples faltas a la moral.
Pero no es el único. En su informe, Ecpat Internacional resalta las diferencias que existen en las legislaciones estatales en cuanto a la edad de consentimiento sexual: En nueve estados, por ejemplo, es a los 12 años; en dos, a los 14 años; en seis, a los 16 años; en uno, a los 17 para los varones y de 18 para las mujeres, y en dos, a los 18 años.
Destaca además que en 25 estados de la República no procede la acción penal por abuso o violación sexual si existe matrimonio entre el agresor y la víctima. Esto último, dice, deja en un completo estado de vulnerabilidad a las niñas en casos de matrimonios tempranos.
Carmen Madriñán establece en la entrevista que tal disparidad en la legislación “limita la penalización de los crímenes relacionados con la explotación sexual comercial infantil y obstaculiza la protección de ese sector de la población”.
Según el diagnóstico de Ecpat Internacional, México es el segundo mayor productor en el mundo de pornografía infantil. Afirma que existen más de 40 páginas de internet que identifican a nuestro país como “sitio ideal” para cometer ese tipo de actividades.
Destaca, así mismo, que la explotación sexual comercial de menores ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas.
Refuerza su dicho con datos irrefutables: En 2004, la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Federal Preventiva (PFP) tenía detectados 72 mil 100 sitios de pornografía infantil y, un par de años más tarde, en 2006, el número se había incrementado a más de100 mil sitios.
De acuerdo con la Policía Cibernética, en muchos de estos sitios se difunden imágenes de pornografía con recién nacidos.
Ecpat Internacional asegura que contra ese problema en particular las autoridades mexicanas están atadas de manos.
“No se puede actuar con contundencia jurídica, puesto que aún existen grandes vacíos legales para identificar y sancionar los delitos cibernéticos y delitos asociados, como la distribución de material pornográfico. Ecpat Internacional considera que esta situación de impunidad contribuye al incremento de la oferta de material pornográfico infantil y a que su venta se vuelva pública, como ocurre en Tepito y La Merced en la Ciudad de México”, explica.
El organismo internacional sostiene que entre los factores que empujan a los menores a la explotación sexual comercial sobresalen la pobreza, los bajos niveles de educación, la violencia intrafamiliar y la inestabilidad políticas y social.
Alerta, sin embargo, que la nueva cultura de consumo y la influencia de los medios de comunicación “están redefiniendo como se determina la pertinencia en el ámbito social, creando profundas presiones que pueden empujar a los menores en busca de recursos para satisfacer estas expectativas hacia adultos que usaran sus cuerpos y los explotaran”.
Sin política preventiva
En México no se tienen datos ciertos sobre el número de menores víctimas de la explotación sexual comercial. Las cifras más conservadoras registran de 16 mil a 20 mil casos y las menos conservadoras de 5 mil a 80 mil casos.
En otra parte del informe, Ecpat Internacional recuerda que en 1996, durante el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes que se efectuó en Estocolmo, Suecia, las autoridades mexicanas se comprometieron a adoptar, junto con 126 países más, una serie de acciones de carácter preventivo y correctivo para salvaguardar la integridad de ese sector, el más vulnerable, de la sociedad.
Señala que dicho compromiso fue ratificado cinco años después, en 2001, por el gobierno de Vicente Fox en la cumbre de Yokohama, Japón.
En ese entonces, dice, México acordó adecuar el marco legal en dos direcciones: uno, orientado a proteger en todos los aspectos a la población en riesgo y, dos, destinado a uniformar la legislación penal en todo el país para tipificar y castigar con mayor rigor a las redes de pederastas y de explotadores de menores que operan en el territorio nacional.
Fue así como, dice, surgió el plan de acción nacional para prevenir, atender y erradicar la explotación sexual comercial infantil, cuyos objetivos, acota, nunca se llevaron a la práctica.
Con base en tales antecedentes, Carmen Madiñán da por descontado, en la entrevista, que el problema de la explotación sexual comercial de menores ocupe un lugar preponderante en la agenda del presidente Felipe Calderón.
Afirma: “No creemos que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes forme parte de la agenda del gobierno mexicano. Un indicador es el plan de acción nacional para prevenir, atender y erradicar la explotación sexual comercial infantil. Dicho plan carece de sustento jurídico y, por lo tanto, depende de la voluntad del gobierno en turno. Además, no destina recursos ni humanos ni materiales para echar a andar la Coordinación Nacional.
La directora ejecutiva de Ecpat recuerda que México ha ratificado instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo Facultativo, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de infantes en la pornografía.
Sin embargo, resalta que México no ha armonizado su legislación con los estándares establecidos por el marco normativo internacional.
Después de dos años de análisis y discusiones, el Senado de la República aprobó, el martes 21, una serie de reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por medio de las cuales se endurecen las sanciones contra quienes cometan delitos relacionados con la explotación sexual comercial de menores de 18 años, incluidos los sacerdotes.
La aprobación de estas reformas ocurre justo en vísperas de la difusión pública del Reporte Global de Monitoreo de las acciones contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en México elaborado por Ecpat Internacional, un organismo surgido a finaales de los ochenta que trabaja en coordinación con grupos civiles en 75 países.
El informe, que será presentado el jueves 1 de marzo en la Ciudad de México por la directora ejecutiva del organismo, Carmen Madriñán, no deja bien parado al gobierno mexicano.
Asegura que la respuesta de las autoridades en el combate a la explotación sexual comercial infantil ha sido tardía, parcial y de corto alcance. Establece que el costo de la pasividad gubernamental ha sido brutal porque México es visto hoy día en el plano internacional como el “Bangkok latinoamericano”.
En entrevista, la directora ejecutiva de Ecpat Internacional abunda en ese punto:
“La situación de Tailandia y México muestran similitudes. México es el mayor destino turístico de América y Tailandia es el de Asia. La reputación de México está crecientemente vinculada con el turismo sexual por parte de los medios y de los turistas y criminales.
“Mientras que Tailandia ha sido exitosa en mejorar la protección de los niños en contra del turismo sexual y ha continuado la lucha para eliminar todas las formas de explotación sexual, México se ha vuelto un nuevo y creciente destino para el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes y se ha ganado la reputación de lugar en que dichos crímenes pueden realizarse con relativa impunidad. Por esa razón, es necesario que México explicite a través de fuertes y unificadas leyes su compromiso de garantizar el derecho a vivir una vida libre de la explotación sexual a todo niño, niña y adolescente.”
Madriñán subraya que si bien las autoridades mexicanas han promulgado leyes orientadas a proteger a los menores de la explotación sexual, aclara que “aún no existe un marco legal uniforme de aplicabilidad a nivel nacional para garantizar a todos los niños del país igualdad de protección”.
Indica que esta situación conlleva que en México existan diferentes interpretaciones y sanciones en contra de quienes abusan de la población infantil. “La falta de uniformidad en las leyes de los 32 estados que conforman la Federación mexicana hace que en algunas regiones se pueda explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes con impunidad”.
Bajo tales circunstancias, dice, es imposible medir adecuadamente la situación o cuantificar siquiera el alcance de esos crímenes. “En un país tan grande y estratégicamente situado, la falta de homogeneidad en las leyes debilita la capacidad de respuesta de las autoridades…”.
Legislación desigual
La directora ejecutiva de Ecpat refuerza sus declaraciones con un caso concreto. Señala, por ejemplo, que mientras en los estados de Baja California, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo los delitos de prostitución y de pornografía infantil están tipificados en sus respectivos códigos penales, en el resto del país son considerados como simples faltas a la moral.
Pero no es el único. En su informe, Ecpat Internacional resalta las diferencias que existen en las legislaciones estatales en cuanto a la edad de consentimiento sexual: En nueve estados, por ejemplo, es a los 12 años; en dos, a los 14 años; en seis, a los 16 años; en uno, a los 17 para los varones y de 18 para las mujeres, y en dos, a los 18 años.
Destaca además que en 25 estados de la República no procede la acción penal por abuso o violación sexual si existe matrimonio entre el agresor y la víctima. Esto último, dice, deja en un completo estado de vulnerabilidad a las niñas en casos de matrimonios tempranos.
Carmen Madriñán establece en la entrevista que tal disparidad en la legislación “limita la penalización de los crímenes relacionados con la explotación sexual comercial infantil y obstaculiza la protección de ese sector de la población”.
Según el diagnóstico de Ecpat Internacional, México es el segundo mayor productor en el mundo de pornografía infantil. Afirma que existen más de 40 páginas de internet que identifican a nuestro país como “sitio ideal” para cometer ese tipo de actividades.
Destaca, así mismo, que la explotación sexual comercial de menores ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos, sólo antecedida por los fraudes y las amenazas.
Refuerza su dicho con datos irrefutables: En 2004, la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Federal Preventiva (PFP) tenía detectados 72 mil 100 sitios de pornografía infantil y, un par de años más tarde, en 2006, el número se había incrementado a más de100 mil sitios.
De acuerdo con la Policía Cibernética, en muchos de estos sitios se difunden imágenes de pornografía con recién nacidos.
Ecpat Internacional asegura que contra ese problema en particular las autoridades mexicanas están atadas de manos.
“No se puede actuar con contundencia jurídica, puesto que aún existen grandes vacíos legales para identificar y sancionar los delitos cibernéticos y delitos asociados, como la distribución de material pornográfico. Ecpat Internacional considera que esta situación de impunidad contribuye al incremento de la oferta de material pornográfico infantil y a que su venta se vuelva pública, como ocurre en Tepito y La Merced en la Ciudad de México”, explica.
El organismo internacional sostiene que entre los factores que empujan a los menores a la explotación sexual comercial sobresalen la pobreza, los bajos niveles de educación, la violencia intrafamiliar y la inestabilidad políticas y social.
Alerta, sin embargo, que la nueva cultura de consumo y la influencia de los medios de comunicación “están redefiniendo como se determina la pertinencia en el ámbito social, creando profundas presiones que pueden empujar a los menores en busca de recursos para satisfacer estas expectativas hacia adultos que usaran sus cuerpos y los explotaran”.
Sin política preventiva
En México no se tienen datos ciertos sobre el número de menores víctimas de la explotación sexual comercial. Las cifras más conservadoras registran de 16 mil a 20 mil casos y las menos conservadoras de 5 mil a 80 mil casos.
En otra parte del informe, Ecpat Internacional recuerda que en 1996, durante el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes que se efectuó en Estocolmo, Suecia, las autoridades mexicanas se comprometieron a adoptar, junto con 126 países más, una serie de acciones de carácter preventivo y correctivo para salvaguardar la integridad de ese sector, el más vulnerable, de la sociedad.
Señala que dicho compromiso fue ratificado cinco años después, en 2001, por el gobierno de Vicente Fox en la cumbre de Yokohama, Japón.
En ese entonces, dice, México acordó adecuar el marco legal en dos direcciones: uno, orientado a proteger en todos los aspectos a la población en riesgo y, dos, destinado a uniformar la legislación penal en todo el país para tipificar y castigar con mayor rigor a las redes de pederastas y de explotadores de menores que operan en el territorio nacional.
Fue así como, dice, surgió el plan de acción nacional para prevenir, atender y erradicar la explotación sexual comercial infantil, cuyos objetivos, acota, nunca se llevaron a la práctica.
Con base en tales antecedentes, Carmen Madiñán da por descontado, en la entrevista, que el problema de la explotación sexual comercial de menores ocupe un lugar preponderante en la agenda del presidente Felipe Calderón.
Afirma: “No creemos que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes forme parte de la agenda del gobierno mexicano. Un indicador es el plan de acción nacional para prevenir, atender y erradicar la explotación sexual comercial infantil. Dicho plan carece de sustento jurídico y, por lo tanto, depende de la voluntad del gobierno en turno. Además, no destina recursos ni humanos ni materiales para echar a andar la Coordinación Nacional.
La directora ejecutiva de Ecpat recuerda que México ha ratificado instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y su protocolo Facultativo, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de infantes en la pornografía.
Sin embargo, resalta que México no ha armonizado su legislación con los estándares establecidos por el marco normativo internacional.
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