Respecto al traslado de las boletas electorales

De manera muy sospechosa y sin hacer ruido en los medios, el IFE ya inició la reubicación de las boletas electorales siendo esto además de innecesario una gran erogación extra.
Esto ocurre a raíz de que la CIDH les ordenó no quemarlas y esperar hasta que se resuelva el caso de demanda de derecho a la información. Esto se dió a conocer en la revista Proceso.

Obviamente al usurpador de Calderón y a sus amos no les gustó nada esto, inmediatamente el pelele dió una declaración al respecto. Como era de esperarse también, ya están preparandose para protegerse en caso de que el falló final sea la orden de abrir los paquetes y recontar las boletas. Lo cual demostraría que alteraron las actas para darle el "triunfo" al sinvergüenza de Calderón.

Con la concentración de las boletas en solo 32 sedes distritales facilita el trabajo de la alteración de los paquetes para que en caso de que se ordene el recuento, ahora si cuadren los números en lo que falta por recontar. En el 9% los paquetes que se abrieron se demostró que hubo una gran alteración de las actas para inflar a Calderón.

Ya comenté algo al respecto en un post anterior. Saben que si se recuentan los paquetes tal y como están, quedaría totalmente al descubierto el fraude que cometieron. La concentración de la papelería les facilitará mandar equipos a solo esas 32 sedes a alterar la paquetería y en caso de que se ordenara el recuento por la CIDH, que salga que siempre si fue Calderón el que ganó.
Ya me imagino a la falsimedia nacional repitiendo esa noticia por meses. De cualquier manera en ese minirecuento del 9% que ya se hizo, ya quedó demostrado que estuvieron falsificando las actas para favorecer a Felipe el usurpador.

Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador y luchar por la nación.
(enlace a nota en Dorados de Villa)

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El IFE de la partidocracia sigue perdiendo credibilidad

Valdés Zurita, de tropiezo en tropiezo

José Luna

En tanto no dé muestras claras de que se deslinda de aquellos que lo nombraron y mientras continúe la opacidad dentro del organismo, la sociedad no podrá creer en la solidez y autonomía del instituto.

Las decisiones asumidas por Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), en cuanto a evitar aplicar multas a los partidos políticos, así como el confuso asunto del incremento de su sueldo, son temas que abonan a restarle credibilidad al organismo y demuestran que hoy se encuentra al servicio de la partidocracia.
Precisamente fue esa partidocracia la que, coincide la mayoría de los analistas, violando incluso la Constitución y creando leyes que eliminan garantías individuales, resolvió la designación de los nuevos consejeros del IFE a partir de su sistema de repartición de cuotas, ignorando a la sociedad.
Las declaraciones y entrevistas del consejero presidente refieren una y otra vez la necesidad de restituirle la credibilidad al IFE, pero en los hechos sucede lo contrario, según el análisis de expertos en la materia, quienes justamente opinan que Valdés debe reconstruir esa confianza hoy pérdida a partir de diversas acciones que incluyen, fundamentalmente, el deslindarse de los partidos políticos y transparentar al instituto.
Es decir, que en tanto el presidente del IFE no dé muestras claras de que se deslinda de aquellos que lo nombraron y mientras continúe la opacidad dentro del organismo, la sociedad no podrá creer en la solidez y autonomía del instituto.

“Proceso ilegal”
La “ilegalidad” del nombramiento del presidente y dos nuevos consejeros —Benito Nacif y Marco Antonio Baños— fue más que evidente e incluso la reprocharon legisladores integrantes de los llamados partidos pequeños y un importante grupo de legisladores del PRD.
Al operar a espaldas de la ciudadanía, la partidocracia demostró una vez más su forma de conducirse: desprecio a la opinión pública, vetos sin explicación y postulaciones acordes al interés de cada partido; es decir, la reedición de la cultura de repartición de cuotas.
En el aire quedó aquel llamado de organizaciones civiles como Propuesta Cívica que a finales del año pasado demandó “el derecho de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas” (como lo era el nombramiento de consejeros de un órgano cuya autonomía fue decapitada), así como la igualdad de condiciones para acceder a un cargo público por parte de los aspirantes entonces registrados. Sin embargo, al final, predominó “la ilegalidad”.
En aquella sesión del jueves 7 de enero se consumó el nombramiento de los nuevos consejeros del IFE, incluido su presidente. Así lo dijo la diputada Layda Sansores, del Partido Convergencia: es el resultado de “un proceso poco pulcro” en el que “se violó la Constitución”.
Recordemos también lo dicho por la diputada Lenia Batres del PRD, quien denunció que en la designación “de los 39 ciudadanos que quedaron electos en un proceso de selección se escogieron a los que responden al pago de favores”.
En ese sentido, la diputada Sansores afirmó: “Hemos traicionado el compromiso de respetar y hacer cumplir la Constitución. Traicionamos también a los 500 ciudadanos distinguidos que de buena fe respondieron a nuestra convocatoria, seguramente porque pensaron que venían a una casa decente. Traicionamos también a los mexicanos que confiaron en nosotros y que merecen representantes dignos.
“¿Qué cambió de diciembre a febrero? Es la misma gata pero revolcada. Se preocuparon más por cuotas de partido, por árbitros a modo, que por contribuir a un ife ciudadano. Lo único que cambió fue la fecha”, manifestó la diputada Sansores, quien, por si fuera poco, se declaró “testigo de cómo se gestaron traiciones, venganzas, vetos…”.
Los coordinadores de la partidocracia habían establecido como obligación designar a los nuevos consejeros antes del pasado 13 diciembre, cuando se venció el plazo para el nombramiento. Dicha situación, por cierto, fue más crítica cuando el 14 de diciembre Luis Carlos Ugalde renunció como presidente del IFE, quedando el instituto en el limbo, con un confuso nombramiento de Andrés Albo como presidente interino del mismo el 16 de diciembre.
Por supuesto, las críticas de juristas y analistas no se hicieron esperar. Recordemos, por ejemplo, lo dicho por el constitucionalista catedrático de la Facultad de Derecho de la unam Raúl Carrancá y Rivas, quien estimó que los diputados violaron tanto la Constitución como la convocatoria y los tiempos que ellos mismos se fijaron para el proceso de selección de nuevos consejeros e incluso advirtió entonces: “Habemos gente dispuesta, por la vía conducente, que es la del Derecho, a impugnar un acto que consideramos arbitrario y en contra de los derechos políticos de los mexicanos”.
Otro ejemplo: John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, insistió en que “la opacidad en la fase definitiva de selección de consejeros” y la preservación de “las cuotas” de los grandes partidos serán factores que “difícilmente permitirán la recuperación de la credibilidad del ife rumbo a los comicios” intermedios de 2009.

Carpetazo al spotgate
Mención aparte merecen las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en las que se eliminan garantías constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la información, al dejar en manos de los partidos políticos, vía el IFE que ellos controlan, la facultad exclusiva de normar y sancionar los mensajes electorales.
Por ello, no es gratuito que la sociedad a través de diversos organismos sociales busque vía el recurso de amparo echar abajo las modificaciones al Cofipe. Incluso hay partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales que buscan lo mismo. Por lo pronto, las demandas están en proceso.
Recordemos lo dicho por el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, en cuanto a que “algunas demandas de amparo ya son procesadas por jueces de Distrito y otras están en tribunales colegiados”. Pero también resaltó que aún queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación “como otra instancia a la cual podemos recurrir”.
Ese tipo de acciones demuestran por un lado que la sociedad no está conforme con las decisiones de la partidocracia y, por otro, que el IFE no se ha ganado la credibilidad que Valdés Zurita dice que tratan de recobrar.
Por lo pronto, ya en funciones, el presidente del IFE y los dos nuevos consejeros, además de aquellos que buscan quedar bien con sus nuevos jefes, mostraron de qué manera se conducirán para pagar el favor a quienes los impusieron: dieron carpetazo a las investigaciones de los 281 mil spots no reportados por los partidos en las elecciones federales de 2006, con lo cual entierran el escándalo acerca del ocultamiento de información y financiamiento irregular de las campañas presidenciales de hace dos años.
En este sentido fue la posición de Leonardo Valdés Zurita, quien exhortó a los demás integrantes del Consejo General a que “apresuraran” sus trabajos y “cerraran” los expedientes abiertos del proceso electoral anterior.
Con ello la partidocracia busca borrar sus excesos y violaciones a la ley electoral en los comicios pasados y evitó multas millonarias.
No es exagerado señalar lo anterior, pues recordemos que hasta antes de la reforma al instituto el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Andrés Albo, equiparó en importancia la investigación de los spots a los casos conocidos como Amigos de Fox y Pemexgate.
Lo cierto es que la actitud que asumieron la mayoría de los consejeros antes del relevo de tres de sus integrantes era que se investigara a fondo el financiamiento de dichos promocionales —a lo que por supuesto se oponían los grandes partidos—, pero el tono de la discusión en el seno del Consejo General cambió de manera radical el viernes 15 de febrero, durante la primera sesión de trabajo del renovado IFE.
El recién desempacado consejero presidente, Leonardo Valdés, no requirió más de tres minutos para ofrecer sus argumentos en favor de los dictámenes relacionados a los spots irregulares emitidos por la Coalición por el Bien de Todos y Nueva Alianza, lo que les permitió el perdón de 51 y 70% de esos mensajes.
A juicio de Eduardo Huchim, experto en temas electorales, el carpetazo que el Consejo General del IFE decidió dar a los millares de spots no reportados constituye un pésimo inicio de los tres nuevos consejeros encabezados por Valdés Zurita.
Para Huchim, el cerrar dicho caso “deja en la impunidad transgresiones flagrantes a la ley, abona el descrédito del instituto y envía un mensaje ominoso: los partidos pueden hacer lo que les plazca y confiar en que tendrán una autoridad complaciente”.
Y añade: “Es lamentable que se haya desestimado la propuesta de realizar nuevas indagatorias, presentada por la Comisión de Fiscalización que investigó ese asunto. Esta comisión del IFE desapareció porque el Congreso de la Unión la sustituyó, mediante la reforma electoral, por una unidad técnica que no tendrá la misma fuerza que un órgano colegiado constituido por consejeros. De ese modo, los diputados y senadores debilitaron una función central entre las tareas del IFE: la revisión de las cuentas de los partidos”.

Nuevos enredos
En una serie de entrevistas en las que trató de convencer a la opinión pública de que le otorgue “el beneficio de la duda”, así como de su compromiso con “aplicar la ley” y hacer del IFE “una instancia realmente autónoma”, apareció una nota periodística en la que se da cuenta de que los integrantes del Consejo General se autorizaron un incremento salarial de aproximadamente 25 mil pesos mensuales a menos de un mes de que iniciaron sus funciones.
De inmediato, Valdés Zurita salió a desmentir dicha información. Sin embargo, lo cierto es que sí hubo un aumento, como lo confirmó el propio presidente del ife cuando trató de explicar que sus sueldos deben ser equivalentes a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Hasta este mes (febrero) los consejeros electorales estamos percibiendo un poco más de 151 mil pesos. Los ministros están percibiendo un poco más de 172 mil aproximadamente, no tengo la cifra exacta”, argumentó.
Pero al margen de su explicación, de acuerdo con la información contenida en la página de internet del IFE el consejero presidente tiene un sueldo mensual bruto de 44 mil 435 pesos, más una compensación garantizada de 163 mil 519 que arrojan un total de percepciones brutas de 207 mil 955. Ello sin contar que recibe otras percepciones como prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo, vacaciones, le dan un vehículo, un celular con una suma asignada de tres mil 600 pesos y gastos de alimentación por doce mil 600.
Y la última de Leonardo Valdés es que anda enredado con los partidos en el asunto de la regulación de la publicidad institucional, es decir aquella que los gobiernos federales, estatales y municipales solicitan difundir a través de los medios de comunicación masiva, a fin de dar a conocer sus acciones.
Así, ahora el IFE y la partidocracia estudian la manera en que una autoridad podrá dar a conocer aquello que le interese comunicar a la sociedad.
Ese es el nuevo ife que tenemos los mexicanos. Uno cuyo titular fue designado por un mecanismo que violó la Constitución y que regulará los procesos electorales con una ley que viola el derecho a la información y la libertad de expresión.
Pero también se trata de un IFE que perdió la confianza de los ciudadanos con decisiones erráticas, como fue ponerse al servicio de los partidos al dar carpetazo al llamado spotgate, a fin de no sancionar a esa partidocracia que impuso a su titular, en una clara repartición de cuotas.
Nada logra Leonardo Valdés Zurita al insistir una y otra vez que “fortalecerá” la autonomía del organismo que encabeza o bien que le devolverá la confianza que alguna vez le tuvieron los ciudadanos, si no hace lo que le recomiendan los expertos y le exige la sociedad: deslindarse de una vez de los partidos, fortalecer en serio la credibilidad del instituto y transparentar sus actuaciones.
Es el único camino que tiene el IFE para que la democracia salga fortalecida.

La partidocracia sepulta al IFE ciudadano

“Se preocuparon más por cuotas de partido, por árbitros a modo”

Lucio Alejandro Isá

“Ahora resulta que violar la Constitución no importa, siempre y cuando sea por un ratito, porque al fin y al cabo somos tan cínicos con eso de qué tanto es tantito”.

Layda Sansores

Luego de un proceso de selección durante el cual se violó la ley, se incumplió la Constitución, se despreciaron tiempos y formas e incluso se negoció en horas de la noche cómo repartirse el pastel, la partidocracia designó a dos nuevos consejeros y al nuevo presidente del Instituto Federal Electoral mediante un acuerdo con el que revive la cultura de la repartición de cuotas y feudos con un solo propósito: sepultar al IFE ciudadano y someter a la sociedad a la que dice representar.

Con este esquema por demás simulado y amañado, operado a espaldas de la ciudadanía, los tres grandes partidos políticos del país demuestran una vez más su decisión de seguirse sirviendo de la sociedad, usufructuando el apoyo que recibieron en las urnas y aprovechándolo para, de nuevo, satisfacer sus propios intereses por encima del bienestar común. Los cambios en el Consejo Electoral están muy lejos de solucionar los problemas de credibilidad e independencia que todo este proceso causó al instituto y, por el contrario, sirven más bien para que la partidocracia se apodere del IFE ciudadano.

No otra cosa revela el modo en que se negoció la designación de los nuevos consejeros del instituto electoral, a través de un proceso que se caracterizó por el desprecio a la opinión pública, los vetos sin explicación y las postulaciones acordes al interés de cada partido: todo un conjunto de irregularidades que demuestran cómo nuestros legisladores no sirven a la sociedad que les otorgó el mandato para gobernar, sino que más bien se sirven de ella y hoy la tienen virtualmente secuestrada para satisfacer sus propios intereses.

La ropa sucia…

Así lo admiten incluso algunos diputados que no estuvieron de acuerdo con “el cinismo” con que se desarrolló el reparto de cuotas en el IFE entre los principales protagonistas de la partidocracia y denunciaron la burla, el “fraude” que representó esta primera fase del proceso para renovar al instituto electoral.

Es el caso, por ejemplo, de la perredista Valentina Batres, quien al anunciarse al mediodía del pasado jueves 7 la terna que acordaron los tres grandes partidos políticos para que se votara en el pleno de la Cámara de Diputados la elección de los nuevos consejeros del IFE, denunció que en la designación, “de los 39 ciudadanos que quedaron electos en un proceso de selección, hoy escogieron a los que responden al pago de favores”.

Según Batres, la designación de Leonardo Valdés Zurita como nuevo consejero presidente del IFE responde al pago de “una factura pendiente”, pues como ex integrante del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) “tiene dos votaciones históricas que mucho le agradece el pan: una, haber votado en contra del registro de Andrés Manuel (López Obrador), como candidato a jefe de Gobierno en 2000. La otra factura que le está agradeciendo el pan es haber votado en contra del dictamen que quería hacer posible la fiscalización de los gastos rebasados como tope de campaña de Santiago Creel, como candidato a jefe de Gobierno del DF” aquel mismo año.

Más aún, la diputada perredista develó la existencia de nuevas fracturas al interior de su partido, al revelar que no todos en su bancada recibieron con beneplácito el acuerdo al que llegó con el pan y el PRI el coordinador del PRD, Javier González Garza: “Lamento mucho que esté cuestionado este IFE, porque queríamos a alguien incuestionable, precisamente para irnos en confianza a los próximos procesos electorales. No lo logramos, compañeros, y lo quiero decir a la sociedad, para que nadie se mienta en este nuevo escenario”, dijo Valentina Batres.

“Ridículo y traición”

Antes, la diputada Layda Sansores, del Partido Convergencia, calificó a su vez la designación de los tres nuevos miembros del IFE e como el resultado de “un proceso poco pulcro” en el que “se violó la Constitución”.

En este asunto, dijo Sansores, “hemos traicionado el compromiso de respetar y hacer cumplir la Constitución. Traicionamos también a los 500 ciudadanos distinguidos que de buena fe respondieron a nuestra convocatoria, seguramente porque pensaron que venían a una casa decente. Traicionamos también a los mexicanos que confiaron en nosotros y que merecen representantes dignos”.

De hecho, acusó directamente a los coordinadores parlamentarios: “Violaron flagrantemente la Constitución y lo justificaron con argumentos que mueven a risa (…) Los diputados de esta legislatura somos el hazmerreír de los medios y de la opinión pública. Hemos hecho de esta institución una caricatura. No nos preocupa cumplir la ley; aquí lo que hay que hacer es administrar la ilegalidad.

Las conveniencias han doblegado a las convicciones.

“¿Qué cambió de diciembre a febrero? Es la misma gata revolcada. Se preocuparon más por cuotas de partido, por árbitros a modo, que por contribuir a un IFE ciudadano. Lo único que cambió fue la fecha”, manifestó la diputada de Convergencia, quien por si fuera poco se declaró “testigo de cómo se gestaron traiciones, venganzas, vetos…”.

Hay, agregó Batres, “una vieja y sabia premisa que dice que en política, del ridículo y de la traición nadie se levanta; y traición y ridículo es lo que hemos generado en este proceso de selección de consejeros”.

IFE: la derrota del PRD

John M. Ackerman

Desde luego existe una diferencia sustancial entre el más reciente proceso de sustitución de los consejeros electorales y el ocurrido en 2003. Hace cinco años el partido de la izquierda tuvo la dignidad de protestar públicamente por su exclusión. Hoy el Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebra y legitima la imposición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) de un Consejo General a modo.

Los más recientes nombramientos violentan la autonomía del Instituto Federal Electoral (IFE) al minar dos de sus ingredientes más importantes: pluralidad e independencia. Al quedar nuevamente desprovisto de una perspectiva crítica y progresista, el Consejo General del IFE mantiene su homogeneidad y monocronismo ideológico. Al repetir la utilización de un sistema de cuotas puras de los partidos políticos, la voz ciudadana y la independencia quedan una vez más al margen del instituto.

Tal como lo hicieron en 2003, PAN y PRI logran colocar sus fieles emisarios en el Consejo General. El partido en el gobierno promovió a Benito Nacif, un hombre profundamente conservador, cercano a Felipe Calderón y amigo íntimo de Luis Carlos Ugalde. Nacif repudió públicamente la reforma constitucional en materia electoral y defendió hasta el último momento la permanencia de los anteriores consejeros. Firmó el desplegado organizado por Hector Aguilar Camín y una camada de intelectuales de derecha el pasado 5 de septiembre. Pero, paradojas de la vida, el lobo ahora cuidará a las ovejas.

El PRI también logró meter a su gallo. Marco Antonio Baños, hombre sumamente cercano a Felipe Solís Acero y Manlio Fabio Beltrones, es fundador, junto con María del Carmen Alanís, de la consultora DEMOS. Baños se encuentra íntimamente ligado con la vieja burocracia priísta del IFE, donde se formó a principios de los años 90, y ha colaborado cercanamente con gobiernos y políticos emanados del viejo partido del Estado.

La tesis de que el PRD es quien gana al colocar a Leonardo Valdés en la presidencia del IFE es a todas luces falsa. El pasado 30 de enero, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aprobó una lista de ocho candidatos finalistas, incluyendo cuatro candidatos de alta prioridad, que le pudieran generar confianza. El partido buscaría colocar por lo menos uno de ellos en el Consejo General para asegurar la presencia de una voz crítica y ciudadana en el IFE. Leonardo Valdés simplemente no aparecía ni en la lista de los ocho iniciales ni en la de los cuatro finales, y con mucha razón. Desde hace años que Valdés ya no se identifica con la izquierda y su cercanía a posiciones de Acción Nacional como consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal ponía en cuestión su independencia.

Durante la negociación, PAN, PRI y la Presidencia de la República fueron vetando uno por uno los nombres propuestos por el PRD. Primero cayó Genaro Góngora, después Jaime Cárdenas, les siguieron Irma Sandoval y Alfredo Figueroa, y finalmente también se logró vetar a Javier Santiago. Ante tal intransigencia quedó claro que la alianza gobernante no dejaría pasar un solo consejero que pudiera tener posiciones incómodas para el régimen.

En lugar de defender a los candidatos que dieran confianza y certidumbre a su partido y a la ciudadanía, Javier González Garza cedió a las presiones. Prefirió asumir la candidatura de Valdés como si ésta fuera una propuesta del PRD antes que quedar totalmente fuera de la negociación. Si no aceptaba este premio de consolación, el güero se arriesgaba a ser descalificado de obcecado e intransigente. González Garza colocó su reputación personal por encima del mandato de su propio partido.

El resultado fue que aunque el güero quedó bien con la prensa y el gobierno, el PRD resultó un mero espectador del proceso de selección de los consejeros. Ni logró vetar a los candidatos más agresivos de los otros partidos, ni colocó un solo consejero que asegurara la confianza del partido de izquierda en el árbitro electoral. Así, el PRD terminó simplemente avalando una tercia que no ayudó a construir.

Se ha señalado que el hecho de que Valdés no tenga afinidad por el sol azteca o la izquierda es un signo positivo, que demuestra la altura de miras de los diputados al nombrar un consejero presidente sin compromisos con los partidos. Ojalá sea cierto. El tiempo ya nos irá aclarando dónde están los compromisos de Valdés. Pero en ese caso no se justifica que al PRD se le haya “cobrado” su nombramiento, dejando los otros dos lugares al PRI y al PAN. Además de Valdés, tuvo que haber entrado alguno de los candidatos propuestos por el PRD.

Felipe Calderón se salió con la suya. Tal como lo adelantó un columnista cercano a Los Pinos el pasado 2 de febrero, “la estrategia de Los Pinos, dicen, sería neutralizar una descalificación, presente y futura, de la izquierda a la integración del instituto. Desconocer y desconfiar de la autoridad electoral sería un argumento que perdería fuerza y sentido si uno de los suyos está en la presidencia”. Esperemos que la sociedad no se deje engañar tan fácilmente. La llegada de Leonardo Valdés a la presidencia del IFE no significa una victoria para la izquierda, sino una rotunda derrota del PRD a manos de un régimen cada día más intransigente e intolerante.

Renuncia el despedido

Por: Eduardo Ibarra Aguirre

Desde el principio hasta el fin de su mandato como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde Ramírez empeñó sus mejores esfuerzos en demostrar con tintes de escándalo que lo que natura no da, Salamanca no presta.

El doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia, Nueva York, fue designado presidente del IFE el 31 de octubre de 2003, por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, bajo el decisivo impulso de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo Morales, y la de Acción Nacional encabezada por Francisco Javier Barrio Terrazas, quienes ignoraron a los diputados del Partido de la Revolución Democrática, coordinados por Pablo Gómez Alvarez.

Con independencia de los méritos académicos y las limitaciones para el ejercicio público, incluida la gesticulación que lo hace aparecer como lo que no es, la falla principal del árbitro electoral es de origen.

En el discurso de Ugalde Ramírez no figuraba, entonces, lo que ahora presenta como centro de su alegato: “La dignidad del IFE está por encima de los partidos”. Como también estuvo ausente durante enero-julio de 2006. O bien sólo supo reivindicarlo ante el PRD y el PRI, pero nunca frente al partido del presidente Vicente Fox Quesada y del candidato Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Por ello, resultan creíbles las versiones que registra Jenaro Villamil en Proceso del 16 de diciembre, respecto a que tras la renuncia del consejero presidente despedido con las reformas constitucionales y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la asesoría de Juan Molinar Horcasistas, exconsejero que encabeza la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ugalde intentó cuatro años y 14 días después de su nombramiento, convertir un fracaso en victoria. O como bien dice José Antonio Crespo Mendoza: “El aprovecha para pegarle a sus verdugos, para salir por una puerta menos trasera, pero no tiene consecuencias jurídicas”, porque “tal como está redactado el artículo cuatro transitorio, está previsto que se podía atorar el nombramiento del consejero presidente”.

Los movimientos que está operando el director general del IMSS, en lugar de ocuparse de los graves rezagos en cirugías de todo tipo, corresponde al viraje político y legislativo que despliega Germán Martínez Cázares, quien en vez de instalar al PAN en el centro político, como lo prometió al tomar posesión como presidente panista, tras una elección de las llamadas de tipo soviético, lo reinstala en la “cercanía responsable”. Más aún en “¡Este es su partido, presidente Felipe Calderón!”

El exbecario de la Secretaría de la Función Pública y ahora encargado de manejar el partido del inquilino principal de Los Pinos, es coautor intelectual de las directrices presidenciales para vetar a los candidatos a consejeros ciudadanos propuestos por el partido del sol azteca, hacer pagar a éste las consecuencias de los cambios de tres consejeros y la posposición hasta febrero de las decisiones de San Lázaro y reeditar un órgano electoral donde nuevamente predominen los amigos del PAN.

El reculamiento de Héctor Larios Córdova en los acuerdos consensuados entre las tres principales fuerzas políticas, con la rebeldía de las franquicias que pareciera únicamente pueden subsistir alrededor de las primeras, no sólo dejaron al IFE en una situación difícil, sino complicaron reformas como la judicial y la antimonopolios.

Por si no fuera suficiente, la disputa por suceder por dos meses a Luis Carlos Ugalde confronta en forma grotesca a los consejeros en dos bloques. Llegaron al extremo de discutir que el efímero titular no podrá dotarse de nuevas oficinas y que tampoco podrá ejercer de manera discrecional el elevadísimo presupuesto de que disponía el doctor.

El tragicómico cuadro muestra a plenitud la herencia que dejó Ugalde como árbitro incompetente, parcial y faccioso.

La dignidad y la desvergüenza

Álvaro delgado

Con una supuesta gallardía que jamás exhibió cuando las condiciones verdaderamente lo exigían, y que sólo revela la impostura de su conducta, Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo para darse un brochazo de dignidad.

El mejor contraste lo representa Alicia Elene Pérez Duarte, quien renunció a su cargo de fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Mujeres, porque sencillamente su trabajo no tenía sentido ni destino después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impartió cátedra de cómo garantizar impunidad a criminales pederastas coludidos con el poder público, como el emblemático gobernador Mario Marín Torres.

Se trata de dos conductas que revelan la concepción del servicio público y, también, el respeto que cada quien tiene de sí mismo:

Ugalde se aferró al cargo no para preservar la autonomía e independencia del IFE, desvirtuados ambos principios desde que hace cuatro años fue elegido él y los otros ocho consejeros --que ahí siguen--, sino para representar los intereses justamente de quienes lo impusieron --y quienes quieren seguir manteniéndolo-- y lucrar económicamente como forma de vida.

Pactada una jugosa liquidación y cobijado política y financieramente por los beneficiarios de la defraudación electoral --entre ellos los delincuentes impunes que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los panistas chihuahuenses del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh)--, Ugalde aprovechó la ineptitud de los diputados para enrollarse en la bandera y presentar su renuncia.

Antes había sido trazado el plan para dejar en el mismo cargo, con todas las jugosas prerrogativas que implica, a otro consejero de la misma fauna oficialista: Andrés Albo Márquez, un exempleado de Roberto Hernández, uno de los más prominentes traficantes de influencias del país, que financia lo mismo a priistas que a panistas que a sesudos intelectuales.

Así, el presidente del IFE ya no será un subordinado de Elba Esther Gordillo, como Ugalde, sino un compañero de parrandas de Felipe Calderón, a quien inclusive estimuló para ser candidato a presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y luego aspirante presidencial.

Hasta antes de haber sido designado consejero electoral, a propuesta del PAN, Albo Márquez fue director del Departamento de Estudios Sociopolíticos de Banamex, con cuyos fondos se financiaban francachelas en cantinas del centro de la Ciudad de México que servía, además, para hacer futurismo político. Calderón era asiduo, siempre acompañado de su amigo y asesor Guillermo Valdés Castellanos, el encuestador de GEA-ISSA y actual director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen).

Junto con Arturo Sánchez Gutiérrez, María Teresa González Luna Corvera y Rodrigo Morales Manzanares, Albo forma parte del grupo amigo de Calderón y ahora es el presidente del IFE. No hay que olvidar que el operador para el nombramiento de estos personajes y el resto de los consejeros fue Germán Martínez Cázares, ni más ni menos que actual dirigente del PAN.

Por ello, Ugalde puede irse ya porque quedó alguien como él y, de paso --para encubrir la desvergüenza--, se dio un brochazo de dignidad, cuya esencia desconoce.

La abogada Pérez Duarte, en cambio, decidió que no tenía sentido seguir siendo fiscal en la Procuraduría General de la República (PGR), porque su trabajo ya es estéril: si la SCJN decidió, el 29 de noviembre, que Mario Marín no violó gravemente las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, y dejó sin posibilidad de investigar las redes de pederastia, nada podía hacerse.

Justamente el caso de la periodista hizo crear la fiscalía, en febrero del 2006, y desde entonces se integró una averiguación previa contra servidores públicos de Puebla y Quintana Roo, que no había sido consignada a un juez porque el procurador Eduardo Medina Mora obedeció la instrucción de su jefe, Felipe Calderón: no le muevas.

Si su cargo era una simulación, como la administración y la impartición de justicia, no tenía sentido permanecer en el servicio público.

Ese sí es un auténtico acto de dignidad.

(Por cierto, el procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, ha sido formalmente denunciado ante la PGR por su presunta responsabilidad en actos de pederastia, pornografía y explotación sexual infantil. En esa entidad recibió la protección del gobernador panista Emilio González Márquez y del cardenal Juan Sandoval Iñiguez, lo que hizo que las víctimas y sus familias busquen justicia a nivel federal. Ojalá y no, pero se perfila otro caso de impunidad.)

Apuntes

El martes 12 de diciembre se produjo en León, Guanajuato, un acontecimiento de enorme relevancia: una marcha contra la desaparición de cuotas compensatorias que protegen a la industria zapatera nacional de los embates de China. Se trata de una movilización legítima, en tanto no han sido atendidas las exigencias del sector. Pero no por ello deja de ser paradójica la movilización: los organizadores son empresarios que acarrearon a sus trabajadores en autobuses a una marcha que produjo congestionamientos vehiculares y afectó a ciudadanos que nada tenían que ver con ella, pero además fue convocada contra el libre comercio y en ella participaron --con el puño en alto-- hasta autoridades municipales y estatales del mismo partido, el PAN, que tanto aborrece esas movilizaciones. Seguramente los convocantes y quienes participaron tendrán más tolerancia y entendimiento de las movilizaciones que habrá, muchas, el próximo año cuando se sientan los efectos no sólo de la apertura a la libre importación de productos agropecuarios, como los granos, sino el aumento a los precios como consecuencia del alza en las gasolinas... Los participantes de la marcha en León deben estar pendientes, también, de las reformas a las leyes de seguridad pública, porque si se empeñan en seguir movilizándose, si sus demandas no son atendidas --algo que es seguro--, podrán ser vistos como revoltosos y delincuentes. Y cuando menos lo esperen entrarán las policías a sus domicilios y los detendrán y arraigarán sin la orden de un juez. Todo en nombre del Estado de derecho.

Secuencia inversa

Por: Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)

En algún lugar del cabildeo, en los terrenos subrepticios de la política ficción, existe un código de reglas no escritas para la toma de decisiones, y aunque aquí no se acostumbran las coronas, aún perdura el perfil del testaferro…

Los madruguetes decembrinos suelen ser la estrategia favorita de los legisladores porque casi nadie repara en las resoluciones que se toman en el Congreso, generalmente, la incauta y cándida ciudadanía se percata de los efectos de las nuevas disposiciones cuando ya son normas vigentes y obligatorias.

Este diciembre, el tema de álgidas discusiones en el Congreso ha sido la designación del consejero presidente provisional en el Instituto Federal Electoral. La reforma electoral se ha reducido a la urgencia por esta designación, y se ha postergado la resolución de cuestiones prioritarias, como lo son, las reglas pragmáticas para garantizar la autonomía e independencia del IFE.

Esto es así, porque el proceso de la reforma electoral sigue una secuencia inversa: la prioridad es designar a consejeros afines a los intereses de la partidocracia, quienes apoyarán las disposiciones del Congreso respecto a la legislación electoral, confeccionando así, leyes a la medida de la partidocracia.

Por eso, la designación del presidente provisional se ajustará a las normas no escritas de la Revolución Institucionalizada aplicadas en el Priato, cuando los interinos en la presidencia fueron personajes sumisos e inofensivos, producto de las circunstancias, en un cargo público sin autoridad.

Hoy por hoy, y para evitar una cena de negros, los consejeros del IFE establecieron las limitaciones del próximo presidente provisional, quien durante mes y medio deberá comprometerse a no remover ni nombrar funcionarios nuevos, tampoco podrá despachar en las oficinas del consejero presidente y mucho menos ejercer el presupuesto del Instituto. El presidente provisional ostentará un cargo sin derechos ni obligaciones, sin responsabilidades ni atribuciones

De acuerdo con esta lógica inversa, y aviesa, el presidente provisional del IFE es un requisito legal ineludible, y será un parapeto sin poder de acción ni decisión, un funcionario sin atribuciones, un testaferro. Ahí reside la trascendencia de este nombramiento, porque la política es una farsa descomunal… y aunque aquí no se acostumbran las coronas, aún perdura el perfil de los testaferros…

El velo de la ignorancia

Ricardo Raphael
10 de diciembre de 2007

La tentación no es nueva: el pode-roso cree que controlando al árbitro podrá luego gobernar el juego. Durante la mayor parte de la historia mexicana, fue por esta convicción que el Presidente conservó para sí la prerrogativa de nombrar a todo funcionario del Estado encargado de arbitrar entre los intereses más importantes de la sociedad.

Gobernadores, jueces, ministros, dirigentes sindicales, líderes parlamentarios, directores de paraestatales, rectores de universidades y así todo un largo etcétera de personajes encargados de distribuir bienes y favores públicos, tuvieron como fuente casi única de su autoridad al Poder Ejecutivo federal.

A través de todos estos funcionarios se aseguraba una repartición de las ventajas que sistemáticamente benefició a la cabeza más elevada del arreglo político surgido después de la Revolución. En efecto, el control sobre los árbitros derivó en el gobierno entero del juego político.

Si se observa con atención, la mutación del autoritarismo mexicano comenzó cuando el Presidente de la República se limitó (o fue limitado) en sus atribuciones de nombramiento. Cuando ya no pudo designar al director del Banco de México, cuando le fue imposible colocar a sus leales en las gubernaturas, cuando no fue necesaria su exclusiva bendición para llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando los dirigentes de las bancadas parlamentarias ocuparon sus respectivas e influyentes posiciones independientemente de la decisión presidencial.

Tengo para mí que la transición hacia la pluralidad política mexicana no comenzó cuando el voto de los ciudadanos se volvió definitivo para la conformación de los poderes públicos. Ésta empezó antes, cuando el nombramiento de los árbitros dejó de ser un hecho político dependiente de la voluntad de una sola persona.

El primero de todos los árbitros que en este país fue nombrado por la concurrencia de muchas voluntades fue el presidente consejero del Instituto Federal Electoral. Sucedió en 1996, después de la reforma electoral, cuando José Woldenberg Karakowski recibió esta encomienda por la concurrencia explícita de todos los partidos.

En un momento de sensatez democrática, quienes tomaron aquella resolución renunciaron o se vieron impedidos para excluir al resto de los actores del proceso que condujo a tal nombramiento. Con este proceso de selección, el árbitro electoral obtuvo autonomía ante las presiones políticas de los partidos y, desde luego, frente a la todavía omnipresente autoridad presidencial.

Luego, la independencia de este funcionario sirvió como modelo a imitar para la liberación de otros muchos árbitros que antes estuvieran sometidos al arreglo político autoritario. En poco más de una década, uno tras otro de los cargos inscritos constitucionalmente como fuera de la órbita del presidente alcanzaron plena estatura institucional gracias a que su respectiva designación dejó de recaer en la voluntad de un agente único.

Con ello sucedió que las decisiones arbitrales dejaron de ser predecibles. Dado que no era al Ejecutivo a quien estos funcionarios debían agradecer su encomienda —sino a un conglomerado difuso y plural de sujetos políticos: los votantes, los legisladores, los ministros o los partidos, entre tantos otros— la distribución de los bienes bajo su responsabilidad pasó a tener consecuencias inciertas. Así fue como, para bien, las decisiones en el espacio público pasaron a ser imprevisibles.

Cayó sobre ellas lo que John Rawls, ese gran filósofo contemporáneo, llama “el velo de la ignorancia.” Si ningún actor conoce el resultado final de las negociaciones y por tanto, tampoco está seguro de poderse beneficiar del resultado, las decisiones terminan tomándose de la manera más justa posible.

Así lo argumenta Rawls: si se está en una situación donde diversos bienes han de ser repartidos, y nadie controla el proceso de su distribución, las tajadas del pastel tenderán a ser cortadas de la manera más equitativa.

De ahí que la pluralidad en los actores políticos que deciden el reparto tenga como propósito provocar equidad en la distribución de los bienes públicos. Para esto sirve el famoso velo de la ignorancia, para evitar el monopolio de las decisiones con el objeto de forzar a la neutralidad en la distribución de las ventajas.

Así como en su día los mexicanos padecimos la inexistencia de este velo, y por tanto la parcialidad y la asimetría política, en los tiempos que corren conocemos también la fructífera experiencia cuando éste ha estado presente.

Tal velo no asegura que las decisiones tomadas sean las mejores o las más pertinentes; muchas otras variables tendrían que estar en juego para que tal cosa suceda. Lo que en realidad procura es garantizar que el resultado de éstas decisiones no afecte de manera injusta, asimétrica e irreversible a quienes no se vieron beneficiados por ellas.

Con todo, subsisten entre los poderosos tentaciones provenientes de la época anterior. Aún se miran actores políticos que quisieran asegurarse para sí —y no para el conjunto— el monopolio de las decisiones públicas. Hay individuos que aún ambicionan nombrar al árbitro con el solo propósito de controlar más tarde el juego.

En estos días, algunos de ellos —alimentados por instintos provenientes de los tiempos idos— quisieran ver, por ejemplo, a unos consejeros del IFE comprometidos con sus propios intereses y no con las preocupaciones de todas las fuerzas que componen al sistema mexicano de partidos.

Son estos políticos los que, en su fuero interno, no han sido capaces de reconocer el avance democrático que el país ha experimentado durante la última década.

La selección que esta semana se hará para nombrar a quien ocupará la futura presidencia del IFE debe procurar, por sobre todas las cosas, mantener el velo de la ignorancia en las cuestiones electorales. Quien obtenga ese encargo no puede llegar a dicha institución a partir de acuerdos, arreglos o pactos que lesionen la neutralidad con la que deberá actuar mañana.

No solamente debería ser un actor político equidistante de las fuerzas políticas arbitradas, sino un profesional que hoy asegure la imparcialidad de sus acciones futuras. Algo similar debería ocurrir con el nombramiento de los otros dos consejeros que, producto de las actuales negociaciones, vayan a convertirse en integrantes de ese órgano electoral.

Analista político

La inutilidad del IFE y Televisa

Sí, ya había muestras de la incompetencia del Instituto Federal Electoral (IFE) en las elecciones presidenciales del año pasado. Algo notorio al dejar hacer todo lo que le vino en gana a Vicente Fox –del cual se quejó Luis Carlos Ugalde hasta el 18 de mayo del 2007, es decir casi un año después–, no impidió tampoco que un grupo de empresarios combatiera a Andrés Manuel López Obrador y fue incapaz de parar a tiempo la campaña de propaganda negra, orquestada por Antonio Solá y Dick Morris, estrategas de Felipe Calderón, entre otros asuntos. Ya no digamos su anticipación en declarar ganador al candidato del partido albiazul. Ahora la cosa es más preocupante.

Resulta que todos los partidos políticos contendientes en 2006 erogaron 3 mil 500 millones de pesos en propaganda. De esa cifra, el 75 por ciento fue en radio y televisión. Lo que muestra, claramente, que los medios audiovisuales son los gananciosos. Además, que vivimos en la república del spot, algo que no ayuda sino perjudica la democracia, el juego de ideas.

Pero hay algo peor, de los 757 mil 545 anuncios que se emitieron, 281 mil 26 no se sabe quiénes los pagaron, si fueron regalo de las radiodifusoras, si existió financiamiento privado para los mismos.

Estamos hablando del 37 por ciento del total. Lo cual es una barbaridad, ya que más de una tercera parte se encuentran en el limbo, aunque ya el Papa haya dicho que esa zona no existe, pero el habla popular lo señala como algo indefinido, extraño, sin ubicación. Y ese número representa cerca de mil millones de pesos de erogaciones.

Y uno se pregunta: ¿Por qué esa irregularidad? Y la contestación la deben ofrecer los miembros del IFE, quienes por cierto contrataron a la empresa brasileña IBOPE, que no tenía experiencia en este tipo de monitoreo, sino en el de audiencias que sintonizan diversos medios. Aunque cobró 40 millones de pesos al respecto.

La crítica a tiempo en este caso la hicimos varios periodistas, y nunca se tomó en cuenta nuestra opinión; al contrario, se pagó lo que quiso y por largo tiempo a un consorcio que iba a fallar como ahora se hace notorio. Algo que muestra, otra vez, que los consejeros electorales actuales no hacen medianamente su trabajo y tienen oídos de artillero.

Para supuestamente remediar el problema, el IFE impuso una multa de 99 millones de pesos a los partidos contendientes. De estos, 51 millones fueron para la Alianza por México (PRI y PVEM), 25 millones para la Coalición por el Bien de Todos y 18 millones para el Partido Acción Nacional.

Por lo que se nota, todos cometieron esas y otras irregularidades. Incluso quedó pendiente una investigación exhaustiva para saber quiénes realmente abusaron de la propaganda y a hasta dónde llegaron sus faltas. Algo que no será nada fácil de desentrañar; es más, pensamos que todo quedará en una investigación no concluida, igual que muchas otras donde el abuso y la corrupción van de la mano. Algo muy común en nuestro país.

No debemos olvidar que en octubre de 2005, Televisa a través de su presidente, Emilio Azcárraga Jean, firmó un convenio con Luis Carlos Ugalde y el IFE. Entonces el joven que maneja la principal televisora dijo que “la transparencia era la mejor manera de cumplir (sic) con la democracia”. Por lo tanto, prometía que proporcionaría tres reportes acerca de los gastos de campaña de los partidos: el 15 de abril, el 30 de junio y el 30 de julio.

Remataba Emilio: daré “información detallada sobre (sic) los contratos, condiciones y detalles de las campañas de promoción y publicidad que realicen los partidos”.

Por su parte, Ugalde aseguró que dicho pacto era un “producto (sic) de buena fe” con la principal empresa que maneja la pantalla chica. Declaró, además, que ese tipo de acciones reforzarían “las condiciones de legalidad, equidad y transparencia del proceso electoral” que se avecinaba.

Luego de algunos días, Luis Carlos se aventó a suscribir otro acuerdo, ahora con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). Los mensajes optimistas fueron por el mismo tenor. Estábamos pavimentando el camino para una elección histórica que permitiría un avance impresionante en el proceso democrático mexicano.

Algunos críticos, incluido este comentarista, señalaron que era un absurdo haber firmado antes con Televisa y después con la CIRT, ya que esta última organización englobaba a la que se inició en Chapultepec 18. Pero ya sabemos que los Azcárraga (en sus tres tiempos) imponen su ley y cuando no pueden, castigan a sus rivales por medio de sus conductores e informativos. Algo que hemos visto repetirse en la discusión acerca de la llamada Ley Televisa.

El papelón que están haciendo los consejeros electorales, una vez más, ha llevado a que todos los partidos con registro los critiquen. Algo terrible. La desvergüenza de Luis Carlos Ugalde y sus muchachos será memorable. Y es que jamás dan una.

Algunos especialistas señalan que entre los espots “extraños” se encuentran muchos de la guerra sucia contra Andrés Manuel. Todo puede ser. Lo mejor es conocerlos realmente y saber quiénes fueron los que pagaron la transmisión y cuáles fueron los productores. Transparencia, es verdad, pero en serio.

Por otro lado, Televisa insiste en imponer sus condiciones en todas partes sin importarle que en muchas ocasiones haya empeñado su palabra y no la cumpla. Para ellos como negociantes hay un solo objetivo: el dinero. Por eso importa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome en cuenta este último incidente de los anuncios aparentemente sin remitente para tomarlo en cuenta respecto a la ley de medios.

Tiene razón el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, la Suprema debe legislar sin pagar costos políticos, ideologizar el asunto o politizarlo. Pero como están las cosas, a raíz de la enfermedad del magistrado Juan José Gudiño Pelayo y la retirada de José Ramón Cosío, será difícil lograr los ocho votos de nueve viables que se requieren para inhabilitar una ley que viola diversos artículos de la Constitución y da grandes posibilidades al oligopolio de la radiodifusión para imponer una política parcial y únicamente con fines de lucro.

Una encuesta de María de las Heras señala que el 63 por ciento de los consultados dice que es necesario regresar la Ley Televisa al legislativo para su readecuación (Milenio Diario, 22 de mayo). Y curiosamente el senador Carlos Jiménez Macias, vocero del PRI en esa Cámara, coincidió con Santiago Creel y dijo que sí hubo presiones para los cambios que el año pasado se hicieron en los reglamentos de televisión y telecomunicaciones.

Como se nota, la ola de rechazo crece pero nadie puede asegurar que tanto la SCJN como los diputados y senadores realicen cambios de fondo.

Aunque tiene razón el doctor Diego Valadez, si en España en 1988 se legisló que “No podrán contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisión privada objeto de concesión” (El Universal, 23 de mayo), en nuestro país es urgente, necesario hacerlo, independientemente de las transformaciones en otros terrenos.

Fuente de la info: Jorge Meléndez Preciado en Opinión desde Contralínea.

Video-iFe Espurio y NO a las Campaña$$ PolíticaS en TV

Que curioso, hablando de la TV..... saLe mesa Monitor (muy buenos comentarios del 2do tema)

iFe Espurio y NO a las Campaña$$ PolíticaS en TV




http://www.youtube.com/watch?v=GLJSodICsqE

Caricatura sin Monitos - Colaboración de Francisco

Proposición..

La nación ha sufrido en el pasado proceso electoral, un grave revés en su camino democrático. El irreversible daño provocado a nuestros organismos, con aviesas intenciones pero torpes cálculos políticos, ha dejado una estela de daños que pagaremos por largo tiempo.

Uno de ellos, quizás el más preocupante, es la división conseguida en la sociedad mexicana. Resultante, de la efectiva siembra de patrañas que lograron su objetivo: florecer el encono entre nosotros, y distraernos para seguir acumulando en pocas manos el destino de nuestra republica. Lo anterior, hace necesario un planteamiento de unificación nacional. Para ello, lo primordial en este caso es, dar paso a la razón. Y, ésta, solamente, se podrá localizar donde viva la verdad. Por lo cual, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el destino con la publicación de las actas de escrutinio por parte del IFE.

Insisto a su consideración, con la siguiente propuesta que he denominado, "Unidos por la verdad". Es simplemente, llevar a la practica el reclamo de una parte importante de la ciudadanía. Realizar nosotros, aquel pronunciamiento de los últimos meses: el recuento, voto por voto, casilla por casilla. Esa verificación, aunque no pueda tener resultados legales, si puede ser la operación quirúrgica que comience a curar el mal de la discordia.

La idea es muy simple. Todos los partidos políticos tienen en su poder una copia del listado nominal utilizado en las pasadas elecciones. Hagamos brigadas para cubrir los trescientos distritos electorales y vayamos casa por casa preguntando a las personas si votaron o no. Nada más, sin preguntar por quien. Simplemente, vamos a ver si ejercieron su derecho al sufragio.

Les pediremos a las personas que nos muestren su credencial para votar. Ahí podremos asegurarnos que tenga la señal de la V (de votó). Esa será la prueba fehaciente que cumplió con su obligación ciudadana.

La persona que NO VOTÓ, no tendrá obviamente, la seña de la V. Si es posible, le pediremos nos permita sacar una copia de su credencial de elector para tener una prueba de ello. Para retirar todo rasgo de desconfianza, le diremos que sólo será por la parte posterior de la credencial y tacharemos la firma de la misma. Esta operación se hará solamente, para que al final se puedan anexar al resultado los millones de copias de las credenciales no utilizadas.

Esta ejecución, es con el único fin, de unir a la población mexicana mediante el conocimiento de la realidad acontecida el dos de julio pasado, pues, la intención de los defraudadores fue muy clara; en la desunión encontraban la fortaleza necesaria para seguir con sus planes.

Al termino de la acción tendremos, un recuento exacto en cada sección y en cada distrito. Podremos cotejar con los resultados "oficiales" y dar al mundo entero, una lección de dignidad. Este operativo, dará una fuerza extraordinaria al movimiento que nos une y sobretodo, traerá un sentimiento de tranquilidad al conocer la verdad histórica que se nos a querido negar.

Es importante todas las acciones de resistencia civil pacifica, pero, se debe cambiar la estrategia, sino, todo seguirá igual: nosotros poniendo los detenidos y los muertos, mientras ellos, se reparten la nación.

El alcance de la propuesta será, de acuerdo al deseo que se tenga de esclarecer lo sucedido hace 173 días.