José Luna
En tanto no dé muestras claras de que se deslinda de aquellos que lo nombraron y mientras continúe la opacidad dentro del organismo, la sociedad no podrá creer en la solidez y autonomía del instituto.
Las decisiones asumidas por Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), en cuanto a evitar aplicar multas a los partidos políticos, así como el confuso asunto del incremento de su sueldo, son temas que abonan a restarle credibilidad al organismo y demuestran que hoy se encuentra al servicio de la partidocracia.
Precisamente fue esa partidocracia la que, coincide la mayoría de los analistas, violando incluso la Constitución y creando leyes que eliminan garantías individuales, resolvió la designación de los nuevos consejeros del IFE a partir de su sistema de repartición de cuotas, ignorando a la sociedad.
Las declaraciones y entrevistas del consejero presidente refieren una y otra vez la necesidad de restituirle la credibilidad al IFE, pero en los hechos sucede lo contrario, según el análisis de expertos en la materia, quienes justamente opinan que Valdés debe reconstruir esa confianza hoy pérdida a partir de diversas acciones que incluyen, fundamentalmente, el deslindarse de los partidos políticos y transparentar al instituto.
Es decir, que en tanto el presidente del IFE no dé muestras claras de que se deslinda de aquellos que lo nombraron y mientras continúe la opacidad dentro del organismo, la sociedad no podrá creer en la solidez y autonomía del instituto.
“Proceso ilegal”
La “ilegalidad” del nombramiento del presidente y dos nuevos consejeros —Benito Nacif y Marco Antonio Baños— fue más que evidente e incluso la reprocharon legisladores integrantes de los llamados partidos pequeños y un importante grupo de legisladores del PRD.
Al operar a espaldas de la ciudadanía, la partidocracia demostró una vez más su forma de conducirse: desprecio a la opinión pública, vetos sin explicación y postulaciones acordes al interés de cada partido; es decir, la reedición de la cultura de repartición de cuotas.
En el aire quedó aquel llamado de organizaciones civiles como Propuesta Cívica que a finales del año pasado demandó “el derecho de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones públicas” (como lo era el nombramiento de consejeros de un órgano cuya autonomía fue decapitada), así como la igualdad de condiciones para acceder a un cargo público por parte de los aspirantes entonces registrados. Sin embargo, al final, predominó “la ilegalidad”.
En aquella sesión del jueves 7 de enero se consumó el nombramiento de los nuevos consejeros del IFE, incluido su presidente. Así lo dijo la diputada Layda Sansores, del Partido Convergencia: es el resultado de “un proceso poco pulcro” en el que “se violó la Constitución”.
Recordemos también lo dicho por la diputada Lenia Batres del PRD, quien denunció que en la designación “de los 39 ciudadanos que quedaron electos en un proceso de selección se escogieron a los que responden al pago de favores”.
En ese sentido, la diputada Sansores afirmó: “Hemos traicionado el compromiso de respetar y hacer cumplir la Constitución. Traicionamos también a los 500 ciudadanos distinguidos que de buena fe respondieron a nuestra convocatoria, seguramente porque pensaron que venían a una casa decente. Traicionamos también a los mexicanos que confiaron en nosotros y que merecen representantes dignos.
“¿Qué cambió de diciembre a febrero? Es la misma gata pero revolcada. Se preocuparon más por cuotas de partido, por árbitros a modo, que por contribuir a un ife ciudadano. Lo único que cambió fue la fecha”, manifestó la diputada Sansores, quien, por si fuera poco, se declaró “testigo de cómo se gestaron traiciones, venganzas, vetos…”.
Los coordinadores de la partidocracia habían establecido como obligación designar a los nuevos consejeros antes del pasado 13 diciembre, cuando se venció el plazo para el nombramiento. Dicha situación, por cierto, fue más crítica cuando el 14 de diciembre Luis Carlos Ugalde renunció como presidente del IFE, quedando el instituto en el limbo, con un confuso nombramiento de Andrés Albo como presidente interino del mismo el 16 de diciembre.
Por supuesto, las críticas de juristas y analistas no se hicieron esperar. Recordemos, por ejemplo, lo dicho por el constitucionalista catedrático de la Facultad de Derecho de la unam Raúl Carrancá y Rivas, quien estimó que los diputados violaron tanto la Constitución como la convocatoria y los tiempos que ellos mismos se fijaron para el proceso de selección de nuevos consejeros e incluso advirtió entonces: “Habemos gente dispuesta, por la vía conducente, que es la del Derecho, a impugnar un acto que consideramos arbitrario y en contra de los derechos políticos de los mexicanos”.
Otro ejemplo: John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, insistió en que “la opacidad en la fase definitiva de selección de consejeros” y la preservación de “las cuotas” de los grandes partidos serán factores que “difícilmente permitirán la recuperación de la credibilidad del ife rumbo a los comicios” intermedios de 2009.
Carpetazo al spotgate
Mención aparte merecen las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en las que se eliminan garantías constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a la información, al dejar en manos de los partidos políticos, vía el IFE que ellos controlan, la facultad exclusiva de normar y sancionar los mensajes electorales.
Por ello, no es gratuito que la sociedad a través de diversos organismos sociales busque vía el recurso de amparo echar abajo las modificaciones al Cofipe. Incluso hay partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales que buscan lo mismo. Por lo pronto, las demandas están en proceso.
Recordemos lo dicho por el presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada, en cuanto a que “algunas demandas de amparo ya son procesadas por jueces de Distrito y otras están en tribunales colegiados”. Pero también resaltó que aún queda la Suprema Corte de Justicia de la Nación “como otra instancia a la cual podemos recurrir”.
Ese tipo de acciones demuestran por un lado que la sociedad no está conforme con las decisiones de la partidocracia y, por otro, que el IFE no se ha ganado la credibilidad que Valdés Zurita dice que tratan de recobrar.
Por lo pronto, ya en funciones, el presidente del IFE y los dos nuevos consejeros, además de aquellos que buscan quedar bien con sus nuevos jefes, mostraron de qué manera se conducirán para pagar el favor a quienes los impusieron: dieron carpetazo a las investigaciones de los 281 mil spots no reportados por los partidos en las elecciones federales de 2006, con lo cual entierran el escándalo acerca del ocultamiento de información y financiamiento irregular de las campañas presidenciales de hace dos años.
En este sentido fue la posición de Leonardo Valdés Zurita, quien exhortó a los demás integrantes del Consejo General a que “apresuraran” sus trabajos y “cerraran” los expedientes abiertos del proceso electoral anterior.
Con ello la partidocracia busca borrar sus excesos y violaciones a la ley electoral en los comicios pasados y evitó multas millonarias.
No es exagerado señalar lo anterior, pues recordemos que hasta antes de la reforma al instituto el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Andrés Albo, equiparó en importancia la investigación de los spots a los casos conocidos como Amigos de Fox y Pemexgate.
Lo cierto es que la actitud que asumieron la mayoría de los consejeros antes del relevo de tres de sus integrantes era que se investigara a fondo el financiamiento de dichos promocionales —a lo que por supuesto se oponían los grandes partidos—, pero el tono de la discusión en el seno del Consejo General cambió de manera radical el viernes 15 de febrero, durante la primera sesión de trabajo del renovado IFE.
El recién desempacado consejero presidente, Leonardo Valdés, no requirió más de tres minutos para ofrecer sus argumentos en favor de los dictámenes relacionados a los spots irregulares emitidos por la Coalición por el Bien de Todos y Nueva Alianza, lo que les permitió el perdón de 51 y 70% de esos mensajes.
A juicio de Eduardo Huchim, experto en temas electorales, el carpetazo que el Consejo General del IFE decidió dar a los millares de spots no reportados constituye un pésimo inicio de los tres nuevos consejeros encabezados por Valdés Zurita.
Para Huchim, el cerrar dicho caso “deja en la impunidad transgresiones flagrantes a la ley, abona el descrédito del instituto y envía un mensaje ominoso: los partidos pueden hacer lo que les plazca y confiar en que tendrán una autoridad complaciente”.
Y añade: “Es lamentable que se haya desestimado la propuesta de realizar nuevas indagatorias, presentada por la Comisión de Fiscalización que investigó ese asunto. Esta comisión del IFE desapareció porque el Congreso de la Unión la sustituyó, mediante la reforma electoral, por una unidad técnica que no tendrá la misma fuerza que un órgano colegiado constituido por consejeros. De ese modo, los diputados y senadores debilitaron una función central entre las tareas del IFE: la revisión de las cuentas de los partidos”.
Nuevos enredos
En una serie de entrevistas en las que trató de convencer a la opinión pública de que le otorgue “el beneficio de la duda”, así como de su compromiso con “aplicar la ley” y hacer del IFE “una instancia realmente autónoma”, apareció una nota periodística en la que se da cuenta de que los integrantes del Consejo General se autorizaron un incremento salarial de aproximadamente 25 mil pesos mensuales a menos de un mes de que iniciaron sus funciones.
De inmediato, Valdés Zurita salió a desmentir dicha información. Sin embargo, lo cierto es que sí hubo un aumento, como lo confirmó el propio presidente del ife cuando trató de explicar que sus sueldos deben ser equivalentes a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Hasta este mes (febrero) los consejeros electorales estamos percibiendo un poco más de 151 mil pesos. Los ministros están percibiendo un poco más de 172 mil aproximadamente, no tengo la cifra exacta”, argumentó.
Pero al margen de su explicación, de acuerdo con la información contenida en la página de internet del IFE el consejero presidente tiene un sueldo mensual bruto de 44 mil 435 pesos, más una compensación garantizada de 163 mil 519 que arrojan un total de percepciones brutas de 207 mil 955. Ello sin contar que recibe otras percepciones como prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo, vacaciones, le dan un vehículo, un celular con una suma asignada de tres mil 600 pesos y gastos de alimentación por doce mil 600.
Y la última de Leonardo Valdés es que anda enredado con los partidos en el asunto de la regulación de la publicidad institucional, es decir aquella que los gobiernos federales, estatales y municipales solicitan difundir a través de los medios de comunicación masiva, a fin de dar a conocer sus acciones.
Así, ahora el IFE y la partidocracia estudian la manera en que una autoridad podrá dar a conocer aquello que le interese comunicar a la sociedad.
Ese es el nuevo ife que tenemos los mexicanos. Uno cuyo titular fue designado por un mecanismo que violó la Constitución y que regulará los procesos electorales con una ley que viola el derecho a la información y la libertad de expresión.
Pero también se trata de un IFE que perdió la confianza de los ciudadanos con decisiones erráticas, como fue ponerse al servicio de los partidos al dar carpetazo al llamado spotgate, a fin de no sancionar a esa partidocracia que impuso a su titular, en una clara repartición de cuotas.
Nada logra Leonardo Valdés Zurita al insistir una y otra vez que “fortalecerá” la autonomía del organismo que encabeza o bien que le devolverá la confianza que alguna vez le tuvieron los ciudadanos, si no hace lo que le recomiendan los expertos y le exige la sociedad: deslindarse de una vez de los partidos, fortalecer en serio la credibilidad del instituto y transparentar sus actuaciones.
Es el único camino que tiene el IFE para que la democracia salga fortalecida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario