México, de los Estados donde se cometen mayores violaciones a DH

Por Lourdes Godínez Leal

Al admitir que el Estado mexicano ha incurrido en negligencia, falta de coordinación, pero sobre todo en una absoluta falta de voluntad política para terminar con la impunidad de que goza el fuero militar en los casos de violación a derechos humanos, Soraya Long Saborío, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), vaticina un panorama negro a nivel internacional para México.

En entrevista con Cimacnoticias, durante el primer día de su primera visita de este año a nuestro país, la directora de uno de los principales organismos interamericanos de defensa de derechos humanos, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó tajante que si el Estado mexicano no se abre al diálogo con las víctimas y las organizaciones que las representan, pero sobre todo, si no acata las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un periodo no mayor a cinco años tendrá cinco casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En este sentido, recordó que, de acuerdo con una evaluación realizada por varias organizaciones en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a México por la CIDH, desde 1996 no se ha hecho nada más, después de que ésta hiciera recomendaciones al Estado mexicano por el caso del General José Francisco Gallardo Rodríguez.

Y subrayó que no ha habido cambios positivos en materia de derechos humanos ni en la administración del expresidente mexicano Vicente Fox, ni ahora con Felipe Calderón, ambos panistas.

Para la experta en derechos humanos, México debería “evitar” que los casos vayan a la CoIDH donde ha acumulado asuntos de toda naturaleza: desaparición forzada, tortura, asesinatos de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y abuso de militares.

Soraya Long lamentó que, pese a la existencia de denuncias y pronunciamientos de estos órganos de derechos humanos, México ha hecho evidente su falta de voluntad política al no responder ni cumplir con las recomendaciones, lo que está provocando, dijo, que haya “un mayor auge de casos que irán a la Corte Internacional”.

Lo que también habla, en su opinión, de la actitud del Estado mexicano, ya que lo que se está viendo son casos recientes, a partir que México aceptó la jurisdicción de la CoIDH, en 1998, pero hay muchos asuntos más anteriores que no se pudieron evidenciar, lo que convierte al Estado mexicano en uno de los Estados donde se cometen mayores violaciones a derechos humanos a nivel internacional.

VÍA POLÍTICA, LA OPCIÓN

Dado que las recomendaciones de la CIDH en materia de jurisdicción militar en casos de violación a derechos humanos y tortura no han tenido la respuesta deseada por parte del Estado mexicano, entonces será por la vía política que se busque incidir para que estos fallos de la instancia internacional sean acatados.

Ese es uno de los objetivos principales de Cejil, organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos en el Continente Americano, cuyo objetivo es la aplicación plena de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos.

JUSTICIA MILITAR

Como parte de este objetivo, desde el año pasado, Cejil ha realizado visitas a México, donde ha sostenido encuentros con organizaciones de derechos humanos mexicanas que trabajan el tema así como con integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores cuyo tema central es la modificación del Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Lo que se busca, dice Soraya Long, es concretar una sola propuesta de modificación que logre “una mayor incidencia en el tema de jurisdicción militar”.

Luego de su viaje de diciembre a nuestro país, donde se entrevistaron con diputados y senadores, y a partir de las audiencias que ha habido sobre jurisdicción militar en la CIDH, se ha observado que no existe coherencia entre la jurisdicción civil y la militar.

Uno de los argumentos es que no es necesaria una reforma porque la Constitución Política mexicana es muy clara. Sin embargo, Cejil no lo considera así, ya que lo que se demanda en la jurisdicción ordinaria o civil no es lo que se investiga en la militar, lo que da lugar a la impunidad, dice Long.

ESTADO MEXICANO CONDICIONA FALLOS

Otra preocupación que advierte la directora de Cejil, Soraya Long, tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas. El Estado mexicano, explica, está sujetando (condicionando) el asunto de la reparación al tema de la investigación. Es decir, él primero investiga para verificar si, efectivamente, incurrió en violaciones graves --pese a las recomendaciones de la CIDH que así lo acreditan-- y luego repara.

Tal fue el caso de las hermanas tzeltales, donde la Comisión Interamericana concluyó que el Estado mexicano era responsable de las violaciones y que el caso debería ser llevado por la vía civil y no militar.

No obstante, “en desacato a dicha recomendación, el Estado mexicano insiste en no reparar el daño hasta no investigar, ¡cuando lleva 13 años investigando!”, dice Long Saborío.

Esto significa, reitera, que el Estado mexicano está sujetando la reparación del daño a lo que determinen los resultados de la investigación en el ámbito interno. Pero no está considerando la reparación del daño como una directriz de un organismo internacional de derechos humanos por las violaciones encontradas, independientemente de las investigaciones militares.

Por lo que otro de los temas que se impulsa en la CIDH es que el Estado mexicano no puede sujetar la directriz o recomendación de reparaciones ordenadas por ésta.

En el caso de las hermanas tzeltales, violadas por militares, la reparación del daño consistía en garantizar la no repetición de los hechos, el reconocimiento público de responsabilidad, pedir perdón, reformas legislativas si son necesarias, apoyo educativo a familiares de víctimas, entre otras.

Durante la audiencia del 12 de marzo de este año de la CIDH, donde se revisó el caso de las hermanas tzeltales y el Estado mexicano se “comprometió” a sacar el caso del fuero militar, Soraya Long reconoció que efectivamente hubo este compromiso pero una vez más condicionado por el Estado mexicano toda vez que insiste en hacer una reconstrucción de los hechos.

En este sentido, informó que el Estado mexicano señaló que si se llevaban a cabo una serie de diligencias pendientes, lo sacarían de la jurisdicción militar para ser sometidas al fuero civil.

“Sin embargo nosotros creemos que México no puede condicionar una recomendación de la CIDH porque ya ésta recomendó en su informe de fondo en este caso, que éste debería ser conocido por una jurisdicción civil”, sostuvo Long Saborío.

Por lo anterior, en su primera visita de 2008, Cejil intentará impulsar una propuesta común y ver cuál es la voluntad del Estado para llevar a cabo estas reformas al sistema de justicia militar y no esperar a que haya más asesinatos o violaciones de militares, cuando “hay elementos suficientes” que demuestran que las cosas, como están, no funcionan.

“Tocaremos varias puertas con los legisladores para ver cuál es la verdadera intención de las iniciativas, si son viables y si hay la fuerza política suficiente para sacarla”, dijo.