Por Leticia Puente Beresford/corresponsalNueva York, EU.- El New York Times denunció el caso de una joven colombiana de 22 años de edad que fue obligada por un empleado de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a sostener sexo oral a cambio de conseguir la aprobación de su trámite de residencia permanente.
Con grabación telefónica en mano, la joven acudió al New York Times y el matutino hizo pública la denuncia el viernes pasado en su primera plana. La cadena televisiva hispana Univisión también dio parte del hecho, citando al importante rotativo neoyorkino.
El NYT informa también que el empleado de la USCIS fue arrestado por autoridades federales y acusado de exigir sexo oral a una inmigrante de Colombia, a cambio de aprobar su trámite de residencia permanente.
El acusado, Isaac Biachu, de 46 años de edad, oriundo de Guyana, fue detenido tras reunirse con la inmigrante en un restaurante de Queens, Nueva York, y solicitarle por segunda vez el favor sexual. La joven grabó la conversación y la extorsión con un teléfono celular, dijo el diario.
De acuerdo al relato de la víctima, cuyo nombre las autoridades mantienen en reserva por tratarse de un delito de carácter sexual, la odisea comenzó en diciembre del año pasado cuando ella acudió a una entrevista con un oficial de inmigración tras presentar una solicitud de ajuste de estatus, porque contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense.
Una vez terminada la entrevista y cuando Biachu procedía a engrapar las fotografías de la mujer a la solicitud, éste le pidió el número de teléfono celular.
Tres días después de la entrevista, Biachu comenzó a llamar a la mujer, indica el New York Times. En las llamadas el agente le dijo a la inmigrante que el tenía poder para descarrilar su vida, e incluso deportar a sus familiares.
Biachu citó a la mujer a un encuentro privado. Al mediodía del 21 de diciembre, en un automóvil estacionado en Queens Boulevard, él le dijo que quería sexo, "una o dos veces, eso es todo. No tendrá que ver conmigo nunca más".
Lo que Biachu no sabía era que la mujer lo estaba grabando con un celular que llevaba en el bolso, cinta que fue entregada al New York Times.
Agrega el periódico que ella aceptó de mala gana una futura reunión con Biachu, pero cuando intentó salir de su coche, éste le exigió sexo oral "ahora". Y, a pesar de sus protestas, dijo, él consiguió su cometido.
Los 16 minutos de grabación que la mujer mostró al periódico, y luego a la fiscal de distrito de Queens, Carmencita Gutiérrez, sugieren la existencia de una gran prepotencia por parte de los encargados de poner en vigor la ley de inmigración de Estados Unidos, y una creciente desesperación por parte de las y los inmigrantes que buscan un estatus de permanencia documentada.
Pero, además, el periódico menciona que la detención de un empleado de inmigración pone de relieve la enorme dificultad y el peligro de que un afectado ponga una queja, incluso en la rara situación de que el abuso de poder haya sido registrado, como en este caso, en un teléfono celular.
PROBLEMA GENERALIZADO
No existen datos que revelen el porcentaje de chantaje sexual, pero se sabe que el problema es generalizado.
En los últimos años se han registrado casos de coacción sexual, incluidos agentes procesados penalmente en Atlanta (Georgia), Miami (Florida) y Santa Ana (California), y que plantea cuestiones más amplias acerca de la vulnerabilidad del sistema frente a la corrupción de los funcionarios públicos en momentos en que millones de inmigrantes tratan de documentar sus estadías, escribe el diario.
Baichu manejó unas 8 mil solicitudes de residencia permanente (green card) durante sus tres años como adjudicador de la USCIS en Garden City, Nueva York, una de las 23 dependencias del departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El agente se declaró inocente de un cargo de felonía y de otros cargos por obligar a la inmigrante colombiana a tener sexo oral, y también de ofrecer y prometer ayudarla con sus papeles de inmigración a cambio de más favores sexuales. En caso de ser condenado, podría enfrentar una sentencia de hasta ocho años en prisión.
La USCIS suspendió a Biachu con sueldo. El New York Times dijo que el inspector general de Seguridad Nacional está revisando otros casos similares, según un portavoz del DHS.
La fiscalía de Queens, en cuyo poder se encuentra la grabación hecha por la inmigrante extorsionada, instó a otras víctimas a que se presenten y formulen demandas.
El diario también señaló que la moneda de corrupción más común es el dinero pero, de acuerdo con testimonios recopilados por el Congreso, hay cerca de 3 mil denuncias de mala conducta sin investigar, incluidas 528 denuncias penales. El atraso obedece, según el gobierno, a falta de personal para procesarlas.
Sin embargo, la USCIS dijo que ha triplicado su personal de investigación desde entonces, y que sólo hay 165 denuncias graves pendientes de resolución.
Hasta el año pasado la agencia tenía puesta en la Internet una dirección de correo electrónico para que las personas denunciaran este tipo de delitos, pero retiró la información y el número de teléfono para denuncias, recomendando en su lugar que las quejas sean presentadas a cualquier agencia del orden público.
OTROS CASOS
Otros casos similares mencionados por The New York Times incluyen al agente Eddie Romualdo Miranda, de 60 años, de la oficina de Santa Clara, California, quien fue acusado de solicitar sexo a una inmigrante vietnamita de 29 años a cambio de aprobarle su petición de ciudadanía (Formulario N-400).
Miranda fue absuelto del cargo de felonía sexual, pero fue declarado culpable de agresión menor y sentenciado a período de prueba.
En Atlanta, Georgia, Kelvin R. Owens fue declarado culpable en 2005 por asalto sexual de una mujer de 45 años durante su entrevista de ciudadanía en un edificio federal. El adjudicador del USCIS fue sentenciado a fines de semana en la cárcel por un período de seis meses.
También, un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) responsable del traslado de una inmigrante haitiana a un centro de detención aguarda juicio por cargos de llevarla a su domicilio particular y violarla.
El New York Times agregó que los cargos formulados a Baichu, que consiguió la ciudadanía estadounidense en 1991 y tiene un sueldo de 50 mil dólares al año, parecen ser parte de un patrón más grande, de acuerdo con registros del gobierno y entrevistas.
Michael Maxwell, ex director de investigaciones internas de la USCIS, dijo al Congreso en 2006 que la corrupción interna era “rampante” y que los empleados enfrentaban constantes tentaciones para cometer crímenes.
El subalterno inmediato de Maxwell, Lloyd W. Miner, de 49 años, de Hyattsville, Maryland, es un ejemplo de ello. El 7 de marzo fue sentenciado a un año de prisión por inducir a una mujer de 21 años, procedente de Mongolia, a permanecer en el país ilegalmente y la hospedó en su casa.
El diario describe a la inmigrante extorsionada por Biachu como una mujer delgada que luce como una adolescente, que se había dedicado los últimos meses a ser niñera de sus familiares en Queens, Nueva York.
Dos hermanos de la víctima habían muerto en Cali, Colombia, y ella esperaba la resolución de su trámite de residencia permanente, por haber contraído matrimonio con un ciudadano de Estados Unidos, para poder viajar a Colombia.
Las y los inmigrantes cuya entrada a Estados Unidos fue documentada pero tienen ya visa vencida se quedan sin estatus. Su alternativa es contraer matrimonio con una ciudadana o ciudadano y sus cónyuges pueden pedir su ajuste de estado. Si el trámite es denegado, enfrentan un proceso de deportación.
Los temores de la joven mujer obedecían a un incidente sufrido por tres familiares de ella que fueron arrestadas después de que un conocido les pidió traer a Estados Unidos 12 mil dólares. Las tres mujeres, todas indocumentadas, fueron arrestadas en el curso de una investigación de lavado de dinero. Pero luego fueron liberadas, dijo el periódico.
CÍRCULO VICIOSO
Por ese motivo y con el temor de ser detenida si no accedía a las peticiones de Biachu, la mujer en vez de llamar a la policía prendió la cámara de video de su celular, lo puso en el bolso y fue a encontrarse con el agente.
En una parte de la grabación, Biachu le dice a la mujer (quien se negaba al pedido de sexo oral) que él provenía de un país diferente a Colombia, pero que había conseguido la green card de la misma manera.
Después de acudir al periódico para mostrar la grabación y denunciar la extorsión, la inmigrante tuvo una cita con Gutiérrez, la fiscal de distrito de Queens.
La fiscalía monitoreó las llamadas telefónicas entre la inmigrante y Biachu, detalló un vocero de la Fiscalía. El 11 de marzo, ambos se encontraron en el restaurante Flagship, en Queens Boulevard. En ese lugar el agente le pidió hacer "lo mismo de la última vez" y le ofreció llevarla a un garaje o baño del negocio de un amigo para que, dijo, se sintiera "mas cómoda haciéndolo".
La joven mujer enteró a su esposo del asunto: “Él se enojó mucho y se fue. No sé si regrese”. Su green card aún está pendiente, pero “tengo la esperanza de obtenerla”, dijo.
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