Pedimos inspección a la mina y Muriño no respondió: viudas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La respuesta que dio recientemente el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño Terrazo, a la Familia Pasta de Conchos para realizar una inspección a la Mina 8 es incomprensible y muestra falta de voluntad política para responder a las demandas de viudas y familiares de los 65 mineros muertos hace más de dos años en Pasta de Conchos.

Así lo manifestaron tanto la Familia Pasta de Conchos, a través de un comunicado, como Rosario Ortiz Magallón, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el abogado de la Familia, Manuel Fuentes Muñiz, quienes cuestionaron lo expresado por Muriño en el sentido de que “no es viable exponer más vidas en los trabajos de rescate”.

Manuel Fuentes Muñiz, abogado de la Familia Pasta de Conchos, asociación civil integrada por las y los familiares de los mineros fallecidos, señaló a Cimacnoticias que la resolución que dio Mouriño es “inexplicable” ya que la solicitud que realizaron fue que realizaran una visita de inspección a la Mina 8 para evaluar las condiciones en las que se encuentra, y de este modo determinar si es posible o no el rescate.

Por tanto, afirma Fuentes, “lo que pedimos es que se dé una respuesta a lo que se le solicitó” e informó que seguirán insistiendo hasta que la Secretaría de Gobernación atienda su petición ya que “es su responsabilidad realizar la visita de verificación”.

Fuentes Muñiz recalcó, tal como lo hizo la Familiar Pasta de Conchos, que se no quiere poner en riesgo la vida de nadie, la solicitud es que se verifiquen las condiciones de las minas, para que después de realizarse la evaluación se determine la viabilidad de su demanda: los restos de sus familiares, que permanecen en la mina desde febrero de 2006.

La Familia Pasta de Conchos detalla en el comunicado que no solicitan que en este momento se realice la continuación del rescate de los cuerpos, sino que se practique una Inspección Ocular, guiada por expertos en minas que han manifestado su disposición y capacidad para esta tarea, que verifique en campo las condiciones reales de la mina, para establecer las medidas necesarias que reviertan las condiciones de seguridad adversas que presumiblemente se pudieran encontrar en la mina; situación que es posible técnicamente, como reconoce en su párrafo final el análisis técnico elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC.

Y recuerdan que en el documento recibido por el Secretario de Gobernación el pasado 7 de marzo de 2008, y signado por dichos peritos en minas con registro oficial ante la Secretaría de Economía, afirmaron: “Se hace necesario hacer una visita al sitio para poder cuantificar el grado de daño y así saber las incidencias que pudieran prevalecer”. Después de ella, dicen, se podrá dictaminar tanto en costo y tiempo aproximado el rescate de los restos de los mineros.

Por tanto, puesto que la Secretaría de Gobernación está contestando a una solicitud que no les hemos hecho y evita contestar a la solicitud que sí le presentamos, advierten, “permaneceremos a la espera de una respuesta congruente a nuestra petición”.

Por su parte, Rosario Ortiz Magallón, diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideró que la respuesta del Secretario de Gobernación revela falta de voluntad política y apoyo a Industrial Minera México (IMM), empresa para la cual laboraban los trabajadores del carbón. “El gobierno federal ha dado el respaldo a la patronal, no a las víctimas del siniestro, principalmente por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social”, dijo.

Asimismo, Rosario Ortiz denunció que en este caso el gobierno federal y la empresa Minera México “han violado todas las leyes en materia laboral, el Artículo 123 constitucional, el cual garantiza a las y los trabajadores un trabajo digno, además de las condiciones adecuadas para laborar y en caso de accidentes dentro de la empresa está asumirá las responsabilidades”.