Breve historial de la persecución a la disidencia en México

Gloria Arenas Agis y Eugenia Gutiérrez

Rebelión

Hace un año, mientras se realizaba en la Ciudad de México el primer Foro Nacional contra la Represión , había cientos de presas y presos políticos dentro de las cárceles del país y se respiraba cierto desánimo en el movimiento social que acababa de ser muy golpeado en Oaxaca y el Estado de México. A lo largo de este año, muchas de esas personas, junto con varias decenas en Chiapas, han sido liberadas. Es decir que, en estos momentos, hay dentro de las prisiones un cálculo aproximado de 154 personas en prisión política, aunque la cifra podría ser mayor porque aún no existe un registro sistematizado de liberaciones recientes en Oaxaca.

La libertad de muchas presas y presos de Atenco, de la APPO y de Chiapas ha elevado nuestro ánimo colectivo. ¿Pero significa esto que la represión ha cedido? ¿Que el gobierno de Felipe Calderón nos ha dado "permiso" de construir una realidad distinta a la que nos impone el capitalismo neoliberal? Si seguimos la ruta de la represión a lo largo de varios años vemos que no es un fantasma que aparece por aquí o por allá de manera esporádica y aislada por decisión personal de algún gobernante un poco más cruel que otro. Por el contrario, lo que se hace evidente al caminar esa ruta es que la represión es una táctica permanente cuya estrategia es el aniquilamiento de las luchas, del pensamiento, del ánimo y de la organización del movimiento social con el objetivo de hacerlo inofensivo para los intereses del capital y para las estructuras del poder político.

En el marco de la Otra Campaña se han realizado varios foros por la libertad de las presas y los presos políticos. A lo largo de estos meses y en respuesta a esos llamados, nos dimos a la tarea de comenzar la preparación de un censo o cuadro de prisión política acompañado de unos apuntes sobre la persecución política en México que nos permiten conocer no sólo la forma en que nos persigue el poder sino cuál ha sido nuestra propia historia de lucha y resistencia. Fue así como nació la idea de un trabajo que queremos entregar a la Otra Campaña. En ese trabajo analizamos el término "persecución política" sólo porque nos parece un poco más amplio que "represión". Esa persecución la entendemos como una serie de prácticas de anulación de la disidencia al servicio de las cuales el poder pone todos sus recursos: desde la violencia hasta la apertura, desde la desaparición forzada hasta la compra de líderes, desde la tortura hasta el engaño y la distracción, desde el asesinato hasta los medios de comunicación.

Hace unos días, el ejército federal ingresó a comunidades cercanas al caracol de La Garrucha en Chiapas, donde se realizó el Primer Encuentro de Mujeres Zapatistas con Mujeres del Mundo. Las compañeras de Apizaco que hoy nos reciben han venido enfrentando hostigamiento, detenciones, amenazas y humillaciones por parte del gobierno local. Desde hace meses, se ha lanzado al ejército contra comunidades y organizaciones no sólo en Chiapas sino en Guerrero, violentando especialmente a los pueblos indios. Ha habido muchos asesinatos y desapariciones forzadas. Podríamos continuar el recuento de agresiones en este último año que demuestran que la persecución política no se detiene, pero no es necesario. Estamos reunidas y reunidos en este foro porque lo sabemos y nos proponemos hacer algo para enfrentar la represión. Así que creemos pertinente presentarles los avances de una investigación y recopilación que nació del andar de la Otra y de los recorridos de la Comisión Sexta.

En enero de 2006 salió de San Cristóbal de las Casas la caravana de la Otra Campaña en la que viajaba el Subcomandante Marcos. Desde entonces, uno de los reclamos más urgentes ha sido la libertad de los nuestros y las nuestras. También hemos visto la necesidad de organizarnos contra la represión y la impunidad. Al paso de la caravana se fueron alzando las voces que antes no habíamos escuchado, voces que nos hablaban de lucha pero también de víctimas de la persecución política. Además, tuvimos nuestros propios momentos de dolor y cárcel. Entonces iniciamos la tarea de recopilar y registrar datos que se han dado a conocer, así como la información que recababan y enviaban compañeras y compañeros de diversos estados.

Al principio pensamos que levantaríamos un censo de presas y presos, pero tenemos que reconocer que aún con el esfuerzo de muchas personas, la información que logramos reunir es incompleta. Hay vacíos, dudas y errores. Especialmente hace falta que nos comuniquemos oportunamente las liberaciones. Hace falta, por ejemplo, que la Otra en Morelos, Michoacán, Puebla, Hidalgo y varios estados más aporten datos actualizados sobre la represión que han padecido sus luchas. Por esta razón presentamos aquí no un censo acabado sino solamente los apuntes para un censo confiando en que con la participación de ustedes podrá corregirse, completarse y mantenerse actualizado. En los próximos días enviaremos a los estados las listas de detenidas y detenidos para que cada quien pueda revisarlas y corregirlas.

Conforme íbamos recogiendo los casos que la Otra Campaña aportaba surgían las historias y se desvanecían mitos. Cuando Vicente Fox era presidente dijo, durante una gira por Europa, que en México no había presos políticos. Esta mentira la repitió recientemente el gobierno actual. La verdad que arrojan los números que pudimos recopilar es que de 1992 a junio de 2008 ha habido, por lo menos, 3364 personas encarceladas por pertenecer al movimiento social. La cifra real podría ser mayor, pues solamente tomamos en cuenta los casos documentados que pudimos sistematizar. Entre los encarcelados ha habido, por lo menos, 238 mujeres. Suponemos que son muchas más pero no tenemos cifra contabilizada todavía de las represiones en Oaxaca, Ciudad Universitaria, Zimapán o en Guadalajara donde había muchas jóvenes. Encontramos que ha habido, por lo menos, 174 menores de edad detenidos (28 son mujeres). Sabemos que serán muchos jóvenes más cuando tengamos cifras contabilizadas, por ejemplo, en Chiapas, en Ayotzinapa o en Cancún.

Un porcentaje elevado de personas detenidas pertenece a algún pueblo indio, aunque nos falta registrar con exactitud a cuál pertenecen. De hecho, la mayoría de quienes han sido detenidos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Baja California y Sonora pertenecen a un pueblo indio.

En mujeres, menores de edad y pueblos indios, la represión adopta formas especialmente crueles. Mencionamos a continuación tres historias entre los miles de nombres recopilados:

1) María Delia Pérez Arizmendi, mujer, embarazada de ocho meses, fue torturada, dio a luz sola en el penal de Cerro Hueco en Chiapas. Su hijo murió en el parto y no se le permitió sepultarlo dignamente. Lleva siete años presa y está sentenciada a quince años. Es diabética y madre de una muchacha y un joven.

2) Durante la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco fue asesinado por un policía estatal que le disparó a corta distancia el niño Francisco Javier Cortés Santiago de 14 años. Nuestro compañero Ollin Alexis Benhumea murió un mes después, también asesinado por un policía. El 4 de mayo fueron detenidos nueve menores, ocho hombres y una mujer. Los nueve sufrieron la misma tortura aplicada a todos los detenidos en el viaje de cinco horas hasta el reclusorio de Santiaguito. Al día siguiente, a los nueve jóvenes los llevaron al Tutelar de Menores de Zinacantepec. No tenemos información de lo que sucedió ahí con la muchacha pero sabemos que los ocho muchachos recibieron palizas continuas, castigos, insultos y tortura durante los 24 días que duró su reclusión.

3) Marcelino Santiago Pacheco, indígena de los Loxicha, torturado y desaparecido nueve meses, apareció en una celda de castigo en la cárcel de Miahuatlán. Estuvo preso cinco años, fue liberado en julio de 2002. Actualmente su hermano Anselmo y él están desaparecidos.

En estos momentos y de acuerdo a nuestro censo hay ocho personas que llevan más de diez años en prisión política. El compañero que llevaba más tiempo era Juan Valdez Pérez, en San Luis Potosí. Don Juan fue liberado en septiembre de 2007. Pasó quince años preso. Las cifras se dicen rápido, pero las historias reunidas en este censo nos hablan de que muchas mujeres y hombres fueron torturados y desaparecidos por lapsos que van de tres días a nueve meses antes de ser encarcelados en alguna prisión. Nos hablan también de tortura sexual contra mujeres y hombres, aunque ellos difícilmente la denuncian.

Cuenta un mito que la represión es cosa del pasado. La verdad que arrojan los datos es que la represión ha sido continua. Las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones han ocurrido ininterrumpidamente durante décadas y décadas de lucha social. En lo que se refiere específicamente a prisión política, las estadísticas de los tres últimos sexenios lo confirman: en el gobierno de Ernesto Zedillo fueron encarceladas, por lo menos, 1205 personas; durante el periodo de Vicente Fox, al menos 1576, y en el año y medio que lleva Felipe Calderón van, por lo menos, 337. La cantidad de presas y presos políticos que en un momento determinado se encuentran dentro de las cárceles puede ser variable. Por ejemplo, el día de hoy tenemos, en nuestro registro al menos, 154 de los que 144 son hombres y 10 son mujeres. Pero en otros momentos la concentración de compañeras y compañeros presos se eleva. Destacan febrero de 2000 con 1096 y diciembre de 2006 con cerca de 700.

Muchos de ustedes recuerdan la promoción que se hizo del voto útil para sacar a los priistas de la presidencia y colocar al panista Vicente Fox. Seguramente también recuerdan que algunos compañeros y compañeras pensaron que en 2006 debíamos apoyar al PRD porque significaba una esperanza de cambio democrático. Pero los números, que finalmente son espejo de la realidad, demuestran que no importa qué partido está en el gobierno. Todos reprimen por igual. Basta con echar un vistazo a la lista de gobiernos estatales más represivos de los últimos años. En ciertos casos, hay quien podría argumentar que determinado golpe de represión masiva fue ejecutado por el gobierno federal, no por los gobiernos locales, pero lo cierto es que en esos casos los gobiernos estatales no hicieron nada por impedir el acto represivo, ni lo condenaron. En la mayoría de los casos estuvieron de acuerdo e incluso participaron con la policía local. En otros casos, ellos dirigieron el golpe.

La lista de gobiernos más represivos en los últimos 16 años es la siguiente:

Chiapas

Juan José Sabines Guerrero (PRD). Asegura que en su gobierno no hay presos políticos, pero los datos refieren que ha encarcelado por lo menos a 8 personas. En lo que va de su mandato se han reactivado e intensificado los hostigamientos paramilitares y la persecución contra las comunidades zapatistas. Muchos presos políticos anteriores a su gobierno han recibido golpizas en prisión durante su gobierno.

Pablo Salazar Mendiguchía (PAN-PRD). Sometió a prisión política a por lo menos 140 personas. Durante su gobierno de recrudeció la persecución contra el EZLN.

Julio César Ruiz Ferro (PRI). Durante su gobierno se formaron decenas de grupos paramilitares. Es responsable de la masacre de Acteal en diciembre de 1997.

Distrito Federal (Ciudad de México)

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD). En lo poco que duró su gobierno interino, al menos 20 manifestantes de la Otra Campaña y de la LIMEDDH , hombres y mujeres, fueron perseguidos por la Alameda Central , la Biblioteca de México y por las calles hasta ser detenidos, golpeados y arrastrados. Hubo denuncias de agresiones sexuales (29 de octubre, 2006).

Ma. del Rosario Robles Berlanga (PRD). Era jefa de gobierno cuando la PFP ocupó la Preparatoria No. 3 de la UNAM y el campus de Ciudad Universitaria para romper la huelga estudiantil en 2000. Durante febrero de ese año fueron detenidas 998 personas, hombres y mujeres, y muchos de ellos menores de edad.

Estado de México

Enrique Peña Nieto (PRI). En lo que va de su gobierno lleva por lo menos dos golpes de represión masiva durante los que fueron detenidas 232 personas. En 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco fueron detenidas 212 personas con todo el horror que ya conocemos. En El Torito, Naucalpan, el 23 de noviembre de 2007 policías municipales y estatales disolvieron violentamente una manifestación pacífica deteniendo a 20 personas. Había mujeres y niños.

Guerrero

Zeferino Torreblanca Galindo (PRD). En lo que va de su gobierno ha metido a la cárcel a por lo menos 94 personas del movimientos social, entre ellas, 56 normalistas de Ayotzinapa. Aunque no tenemos cifras analizadas todavía, es importante buscar cuántos eran menores de edad. Hubo heridos con lesiones muy graves. Ha lanzado una persecución sistemática que incluye asesinatos y encarcelamientos contra el pueblo indígena mepha'a y contra la policía comunitaria.

René Juárez Cisneros (PRI). Encarceló por lo menos a 27 personas, entre ellas comuneros que se oponen a la construcción de la presa de La Parota. Durante su gobierno hubo un número elevado de asesinados y desaparecidos. Su especialidad era reprimir a ecologistas.

Ángel Heladio Aguirre Rivero (PRI). Durante su gobierno se realizó la masacre de El Charco. Encarceló por lo menos a 41 personas.

Rubén Figueroa Alcocer (PRI). Responsable de la masacre de Aguas Blancas (28 de junio, 1995). Durante su gobierno fueron encarceladas, asesinadas y desaparecidas un gran número de personas, pero no tenemos los datos por ahora. Es una tarea pendiente.

Hidalgo

Miguel Ángel Osorio Chong (PRI). Es el gobernador actual. Lanzó en diciembre de 2007 una represión masiva contra indígenas que se oponen a la construcción de un basurero tóxico en Zimapán. Fueron detenidas 45 personas, entre ellas mujeres que denunciaron abuso sexual.

Falta registrar la represión ejercida contra Normales Rurales (El Mexe, 2000) durante el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto (PRI).

Jalisco

Francisco Ramírez Acuña (PAN). Coordinó un golpe de represión masiva el 28 de mayo de 2004 contra altermundistas en Guadalajara en el que 200 personas fueron detenidas. Hubo denuncias de violaciones sexuales contra hombres y mujeres, así como de tortura. Mucha gente quedó sujeta a proceso.

Michoacán

Lázaro Cárdenas Batel (PRD). Respaldó la represión contra 500 trabajadores mineros de Sicartsa para romper su huelga. Hubo dos obreros muertos.

Oaxaca

Ulises Ernesto Ruiz Ortiz (PRI). En lo que va de su gobierno ha encarcelado a, por lo menos, 521 personas del movimiento magisterial y de la APPO , de los municipios autónomos de San Blas Atempa y Reyes Nopala. Durante su gobierno han desaparecido más de 90 personas y han sido asesinadas más de 20 personas.

Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (PRI). Durante su gobierno se lanzó la represión contra los habitantes de Loxichas. La población indígena fue sometida a interrogatorios y torturas masivas. Fueron detenidas 90 personas. Algunas continúan presas después de 11 años.

Quintanta Roo

Félix Arturo González Canto (PRI). Lanzó el golpe de represión masiva contra una manifestación en Cancún en el que hubo 500 personas detenidas (agosto, 2005).

Joaquín Ernesto Hendricks Díaz (PRI). Reprimió al Foro Social Alternativo en Cancún en febrero de 2001. Hubo 67 detenidos y 15 heridos.

Veracruz

Fidel Herrera Beltrán (PRI). En lo que va de su gobierno ha encarcelado a 52 personas del movimiento social. Lanzó un golpe de represión masiva contra indígenas nahuas de la organización Los Dorados de Villa (adherentes a la Otra Campaña ) en Ixhuatlán de Madero.

Yucatán

Patricio José Patrón Laviada (PAN-PRD-PT- PVEM). Coordinó un golpe de represión masiva contra una protesta pacífica por la visita de George Bush en Mérida. Hubo al menos, 26 detenidos, hombres y mujeres.

Han tratado de hacernos creer otro engaño: que sólo se reprimía al movimiento social armado y que el movimiento social pacífico tenía un espacio de lucha respetado por los represores, o bien, que se le reprimía en menor medida. En este censo abundan los datos que contradicen ese engaño. A Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, tres luchadores sociales de un movimiento civil y pacífico reprimido brutalmente el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, se les impuso, a cada uno, una sentencia de 67 años y medio de cárcel. Se trata de unas de las mayores sentencias impuestas a prisioneros políticos en México. El delito que se les imputa es secuestro equiparado. Por si fuera poco, los tres han sido encarcelados en una prisión federal de máxima seguridad (El Altiplano, Edomex) que funciona bajo uno de los regímenes carcelarios más destructivos de la personalidad y más violentos para la dignidad humana.

Estos apuntes para una historia de la persecución política en México los pondremos a disposición de la Otra Campaña a partir de mediados de julio de 2008, cuando tengamos ya la revisión y las correcciones de los estados. Vamos a tratar de publicarlos en varios sitios de internet de la Otra Campaña para que esta Red contra la Represión los haga suyos y los enriquezca. Si alguien tiene datos complementarios o quiere enviarnos correcciones y sugerencias para el censo de prisión política que les haremos llegar, les pedimos que lo hagan al correo de redcontralarepresio n@gmail.com hasta el 6 de julio de 2008. El censo lo acompañaremos de un breve recuento de los caminos que ha recorrido en los últimos 70 años el movimiento social mexicano en busca de una sola cosa: un mundo con democracia y sin explotación, sin despojo, sin discriminació n y sin represión.

El análisis de este recorrido que es parte de nuestra historia como Otra Campaña nos ayudará a derrumbar varios mitos sobre la represión para que se impongan algunas verdades. Esperamos que este trabajo, basado en el esfuerzo que ya han hecho muchas personas y organizaciones a lo largo de estos años, ayude a quienes nos adherimos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a reflexionar sobre los retos del movimiento social actual. Porque lo hemos visto en Chiapas, Oaxaca, Atenco, Guerrero y cada rincón del país, confiamos en que vamos a estar a la altura de los requerimientos de esta lucha para cambiar de raíz la opresión del capitalismo neoliberal y sus estructuras de poder.

Con mucho cariño y respeto para este foro,

Gloria Arenas Agis (Santa Ma. Chiconautla, Edomex) y Eugenia Gutiérrez (DF).

¡¡LIBERTAD A GLORIA ARENAS!!

¡¡LIBERTAD A JACOBO SILVA!!

¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S!!

14 de junio de 2008 Apizaco, Tlaxcala

México, de los Estados donde se cometen mayores violaciones a DH

Por Lourdes Godínez Leal

Al admitir que el Estado mexicano ha incurrido en negligencia, falta de coordinación, pero sobre todo en una absoluta falta de voluntad política para terminar con la impunidad de que goza el fuero militar en los casos de violación a derechos humanos, Soraya Long Saborío, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), vaticina un panorama negro a nivel internacional para México.

En entrevista con Cimacnoticias, durante el primer día de su primera visita de este año a nuestro país, la directora de uno de los principales organismos interamericanos de defensa de derechos humanos, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó tajante que si el Estado mexicano no se abre al diálogo con las víctimas y las organizaciones que las representan, pero sobre todo, si no acata las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un periodo no mayor a cinco años tendrá cinco casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En este sentido, recordó que, de acuerdo con una evaluación realizada por varias organizaciones en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas a México por la CIDH, desde 1996 no se ha hecho nada más, después de que ésta hiciera recomendaciones al Estado mexicano por el caso del General José Francisco Gallardo Rodríguez.

Y subrayó que no ha habido cambios positivos en materia de derechos humanos ni en la administración del expresidente mexicano Vicente Fox, ni ahora con Felipe Calderón, ambos panistas.

Para la experta en derechos humanos, México debería “evitar” que los casos vayan a la CoIDH donde ha acumulado asuntos de toda naturaleza: desaparición forzada, tortura, asesinatos de mujeres, ejecuciones extrajudiciales y abuso de militares.

Soraya Long lamentó que, pese a la existencia de denuncias y pronunciamientos de estos órganos de derechos humanos, México ha hecho evidente su falta de voluntad política al no responder ni cumplir con las recomendaciones, lo que está provocando, dijo, que haya “un mayor auge de casos que irán a la Corte Internacional”.

Lo que también habla, en su opinión, de la actitud del Estado mexicano, ya que lo que se está viendo son casos recientes, a partir que México aceptó la jurisdicción de la CoIDH, en 1998, pero hay muchos asuntos más anteriores que no se pudieron evidenciar, lo que convierte al Estado mexicano en uno de los Estados donde se cometen mayores violaciones a derechos humanos a nivel internacional.

VÍA POLÍTICA, LA OPCIÓN

Dado que las recomendaciones de la CIDH en materia de jurisdicción militar en casos de violación a derechos humanos y tortura no han tenido la respuesta deseada por parte del Estado mexicano, entonces será por la vía política que se busque incidir para que estos fallos de la instancia internacional sean acatados.

Ese es uno de los objetivos principales de Cejil, organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos en el Continente Americano, cuyo objetivo es la aplicación plena de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos.

JUSTICIA MILITAR

Como parte de este objetivo, desde el año pasado, Cejil ha realizado visitas a México, donde ha sostenido encuentros con organizaciones de derechos humanos mexicanas que trabajan el tema así como con integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores cuyo tema central es la modificación del Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Lo que se busca, dice Soraya Long, es concretar una sola propuesta de modificación que logre “una mayor incidencia en el tema de jurisdicción militar”.

Luego de su viaje de diciembre a nuestro país, donde se entrevistaron con diputados y senadores, y a partir de las audiencias que ha habido sobre jurisdicción militar en la CIDH, se ha observado que no existe coherencia entre la jurisdicción civil y la militar.

Uno de los argumentos es que no es necesaria una reforma porque la Constitución Política mexicana es muy clara. Sin embargo, Cejil no lo considera así, ya que lo que se demanda en la jurisdicción ordinaria o civil no es lo que se investiga en la militar, lo que da lugar a la impunidad, dice Long.

ESTADO MEXICANO CONDICIONA FALLOS

Otra preocupación que advierte la directora de Cejil, Soraya Long, tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas. El Estado mexicano, explica, está sujetando (condicionando) el asunto de la reparación al tema de la investigación. Es decir, él primero investiga para verificar si, efectivamente, incurrió en violaciones graves --pese a las recomendaciones de la CIDH que así lo acreditan-- y luego repara.

Tal fue el caso de las hermanas tzeltales, donde la Comisión Interamericana concluyó que el Estado mexicano era responsable de las violaciones y que el caso debería ser llevado por la vía civil y no militar.

No obstante, “en desacato a dicha recomendación, el Estado mexicano insiste en no reparar el daño hasta no investigar, ¡cuando lleva 13 años investigando!”, dice Long Saborío.

Esto significa, reitera, que el Estado mexicano está sujetando la reparación del daño a lo que determinen los resultados de la investigación en el ámbito interno. Pero no está considerando la reparación del daño como una directriz de un organismo internacional de derechos humanos por las violaciones encontradas, independientemente de las investigaciones militares.

Por lo que otro de los temas que se impulsa en la CIDH es que el Estado mexicano no puede sujetar la directriz o recomendación de reparaciones ordenadas por ésta.

En el caso de las hermanas tzeltales, violadas por militares, la reparación del daño consistía en garantizar la no repetición de los hechos, el reconocimiento público de responsabilidad, pedir perdón, reformas legislativas si son necesarias, apoyo educativo a familiares de víctimas, entre otras.

Durante la audiencia del 12 de marzo de este año de la CIDH, donde se revisó el caso de las hermanas tzeltales y el Estado mexicano se “comprometió” a sacar el caso del fuero militar, Soraya Long reconoció que efectivamente hubo este compromiso pero una vez más condicionado por el Estado mexicano toda vez que insiste en hacer una reconstrucción de los hechos.

En este sentido, informó que el Estado mexicano señaló que si se llevaban a cabo una serie de diligencias pendientes, lo sacarían de la jurisdicción militar para ser sometidas al fuero civil.

“Sin embargo nosotros creemos que México no puede condicionar una recomendación de la CIDH porque ya ésta recomendó en su informe de fondo en este caso, que éste debería ser conocido por una jurisdicción civil”, sostuvo Long Saborío.

Por lo anterior, en su primera visita de 2008, Cejil intentará impulsar una propuesta común y ver cuál es la voluntad del Estado para llevar a cabo estas reformas al sistema de justicia militar y no esperar a que haya más asesinatos o violaciones de militares, cuando “hay elementos suficientes” que demuestran que las cosas, como están, no funcionan.

“Tocaremos varias puertas con los legisladores para ver cuál es la verdadera intención de las iniciativas, si son viables y si hay la fuerza política suficiente para sacarla”, dijo.

El ejército de Calderón allana domicilio de un periodista

Vean que ya la Ley Gestapo sin ser aprobada está siendo puesta en marcha ¿ese México queremos, de pura represión?

El corresponsal en Morelia, Michoacán, del periódico La Crónica de Hoy, Ignacio Roque Madrid, denunció que unos 40 elementos del Ejército, al mando de Felipe Calderon (FECAL), catearon su domicilio y lo encañonaron durante varias horas.

Aunque lo anterior ocurrió el 14 de febrero, el comunicador indicó que la denuncia la hizo hasta ahora debido a que el militar que comandaba a los soldados lo amenazó. Dijo que eran aproximadamente las 21:30 horas del jueves pasado cuando por lo menos 25 soldados rodearon su casa, en la calle Alemania, colonia Valle Quieto, y otros 15 entraron a su domicilio con los rostros cubiertos, a excepción del que iba al mando.

Relató que sin mostrar ninguna identificación ni orden de cateo, los militares le dijeron que, según sus informes, en la vivienda había una persona secuestrada a la cual no encontraron. El reportero responsabilizó al Ejército de lo que pueda ocurrirle a él o a su familia, pues aseguró que lo fotografiaron como 'señal de advertencia'.

Roque Madrid informó al gobernador Leonel Godoy de lo sucedido e interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la turnó al ombudsman nacional por tratarse de un asunto federal.

En Chihuahua, mientras tanto, los periodistas regionales Dulce Ramos y Marco Antonio Mendoza, que trabajan para el rotativo Diario, denunciaron que fueron encañonados por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes les arrebataron una cámara de video en el municipio de Delicias. Dijeron que aproximadamente a las 11 horas del lunes ambos cubrían un operativo en el que participaban unos 20 agentes federales, que viajaban en dos camionetas Ford F150, números 10683 y 10639, quienes les marcaron el alto para pedirles una identificación.

Unas seis cuadras después de la primera detención, ya con los rostros cubiertos con pasamontañas y portando armas largas, los policías federales rodearon de nuevo el vehículo de los periodistas y uno les pidió que apagaran 'esa chingadera' (la cámara de video) y el motor, y que se bajaran del vehículo.

A uno de los periodistas le quitaron la cámara de video, a la que le sacaron el caset, y luego revisaron la camioneta. Minutos después les lanzaron al vehículo sus herramientas de trabajo.

Mientras eran amenazados, los reporteros solicitaron ayuda a la Policía Municipal, que nunca llegó, a pesar de estar a una cuadra del sitio de la agresión.

Hugo Zapata, agente del Ministerio Público Federal adscrito a Delicias, dijo que desconocía la presencia de agentes federales enviados a ese municipio.

Fuente: INFODEMEX

La Limeddh denuncia ante instancias Internacionales: Amenazas e intimidaciones a miembro del magisterio oaxaqueño

BOLETIN DE PRENSA La Limeddh denuncia ante instancias Internacionales: Amenazas e intimidaciones a miembro del magisterio oaxaqueño

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de diciembre de 2007

http://espora.org/limeddh/spip.php?article260

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de diciembre de 2007

BOLETIN DE PRENSA

La Limeddh denuncia ante instancias Internacionales: Amenazas e intimidaciones a miembro del magisterio oaxaqueño

La violación constante a los derechos humanos en Oaxaca sigue siendo un tema pendiente que ningún organismo gubernamental estatal y federal se han propuesto detener. Los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, han sido contundentes al enunciar la serie de abusos cometidos por las autoridades en contra de sus gobernados; las recomendaciones emitidas son letra muerta, y en el mejor de los casos se han utilizado a los más débiles para simular la "justicia".

Oaxaca sigue estando convulsionada y las vías del diálogo y el consenso siguen cerradas. La movilización social ha disminuido, no así la problemática que le dio origen y que continúa manifestándose en la inconformidad de sus ciudadanos; las formas de acallar la protesta sigue siendo la misma: la represión, la intimidación, la amenaza, la detención arbitraria, la desaparición forzada y la impunidad. Lo que ya es grave en Oaxaca que la violación sistemática de los derechos humanos se ha instituido como una forma de gobernar.

Por supuesto que después de las consecuencias contraproducentes de la represión masiva, las autoridades han optado por ejercer o promover una represión selectiva, anónima y de baja intensidad, pero igualmente destructiva y violatoria. Tal es el caso del profesor de educación telesecundaria (de quien reservamos su nombre por su seguridad y el de su familia) quien acudió a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) a denunciar que recibió en su domicilio un documento anónimo conteniendo amenazas contra la integridad física de él y de su familia.

Conforme a su testimonio, el profesor narra que el cinco de diciembre, sus vecinos encontraron un sobre en el zaguán de la vivienda multifamiliar donde renta, sin que pudieran percatarse de quién lo pudo haber dejado ahí; él refiere que nunca ha tenido problema alguno con sus vecinos para pensar que las amenazas recibidas sean por esta causa. El contenido del documento dice textualmente:

"Por fin te encontramos desgraciado: sabemos que durante el movimiento del año pasado fuiste uno de los que estuvo en la barricada de 5 señores y eres de lo que mas Apoya a la appo y sindicalista de la chingada. Pero ya va a iniciar tu calvario con tus hijas y tu pinché vieja también te vamos a dar donde mas te va a doler hijo de tu puta madre, no les vaya a pasar como el maestro Villaseñor, pregúntale a tu hermana cuando estuvo en la Cárcel de San José del rincón, HASTA PRONTO"

Al respecto, enuncia el profesor: "... tengo mucho miedo de lo que pueda pasarme a mi, a mi esposa a mis hijas y a mis hijos, desde ese día mi hijo esta resguardado y yo ando con mucho miedo, pues resulta que el anónimo coincide con el hecho de mi hermana fue detenida el 25 de noviembre, por lo que responsabilizo al gobierno de Oaxaca en especial a Ulises Ruiz Ortiz de lo que me pueda pasar a mi y a mi familia."

Lo sucedido al profesor se suma a la serie de ataques, intimidaciones y persecución en contra miembros y simpatizantes de la APPO y del magisterio de la sección XXII, lo que hace evidente el proceso de deterioro de la vigencia de los Derechos Humanos. La impunidad con la que actúan los agresores evidencia la clara responsabilidad de las autoridades de gobierno para promover y justificar el hostigamiento y la persecución, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

El anónimo hace referencia a la detención de la hermana del profesor, el 25 de noviembre de 2006, uno de los errores más aberrantes de la justicia oaxaqueña que ha tenido impacto nacional e internacional, pues se ha comprobado la violación de sus derechos al ser vejados, humillados y trasladados de manera ilegal al Penal de El Rincón, Nayarit (al que hace referencia el anónimo), y les fueron fabricados los delitos por los que fueron procesados, razón por la cual les concedieron el amparo 1257/2007 del índice del Juzgado de Distrito en Oaxaca, en contra del auto de formal prisión del primero de diciembre del 2006.

A pesar de ello, y como muestra del sometimiento de las instituciones de justicia a la voluntad del ejecutivo, la Juez les dictó un nuevo auto de formal prisión por otros delitos en los mismos hechos, situación por la que aun continúan siendo procesados en el expediente numero 156/2007 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula. En síntesis, las personas detenidas del 25 de noviembre de 2006 continúan siendo rehenes del Estado, y ahora sus familiares son víctimas de amenazas contra su integridad física y psicológica.

Por los hechos acontecidos, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, expresa ante la comunidad internacional mediante la accion Urgente AU- 030-2007 – OAX – SECC XXII SNTE, su preocupación por la seguridad jurídica, integridad física y psicológica de este profesor y de su familia, por lo que solicita e insta al Estado Mexicano:

.Que retome la situación de persecución y hostigamiento a los profesores miembros de la Sección XXII.

Que se respete y garantice la integridad física, psicológica y jurídica de las mujeres miembros y simpatizantes de la APPO.

e) El cese de las amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana del profesor referido y de los miembros de su familia.

f) Iniciar las investigaciones, el procesamiento y el castigo de los responsables, conforme lo establecen las leyes.

Este caso, como todos aquellos que la limeddh ha recibido, será enviado a las instancias nacionales e internacionales correspondientes para documentar las violaciones en materia de derechos humanos, por lo que exhortamos a todas las personas a que cumplan con su deber ciudadano de denunciar cualquier hecho que atente en contra de sus garantías individuales y sociales que nos otorga nuestra Constitución, y contribuyamos todos en el combate contra la impunidad.

ATENTAMENTE Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. ¡Una llama encendida para los derechos de los pueblos! Dr. Adrián Ramírez López Presidente de la Limeddh Lic. Yésica Sánchez Maya Presidenta de la Limeddh. Filial Oaxaca

37 periodistas asesinados

Por: Teodoro Rentería Arróyave

Este 10 diciembre, notas y desplegados lucidores, nos recuerdan que se celebra en el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. En México, el gremio periodístico al igual que otros grupos violentados nada tenemos que celebrar. En lo que va de este mes fueron asesinados dos periodistas más, con lo que se eleva la lista cruel del 2000 a la fecha a 37 periodistas y 3 trabajadores de prensa asesinados y continúan 7 colegas desaparecidos.

El joven reportero del diario la Opinión de Michoacán, Gerardo Israel García Pimentel de apenas 24 años de edad, es la más reciente víctima de la impunidad. Esa es la correcta definición, puesto que todos estos crímenes, se hayan en la más vergonzosa y vergonzante impunidad. Sólo en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa han sido asesinados 7 periodistas y han ocurrido 3 desapariciones forzadas, los números gruesos corresponden al periodo del supuesto gobierno del cambio de Vicente Fox Quesada.

Apesadumbrados pero a la vez indignados debemos de referirnos a la triste noticia: en Uruapan, Michoacán fue ejecutado a tiros el joven colega, Gerardo Israel García Pimentel. Sus asesinos lo persiguieron hasta el hotel de su suegra, donde había recibido alojamiento ante las amenazas recibidas.

El subprocurador de Justicia en la Región, Ramón Ponce Ponce, dijo que la víctima fue acribillada por desconocidos en el interior de su propio domicilio. El periodista Gerardo Israel García Pimentel de 24 años de edad, explicó el funcionario, recientemente se había domiciliado en la calle Revolución número 99, de la Colonia Centro en el Barrio de San Juan Quemado, en el conocido “Hotel Rúan” propiedad de su suegra en esta ciudad, según se sabe por amenazas que había recibido recientemente.

Las investigaciones señalan que el pasado sábado aproximadamente a las 15:15 horas, el periodista que laboraba en el citado rotativo, en las fuentes agropecuarias y eventualmente en la sección policíaca, llegó como de costumbre a la hora señalada, sin embargo ahora lo hizo corriendo, para refugiarse con la familia de su pareja, Isabel Rúan, de unos individuos que los perseguían.

Los esbirros, de quienes se ignoran características, lo alcanzaron al pie de las escaleras del inmueble donde le dispararon en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga, como siempre en estos casos, sin dejar rastro alguno.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, que preside, Roberto Piñón Olivas conjuntamente con la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, nuevamente elevan su protesta y exigen al presidente, Felipe Calderón Hinojosa su decisión política para terminar con esta vergonzosa y vergonzante impunidad de los crímenes contra periodistas que tienen como objetivo el socavar las libertades de prensa y expresión, así como el derecho a la información.

Oaxaca Demuestra que la Represión no Detiene la Lucha Popular

Por Lila Sarai

Hace un año, el 25 de octubre de 2006 el gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz en coordinación con el saliente de Vicente Fox y el que llegó, con el sello del fraude, de Felipe Calderón, ejercieron una de las represiones más brutales de los últimos años contra del movimiento oaxaqueño organizado en torno a al Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Esos tres sátrapas calcularon que encarcelando a decenas de luchadores sociales, asesinando al pueblo indefenso y sembrando el terror, los oaxaqueños se acobardarían. Los hechos demuestran que fue todo lo contrario.

El pueblo oaxaqueño asimiló el golpe, se replegó para reorganizarse y nuevamente ha ido saliendo a las calles. A un año de distancia, la marcha que se organizará para recordar esa gesta heroica de resistencia pinta como una respuesta contundente contra los crímenes de los poderosos.

Nuevamente el pueblo oaxaqueño, acompañado de cientos de organizaciones de toda la república, levanta la cabeza y demuestra que aunque el gobierno espurio no deja de reprimir, el pueblo no deja de resistir. A pesar de que al gobierno se le ‘ cuecen las habas' por desaparecer la lucha de la APPO , todas esas llamas que se van encendiendo en Oaxaca, gracias a la resistencia popular se esparcen una a una hasta formar una llamarada.

Es el mismo Gobierno quien pretende que el pueblo olvide pero los trabajadores que día a día viven la miseria son los que se levantan y no permiten que ese Gobierno pase por encima de su dignidad.

Y para muestra basta lo que está sucediendo en Oaxaca donde este 17 y 18 de noviembre se realizó la Tercera Asamblea Estatal de la APPO donde participaron de manera plural gente que busca construir desde abajo un mundo mejor. Esta asamblea responde a la necesidad de continuar con la organización popular ante los embates de los diferentes niveles de gobierno que cada día van en aumento.

La demanda principal es la libertad inmediata de todos los presos políticos y de conciencia, y la exigencia del castigo inmediato a los asesinos materiales e intelectuales responsables de los crímenes políticos del año pasado, ya que actualmente todavía gozan de total impunidad.

También se busca el cese de las persecuciones políticas, desapariciones forzadas, torturas físicas y psicológicas, encarcelamientos ilegales y demás prácticas represivas.

Es por esto que la APPO saluda el fortalecimiento del Frente Nacional contra la Represión , exige la liberación de los presos políticos y de conciencia así como el castigo de los responsables de estos hechos (empezando por el genocida Ulises Ruiz).

Dentro de las acciones que se decidieron fue que junto a con la Sección 22 del magisterio el pueblo de Oaxaca, realizarán el 25 de Noviembre a las 8:00 hrs. Una mega manifestación partiendo del crucero del Aeropuerto. Lo que suceda está por verse, pero lo que es cierto es que esta movilización será masiva y si el gobierno nuevamente la reprime puede incendiar nuevamente todo el Estado oaxaqueño.

La APPO también acordó que una amplia representación de los pueblos de Oaxaca asista a la 4° Asamblea Popular de los Pueblos de México los días 8 y 9 de Diciembre, casi en conjunto con la realización del evento “Mujer Nueva” en la Cd. De Oaxaca el 7 y 8 del mismo mes.

También se realizará una caravana rumbo a Guadalajara para la realización de la Tercera Audiencia del Juicio Popular Nacional los días 15 y 16 de Diciembre, así como una verbena cultural para la conmemoración de los 10 años de represión en Acteal, el día 22 de Diciembre.

Es así, trabajando y resistiendo, como el pueblo da cuenta de que pese a los embates del gobierno fascista del espurio Calderón, así como de sus ‘ secuaces ', la lucha sigue y que no podrá callar las voces de quienes se unen para combatir, construir y seguir haciendo camino.

El juicio contra activistas de Atenco: Terrorismo de Estado

Por: INFODEMEX

Nunca, durante los 18 meses que lleva el proceso contra los presos de San Salvador Atenco, las autoridades de los juzgados mexiquenses habían citado a una diligencia ministerial en lunes. Pero cuando se anunció que el 5 de noviembre la Casa Lamm organizaría una conferencia sobre este caso, con la presencia de los abogados y los familiares de los procesados, decidieron citar a los involucrados a uno de los últimos careos implicados en la investigación en los juzgados del penal de Molino de Flores, en Texcoco, estado de México.

Por esta razón, Rosalba Gómez de Selvas, esposa y madre de dos de los presos, el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, no pudo llegar al acto semanal de la casona de la colonia Condesa.

“Yo quería ir para denunciar una más de las aberraciones del proceso”, señaló más tarde en entrevista telefónica. “Quería decir que la liberación de 11 de los presos, entre ellos mi esposo y mi hija, debía ocurrir ya, en estos días, a raíz del amparo liso y llano dictado el 11 de octubre por un juez federal que no encontró pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.

“Pero en lugar de permitir que se cumpliera este acto de elemental justicia –agregó–, el Ministerio Público esperó hasta el último momento del plazo de 10 días que tenía para apelar el amparo y el juez nuevamente concedió dos meses y medio para la revisión de esta inconformidad. Contando el periodo vacacional de fin de año, cuando en los juzgados se van de vacaciones, la liberación se postergará, una vez más y sin una razón real, hasta enero o febrero del año próximo.”

La intención de la señora Gómez de Selvas era, explicó, hacer “una petición pública a los gobiernos del estado de México y federal para que no se tarden tanto en dar trámite al auto de libertad”, porque, dijo, “esta nueva demora es parte de una injusticia que no tiene fin”.

Veinte meses para autorizar una visita

Quienes sí llegaron a la conferencia en la Casa Lamm fueron Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) sentenciado a 67 años en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, y madre de David del Valle, preso en Texcoco, así como los abogados Juan de Dios Hernández y Enrique González Ruiz.

Activa participante en el FPDT ella misma, Trini, quien además de tener al esposo y a un hijo presos tiene a su hija América del Valle prófuga, pues sobre ella pesan aún varias órdenes de aprehensión, relató que hace unos días pudo visitar en el penal de Almoloya de Juárez, por primera vez, a su esposo Ignacio. “¡Tardaron un año ocho meses para autorizarme la primera visita!”

Refirió que después de este largo periodo de aislamiento, en condiciones de prisión de extrema dureza, ni Nacho ni Felipe Alvarez, otro de los líderes históricos del movimiento atenquense, “se ven igual que antes. Pero lo que permanece igual en sus corazones es la convicción y la firmeza de sus ideales”.

Entre el público estaba también la madre de Héctor Galindo, otro de los tres detenidos en el Altiplano.

Ella tardó un año tres meses gestionando el primer permiso para visitar en la cárcel a su hijo, asesor jurídico del Consejo General de Huelga durante el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 y del FPDT.

Los tres activistas de Atenco presos en el penal del Altiplano fueron sentenciados, en un proceso aún inconcluso, a 67 años de prisión por haber retenido en 2006 a un grupo de funcionarios públicos que no atendían las demandas de la comunidad.

El juez debe entrar al fondo del caso

A su vez, el abogado Juan de Dios Hernández refirió que antes de obtener el reciente amparo, el equipo de defensores de los presos, en el que participa también Bárbara Zamora, ya había logrado que los tribunales emitieran en 60 ocasiones sentencias de amparo “para efectos”, que en lugar de desembocar en el auto de libertad sólo permitían a los juzgados en turno “corregir sus barbaridades”.

Pero en esta etapa del proceso, indicó el jurista, “se agotaron los márgenes de tiempo y el juez está obligado a entrar al fondo del caso”.

Por su parte, el abogado González Ruiz definió el proceso del caso Atenco como parte de un operativo de “terrorismo de Estado”.

El director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México señaló que tanto la incursión de los elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la policía mexiquense en San Salvador Atenco, en mayo del año pasado, como los juicios contra los presos, pretenden ser “un castigo ejemplar para paralizar a la sociedad”.

Detención arbitraria de integrante de la Red TDT

Este es el México sin libertades que los prianrredistas han construido, bola de corruptos solo se salvan algunos políticos, pero algunos pocos, que hoy con o sin cargo si defienden los derechos humanos de los habitantes de este país, pero en general la clase política corrupta nos ha llevado a un estado de sometimiento que no tiene nombre, ni sustento legal, espero que estendamos la dimensión real del problema en México, hombres y mujeres son detenidos sin cometer delito alguno y los verdaderos rufianes, los mafioso de cuello blanco siguen segundo a segundo aumentando su fortuna con el dinero que nos debería de corresponder ¿hasta cuando estimados amigos vamos a permitir tantos atropellos?, ¿cuando podremos ir incluso más allá de las marchas para la construcción genuina de la organización ciudada que sin partido y sin caudillismo nos lleve a la victoria? Chequen:

Acción Urgente

Tenemos conocimiento de que el día de hoy a las 10:30 a.m. fue detenido arbitrariamente Manuel Olivares, Director del Centro Regional de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón", organización integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos", mientras hacía labores propias de observación de derechos humanos en el municipio de Chilapa, en Guerrero.

Antecedentes

El día de ayer, 7 de noviembre, miembros del Consejo Ciudadano de Chilapa integrado por diversas comunidades indígenas y ciudadanos de la cabecera municipal de Chilapa, pretendieron establecer una mesa de diálogo con autoridades del Ayuntamiento Municipal, debido a que sus demandas de construcción de obras sociales diversas, como revestimiento de caminos, comisarías municipales, obras de instalación de redes de agua potable, entre otras, no han sido atendidas. Sin embargo, ante la nula respuesta de las autoridades municipales, el Consejo Ciudadano decidió bloquear la carretera que comunica Chilapa con Chilpancingo, manteniéndolo de las 12:30 a las 20:00 horas sin recibir respuesta de las autoridades municipales.

Hechos

El día de hoy pretendían de nueva cuenta efectuar el bloqueo carretero buscando una mesa de diálogo con la alcaldesa, sin embargo fueron recibidos por la Policía Preventiva Municipal cuyos agentes comenzaron a agredir a los ciudadanos e indígenas que caminaban hacia la carretera.

Particularmente Manuel Olivares, Director del Centro Regional de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón" fue detenido a las 10:30 a.m. sin causa justificada, quien se encontraba documentando las violaciones a los derechos humanos que en ese momento ejecutaba la Policía Preventiva Municipal al momento en que golpeaba a los ciudadanos.

Según relató Manuel Olivares, vía telefónica a un abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan" fue una orden directa del Síndico Municipal, quien manifestó: "detengan a ese cabrón que nos está ocasionando problemas". Manuel argumentó que sólo efectuaba su labor de defensor de derechos humanos y que él no estaba participando en los bloqueos, obteniendo como respuesta un "me vale madres". Posteriormente fue llevado junto con los otros detenidos a las barandillas del Ayuntamiento.

Manuel Olivares es un destacado defensor de los derechos humanos que desde hace poco más de 10 años fundó el Centro de derechos humanos que preside. Sin embargo, en últimas fechas su trabajo sin duda alguna ha sido incómodo para las autoridades municipales, pues ha denunciado constantemente irregularidades en la administración como es el abandono que han sufrido las comunidades indígenas nahuas del municipio por parte de las autoridades municipales, estatales y federales.

Ante lo anterior la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y todos" y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña "Tlachinollan", solicitan acciones urgentes dirigidas a las autoridades municipales exigiendo:

1.- La liberación inmediata de Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos "José María Morelos y Pavón".

2.- La liberación inmediata de las demás personas detenidas que se encontraban protestando con la intención de llamar la atención de las autoridades sobre sus necesidades, luego de no obtener respuesta a su petición de establecer una mesa de diálogo.

3.- La instalación inmediata de una mesa de diálogo para la atención de las necesidades de las comunidades indígenas y ciudadanos de la cabecera municipal.

Favor de enviar sus comunicaciones a:

Presidenta municipal: Alicia Elizabeth Zamora Villalba

Tel. 01 -756- 47 500 15

Fax: 01 -756-47 501 25

Síndico Procurador: Francisco Javier García González

Tel. 01 -756- 47 500 15

Fax: 01 -756-47 501 25

Favor de enviar copias de sus comunicaciones a:

Red TDT - redtdt@redtdt.org.mx

Centro Tlachinollan – cdhm@tlachinollan.org

México: Colonos de Granjas Lomas del Poleo son impedidos por grupo armado realizar Foro

Nombre estamos finisimos en México, la censura a todo lo que da, la represión en todo su esplendor y una sociedad enganchada con la tragico-novela de los medios que han hecho de Tabasco que si es una tragedia pero no para que los medios la tomen para hacer más comercio que nada, en fin gente, esperemos ver quien dice yo a revolucionar a México desde abajo hacia arriba...

Apoyo de Alianza Internacional de Habitantes

Colonos de Granjas Lomas del Poleo en Cd. Juárez Chihuahua, son impedidos por grupo armado realizar Foro.

Boletin de Prensa

El día 19 de octubre de 2007.- Las calles de la colonia Granjas Lomas del Poleo en Ciudad Juárez Chihuahua se encontraron bloqueadas por más de un centenar de hombres fuertemente armados, pertenecientes a grupos paramilitares pagados por los hermanos Pedro y Jorge Zaragoza para impedir la realización del Foro por la Resistencia y por la Defensa de la Tierra convocado por colonos del lugar y diversas organizaciones políticas y sociales de: Ciudad Juárez, Chihuahua, México DF, Guanajuato, El Paso Texas y Las Cruces Nuevo México.

Estos hechos tienen la obvia intención de sabotear el foro pacifico y cultural programado para realizarse el día sábado 20 de octubre en la escuela primaria rural federalizada Alfredo Nava Sahagún de la misma colonia. El objetivo del foro es denunciar la grave situación de acoso y hostigamiento que viven los habitantes de la colonia por parte de los empresarios Jorge y Pedro Zaragoza, quienes pretenden despojar por la fuerza y la violencia a los colonos de sus tierras en las que han vivido por más de 30 años.

Esta escalada de violencia en contra de los colonos incluye el homicidio de uno de sus miembros, la muerte por calcinación de dos infantes cuya vivienda fue incendiada a propósito así como la demolición de más de 40 viviendas en el lugar.

Los vecinos de Granjas Lomas del Poleo se encuentran sitiados e incomunicados por grupos paramilitares financiados por los empresarios ya citados.

Ante esta grave situación:
Hacemos un llamado urgente a todas las Organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos y a los ciudadanos concientes del país y del mundo para que todos juntos detengamos esta escalada de violencia y podamos llevar a cabo los trabajos del Foro diseñado para apoyar el proceso de lucha por la Defensa de la Tierra y en contra del Despojo.

Las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y a los empresarios Jorge y Pedro Zaragoza y daños físicos en contra de loscolonos y participantes en este foro.
¡El Foro por la Resistencia y la Defensa de la Tierra presente!

Organizaciones:

Colonos de Granjas Lomas del Poleo
Centro de Derechos Humanos paso del Norte Unión de Trabajadores Agrícolas Fronterizos (UTAF)
Grupo de Mujeres Tonantzin la Otra Campaña (Juárez, Chihuahua)
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos (Chihuahua, Juárez)
Cuarto Menguante
Red de Solidaridad con México
Alianza Internacional Ecologista del Bravo
Pastoral Obrera
Organización Popular Independiente
Colectivo José Revueltas
Alianza para el Desarrollo Autogestivo
Alianza Cívico Demócrata Juarense
Colectivo Avante
Comité Universitario de Izquierda
Movimiento Pacto por la Culturaunidad Nacional de Organizaciones Populares de la Izquierda
Independiente (UNOPII)
Mesa de Mujeres
Liga de Unidad Socialista
Movimiento Resissste.

Más información en:
http://www.alertalomasdelpoleo.blogspot.com/

Comunicado Urgente: Nuevas detenciones en Oaxaca

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

(LIMEDDH-Filial Oaxaca).

COMUNICADO DE PRENSA

Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de noviembre de 2007

16:00 hrs.

El día de hoy 2 de noviembre se cumple un año de la resistencia que enfrentó el pueblo de Oaxaca hacia la Policía Federal Preventiva, que pretendía ingresar a las instalaciones de Ciudad Universitaria para desalojar la Radio de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca. Los miles de oaxaqueños, simpatizantes o no con el movimiento social, lograron replegar a los cuerpos policiacos utilizando piedras, palos, pero ante todo, organización y solidaridad.

Para celebrar un año de este acontecimiento, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca convocó a un evento político-cultural en el crucero de Cinco Señores de la ciudad de Oaxaca, en donde, en el marco de la celebración tradicional de día de muertos, desde las 6:00 horas se realizaría una ofrenda consistente en un tapete de arena para recordar a los asesinados, presos y desaparecidos durante el conflicto del año 2006, así como la participación de numerosos grupos artísticos en el transcurso del día.

Como se había anunciado ampliamente, a las 6:00 horas, un grupo de personas esperaban los camiones de arena para la realización del tapete, cerrando uno de los cuatro accesos de este crucero. Alrededor de las 7:00 horas, arribaron a este lugar varios camiones tipo bunker de la Unidad Policial de Operaciones Especiales, convoyes de numerosas camionetas de la policía estatal y municipal, así como cuerpos parapoliciacos a bordo de motocicletas. Ellos irrumpieron la manifestación con estos automóviles de forma irresponsable, con el peligro de arrollar a los manifestantes; en ese instante con uso excesivo de la fuerza, detuvieron a un número indeterminado de personas y se instaló un operativo en ese lugar en el que estuvieron revisando las pertenencias a transeúntes y deteniendo a los "sospechosos" de participar en estos eventos. Asimismo, los vecinos de colonias aledañas a este sitio han denunciado la incursión de cuerpos policiacos a los domicilios particulares para buscar a los participantes se pudieron haber resguardado.

Hasta el momento, se han reportado dos heridos en el Hospital Civil, alrededor de 43 personas detenidas y trasladadas a los cuarteles de la Secretaría de protección Ciudadana en Santa María Coyotepec, quienes según denuncia de los propios detenidos, fueron golpeados en estas instalaciones. Los detenidos ya fueron liberados, pero se habla de dos presuntos desaparecidos.

Estas acciones represivas por parte del Gobierno del Estado son una mala señal en la solución de fondo del conflicto social generado precisamente por el autoritarismo que ha caracterizado a este gobierno. Intentar acallar las protestas de la ciudadanía mediante la fuerza policiaca y el terror no refleja más que la incapacidad política para dirigir la vida de un estado sumido en la pobreza y la desesperación que busca formas democráticas de participación.

La vida democrática en una sociedad sólo son posibles mediante el diálogo constructivo y la corresponsabilidad social. Pero una vez más queda demostrado que el llamado de Ulises Ruiz Ortiz para emprender las reformas del estado son sólo una simulación, porque estas acciones propias de una política fascista nos demuestran que las puertas para la democracia están cerradas.

La represión a esta manifestación resulta ser de una enorme torpeza política, primero porque es una tradición de los mexicanos en esta fecha 2 de noviembre realizar ofrendas para recordar a quienes han fallecido; segundo, porque el movimiento social intentaba conmemorar pacíficamente el hecho de haber resistido estoicamente una agresión de la Policía Federal Preventiva a un espacio universitario; y por último, porque se trataba de una manifestación artística anunciada con anticipación. La represión de esta manifestación de un pueblo que durante más de una año ha resistido los embates de la violación a sus derechos humanos, resulta en una acción vergonzosa para un gobierno que se repite a sí mismo que "en Oaxaca no pasa nada", cuando todos sabemos que las consecuencias de las estrategias del estado de intimidación y el terrorismo provocarán enfrenamientos que serán aun más difíciles de controlar. Lo menos que el gobierno podría haber hecho es respetar la celebración que se habría anunciado con anticipación, en aras de la búsqueda de la reconciliación.

Ante estos hechos, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos comunicamos que:

* Responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz por las agresiones realizadas a los participantes de la movilización social, así como de las agresiones que puedan sufrir en lo subsecuente, puesto que en este momento continúan siendo amenazados por cuerpos policiacos en las manifestaciones pacíficas que se están llevando a cabo.

* Condenamos la utilización facciosa que por enésima vez el gobierno hace del sistema de procuración de justicia para criminalizar la protesta social.

* Exigimos el respeto a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados por México.

ATENTAMENTE

¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

LIMEDDH-filial Oaxaca

Los asesinos del periodista Brad Will en Oaxaca evaden la justicia

John Ross/Juan González

Democracy Now

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

JUAN GONZÁLEZ: El sábado, amigos y familiares del periodista asesinado Brad Will se reúnen en Nueva York en la Iglesia St. Mark's para marcar el primer aniversario de su muerte. Cuando murió, Brad Will informaba sobre el levantamiento popular en Oaxaca, México. En su último despacho desde Oaxaca, el reportero de Indymedia escribió sobre un manifestante llamado Alejandro García Hernández quien fue asesinado en las barricadas. Will escribió: “una muerte más... un mártir más en una guerra sucia... una ocasión más para llorar y sufrir... una ocasión más de conocer el poder y su fea cabeza... una bala más restalla en la noche.”

El 27 de octubre del año pasado, Will murió en esas mismas barricadas. Tenía su videocámara en la mano. Su cámara siguió grabando incluso después de que lo hirieron.

* Secuencia de la cámara de Brad Will mostrando su asesinato.

JUAN GONZÁLEZ: Brad Will murió mientras lo llevaban al hospital. Tenía treinta y seis años. Un día después del asesinato, el periódico mexicano El Universal publicó fotos de los presuntos asesinos. Fueron identificados como dos miembros de la municipalidad local, dos policías municipales y el ex juez de paz de una localidad cercana. Todos tenían vínculos con el gobierno de Oaxaca dirigido por Ulises Ruiz. Inicialmente, los hombres fueron detenidos, pero pronto los dejaron ir. Desde entonces, nadie ha sido responsabilizado por su muerte o el asesinato de ningún otro activista muerto en Oaxaca el año pasado.

El periodista de investigación John Ross habla con nosotros por teléfono desde Ciudad de México. Ross publicó antes durante este año un informe de 5.000 palabras estudiando las circunstancias de la muerte de Brad Will. Fue publicado en más de dos docenas de semanarios noticiosos alternativos en este país. John Ross ha estado cubriendo México durante varios decenios. Su último libro es “Making Another World Possible: Zapatista Chronicle 2000-2006.” Bienvenido a Democracy Now!, John.

JOHN ROSS: Hola. ¿Cómo le va, Juan?

JUAN GONZÁLEZ: Bueno, hablemos sobre la – esa investigación que hizo sobre la muerte de Brad Will.

JOHN ROSS: Básicamente, lo que hice fue una reconstrucción de la muerte de Brad y del tiempo que pasó en Oaxaca. Había estado allí durante meses. Y por lo tanto, hicimos lo que hacemos habitualmente. Entrevistamos a todos los principales testigos. Descubrimos que los policías, los cinco policías de civil – hay cuatro en la imagen y uno que está encuclillado detrás de otro – están todos identificados y trabajan para la comisaría Santa Lucía. Esto no ocurrió en la Ciudad de Oaxaca, sino que directamente a su exterior. Y siguen en su trabajo. Y no hemos podido entrevistarlos; nos han estado evitando desde hace bastante tiempo. Si lanzamos una mirada a la imagen, la persona que tiene el arma larga en el extremo derecho, enfrentándose, cuyo nombre de Juan Martínez Soriano, también conocido como “Chapulín,” parece no encontrarse en Oaxaca ahora mismo, pero los otros policías están allí.

El caso es un archivo de caso cerrado. Actualmente no se realiza ninguna investigación. No hay ninguna investigación ni en el ámbito local de Oaxaca ni en el ámbito federal, porque fue lanzado al sistema federal. Ambos casos están cerrados.

Y lo que es aún más, pienso, notable y deprimente es que, en realidad, el gobierno de EE.UU., el Departamento de Estado, la embajada de EE.UU. en Ciudad de México, bajo la dirección de Tony Garza, no han emprendido ninguna acción en este caso, ningún tipo de presión sobre Felipe Calderón o Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca. Y, de hecho, si echamos una mirada a los comunicados de la embajada desde que Brad fue asesinado el 27 de octubre pasado, cerca de un mes después de la muerte de Brad, hay sólo un artículo de opinión que Tony Garza escribió para Milenio, un periódico local, cerca de un mes después de la muerte de Brad. Es todo lo que ha hecho la embajada.

Se trata de un caso en el que los asesinos fueron fotografiados. Sus fotografías aparecieron en todos los principales periódicos mexicanos y también en periódicos en el norte. Hablamos de un periodista que fotografió su propia muerte, que filmó su propia muerte, y a pesar de eso la embajada no ha actuado en ningún tipo de investigación. La investigación está, en este momento, como he dicho, en el archivo de los casos cerrados.

JUAN GONZÁLEZ: Y esto, obviamente, es sólo un reflejo de lo que ha sucedido con todo lo que tenga que ver con justicia por los abusos que ocurrieron en Oaxaca, Obviamente, todo el período de la huelga en Oaxaca galvanizó a mucha gente en todo el mundo. ¿Que sucedió posteriormente con toda la gente que sufrió abusos, golpizas o que fue alcanzada por tiros?

JOHN ROSS: Bueno, todavía no tenemos ninguna investigación respecto a las veintiséis personas que fueron muertas durante ese período, ninguna investigación del gobierno mexicano, federal o local. Ha habido muchas investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos. Incluyo a la OEA y a la Comisión Civil Europea que estuvo aquí. Tuvimos a Amnistía Internacional; en realidad, Irene Khan, la Secretaria General de Amnistía Internacional, estuvo en Oaxaca, presentó su informe al gobernador, a Ulises Ruiz. Virtualmente todas las principales organizaciones de derechos humanos han visitado este caso y este lugar. Y sin embargo, no pasa nada por parte del gobierno mexicano.

En el artículo que publiqué en agosto, presenté algunos motivos por los que esto no ha sucedido. Creo que en realidad tiene mucho que ver con un arreglo político entre el partido de Felipe Calderón, el Partido de Acción Nacional y el antiguo partido de gobierno, el de Ulises Ruiz, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que han llegado a un trato para aprobar cierta legislación, y por cierto si el gobernador y sus funcionarios locales fueran presionados para que resuelvan este caso, de hecho, el PRI se molestaría y no apoyaría la legislación propuesta por el PAN. Esa legislación va de la reforma fiscal a una apertura efectiva de la corporación petrolera nacional, Pemex, a la inversión privada. Y no soy el único que piensa que ese acuerdo político es lo que ha llevado este caso al archivo de los casos cerrados.

JUAN GONZÁLEZ: Y, John, quisiera preguntarle sobre otro asunto, el anuncio por el presidente Bush del Plan México, un programa de 1.400 millones de dólares que supuestamente apunta a la erradicación de drogas. ¿Podría hablarnos de eso y de su impacto sobre el país?

JOHN ROSS: Bueno, yo diría que – sabe – diría que si el embajador Tony Garza hubiese invertido tanta energía como lo ha hecho en la promoción del Plan México en la presentación de los asesinos de un ciudadano estadounidense que fotografió su propia muerte en México, ya tendríamos alguna solución. Ha habido un esfuerzo periodístico total en este país por parte de la embajada, del Departamento de Estado y del gobierno de EE.UU., y por parte del gobierno de Felipe Calderón, por unirse alrededor de este plan.

El Plan México es una copia exacta del Plan Colombia, sin soldados en el terreno. Pero eso provoca la pregunta de si las corporaciones de seguridad privada se harán cargo del entrenamiento de los responsables mexicanos de la lucha contra la droga. Encuentro interesante que haya habido una declaración tras la otra del gobierno de Calderón y del de EE.UU. de que, no, no vamos a colocar soldados de EE.UU. en el terreno. Es una doble negativa política; eso no se puede hacer. EE.UU. ha invadido México ocho veces, y ese hecho no va a desaparecer. Pero colocar a sujetos como Blackwater en el terreno es otra cosa.

Y es importante, creo, comprender que Blackwater está a sólo 10 kilómetros de la frontera mexicana en Potrero, California, estableciendo un campo de entrenamiento y que acaba de recibir parte de una subvención de 15.000 millones de dólares de la guerra contra la droga del Departamento de Defensa, que les da mandato para entrenar a personal extranjero en la lucha contra la droga y para dar apoyo operativo y logístico en el terreno. Así que pienso que no veremos tropas de EE.UU. en el terreno, como resultado de este acuerdo.

Esto no es aprobado por ningún congreso en este país. Está en el Congreso de EE.UU. y ha formado parte de una – está en cierto modo incorporado en la asignación suplementaria para Iraq y Afganistán. Y si los demócratas se oponen a esa asignación suplementaria, ciertamente no veremos un Plan México, porque no será financiado. Forma parte de esos fondos. Así que eso es, pienso, a fin de cuentas, es lo que es el Plan México: una manera de colocar las fuerzas de seguridad mexicanas bajo el control de Washington, fundir las fuerzas de seguridad de ambos países y colocarlas bajo el control de Washington.

JUAN GONZÁLEZ: Bueno, John Ross, quisiera agradecerle por haber estado con nosotros, por teléfono desde la Ciudad de México. John Ross ha escrito durante décadas con claridad y precisión sobre los eventos en México.

México: Aún hay más de 169 activistas encarcelados en nueve entidades

Por si les qudaba duda de lo que le ha dejado a México el panismo...

La mitad de los presos son indígenas; Atenco, APPO y pugnas por la tierra, los temas que más detenidos dejaron en 7 años de gobierno panista

Por: Blanche Petrich . La Jornada/Prensa "Marea Clasista y Socialista" integrante de CCURA

Con AN en el poder, más de 900 reos por causas política

En los siete años que los panistas han gobernado México más de 900 personas han sido encarceladas por motivos políticos. A la fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve estados, la mayor parte en Chiapas, estado de México, Oaxaca y Guerrero, anque también hay en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

Aproximadamente la mitad de estos detenidos son indígenas, quienes fueron arrestados y procesados por conflictos relacionados con la lucha por la tierra, pero en la lista de presos hay toda una gama de causas: ecologistas en resistencia contra proyectos de industrialización, urbanización o turismo; trabajadores en defensa de su empleo; promotores de derechos humanos y comunitarios; indígenas en defensa de su autonomía y adherentes a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

También hay 12 reos sentenciados que pertenecen a organizaciones armadas. De esta lista, algunos reconocen ser combatientes; otros no, como es el caso de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo, quienes dentro de un año y medio culminarán una pena de siete años por los bombazos en una sucursal de Banamex, a principios del sexenio de Vicente Fox.

Sin embargo, el grueso de los detenidos fue arrestado en el contexto de grandes operativos policiaco-militares dirigidos contra movilizaciones populares. Las embestidas, que desembocaron en detenciones masivas, arrancaron con la orden del entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de disolver las protestas populares contra la cumbre de jefes de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara en 2004, con un saldo de 45 detenidos.

Luego vinieron los ataques de fuerzas federales y mexiquenses contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, con 209 detenidos, de los cuales aún quedan 31 procesados; contra las expresiones de repudio a la visita de George Bush, en Mérida (48 presos, libres ya todos) y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante los operativos de noviembre del año pasado y junio de este año. Fueron más de 500 los oaxaqueños que llegaron a distintas prisiones, de los cuales aún hay 34 procesados, entre ellos Herzaín Michel, menor de edad.

En casi todas estas historias de captura ilegal y procesos judiciales irregulares se han hecho presentes la brutalidad policiaca, la tortura y, en muchos casos, la violación a mujeres. La indefensión jurídica es otro denominador común.

La sentencia más alta

En el operativo policiaco realizado en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, en el que murieron dos jóvenes, se detuvo con violencia excesiva a 209 personas; de éstas, 183 fueron recluidas en el penal de Santiaguito, cuatro internadas en el Hospital General de Toluca, nueve menores enviados al Consejo Tutelar de Zinacantepec y tres encerradas en el penal del Altiplano, en Almoloya. Fue uno de los arrestos masivos más numerosos ocurridos en los últimos años, en el que participaron la Policía Federal Preventiva y corporaciones mexiquenses.

Los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, así como el universitario Héctor Galindo, fueron encerrados en el penal de máxima seguridad del Altiplano y sentenciados a 67 años de prisión por la retención de funcionarios públicos entre febrero y abril de 2006, hecho calificado por las autoridades como “secuestro equiparado”. Aún esperan sentencia por los hechos de mayo. A pesar de las protestas generadas por la desproporcionada condena, el juez la ratificó, pero todavía tienen derecho a un amparo. La penalidad contra estos tres “presos políticos” supera muchos de los castigos impuestos a narcotraficantes y secuestradores sentenciados.

De los detenidos en Santiaguito, 98 por ciento presentó algún tipo de lesión, según documentó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sólo documentó 26 casos de tortura.

En procesos ilegales admitidos por oficinas del Ministerio Público itinerantes, 17 fueron liberados sin cargos y a 170 les dictaron auto de formal prisión. De éstos, 128 salieron bajo fianza y los 28 restantes quedaron presos en Santiaguito, además de que cinco extranjeros fueron expulsados del país sin oportunidad de defenderse.

A ellos se le suman tres aprehendidos en junio: Juan Ramírez Romero, Sergio Ramírez Vázquez y Abraham Fuentes Velásquez. El primero fue señalado como el poblador de Atenco que pateó a un policía que yacía inconsciente, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en la televisión. Estos tres fueron liberados bajo fianza, lo mismo que tres de las detenidas del grupo de los 28.

Reconocida la incompetencia del juez de Toluca después de tres amparos, el expediente quedó a disposición de un juzgador de jerarquía mayor en Texcoco. Este simple trámite tomó 12 meses. Los 27 presos fueron reagrupados en el penal de Molino de Flores.

Entre este grupo se encuentran varios detenidos que no son de Atenco, sino adherentes a la otra campaña zapatista, quienes se presentaron en el poblado el 3 de mayo para apoyar a los atenquenses, como la mazahua Magdalena García, el doctor Guillermo Selvas, su hija Mariana Selvas Gómez y el estudiante Vicente García Murguía.

En opinión del abogado defensor Juan de Dios Hernández, este hecho es uno de los argumentos más débiles y rebatibles de la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Al no haberse encontrado imputaciones directas por ninguno de los más de 70 policías que fueron presentados por la parte acusadora en más de 30 audiencias, el juez noveno de distrito, con sede en Nezahualcóyotl, debería concederles un amparo de fondo y dictar su libertad inmediata”, alega el defensor.

En cuanto a las violaciones de los cuerpos policiacos que participaron en el operativo de mayo de 2006, 14 mujeres ratificaron sus acusaciones ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos Cometidos contra la Mujer. Después de 15 meses, ésta no ha realizado los peritajes independientes solicitados y, según denuncia de los organismos humanitarios, ningún policía ha sido sancionado.

Espionaje a AMLO así descaradamente y con todo el cinismo del mundo...

Cuando un personaje político va a la baja, está loco, o simplemente es un "derrotado" como dicen que AMLO es, debería estar o exiliado del país, olvidado por la sociedad o tras las rejas por poner en riesgo la soberanía nuestra, en últimas, estaría con algún cargo menor dentro del gobierno para que se calme y quede quieto. Hablar de AMLO es hablar de un sujeto distinto a lo que anteriormente decía, él NO PERDIÓ, ÉL NO HA SIDO OLVIDADO POR LA SOCIEDAD Y NO ESTÁ LOCO. LOS PRINCIPIOS QUE DEFIENDE Y LA LUCHA QUE COMANDA PONE EN JAQUE AL CALDERON Y EL REGIMEN SIMULADOR Y POR ESO LO TRAEN MARCADO CON ESPIAS DEL CISEN, TRAIDORES ASESINOS Y MEDIOCRES... queda comprobado que AMLO ganó y ganará porque el pueblo está con él y la razón le asiste, es cuestión de tiempo y de que sigamos trabajando para que las cosas tomen un rumbo distinto al que hoy tienen, eso sí no sé a que precio pero la causa de AMLO va a triunfar...

Denuncia AMLO vigilancia del Cisen

Acusa que lo siguen en su gira por el país y censura que se vigile a opositores.

Huehuetla, Pue. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció aquí a los miembros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que lo siguen en su recorrido por todo el país y lamentó que el gobierno federal continúe utilizando a los equipos de inteligencia del país “para vigilar a los opositores” y que para actividades injustificadas como ésta demanden al Congreso un mayor presupuesto.

“¿Usted es del Cisen?”, pregunto López Obrador a uno de los jóvenes que a bordo de un jeep verde de modelo reciente lo sigue en su recorrido por la sierra poblana y que tiene información precisa sobre la ruta de la gira del ex candidato presidencial y se da el lujo de informar sobre los caminos que están en mejores condiciones, los atajos y los múltiples derrumbes que hay en esta zona. “Sí señor, soy del Cisen”, respondió el joven sorprendido por la pregunta directa del perredista.

“Pues los vamos a tener que denunciar, no es posible que se utilicen los recursos públicos ahora, de la misma forma en que los utilizó el PRI toda la vida, para espiar a los opositores al régimen, para informar de las actividades de los que pensamos distinto para perseguir a un movimiento por todo el país”, le soltó López Obrador al miembro del Cisen, sin saber éste qué responder.

“No es culpa de ustedes”, le dijo el perredista, “pero eso no se justifica, eso es algo que no debe hacer un organismo serio”, apuntó.

El tabasqueño continuó este sábado su gira por la sierra de Puebla y a pesar de la advertencia, los miembros del Cisen continuaron detrás de él. Y a esta denuncia siguió otra que hicieron habitantes del municipio de Caxhuacan, distrito judicial de Zacatlán , en este estado.

Ahí los habitantes le entregaron una carta notariada por el juzgado de lo civil en el que el profesor Alidet Bonilla Domínguez, entonces presidente del PRI en ese municipio y hoy candidato a la presidencia municipal, condiciona y amenaza a los pobladores a afiliarse a este partido y no sólo ellos, sino toda su descendencia.

En el documento Alidet Bonilla “cede” una fracción de terreno ejidal de su propiedad para que los indígenas de esta zona construyan vivienda, aunque esta “bondad” será bajo ciertas condiciones. En la cláusula cuarta primera se establece que “están obligados a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional de este municipio y en todo tiempo, así mismo sus descendientes”. En el siguiente apartado se establece que “quien se desligue de este partido, automáticamente perderá sus derechos”.

En la cláusula novena “queda estrictamente prohibido el alquiler, donación o venta del predio –que en teoría es propiedad de quienes lo habitan- sin previo aviso al presidente del PRI quien esté en función (sic) válido la herencia a sus hijos” (sic).

Y en el décimo tercero apartado se advierte: de los beneficiados, si alguien es sorprendido en reuniones clandestinas a favor de otro partido, inmediatamente será destituidos del predio y sin aviso alguno”.

Éste, le dijeron a López Obrador, es apenas una muestra del nivel de presión al que las administraciones priístas, y ahora las del PAN han sometido a los pobladores “abusando de la necesidad de la gente. ¿usted cree que no se ha cobrado ya ese terreno que supuestamente regaló? ¿Sería bueno que nos dijera de dónde salió el dinero para la residencia que tiene en Zacatlán? Luego de que ha pasado por todos los cargos públicos en el municipio”, dijeron.

En su discurso López Obrador les dijo que por esas razones y por muchas otras más debe cambiarse la forma de hacer política. Se llega al extremo, en que a Felipe Calderón lo tienen amenazado “porque no habla de toda la corrupción y los fraudes de Vicente Fox, el pelele tiene miedo de que Fox hable y diga lo que sabe, de cómo llegó ese pelele a la Presidencia, quizá ahora sería conveniente que hablara la chachalaca”, dijo el tabasqueño.

Aseguró que su crítica no refleja un pleito personal con Calderón, “no es que nos caigamos gordos, es que tenemos dos visiones claramente distintas del país, en lo político y en lo económico”.

Poco antes en Huehuetla, en plena zona totonaca, López Obrador le dijo a los centenares de campesinos que se reunieron en este municipio que a pesar del dolor y la tristeza que produjo el fraude decidió seguir en la lucha “porque este movimiento depende que podamos sacar al país de la pobreza y la marginación, no hay otra opción, no hay otra alternativa, si queremos que las cosas mejoren tenemos que seguir organizándonos”, les dijo.

Les habló de su visión de país en la que propone que haya justicia y que las riquezas se distribuyan de manera equitativas a efecto que estas alcancen para todos y no se queden en unas cuantas manos.

“Queremos que haya patria para el humillado”, les recordó que hace 200 años José María Morelos escribió que era necesario moderar la opulencia, “y es una frase que sigue teniendo vigencia, tenemos que cambiar este régimen de privilegios”, esto es un mal que no se va a remediar con un cambio por encimita, “tiene que haber un cambio a fondo” y reiteró su propuesta de apoyo a los productores del campo, más ahora, alegó, que está próxima la apertura a la libre importación de maíz y fríjol por el Tratado de Libre Comercio; aseguró va a afectar a millones de mexicanos.

Por la tarde continuo por Tuzamapán, donde advirtió: no nos demos por vencidos, no bajemos los brazos, nunca en la historia de México había habido tanta gente conciente de la necesidad de un cambio, por eso, más temprano que tarde ese cambio se va a dar, aseveró.

Y este es un comentario que publica La Jornada de un ciudadano, me parecio chido el comentario, aunque algunos planteamientos habría que delimitarlos bien pero este tipo de pensamiento es el que ya sacude a millones de conciencias, es decir, toda la gente está hasta la madre de tanta corrupción y el fin del imperio impune está por terminar... me canso...

PLAN DE PAZ CIUDADANO

Enviado por VICTOR MANUEL PEDROZA ESCALERA en 27/10/2007 19:23

PROPUESTA AL PUEBLO DE MEXICO

SABEDORES LOS MEXICANOS DE LOS ATROPELLOS MORALES Y LEGALES QUE SE COMETIERON EN LAS PASADAS ELECCIONES POR PARTE DEL SEÑOR FELIPE CALDERON PARA PODER APODERARSE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y QUE ESTOS SE HAN DERIVADO EN ENFRENTAMIENTOS DEL ESTADO CONTRA EL PUEBLO DE MEXICO; YO PROPONGO:

1.- QUE SE OTORGUE UNA AMNISTIA A FAVOR DEL EPR.
2.- QUE SE CONVOQUE AL PUEBLO A UNA CONSULTA CIUDADANA PARA RETIRAR O LEGITIMAR A QUIEN ACTUALMENTE DE FACTO ESTA USANDO EL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
3.-QUE SE CONVOQUE AL PUEBLO DE OAXACA A UNA CONSULTA CIUDADANA PARA RETIRAR O REFRENDAR EL CARGO A QUIEN ACTUALMENTE ES TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL.
4.-QUE SE RECONOSCA AL EPR COMO ORGANIZACION LUCHADORA SOCIAL Y ESTA A SU VEZ QUE RENUNCIE A TODO TIPO DE ACCION HOSTIGANTE HACIA LOS GOBIERNOS LEGITIMIZADOS.
5.-QUE SE NOMBRE UNA COMISION CIUDADANA INVESTIGADORA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y SE CASTIGUE A LOS AUTORES.
6.-LIBERTAD INMEDIATA DE LUCHADORES SOCIALES Y DE CONCIENCIA.
7.-ATENCION INMEDIATA A LAS DEMANDAS LEGITIMAS DE ORGANIZACIONES EN LUCHA SOCIAL CON LA PARTICIPACION Y VIGILANCIA CIUDADANA.
SEAMOS REALMENTE DEMOCRATICOS; PERMITAMOS QUE EL PUEBLO PARTICIPE Y ALCE LA VOZ, PARA QUE ESTE, REALMENTE MANDE A UN GOBIERNO OBEDIENTE CON SENSIBILIDAD, ALTURA MORAL E INTELIGENCIA PARA RESOLVER A TIEMPO Y PACIFICAMENTE LOS PROBLEMAS Y REZAGOS SOCIALES QUE AQUEJAN AL PUEBLO DE MEXICO.
¡POR MEXICO!

C. VICTOR MANUEL PEDROZA ESCALERA

PD.- COMO NO LO SACARON EN LA NOTICIA RELACIONADA CON EL PLANTEAMIENTO QUE HIZO EL EPR A LA CIUDADANIA, ESPERO QUE AHORA SI SAQUEN MI PROPUESTA. OJO CISEN SOY CIUDADANO NO TERRORISTA DE ESTADO COMO FOX, CALDERON Y ULISES QUE MANDARON APLASTAR A OAXACA Y ENGAÑAR A FLAVIO PARA SU CAPTURA.

Y otra cosa que destacar, AMLO afirma que Calderón no le cae gordo sino que difiere en como ve política y económicamente al país, esto es valioso del discurso de AMLO quien como ser humano NO ODIA SINO QUE ARGUMENTA PARA CONTRARRESTAR A LOS ENEMIGOS POLITICOS Y ESO HABLA DE UN PODER HUMANO MAS FUERTE QUE LAS MISMAS ARMAS... es un honor estar con Obrador...