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"Desprecio por los derechos humanos"
Víctor Manuel López Álvaro
Aspirante a secretario de Estado por haber “destapado” a Felipe Calderón como su favorito para la Presidencia de la República, el gobernador Francisco Ramírez Acuña tiene una asignatura pendiente en la entidad: el respeto a los derechos humanos.
Primero, despreció por completo a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch cuando, apoyados en pruebas y documentos, denunciaron prácticas de tortura en contra de los altermundistas, en mayo de 2004.
Posteriormente, hizo lo mismo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se pronunció en contra de la tortura de que fueron objeto esos manifestantes.
Más adelante, evadió las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sobre la práctica sistemática de la tortura como método de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Para minimizar las denuncias, Ramírez Acuña suele decir que “los quejosos son delincuentes”.
El investigador y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Jorge Rocha considera que Ramírez Acuña “ha mostrado una y otra vez que no respeta los derechos humanos”. La postura de desprecio del mandatario estatal hacia los derechos humanos ha sido apoyada invariablemente por la cúpula empresarial.
En días pasados, el presidente de la Coparmex, Luis Fernando Pérez Aguayo, se sumó a las declaraciones del gobernador y repitió que la comisión estatal “defiende a delincuentes”.
Hace siete años, en septiembre de 1999, cuando Guillermo Martínez Mora dirigía este organismo empresarial organizó, junto con la Cámara Nacional de Comercio, el “Primer ciclo de conferencias sobre los claroscuros de los derechos humanos”, en donde denostaron la tarea de la comisión que presidía Guadalupe Morfín Otero y calificaron de injerencia extranjera la visita a Guadalajara del relator para América de Human Rigths Watch (Proceso 1199).
Jorge Rocha plantea que la administración de Ramírez Acuña “se ha distinguido en sus gestiones gubernamentales por la aplicación de estos seudométodos de investigación, primero como presidente municipal de Guadalajara en el caso de Jaime Llanos Meza –víctima del toletazo–; luego, a mediados de su gestión, en el caso del 28 de mayo (de 2004), y ahora con esta recomendación (la 06/2006, en contra de la procuraduría del estado). Con estos antecedentes, no podemos esperar una aceptación de la recomendación y, en caso de que lo hiciera, es muy probable que no se le dé ningún seguimiento, esgrimiendo la transición del gobierno del estado”.
Una forma de presionar tanto de la sociedad civil organizada como de la CEDHJ para que el gobernador acepte en su totalidad la megarrecomendación por tortura enviada a principios de mes, “es apelar a la firma que el gobierno de México hizo del Protocolo de Estambul, donde se compromete a erradicar la tortura como método de investigación”. La otra opción, sostiene el académico, consistiría en ejercer presión mediante la opinión pública nacional e internacional, aunque Ramírez Acuña ha mostrado su desprecio a Human Rights Watch y Amnistía Internacional por el caso del 28 de mayo de 2004.
Cambios a la ley
Eduardo Reyes Lara, abogado y defensor de los derechos humanos, insiste en que debe reformarse el sistema de justicia penal. Considera que el actual “fomenta y permite la impunidad, no garantiza los derechos de debido proceso y propicia la injusticia”.
Para eliminar la tortura, señala, es necesario restarle facultades al Ministerio Público y dotarlo de autonomía respecto del Poder Ejecutivo. La práctica de la tortura está arraigada en un sistema penal de corte inquisitorio, como el mexicano. Se requiere reformar este sistema y evolucionar a uno de corte acusatorio en donde primero se reconozca, constitucionalmente, el principio de presunción de inocencia, se regule la aplicación de la prisión preventiva y se generen condiciones de igualdad procesal para enfrentar un juicio penal.
También es necesario asegurar que el testimonio de un inculpado sólo se pueda dar frente al juez que conozca de la causa penal y, fundamentalmente, que las declaraciones ante el Ministerio Público no tengan valor probatorio en el juicio penal. Estas modificaciones han sido recomendadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.
El académico del ITESO y consejero ciudadano de la CEDHJ Alejandro Sánchez indica que en caso de que no se acepten las recomendaciones del ombudsman local, existe la posibilidad de acudir a la CNDH, para que ésta emita otra recomendación por tortura, sin descartar las instancias internacionales.
“El Estado mexicano tiene compromisos internacionales, que de existir denegación de justicia por hechos de tortura implicarían eventualmente responsabilidad internacional”, asegura.
Reyes Lara comenta que la CEDHJ “puede dar parte de su recomendación al Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas, aunque ésta sólo tenga carácter informativo”.
Añade que la CEDHJ puede recomendar al Congreso del estado iniciar la modificación al sistema penal jalisciense, pues se ha demostrado que existe un patrón de violación a los derechos humanos (integridad física, seguridad personal libertad) en un determinado ámbito del ejercicio del poder público (procuración de justicia).
Con esta postura coincide Francisco Macías Medina, experto en derechos humanos y conocedor del funcionamiento de la CEDHJ. “Pudo, la institución, presentar denuncias penales por estos casos que documentó (a principios de mes), así como solicitar reformas legales para prevenir y erradicar la tortura. También faltó hacer un estudio más amplio para saber por qué la subprocuraduría “A” es la que concentra las quejas por este delito grave”, dijo, al tiempo que se preguntaba: ¿”Qué pasó con las otras 640 quejas? ¿Por qué se archivaron?”.
Impunidad garantizada
“Una manera de proteger a quienes comenten este delito (violación a los derechos humanos) es no investigando. Entonces, ¿quién es el que protege a los delincuentes? Caer en el falaz argumento de que los derechos humanos defienden delincuentes es una retórica usada por el gobernador para evadir la responsabilidad criminal de sus subalternos”, sostiene Reyes Lara.
Pedirle a la procuraduría que investigue a los presuntos torturadores “es una paradoja, pues se investigarían a sí mismos; en este sentido, considero que la recomendación se quedó corta”, pues la comisión debió solicitar una investigación autónoma.
Lo mínimo que debería hacer el gobierno es reconocer la existencia de la tortura, sostiene Alejandro Sánchez. “Me parece que ser ciegos a esta realidad es validar la impunidad. La sociedad civil, al manifestarse públicamente, hace un ejercicio de reflexión ético del problema de la tortura e intensifica la fuerza moral que tiene la recomendación”.
La tortura y la impunidad van de la mano, reflexiona Macías Medina, y sugiere analizar esta práctica aberrante como un sistema o conjunto, pues es uno de los grandes vicios del sistema de justicia penal que nació para proteger los derechos humanos, no para violarlos. La práctica de la tortura cuestiona nuestro nivel democrático”.
Y agrega: “En uno de los puntos de la recomendación se pide la elaboración de un dictamen tipo para la aplicación de un estudio que acredite la tortura. Sin embargo, la propia recomendación deja entrever que hay problemas de autonomía técnica en las instituciones a las que se envía. Es una situación delicada y riesgosa que se le pida que investigue violaciones a los derechos humanos a la misma institución a la cual se está cuestionando”.
En el caso de Jalisco, la legislación contra la tortura no está reservada al gobierno federal. “Es una materia en el que el gobierno estatal podría hacer muchísimo en lo que se refiere a garantías. No necesitamos que la Cámara de Diputados se ponga de acuerdo para hacer una gran reforma a nivel constitucional”, concluye Macías Medina.
¡NO LES VAMOS A PEDIR PERMISO PARA TRANSFORMAR EL PAÍS, LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO!
"Desprecio por los derechos humanos"
Víctor Manuel López Álvaro
Aspirante a secretario de Estado por haber “destapado” a Felipe Calderón como su favorito para la Presidencia de la República, el gobernador Francisco Ramírez Acuña tiene una asignatura pendiente en la entidad: el respeto a los derechos humanos.
Primero, despreció por completo a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch cuando, apoyados en pruebas y documentos, denunciaron prácticas de tortura en contra de los altermundistas, en mayo de 2004.
Posteriormente, hizo lo mismo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que se pronunció en contra de la tortura de que fueron objeto esos manifestantes.
Más adelante, evadió las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sobre la práctica sistemática de la tortura como método de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Para minimizar las denuncias, Ramírez Acuña suele decir que “los quejosos son delincuentes”.
El investigador y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Jorge Rocha considera que Ramírez Acuña “ha mostrado una y otra vez que no respeta los derechos humanos”. La postura de desprecio del mandatario estatal hacia los derechos humanos ha sido apoyada invariablemente por la cúpula empresarial.
En días pasados, el presidente de la Coparmex, Luis Fernando Pérez Aguayo, se sumó a las declaraciones del gobernador y repitió que la comisión estatal “defiende a delincuentes”.
Hace siete años, en septiembre de 1999, cuando Guillermo Martínez Mora dirigía este organismo empresarial organizó, junto con la Cámara Nacional de Comercio, el “Primer ciclo de conferencias sobre los claroscuros de los derechos humanos”, en donde denostaron la tarea de la comisión que presidía Guadalupe Morfín Otero y calificaron de injerencia extranjera la visita a Guadalajara del relator para América de Human Rigths Watch (Proceso 1199).
Jorge Rocha plantea que la administración de Ramírez Acuña “se ha distinguido en sus gestiones gubernamentales por la aplicación de estos seudométodos de investigación, primero como presidente municipal de Guadalajara en el caso de Jaime Llanos Meza –víctima del toletazo–; luego, a mediados de su gestión, en el caso del 28 de mayo (de 2004), y ahora con esta recomendación (la 06/2006, en contra de la procuraduría del estado). Con estos antecedentes, no podemos esperar una aceptación de la recomendación y, en caso de que lo hiciera, es muy probable que no se le dé ningún seguimiento, esgrimiendo la transición del gobierno del estado”.
Una forma de presionar tanto de la sociedad civil organizada como de la CEDHJ para que el gobernador acepte en su totalidad la megarrecomendación por tortura enviada a principios de mes, “es apelar a la firma que el gobierno de México hizo del Protocolo de Estambul, donde se compromete a erradicar la tortura como método de investigación”. La otra opción, sostiene el académico, consistiría en ejercer presión mediante la opinión pública nacional e internacional, aunque Ramírez Acuña ha mostrado su desprecio a Human Rights Watch y Amnistía Internacional por el caso del 28 de mayo de 2004.
Cambios a la ley
Eduardo Reyes Lara, abogado y defensor de los derechos humanos, insiste en que debe reformarse el sistema de justicia penal. Considera que el actual “fomenta y permite la impunidad, no garantiza los derechos de debido proceso y propicia la injusticia”.
Para eliminar la tortura, señala, es necesario restarle facultades al Ministerio Público y dotarlo de autonomía respecto del Poder Ejecutivo. La práctica de la tortura está arraigada en un sistema penal de corte inquisitorio, como el mexicano. Se requiere reformar este sistema y evolucionar a uno de corte acusatorio en donde primero se reconozca, constitucionalmente, el principio de presunción de inocencia, se regule la aplicación de la prisión preventiva y se generen condiciones de igualdad procesal para enfrentar un juicio penal.
También es necesario asegurar que el testimonio de un inculpado sólo se pueda dar frente al juez que conozca de la causa penal y, fundamentalmente, que las declaraciones ante el Ministerio Público no tengan valor probatorio en el juicio penal. Estas modificaciones han sido recomendadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales.
El académico del ITESO y consejero ciudadano de la CEDHJ Alejandro Sánchez indica que en caso de que no se acepten las recomendaciones del ombudsman local, existe la posibilidad de acudir a la CNDH, para que ésta emita otra recomendación por tortura, sin descartar las instancias internacionales.
“El Estado mexicano tiene compromisos internacionales, que de existir denegación de justicia por hechos de tortura implicarían eventualmente responsabilidad internacional”, asegura.
Reyes Lara comenta que la CEDHJ “puede dar parte de su recomendación al Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas, aunque ésta sólo tenga carácter informativo”.
Añade que la CEDHJ puede recomendar al Congreso del estado iniciar la modificación al sistema penal jalisciense, pues se ha demostrado que existe un patrón de violación a los derechos humanos (integridad física, seguridad personal libertad) en un determinado ámbito del ejercicio del poder público (procuración de justicia).
Con esta postura coincide Francisco Macías Medina, experto en derechos humanos y conocedor del funcionamiento de la CEDHJ. “Pudo, la institución, presentar denuncias penales por estos casos que documentó (a principios de mes), así como solicitar reformas legales para prevenir y erradicar la tortura. También faltó hacer un estudio más amplio para saber por qué la subprocuraduría “A” es la que concentra las quejas por este delito grave”, dijo, al tiempo que se preguntaba: ¿”Qué pasó con las otras 640 quejas? ¿Por qué se archivaron?”.
Impunidad garantizada
“Una manera de proteger a quienes comenten este delito (violación a los derechos humanos) es no investigando. Entonces, ¿quién es el que protege a los delincuentes? Caer en el falaz argumento de que los derechos humanos defienden delincuentes es una retórica usada por el gobernador para evadir la responsabilidad criminal de sus subalternos”, sostiene Reyes Lara.
Pedirle a la procuraduría que investigue a los presuntos torturadores “es una paradoja, pues se investigarían a sí mismos; en este sentido, considero que la recomendación se quedó corta”, pues la comisión debió solicitar una investigación autónoma.
Lo mínimo que debería hacer el gobierno es reconocer la existencia de la tortura, sostiene Alejandro Sánchez. “Me parece que ser ciegos a esta realidad es validar la impunidad. La sociedad civil, al manifestarse públicamente, hace un ejercicio de reflexión ético del problema de la tortura e intensifica la fuerza moral que tiene la recomendación”.
La tortura y la impunidad van de la mano, reflexiona Macías Medina, y sugiere analizar esta práctica aberrante como un sistema o conjunto, pues es uno de los grandes vicios del sistema de justicia penal que nació para proteger los derechos humanos, no para violarlos. La práctica de la tortura cuestiona nuestro nivel democrático”.
Y agrega: “En uno de los puntos de la recomendación se pide la elaboración de un dictamen tipo para la aplicación de un estudio que acredite la tortura. Sin embargo, la propia recomendación deja entrever que hay problemas de autonomía técnica en las instituciones a las que se envía. Es una situación delicada y riesgosa que se le pida que investigue violaciones a los derechos humanos a la misma institución a la cual se está cuestionando”.
En el caso de Jalisco, la legislación contra la tortura no está reservada al gobierno federal. “Es una materia en el que el gobierno estatal podría hacer muchísimo en lo que se refiere a garantías. No necesitamos que la Cámara de Diputados se ponga de acuerdo para hacer una gran reforma a nivel constitucional”, concluye Macías Medina.
¡NO LES VAMOS A PEDIR PERMISO PARA TRANSFORMAR EL PAÍS, LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO!
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