RECUERDEN QUE NO ES COSA DE CANTIDAD SINO DE CALIDAD, A LOS AMIGOS DE JALISCO, NO SE DEBEN DE DEJAR, NI SE DEBEN DE RAJAR, A DARLE DURO Y SABROSO!!!
"Desafíos para el panismo"
Ignacio Román
Como nunca antes, el poder político del Partido Acción Nacional (PAN) será abrumador en Jalisco. Con el respaldo presidencial y más de 40% de los diputados y senadores en el Congreso de la Unión, el gobierno estatal estará bien cobijado por la federación. En el ámbito estatal, el PAN concentrará el Poder Ejecutivo y controlará la mayoría absoluta en el Legislativo (tiene 21 de los 40 diputados). En el terreno municipal, los panistas dirigirán el gobierno de la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo Tlajomulco, además de la mayor parte de las principales ciudades medias, como Ocotlán, Lagos de Moreno, Zapotlán y Tepatitlán; en suma, 63 de los 124 municipios del estado.
En cambio, el PRI sólo se quedó con 46 municipios, entre ellos Puerto Vallarta, El Salto, Chapala y La Barca. Solamente ganó un distrito local para el Congreso y obtuvo 12 diputados de representación proporcional.
La coalición PRD-PT y Nueva Alianza venció en 10 municipios, incluido el de Tala, el más grande; el Partido Verde Ecologista de México obtuvo el triunfo en cinco, entre ellos el de Sayula; mientras que Nueva Alianza se quedó sin ninguno.
Esta situación nos recuerda el antiguo mecanismo de la aplanadora, que utilizó el PRI recurrentemente hasta mediados de los años ochenta. Sin embargo, el control que ejercía ese partido no parece haber sido el mejor medio para resolver la debilidad económica ni las carencias sociales de México y de Jalisco. En los últimos años, se le ha atribuido a la dispersión del poder la falta de acuerdos para impulsar las reformas que teóricamente requiere el país. La actual configuración política en el ámbito estatal constituye una oportunidad para que un partido –en este caso el PAN– defina fácilmente sus políticas locales. ¿Será posible que esta facilidad permita, ahora sí, resolver problemas de fondo?
Responder esta pregunta implica atender dos premisas: la primera, que para resolver los problemas centrales es necesario ubicarlos y enfrentarlos en forma congruente, caso contrario, se podría resolver sólo uno, empeorando el otro; la segunda, tener claro que la solución de los problemas no está sólo en manos del sector público, lo que obliga a definir los márgenes de involucramiento de los distintos poderes y órdenes de gobierno.
Hasta ahora ninguna de las dos premisas parece cumplirse. En cuanto a los problemas centrales, no basta con enumerar asuntos, como la falta de competitividad, la inseguridad, el empleo, la contaminación, el narcotráfico o la calidad educativa. Para enfrentar con eficacia los problemas se requiere ubicar la relación que existe entre unos y otros, así como el tipo de impactos que puedan tener las políticas que se intenten aplicar. Si se considera, por ejemplo, que para lograr competitividad se necesita impulsar a los sectores de alta tecnología, es probable que los sectores tradicionales –los que generan mayor cantidad de empleo y los que cuentan con mayor arraigo y conocimiento local– queden todavía más relegados. Por el contrario, si se centra el apoyo en los micros, pequeños y medianos empresarios, es posible que esto desincentive a las empresas gigantes, responsables directas de la mayor parte de las exportaciones y de la competitividad del estado.
¿A quién priorizar? Priorizar todo equivale a no priorizar nada. Por ello es necesario definir cuáles son las prioridades reales, asociadas a la asignación de apoyos y regulaciones, y no generar sólo una retórica en la que el discurso “económico” dé pie a equívocos cuando se coteje con el “discurso social”.
En cuanto al margen de maniobra, también es necesario ubicar el poder de los distintos tipos de empresarios, de grupos políticos –aun en el interior del PAN–, de las iglesias y sus fracciones, de los medios de comunicación masiva, de las universidades, de los sindicatos, etcétera. No cabe duda que en el gobierno algo debe cambiar, pero no es el gobierno el único que tiene que cambiar. Debe destacarse que el discurso autocrítico es poco frecuente entre los grupos de poder, lo mismo en el ámbito nacional como en el estatal.
Así, observamos una gran deficiencia en estas dos premisas. Si agregamos que las campañas políticas se caracterizaron por consignas quiméricas –mediante las cuales los candidatos aparecían como iluminados que todo lo podían resolver–, estaremos renovando la visión de un mundo maravilloso, aunque no exista la capacidad real ni la voluntad para efectuar ningún cambio sustantivo.
El mantenimiento de una estructura de poder que favorezca la continuidad está asociado, como lo vimos intensamente en las campañas políticas, a la siembra del terror al cambio. Tal parece que es preferible malo por conocido (aunque tenga siglas diferentes), siempre y cuando nos ofrezca una retórica renovadora. Queda como anillo al dedo la vieja tonada de “miénteme más, que me hace tu maldad feliz”.
La hegemonía política corre por el camino de la incongruencia. Por una parte se ha hecho una enorme campaña de “respeto a las instituciones”, al tiempo que se pretende debilitar al Instituto de Transparencia, se justifica la tortura y se efectúan megaproyectos que atentan contra la ecología, todo ello sin consultar para nada a la ciudadanía. ¿Dónde queda entonces el “respeto por las instituciones”?.
Con sectores modernos y dinámicos asociados a formas de contratación precarias y empobrecedoras hasta de sus trabajadores; con una destrucción irrefrenable del medio ambiente y una escasez cada vez más notoria de recursos naturales básicos –en particular agua y bosques–; con un sector informal en aumento debido a la falta empleos en micros, pequeñas y medianas empresas, así como una mayor concentración del poder del mercado en unas cuantas empresas; con una dependencia cada vez mayor de las remesas de los trabajadores migrantes desde Estados Unidos y con un mayor abandono de las comunidades rurales de Jalisco, corremos el riesgo de retrotraernos –de seguir con esta lógica– a la estructura económica y social porfiriana.
Acaso podamos seguir afirmando que hacer otra cosa es política o económicamente inviable. Evidentemente, este razonamiento no puede más que extrapolar tensiones sociales y riesgos ecológicos.
La coyuntura, debe señalarse, se presta para que los grupos de poder jaliscienses adquieran mayor relevancia nacional. Para capitalizar este factor es pertinente trabajar para que los grupos económicos y políticos locales no se refugien en las formas feudales de concentración de poder ni recurran a las decisiones autoritarias. Si esto ocurriera, tanto los jaliscienses como el país entero lo lamentaríamos. Recordemos, para terminar, que el único presidente de la República que ha dado Jalisco ha sido Victoriano Huerta, y eso de ninguna forma puede verse como una aportación de nuestro estado al desarrollo nacional.
¡NO LES VAMOS A PEDIR PERMISO PARA TRANSFORMAR EL PAÍS, LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO!
"Desafíos para el panismo"
Ignacio Román
Como nunca antes, el poder político del Partido Acción Nacional (PAN) será abrumador en Jalisco. Con el respaldo presidencial y más de 40% de los diputados y senadores en el Congreso de la Unión, el gobierno estatal estará bien cobijado por la federación. En el ámbito estatal, el PAN concentrará el Poder Ejecutivo y controlará la mayoría absoluta en el Legislativo (tiene 21 de los 40 diputados). En el terreno municipal, los panistas dirigirán el gobierno de la zona metropolitana de Guadalajara, incluyendo Tlajomulco, además de la mayor parte de las principales ciudades medias, como Ocotlán, Lagos de Moreno, Zapotlán y Tepatitlán; en suma, 63 de los 124 municipios del estado.
En cambio, el PRI sólo se quedó con 46 municipios, entre ellos Puerto Vallarta, El Salto, Chapala y La Barca. Solamente ganó un distrito local para el Congreso y obtuvo 12 diputados de representación proporcional.
La coalición PRD-PT y Nueva Alianza venció en 10 municipios, incluido el de Tala, el más grande; el Partido Verde Ecologista de México obtuvo el triunfo en cinco, entre ellos el de Sayula; mientras que Nueva Alianza se quedó sin ninguno.
Esta situación nos recuerda el antiguo mecanismo de la aplanadora, que utilizó el PRI recurrentemente hasta mediados de los años ochenta. Sin embargo, el control que ejercía ese partido no parece haber sido el mejor medio para resolver la debilidad económica ni las carencias sociales de México y de Jalisco. En los últimos años, se le ha atribuido a la dispersión del poder la falta de acuerdos para impulsar las reformas que teóricamente requiere el país. La actual configuración política en el ámbito estatal constituye una oportunidad para que un partido –en este caso el PAN– defina fácilmente sus políticas locales. ¿Será posible que esta facilidad permita, ahora sí, resolver problemas de fondo?
Responder esta pregunta implica atender dos premisas: la primera, que para resolver los problemas centrales es necesario ubicarlos y enfrentarlos en forma congruente, caso contrario, se podría resolver sólo uno, empeorando el otro; la segunda, tener claro que la solución de los problemas no está sólo en manos del sector público, lo que obliga a definir los márgenes de involucramiento de los distintos poderes y órdenes de gobierno.
Hasta ahora ninguna de las dos premisas parece cumplirse. En cuanto a los problemas centrales, no basta con enumerar asuntos, como la falta de competitividad, la inseguridad, el empleo, la contaminación, el narcotráfico o la calidad educativa. Para enfrentar con eficacia los problemas se requiere ubicar la relación que existe entre unos y otros, así como el tipo de impactos que puedan tener las políticas que se intenten aplicar. Si se considera, por ejemplo, que para lograr competitividad se necesita impulsar a los sectores de alta tecnología, es probable que los sectores tradicionales –los que generan mayor cantidad de empleo y los que cuentan con mayor arraigo y conocimiento local– queden todavía más relegados. Por el contrario, si se centra el apoyo en los micros, pequeños y medianos empresarios, es posible que esto desincentive a las empresas gigantes, responsables directas de la mayor parte de las exportaciones y de la competitividad del estado.
¿A quién priorizar? Priorizar todo equivale a no priorizar nada. Por ello es necesario definir cuáles son las prioridades reales, asociadas a la asignación de apoyos y regulaciones, y no generar sólo una retórica en la que el discurso “económico” dé pie a equívocos cuando se coteje con el “discurso social”.
En cuanto al margen de maniobra, también es necesario ubicar el poder de los distintos tipos de empresarios, de grupos políticos –aun en el interior del PAN–, de las iglesias y sus fracciones, de los medios de comunicación masiva, de las universidades, de los sindicatos, etcétera. No cabe duda que en el gobierno algo debe cambiar, pero no es el gobierno el único que tiene que cambiar. Debe destacarse que el discurso autocrítico es poco frecuente entre los grupos de poder, lo mismo en el ámbito nacional como en el estatal.
Así, observamos una gran deficiencia en estas dos premisas. Si agregamos que las campañas políticas se caracterizaron por consignas quiméricas –mediante las cuales los candidatos aparecían como iluminados que todo lo podían resolver–, estaremos renovando la visión de un mundo maravilloso, aunque no exista la capacidad real ni la voluntad para efectuar ningún cambio sustantivo.
El mantenimiento de una estructura de poder que favorezca la continuidad está asociado, como lo vimos intensamente en las campañas políticas, a la siembra del terror al cambio. Tal parece que es preferible malo por conocido (aunque tenga siglas diferentes), siempre y cuando nos ofrezca una retórica renovadora. Queda como anillo al dedo la vieja tonada de “miénteme más, que me hace tu maldad feliz”.
La hegemonía política corre por el camino de la incongruencia. Por una parte se ha hecho una enorme campaña de “respeto a las instituciones”, al tiempo que se pretende debilitar al Instituto de Transparencia, se justifica la tortura y se efectúan megaproyectos que atentan contra la ecología, todo ello sin consultar para nada a la ciudadanía. ¿Dónde queda entonces el “respeto por las instituciones”?.
Con sectores modernos y dinámicos asociados a formas de contratación precarias y empobrecedoras hasta de sus trabajadores; con una destrucción irrefrenable del medio ambiente y una escasez cada vez más notoria de recursos naturales básicos –en particular agua y bosques–; con un sector informal en aumento debido a la falta empleos en micros, pequeñas y medianas empresas, así como una mayor concentración del poder del mercado en unas cuantas empresas; con una dependencia cada vez mayor de las remesas de los trabajadores migrantes desde Estados Unidos y con un mayor abandono de las comunidades rurales de Jalisco, corremos el riesgo de retrotraernos –de seguir con esta lógica– a la estructura económica y social porfiriana.
Acaso podamos seguir afirmando que hacer otra cosa es política o económicamente inviable. Evidentemente, este razonamiento no puede más que extrapolar tensiones sociales y riesgos ecológicos.
La coyuntura, debe señalarse, se presta para que los grupos de poder jaliscienses adquieran mayor relevancia nacional. Para capitalizar este factor es pertinente trabajar para que los grupos económicos y políticos locales no se refugien en las formas feudales de concentración de poder ni recurran a las decisiones autoritarias. Si esto ocurriera, tanto los jaliscienses como el país entero lo lamentaríamos. Recordemos, para terminar, que el único presidente de la República que ha dado Jalisco ha sido Victoriano Huerta, y eso de ninguna forma puede verse como una aportación de nuestro estado al desarrollo nacional.
¡NO LES VAMOS A PEDIR PERMISO PARA TRANSFORMAR EL PAÍS, LÓPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO!
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