"Las fuerzas oaxaqueñas"
josé gil olmos
México, D.F., 1 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz, operador político y electoral de Roberto Madrazo, enfrenta la disyuntiva de dejar el cargo que ganó en unas elecciones cuestionadas o mantenerse a cualquier costa, con lo cual dejaría en claro que poco le importa su partido, pues, en realidad, le estaría cobrando la factura de haber pagado su nómina en los últimos años.
Su inestable posición al frente del gobierno de Oaxaca ha tenido altos costos para Ulises Ruiz: 17 muertos, decenas de desaparecidos, pérdidas económicas en la capital del estado y la polarización de la sociedad en dos bandos que son irreconciliables.
A pesar de esta situación de enconos, persecuciones y fracturas sociales en Oaxaca, todo parece indicar que Ulises Ruiz y el grupo que representan en el PRI ha decidido mantenerse sin importar que el conflicto se alargue aún más, tanto que ya el presidente Vicente Fox reconoció que lo heredará a Felipe Calderón a partir del 1 de diciembre, cuando entre en funciones como jefe de Ejecutivo federal.
La descomposición que sufre el gobierno de URO --como le dicen sus paisanos a Ulises Ruiz--, es evidente; y muestra de ello es que no se nota su mano en las operaciones políticas, policiales y militares que se han implementado en los últimos días para desalojar a los simpatizantes y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) del Zócalo de la capital oaxaqueña.
Al contrario, de acuerdo con las versiones de miembros de esta asamblea popular, URO ha tomado la decisión de aplicar una especie de “guerra sucia” en contra de los dirigentes populares, los cuales han tomado la precaución de abandonar sus hogares, vivir de manera itinerante y proteger a sus familias ocultándolas en otros domicilios.
Según los miembros de la APPO, el gobierno de URO ha tomado la decisión de liberar una gran cantidad de órdenes de aprehensión y ha pagado a sicarios para eliminar a quienes consideran sus enemigos.
De ser ciertas estas versiones, en Oaxaca estaríamos ante el resurgimiento de los viejos métodos de control caciquil que el PRI utilizó con toda impunidad en varios estados como San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Yucatán, entre otros, mediante los cuales el gobernador en turno eliminaba a sus opositores metiéndolos a la cárcel o a través de pistoleros a sueldo, o de grupos de choque dispuestos a todo.
Los apistas han denunciado que está en marcha el “Operativo Hierro”, en el cual participarían porros, sicarios y hasta elementos del grupo paramilitar Los Zetas, contratados para eliminar a los dirigentes de la APPO, atentar contra sus familiares, incluso agredir a periodistas que el gobierno de URO considera indeseables.
La denuncia que hacen los appistas es que este operativo estaría encabezado por el priista Heliodoro Díaz Ezcárraga, a quien también se identifica como el posible sucesor de URO.
Las acusaciones se basan en hechos concretos, el ejemplo más claro es el de la maestra Maria del Carmen López Vázquez, exlocutora de la estación La Ley del Pueblo que por varias semanas funcionó como el medio de comunicación de la APPO. Integrante de la Sección 22 del sindicato magisterial, esta maestra ha sido objeto de una fuerte campaña en los medios en la que se le vincula con la guerrilla, incluso con el narcotráfico.
De acuerdo con las versiones oficiales, ellas es la que representa el grupo más duro de la APPO que no está dispuesto a flexibilizar las negociaciones con el gobierno federal. Sin embargo, la maestra considera que detrás de esta campaña de desprestigio, en realidad, existe una estrategia para descabezar el movimiento. Ella desmiente que forme parte de algún grupo guerrillero o que represente la parte intransigente de la Asamblea Popular.
A raíz de la publicación de estas versiones en su contra, la maestra se unió a otros miembros de la APPO que han decidido vivir fuera de sus casas, cambiarse diariamente de domicilio, proteger a sus familiares para no presentar un blanco fijo...
En esta “guerra sucia”, ha habido muertes violentas, como el maestro que fue degollado cerca de su domicilio, muy al estilo de las acciones que realizan los sicarios del narcotráfico, Los Zetas.
La decisión de URO de mantenerse ha traído sus consecuencias, quizá la más terrible es esta guerra intestina en la cual se mueven agentes oscuros, comandos que ya empiezan a ser llamados “el convoy de la muerte”, que en algunas noches se ha presentado en las barricadas de los inconformes disparando desde la oscuridad.
Se trata de un grupo de pistoleros que se mueve en camionetas y motocicletas, y que se dedica a atemorizar a los pocos appistas que aún se quedan a vigilar las pocas barricadas que la Policía Federal Preventiva no ha podido levantar.
El conflicto de Oaxaca tiene esta parte oscura de la que poco se habla, una guerra sucia que ya cobró 17 muertes y que, de no resolverse en estos días, podría acrecentar el número de víctimas.
josé gil olmos
México, D.F., 1 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz, operador político y electoral de Roberto Madrazo, enfrenta la disyuntiva de dejar el cargo que ganó en unas elecciones cuestionadas o mantenerse a cualquier costa, con lo cual dejaría en claro que poco le importa su partido, pues, en realidad, le estaría cobrando la factura de haber pagado su nómina en los últimos años.
Su inestable posición al frente del gobierno de Oaxaca ha tenido altos costos para Ulises Ruiz: 17 muertos, decenas de desaparecidos, pérdidas económicas en la capital del estado y la polarización de la sociedad en dos bandos que son irreconciliables.
A pesar de esta situación de enconos, persecuciones y fracturas sociales en Oaxaca, todo parece indicar que Ulises Ruiz y el grupo que representan en el PRI ha decidido mantenerse sin importar que el conflicto se alargue aún más, tanto que ya el presidente Vicente Fox reconoció que lo heredará a Felipe Calderón a partir del 1 de diciembre, cuando entre en funciones como jefe de Ejecutivo federal.
La descomposición que sufre el gobierno de URO --como le dicen sus paisanos a Ulises Ruiz--, es evidente; y muestra de ello es que no se nota su mano en las operaciones políticas, policiales y militares que se han implementado en los últimos días para desalojar a los simpatizantes y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) del Zócalo de la capital oaxaqueña.
Al contrario, de acuerdo con las versiones de miembros de esta asamblea popular, URO ha tomado la decisión de aplicar una especie de “guerra sucia” en contra de los dirigentes populares, los cuales han tomado la precaución de abandonar sus hogares, vivir de manera itinerante y proteger a sus familias ocultándolas en otros domicilios.
Según los miembros de la APPO, el gobierno de URO ha tomado la decisión de liberar una gran cantidad de órdenes de aprehensión y ha pagado a sicarios para eliminar a quienes consideran sus enemigos.
De ser ciertas estas versiones, en Oaxaca estaríamos ante el resurgimiento de los viejos métodos de control caciquil que el PRI utilizó con toda impunidad en varios estados como San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Yucatán, entre otros, mediante los cuales el gobernador en turno eliminaba a sus opositores metiéndolos a la cárcel o a través de pistoleros a sueldo, o de grupos de choque dispuestos a todo.
Los apistas han denunciado que está en marcha el “Operativo Hierro”, en el cual participarían porros, sicarios y hasta elementos del grupo paramilitar Los Zetas, contratados para eliminar a los dirigentes de la APPO, atentar contra sus familiares, incluso agredir a periodistas que el gobierno de URO considera indeseables.
La denuncia que hacen los appistas es que este operativo estaría encabezado por el priista Heliodoro Díaz Ezcárraga, a quien también se identifica como el posible sucesor de URO.
Las acusaciones se basan en hechos concretos, el ejemplo más claro es el de la maestra Maria del Carmen López Vázquez, exlocutora de la estación La Ley del Pueblo que por varias semanas funcionó como el medio de comunicación de la APPO. Integrante de la Sección 22 del sindicato magisterial, esta maestra ha sido objeto de una fuerte campaña en los medios en la que se le vincula con la guerrilla, incluso con el narcotráfico.
De acuerdo con las versiones oficiales, ellas es la que representa el grupo más duro de la APPO que no está dispuesto a flexibilizar las negociaciones con el gobierno federal. Sin embargo, la maestra considera que detrás de esta campaña de desprestigio, en realidad, existe una estrategia para descabezar el movimiento. Ella desmiente que forme parte de algún grupo guerrillero o que represente la parte intransigente de la Asamblea Popular.
A raíz de la publicación de estas versiones en su contra, la maestra se unió a otros miembros de la APPO que han decidido vivir fuera de sus casas, cambiarse diariamente de domicilio, proteger a sus familiares para no presentar un blanco fijo...
En esta “guerra sucia”, ha habido muertes violentas, como el maestro que fue degollado cerca de su domicilio, muy al estilo de las acciones que realizan los sicarios del narcotráfico, Los Zetas.
La decisión de URO de mantenerse ha traído sus consecuencias, quizá la más terrible es esta guerra intestina en la cual se mueven agentes oscuros, comandos que ya empiezan a ser llamados “el convoy de la muerte”, que en algunas noches se ha presentado en las barricadas de los inconformes disparando desde la oscuridad.
Se trata de un grupo de pistoleros que se mueve en camionetas y motocicletas, y que se dedica a atemorizar a los pocos appistas que aún se quedan a vigilar las pocas barricadas que la Policía Federal Preventiva no ha podido levantar.
El conflicto de Oaxaca tiene esta parte oscura de la que poco se habla, una guerra sucia que ya cobró 17 muertes y que, de no resolverse en estos días, podría acrecentar el número de víctimas.
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