Por Carlos Fernández-Vega
"Slim va por el pastel completo de las cableras"
A pocos días de dejar los cargos, gerente y plomero modificaron las cañerías
En nombre de la "modernidad" y la "competitividad", en diciembre de 1990 el gobierno salinista concretó la "desincorporación" (léase privatización) de Teléfonos de México. El objetivo, decían los tecnócratas de entonces -que son los mismos de ahora- "es lograr un sector de telecomunicaciones más competitivo y eficiente, conservando la rectoría del Estado".
Casi 16 años después, Telmex, en efecto, se ha modernizado, es más eficiente y ha crecido, pero de competitividad nada, y mucho menos de rectoría del Estado. Carlos Slim se quedó con el pastel completo de la telefonía en México, y sólo obsequió una famélica rebanada de consolación a sus "competidores" (acapara 94 por ciento de la telefonía fija en el país), mientras la OCDE documenta que las tarifas de telefonía fija en México se cuentan entre las más elevadas del mundo.
El gobierno mexicano (con tres gerentes involucrados en el citado periodo) sólo ha metido la mano para espantarle las moscas al señor Slim ("¡que no lo molesten!"). Y 16 años después su administrador en turno (el de la "democracia de, por y para los empresarios") le concede una gracia adicional: con generosidad le modifica el título original de concesión de Teléfonos de México, para que el tercer hombre más rico del mundo fácilmente alcance la segunda posición o, si se esfuerza, la primera, por medio de su abierta y graciosa intervención en la televisión de paga. Acapara la telefonía fija, acapara la móvil y acapara los servicios de Internet. Ahora va en pos de un mercado en el que sobreviven cerca de 200 empresas cableras ("la SCT no puede, mediante un simple acuerdo de convergencia, suprimir o cambiar la prohibición" de Telmex, protestaban), con el fin de que, a la brevedad, se quede con el pastel completo.
Ese título de concesión por medio del cual el gobierno salinista le entregó los bártulos de Teléfonos de México el 13 de diciembre de 1990 (privatización en abonos, porque Slim pagó en seis democráticas mensualidades "por así convenir a sus intereses", no a los de la nación, según reza el acta de "desincorporación") y que hoy el gobierno foxista se lo modifica, tiene (tenía) dos cláusulas claras y contundentes: la 1.9 (Distribución de señales de televisión: "Telmex no podrá explotar, directa o indirectamente ninguna concesión de servicios de televisión al público en el país", y la 2.2 (Control mayoritario de acciones por mexicanos: "las personas físicas o morales concesionarias de estaciones de radio y televisión de cualquier modalidad en la República Mexicana, o que en forma directa participen en la radiodifusión, no podrán ser, directa o indirectamente, accionistas con voz y voto de Telmex; en caso de que se adquieran acciones que contravengan lo estipulado en esta condición, estas acciones quedarán sin efecto ni valor alguno para su tenedor, desde el momento de su adquisición").
De hecho, las citadas cláusulas nunca se respetaron porque, a la vista de las supuestas autoridades, Carlos Slim se convirtió en accionista de Televisa, y Emilio Azcárraga Jean de Teléfonos de México. Todo en famiglia.
Por cierto, como secretario salinista de Hacienda, Pedro Aspe fue el que "desincorporó" la otrora paraestatal, y hoy es miembro del consejo de administración de Televisa, como en su momento Rómulo O'Farril Jr. lo fue de ambas empresas.
Eso establecen (establecían) las cláusulas del título de concesión, pero eso es lo de menos: llegó el gerente Fox y su plomero Pedro Cerisola (actual secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director de Operación, ex director de Planeación y ex director general regional de Telmex antes del "cambio") y 59 días antes de abandonar la poltrona en Los Pinos modificaron la cañería para que todo parezca legal.
Y todo pretende serlo, porque así lo establece un acuerdo gubernamental (el de "convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos, que se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas de por medio", es decir, el que los cableros aseguraban que no se podía), publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, mismo que concede 60 días naturales a todos aquellos "concesionarios con restricciones (léase Telmex) que estén interesados en la modificación de sus títulos de concesión para iniciar la prestación del servicio adicional de televisión...", es decir, que Slim puede estrenarse como cablero prácticamente con la llegada a Los Pinos de su más reciente amigo.
Colorín colorado, este cuento no se ha acabado, porque según Pedro Cerisola -el mismo ex empleado de Slim que hoy firma el acuerdo de convergencia- "el Estado (...) podrá en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación...". Pero, ¿realmente es de interés nacional que Carlos Slim se suba al negocio de la televisión restringida? Fox y Cerisola dicen que sí, y Slim también.
Y en la tienda de enfrente, dedicada a otro tipo de escándalos y acciones gangsteriles, como acostumbra, Tv Azteca esperando las migajas que le suelte Televisa.
Las rebanadas del pastel:
"En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión" en Oaxaca, aseguró el secretario de Gobernación de un gobierno que por ley debe ser laico, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados. ¿Habrá que refrescarle la memoria a monseñor Abascal y recordarle cuántos crímenes se han cometido en nombre de Dios?
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