Por: EL EDITOR - TRIBUNA DEMOCRATICA
Como usted sabe, en opinión de muchos costarricenses, durante la campaña previa al referéndum, se violentaron principios básicos de la democracia. La equidad en el financiamiento es uno de ellos. Se irrespetó la legislación costarricense y se crearon condiciones para que prácticamente sólo una posición tuviese financiamiento para informar a la población.
El PAC ha aceptado el resultado del referéndum. Sería poco ético que no lo hiciéramos, pues a pesar de conocer de esas ilegalidades llegamos con esperanza de que el NO ganara hasta el 7 de octubre. La voluntad popular expresada en la urna ese día fue a favor del TLC.
Lamentablemente, se sigue irrespetando la institucionalidad del país por medio de varios mecanismos que a continuación detallo. Tengo la esperanza de que en aras de mejorar el trabajo legislativo usted recapacite y atienda positivamente la propuesta que le hago al final de esta carta.
La intención de aprobar reformas que van más allá de lo exigido por el TLC, es la primera violación a la institucionalidad democrática. Esto porque para lograr apoyo para los proyectos donde se incluyen esos excesos, se recurre al voto del 7 de octubre, lo cual es una burla a los electores y, por lo tanto, a la democracia.
En segundo lugar, se está utilizando el artículo 208 bis del reglamento legislativo para romper el monopolio de las telecomunicaciones, cuando es claro que este procedimiento especial no puede emplearse para la apertura de monopolios del Estado. Esta es otra burla a la institucionalidad. De la manera más frívola y contradictoria, los defensores de la apertura, alegan que el 208 bis si se puede aplicar al rompimiento del monopolio de las telecomunicaciones, con el argumento de que ese monopolio no es monopolio, lo cual desnuda de cuerpo entero la burla a la institucionalidad.
Los métodos no deben justificar los fines y en este caso la premura (por lo demás auto infligida) no justifica olvidar que el ICE posee el monopolio de las telecomunicaciones en Costa Rica. Sería una pena que en este asunto, la Sala Constitucional, fuera una vez más puesta a prueba para dilucidar algo que era incuestionable hasta hace cuatro semanas, tanto para los que no desean la apertura, como para los que desean romper el monopolio.
En tercer lugar, ante diversas solicitudes de nuestro diputado Ronald Solís, su gobierno se ha rehusado permanentemente a informar sobre el contenido de los decretos y reglamentos que a la par de las leyes en discusión en la Asamblea Legislativa, conforman la agenda de implementación. Esto es una violación al derecho a la información, también fundamental en una democracia.
Finalmente, su gobierno reiteradamente comunica a la población la supuesta obligación de notificar a Estados Unidos sobre la agenda de implementación, y anuncia el derecho de ese país a una certificación. Por ejemplo, Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia, afirmó que para el 29 de febrero “…deberá estar lista la certificación del Gobierno de los Estados Unidos, tras haber revisado la notificación costarricense.” (La Nación, 22 de noviembre). Respetuosamente, le pregunto ¿dónde en el TLC ratificado el 7 de octubre se establece el mecanismo de la notificación a Estados Unidos y el de la certificación por ese país? La verdad es que estos procesos no están incluidos en el TLC ratificado el 7 de octubre. Para que entre en vigencia, procede que se publique la ley correspondiente y que ese documento se deposite en la OEA.
Esta invención de normas, destinadas a presionar a la Asamblea Legislativa y a impedir el debate sobre proyectos de trascendencia nacional, es también una seria violación a la institucionalidad. Es tan violatorio de la institucionalidad irrespetar leyes como inventarlas. Su gobierno está incurriendo en ambas prácticas.
En todo caso, no deja de sorprender que a pesar de insistir en el 29 de febrero como una fecha fatal, diputados que favorecen el TLC no completen el quórum a las sesiones extraordinarias que ellos mismos convocan y estén dispuestos a ir a un receso durante el final del año. El hecho de que usted voluntariamente decidiera no pedir una prórroga a los otros países miembros del TLC también es sorprendente, pues no tengo duda de que la concederían sin ningún problema.
El PAC ha estado utilizando de manera moderada las herramientas legales de que disponemos para impedir las consecuencias de esas violaciones a la institucionalidad. También hemos presentado las mociones necesarias para mitigar las consecuencias negativas de los proyectos pendientes (los cuales votaremos negativamente) y evitar que excedan lo estipulado en el TLC. Señor Presidente, recuerde que cada uno de esos proyectos versa sobre asuntos estructurales sustantivos. En el pasado se cometieron severos errores, cuando se actuó a la carrera, se impidió el análisis y no se prestó atención a ciertas observaciones bien fundamentadas. Esas son lecciones aprendidas que no deben ignorarse.
Señor Presidente, le reitero, es violatorio de la institucionalidad: 1) exceder los contenidos del TLC por medio de la agenda de implementación; 2) utilizar el 208 bis del Reglamento Legislativo para abrir el monopolio de las telecomunicaciones; 3) negar información sobre decretos y reglamentos negociados con otro país y; 4) afirmar que existe un mecanismo legal que otorga derecho de certificación a Estados Unidos.
El PAC ha venido denunciando esas cuatro violaciones a la institucionalidad y ha hecho un esfuerzo para no facilitar su materialización. Hoy quiero manifestarle lo siguiente: si se respeta el ordenamiento institucional y se rectifica en relación con las cuatro irregularidades anotadas, tenga la certeza que el PAC no escatimará su tiempo para que el trabajo legislativo se desarrolle con la fluidez que requiera esta materia. Ese es mi compromiso.
Como usted sabe, en opinión de muchos costarricenses, durante la campaña previa al referéndum, se violentaron principios básicos de la democracia. La equidad en el financiamiento es uno de ellos. Se irrespetó la legislación costarricense y se crearon condiciones para que prácticamente sólo una posición tuviese financiamiento para informar a la población.
El PAC ha aceptado el resultado del referéndum. Sería poco ético que no lo hiciéramos, pues a pesar de conocer de esas ilegalidades llegamos con esperanza de que el NO ganara hasta el 7 de octubre. La voluntad popular expresada en la urna ese día fue a favor del TLC.
Lamentablemente, se sigue irrespetando la institucionalidad del país por medio de varios mecanismos que a continuación detallo. Tengo la esperanza de que en aras de mejorar el trabajo legislativo usted recapacite y atienda positivamente la propuesta que le hago al final de esta carta.
La intención de aprobar reformas que van más allá de lo exigido por el TLC, es la primera violación a la institucionalidad democrática. Esto porque para lograr apoyo para los proyectos donde se incluyen esos excesos, se recurre al voto del 7 de octubre, lo cual es una burla a los electores y, por lo tanto, a la democracia.
En segundo lugar, se está utilizando el artículo 208 bis del reglamento legislativo para romper el monopolio de las telecomunicaciones, cuando es claro que este procedimiento especial no puede emplearse para la apertura de monopolios del Estado. Esta es otra burla a la institucionalidad. De la manera más frívola y contradictoria, los defensores de la apertura, alegan que el 208 bis si se puede aplicar al rompimiento del monopolio de las telecomunicaciones, con el argumento de que ese monopolio no es monopolio, lo cual desnuda de cuerpo entero la burla a la institucionalidad.
Los métodos no deben justificar los fines y en este caso la premura (por lo demás auto infligida) no justifica olvidar que el ICE posee el monopolio de las telecomunicaciones en Costa Rica. Sería una pena que en este asunto, la Sala Constitucional, fuera una vez más puesta a prueba para dilucidar algo que era incuestionable hasta hace cuatro semanas, tanto para los que no desean la apertura, como para los que desean romper el monopolio.
En tercer lugar, ante diversas solicitudes de nuestro diputado Ronald Solís, su gobierno se ha rehusado permanentemente a informar sobre el contenido de los decretos y reglamentos que a la par de las leyes en discusión en la Asamblea Legislativa, conforman la agenda de implementación. Esto es una violación al derecho a la información, también fundamental en una democracia.
Finalmente, su gobierno reiteradamente comunica a la población la supuesta obligación de notificar a Estados Unidos sobre la agenda de implementación, y anuncia el derecho de ese país a una certificación. Por ejemplo, Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia, afirmó que para el 29 de febrero “…deberá estar lista la certificación del Gobierno de los Estados Unidos, tras haber revisado la notificación costarricense.” (La Nación, 22 de noviembre). Respetuosamente, le pregunto ¿dónde en el TLC ratificado el 7 de octubre se establece el mecanismo de la notificación a Estados Unidos y el de la certificación por ese país? La verdad es que estos procesos no están incluidos en el TLC ratificado el 7 de octubre. Para que entre en vigencia, procede que se publique la ley correspondiente y que ese documento se deposite en la OEA.
Esta invención de normas, destinadas a presionar a la Asamblea Legislativa y a impedir el debate sobre proyectos de trascendencia nacional, es también una seria violación a la institucionalidad. Es tan violatorio de la institucionalidad irrespetar leyes como inventarlas. Su gobierno está incurriendo en ambas prácticas.
En todo caso, no deja de sorprender que a pesar de insistir en el 29 de febrero como una fecha fatal, diputados que favorecen el TLC no completen el quórum a las sesiones extraordinarias que ellos mismos convocan y estén dispuestos a ir a un receso durante el final del año. El hecho de que usted voluntariamente decidiera no pedir una prórroga a los otros países miembros del TLC también es sorprendente, pues no tengo duda de que la concederían sin ningún problema.
El PAC ha estado utilizando de manera moderada las herramientas legales de que disponemos para impedir las consecuencias de esas violaciones a la institucionalidad. También hemos presentado las mociones necesarias para mitigar las consecuencias negativas de los proyectos pendientes (los cuales votaremos negativamente) y evitar que excedan lo estipulado en el TLC. Señor Presidente, recuerde que cada uno de esos proyectos versa sobre asuntos estructurales sustantivos. En el pasado se cometieron severos errores, cuando se actuó a la carrera, se impidió el análisis y no se prestó atención a ciertas observaciones bien fundamentadas. Esas son lecciones aprendidas que no deben ignorarse.
Señor Presidente, le reitero, es violatorio de la institucionalidad: 1) exceder los contenidos del TLC por medio de la agenda de implementación; 2) utilizar el 208 bis del Reglamento Legislativo para abrir el monopolio de las telecomunicaciones; 3) negar información sobre decretos y reglamentos negociados con otro país y; 4) afirmar que existe un mecanismo legal que otorga derecho de certificación a Estados Unidos.
El PAC ha venido denunciando esas cuatro violaciones a la institucionalidad y ha hecho un esfuerzo para no facilitar su materialización. Hoy quiero manifestarle lo siguiente: si se respeta el ordenamiento institucional y se rectifica en relación con las cuatro irregularidades anotadas, tenga la certeza que el PAC no escatimará su tiempo para que el trabajo legislativo se desarrolle con la fluidez que requiera esta materia. Ese es mi compromiso.
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