Carlos Fernández-Vega
Busca abrir paso al capital trasnacional a actividades constitucionalmente reservadas al Estado
A Felipe Calderón ya le gustó eso de entrar por la puerta de atrás, porque no sólo la utilizó para imponerse la banda tricolor, sino que por aquella ahora pretende “colar” al capital trasnacional en actividades constitucionalmente reservadas al Estado en materia petrolera. Nada nuevo, sin embargo, porque el michoacano se limita a seguir la muy productiva estrategia que sus ahora excelentes amigos priístas y del “cambio” aplicaron para el sector eléctrico.
Por la puerta de atrás, y de la mano de los coordinadores parlamentarios del PRI, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y un grupo de ex secretarios de Energía (Francisco Labastida –presidente de la comisión de Energía en el Senado-, Fernando Elizondo Barragán, hoy senadores de la República, y Jesús Reyes Heroles González Garza, ahora al frente de Pemex), entre otros personajes visibles, pretende modificar una serie de leyes secundarias en materia energética para que por allí se cuele, sin necesidad de cambios constitucionales, el capital privado, nacional y extranjero, al jugoso negocio del oro negro (hasta ahora) mexicano.
Acción Nacional presume que ya “amarró” el acuerdo privatizador (de “apertura”, “asociación” o “alianza” le llaman) con el partido tricolor, el mismo que en su declaración de principios tajantemente dice no a cualquier participación privada en la industria petrolera; el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, ya explicó que después de la “reforma” de seguridad y justicia (léase el Estado policíaco) vendría la energética, aunque sin tratarse, dijo, de “una privatización a ultranza; el presidente de la Comisión de energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa, precisó que serán nueve las leyes secundarias a “replantear” y el inquilino de Los Pinos instruyó a sus huestes en San Lázaro y Xicoténcatl para que voten para redondear el asunto. Y todo sin cambios constitucionales, pero como bien recuerda el ex senador Manuel Bartlet, “las privatizaciones salinistas se hicieron afirmando que se respetaba la Constitución, violándola”.
Esa es una primera línea de acción, pero es de esperarse el paso definitivo dada la terquedad del michoacano que entró por la puerta de atrás. Y es que él mismo, durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía en tiempos foxistas y como caliente precandidato presidencial panista, definió lo que a su muy trasnacional entender debe hacerse: “es necesario complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar plena certeza jurídica a la inversión (privada). Es precisamente esta última la razón de nuestra insistencia en que la reforma al sector abarque también una reforma a la Carta Magna.
“La adecuación al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre jurídica y con ello dar viabilidad al sector eléctrico sin perder el control del mismo. En esta materia, lo que buscamos es que se establezca con toda claridad, en la Constitución, que los particulares podrán generar la energía eléctrica de manera complementaria a la que generan las empresas del Estado.
“A nadie le conviene una legislación que suponga riesgos. Debemos reformar para dotar de seguridad a la inversión existente, alentar la futura y al mismo tiempo dejar en claro en el mismo texto constitucional que el servicio público de energía eléctrica será prestado de forma exclusiva por el Estado a través de las empresas públicas. Ante la resolución de la Suprema Corte donde señala que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica pudiera contener disposiciones contrarias a la Constitución, es indispensable una reforma que despeje cualquier duda sobre la lega
“Ninguna legislación secundaria podrá dar los espacios de garantía y claridad que una modificación al texto constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores. Lograr que la inversión pública y privada compartan la responsabilidad de invertir en el sector generación nos permitirá, además como gobierno federal, destinar recursos a otras áreas; vale la pena resaltar que las inversiones anuales que el sector eléctrico requiere representarían más de dos veces las erogaciones en el presupuesto para ciencia y tecnología, dos y media veces el programa de Oportunidades, tres veces o más de t
Lo anterior fue expuesto por Calderón el 17 de noviembre de 2003, durante su única comparecencia como secretario foxista de Energía en el Senado (sólo es cuestión de cambiar “sector eléctrico” por “sector petrolero”). Ya en Los Pinos intenta pasar el primer paquete por la puerta de atrás, pero es de esperar (si alguien no lo frena, porque hasta ahora es más importante la pelea por huesos y menudencias que la defensa de los intereses nacionales) que se lance por los cambios constitucionales, y en este contexto, en caso que llegue, la “izquierda moderna” (léase la pesetera…, perdón la pesetista) puede ser factor definitorio en la privatización del petróleo mexicano, o lo que es lo mismo oro por espejitos tecnológicos.
Ya tenemos la experiencia de la banca trasnacional, pero de plano no aprenden.
Las rebanadas del pastel:
“Para que vivamos mejor” (Calderón dixit) y “favorecer la economía familiar” (Sojo ídem), el siempre magnánimo régimen de la “continuidad” ha regalado a los mexicanos un aumento promedio de 35 por ciento en el primer año de estancia en Los Pinos… pero no al ingreso, sino a los precios de la canasta básica, una proporción nueve veces mayor al avance del oficial índice nacional de precios al consumidor y siete tantos por arriba del incremento que en el mismo periodo registraron los salarios manufactureros contractuales (La Jornada). Lamentablemente los precios se mantienen al alza, porque el año aún no concluye, en espera del gasolinazo de enero. Qué bueno que todo es “para que vivamos mejor”, como prometía el michoacano en campaña.
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