Por Ivan H.
Se acerca el fin de año y con esto los cambios. Y si de cambios se trata, esta semana tenemos de todo: la salida de Ugalde del IFE, posibles migraciones por cambios climáticos, la realidad del gasolinazo, pero lo que ha llamado la atención es la reforma en materia judicial que el Congreso de la Unión ha aprobado.
Con una mayoría (a partir de la fuerza política del PRI y el PAN) de 366 votos (dentro de los cuales también están considerados miembros del PRD), 52 en contra y 8 abstenciones, se aprobó el dictamen de reforma, que básicamente cambia algunas cuestiones que tienen que ver con los delitos de delincuencia organizada o delitos que se comenten en flagrancia. De este modo, las autoridades correspondientes, el Ministerio Público y los cuerpos policíacos podrán llevar a cabo allanamientos y cateo de domicilios sin necesidad de una orden judicial, así como detenciones sin órdenes de aprehensión.
Hasta aquí todo suena bien, sobre todo pensando que en apariencia, lo que se busca es lograr atacar de forma más eficaz y eficiente las células delictivas que golpean fuertemente a nuestro país, pero (siempre hay un pero cuando de reformas se trata), la cuestión fundamental se encuentra en la violación constitucional de los derechos y garantías individuales. Esto porque no faltará que, bajo pretexto de ‘sospechosismo’, algunas autoridades lleven a cabo el uso innecesario de la fuerza pública y violenten los hogares de personas que no necesariamente tienen nada que ver con delitos. Está más que probado que en nuestro país los verdaderos ladrones, delincuentes, bandidos y malhechores son los que más protegidos están por la ley. Y para muestra, muchos botones, como lo son los casos de personas que por tomar un pan para comer, son arrestadas y encarceladas, mientras que los grandes delincuentes de cuello blanco se encuentran disfrutando de la vida en lugares paradisíacos en diversos lugares de México y el mundo.
Es necesario que los legisladores evalúen estas reformas con gran profundidad, puesto que se está atacando el derecho de los ciudadanos, y es que, al parecer, este tipo de modificaciones están siendo apoyadas para favorecer el estado militarizado y con exceso de fuerza que Feli-pillo Calderón anda buscando. Pero, ¿a qué le teme? ¿Qué busca con el uso de la fuerza? Este es en verdad un llamado a la ciudadanía para evitar que se sigan violentando nuestros derechos, para evitar que un gobierno espurio se levante con la bandera de la fuerza innecesaria e intente atacar lo poco que los gobiernos nos han dejado: la “libertad” de estar tranquilos en nuestros propios hogares.
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