Por: Teodoro Rentería Arróyave
Acostumbrados como estamos a las descalificaciones generalizadas, cuyos autores, cobardes, jamás aportan los nombres a quienes dirigen sus insultos y demás agravios, no es de extrañar que tanto la Arquidiócesis de México como el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña avalen, y la primera haga suyas los señalamientos del muy “paternal y amoroso” padre de la iglesia capitalina y gerente de la Catedral, el “ilustrísimo”, cardenal arzobispo primado Norberto Rivera Carrera en contra de los periodistas y sus medios.
En su amargura infinita, por ser señalado entre otros milagritos que se le atribuyen, encubridor de sacerdotes, como es del conocimiento público, lanzó su tierna encíclica personal sobre la “existencia de prostitutas y prostitutos en los medios de comunicación”, seguramente como un canto gregoriano modernizado de amor y paz en estas navidades del agonizante 2007 y para el nuevo 2008.
El comunicado no deja lugar a dudas o a interpretaciones, es directo y fiel a la palabra jerárquica: “Reafirma la Arquidiócesis de México la declaración que hiciera el cardenal Norberto Rivera Carrera en torno a que existen prostitutas y prostitutos en los medios de comunicación”.
En el mismo documento se refiere una sui géneris aclaración que reafirma nuestra apreciación de la cobardía inherente. Primero, niega que el prelado en sus declaraciones haya generalizado, y luego aclara textual, que se refirió a algunos casos específicos, aunque, y ahí aterriza la pavura, rechaza dar los nombres de los recipiendarios de sus ex abruptos.
Ahora, revisemos el sermón de Bucareli. El que se supone encargado de la política interior y por consecuencia responsable de las organizaciones religiosas y de que los clérigos cumplan las disposiciones de las leyes laicas que nos rigen, el rígido secretario, Francisco Ramírez Acuña, pide, exhorta “ser tolerantes a las acusaciones del cardenal Norberto Rivera Carrera”.
El derecho reconoce el principio básico de la igualdad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, algo que las autoridades mexicanas, salvo honrosísimas excepciones, desconocen, no entienden o con todo conocimiento violan constantemente.
La doctora argentina en Filosofía del Derecho, Lucíana Alvarez, al referirse a estos temas de gran trascendencia, escribió en la Revista Telemática de Filosofía del Derecho: Asumiendo que, en alguna medida el término de nación sugiere algún tipo de homogeneidad de valores, costumbres, lengua, pasado, u otros, entre los hombres que habitan un territorio determinado, ello importaría en principio asumir, además, y siempre y de acuerdo con el paradigma de derecho moderno, una homogeneidad de normas de derecho traducida en el principio de igualdad jurídica.
El abogado mexicano, Jorge Franco Jiménez, siempre refiere que “El principio de igualdad o equidad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igual situación de hechos deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno.
Entonces cabe el aserto: Sí el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, para evitar confrontaciones, invita a los periodistas a ser tolerantes a las acusaciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, por qué no en la igualdad jurídica que garantiza nuestra constitución, exige tolerancia y sobre todo acato a nuestras leyes al purpurado de la intolerancia, la recriminación y la majadería. Eso no puede darse, porque se imponen los avaladores de los agravios.
Acostumbrados como estamos a las descalificaciones generalizadas, cuyos autores, cobardes, jamás aportan los nombres a quienes dirigen sus insultos y demás agravios, no es de extrañar que tanto la Arquidiócesis de México como el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña avalen, y la primera haga suyas los señalamientos del muy “paternal y amoroso” padre de la iglesia capitalina y gerente de la Catedral, el “ilustrísimo”, cardenal arzobispo primado Norberto Rivera Carrera en contra de los periodistas y sus medios.
En su amargura infinita, por ser señalado entre otros milagritos que se le atribuyen, encubridor de sacerdotes, como es del conocimiento público, lanzó su tierna encíclica personal sobre la “existencia de prostitutas y prostitutos en los medios de comunicación”, seguramente como un canto gregoriano modernizado de amor y paz en estas navidades del agonizante 2007 y para el nuevo 2008.
El comunicado no deja lugar a dudas o a interpretaciones, es directo y fiel a la palabra jerárquica: “Reafirma la Arquidiócesis de México la declaración que hiciera el cardenal Norberto Rivera Carrera en torno a que existen prostitutas y prostitutos en los medios de comunicación”.
En el mismo documento se refiere una sui géneris aclaración que reafirma nuestra apreciación de la cobardía inherente. Primero, niega que el prelado en sus declaraciones haya generalizado, y luego aclara textual, que se refirió a algunos casos específicos, aunque, y ahí aterriza la pavura, rechaza dar los nombres de los recipiendarios de sus ex abruptos.
Ahora, revisemos el sermón de Bucareli. El que se supone encargado de la política interior y por consecuencia responsable de las organizaciones religiosas y de que los clérigos cumplan las disposiciones de las leyes laicas que nos rigen, el rígido secretario, Francisco Ramírez Acuña, pide, exhorta “ser tolerantes a las acusaciones del cardenal Norberto Rivera Carrera”.
El derecho reconoce el principio básico de la igualdad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, algo que las autoridades mexicanas, salvo honrosísimas excepciones, desconocen, no entienden o con todo conocimiento violan constantemente.
La doctora argentina en Filosofía del Derecho, Lucíana Alvarez, al referirse a estos temas de gran trascendencia, escribió en la Revista Telemática de Filosofía del Derecho: Asumiendo que, en alguna medida el término de nación sugiere algún tipo de homogeneidad de valores, costumbres, lengua, pasado, u otros, entre los hombres que habitan un territorio determinado, ello importaría en principio asumir, además, y siempre y de acuerdo con el paradigma de derecho moderno, una homogeneidad de normas de derecho traducida en el principio de igualdad jurídica.
El abogado mexicano, Jorge Franco Jiménez, siempre refiere que “El principio de igualdad o equidad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igual situación de hechos deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno.
Entonces cabe el aserto: Sí el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, para evitar confrontaciones, invita a los periodistas a ser tolerantes a las acusaciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, por qué no en la igualdad jurídica que garantiza nuestra constitución, exige tolerancia y sobre todo acato a nuestras leyes al purpurado de la intolerancia, la recriminación y la majadería. Eso no puede darse, porque se imponen los avaladores de los agravios.
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