Laura Itzel Castillo
El Consejo de Defensa de la Vivienda ha asesorado jurídicamente a deudores de Infonavit desde hace un año, y ha presentado en cinco estados (DF, México, Puebla, Quintana Roo y Coahuila) más de 25 amparos contra la dependencia. Ésta, por su parte, ha negado sistemáticamente en los amparos la venta de cartera vencida a trasnacionales, pero el hecho está sólidamente probado. El asunto está hoy en manos del Poder Judicial y en semanas o quizá días, habrá noticias.
En el CDV esperamos una resolución favorable a los trabajadores, no sólo porque tienen la razón, sino también porque sería terrible para su propia legitimidad, que la Suprema Corte de Justicia avalara la ilegalidad, después de fallar a favor de la constitucionalidad de la ley para la interrupción del embarazo, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al interior del Poder Judicial existen dos posturas contrapuestas, pero esperamos que el intenso cabildeo de Infonavit no venza las convicciones de quienes tienen en sus manos la sentencia.
A la fecha se han ganado cuatro conflictos competenciales ante igual número de tribunales colegiados administrativos y un recurso de revisión. Próximamente se resolverán dos amparos más en el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del DF.
Hagamos memoria: el derecho a la vivienda es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna. Sin embargo, Infonavit violó este precepto al rematar a dos empresas trasnacionales (Capmark y Scrap II) más de 50 mil créditos (viviendas) en 20 mil pesos cada una, sin siquiera avisarles a sus ocupantes.
Eso no es todo: los derechohabientes que han perdido su empleo son hostigados por despachos jurídicos contratados por las empresas trasnacionales “propietarias” de su vivienda. Amenazas telefónicas, visitas domiciliarias y presiones extrajudiciales forman parte de la estrategia para “buscar una solución”, que consiste en cobrarles al menos 10 veces más de lo que un patrón les podría descontar de acuerdo a la ley. Con ello se está violando flagrantemente el contrato original. Estos despachos exigen, además, el doble o el triple del valor real de las casas, sin considerar los pagos que el deudor realizó antes de perder su empleo.
Que quede claro: en el CDV no promovemos la cultura del no pago, pero combatimos sin matices la usura y la corrupción. Nuestra postura es que se debe de pagar, pero solamente lo justo.
Como bien dicen los amparos, elaborados por el abogado René Sánchez Galindo, el derechohabiente sólo está obligado a acatar las leyes aprobadas por los representantes populares, pero no los procedimientos que establezca una empresa privada o particular, a partir de un contrato firmado con Infonavit, en ejecución de un acuerdo del Consejo de Administración que pretende convertirse en ley.
El Consejo de Defensa de la Vivienda ha asesorado jurídicamente a deudores de Infonavit desde hace un año, y ha presentado en cinco estados (DF, México, Puebla, Quintana Roo y Coahuila) más de 25 amparos contra la dependencia. Ésta, por su parte, ha negado sistemáticamente en los amparos la venta de cartera vencida a trasnacionales, pero el hecho está sólidamente probado. El asunto está hoy en manos del Poder Judicial y en semanas o quizá días, habrá noticias.
En el CDV esperamos una resolución favorable a los trabajadores, no sólo porque tienen la razón, sino también porque sería terrible para su propia legitimidad, que la Suprema Corte de Justicia avalara la ilegalidad, después de fallar a favor de la constitucionalidad de la ley para la interrupción del embarazo, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Al interior del Poder Judicial existen dos posturas contrapuestas, pero esperamos que el intenso cabildeo de Infonavit no venza las convicciones de quienes tienen en sus manos la sentencia.
A la fecha se han ganado cuatro conflictos competenciales ante igual número de tribunales colegiados administrativos y un recurso de revisión. Próximamente se resolverán dos amparos más en el octavo tribunal colegiado en materia administrativa del DF.
Hagamos memoria: el derecho a la vivienda es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna. Sin embargo, Infonavit violó este precepto al rematar a dos empresas trasnacionales (Capmark y Scrap II) más de 50 mil créditos (viviendas) en 20 mil pesos cada una, sin siquiera avisarles a sus ocupantes.
Eso no es todo: los derechohabientes que han perdido su empleo son hostigados por despachos jurídicos contratados por las empresas trasnacionales “propietarias” de su vivienda. Amenazas telefónicas, visitas domiciliarias y presiones extrajudiciales forman parte de la estrategia para “buscar una solución”, que consiste en cobrarles al menos 10 veces más de lo que un patrón les podría descontar de acuerdo a la ley. Con ello se está violando flagrantemente el contrato original. Estos despachos exigen, además, el doble o el triple del valor real de las casas, sin considerar los pagos que el deudor realizó antes de perder su empleo.
Que quede claro: en el CDV no promovemos la cultura del no pago, pero combatimos sin matices la usura y la corrupción. Nuestra postura es que se debe de pagar, pero solamente lo justo.
Como bien dicen los amparos, elaborados por el abogado René Sánchez Galindo, el derechohabiente sólo está obligado a acatar las leyes aprobadas por los representantes populares, pero no los procedimientos que establezca una empresa privada o particular, a partir de un contrato firmado con Infonavit, en ejecución de un acuerdo del Consejo de Administración que pretende convertirse en ley.
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