Por Roberto Rock
La administración Calderón y una larga lista de gobiernos locales, incluso de su propio partido, están en ruta de colisión por la crisis en la inseguridad pública. Los señalamientos mutuos son cada vez más públicos y ásperos.
En charlas privadas, el presidente Calderón se queja cada vez más, y más amargamente, de los gobernadores. Lo menos que dice de ellos es que se lavan las manos en el tema del narcotráfico, y que transfieren al gobierno federal la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar sucesos que ocurren en sus entidades; en muchos casos, con la complicidad de policías y otros servidores públicos locales.
El asunto se agudizó luego de que 26 mandatarios reunidos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pronunciaron en contra de una iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que frenará su envío al Congreso. De ser aprobada, esta propuesta depositaría en la secretaría federal del ramo, a cargo de Genaro García Luna, un poder jamás visto en manos policiales, cuyas atribuciones —como la de conducir sus propias pesquisas— le darían virtual autonomía sobre el Ministerio Público y obligarían a redefinir el concepto mismo de soberanía de los estados miembros de la Federación.
En este contexto, empiezan a surgir voces como la del gobernador priísta de Nuevo León, Natividad González Parás, quien en declaraciones a este diario condenó que el gobierno de Calderón muestre lenta capacidad de respuesta ante el avance de la violencia, lo que, dijo, ha agudizado el problema en los años recientes.
El problema es que para tener la lengua larga hay que mostrar una cola corta. Porque González Parás es ubicado como uno de los gobernantes más tolerantes con el avance del crimen organizado en su estado.
Las inquietudes al respecto estallaron en junio de 2007, cuando fue asesinado el diputado local Mario Ríos, un personaje al que se le atribuyeron por años ligas con el narcotráfico, lo que nunca obstó para que entre sus promotores figuraran el dirigente priísta Roberto Madrazo y Pablo César González, quien aparece en el organigrama estatal como “coordinador de la Secretaría Particular y de Agenda” de González Parás. Los señalamientos han ido más allá, al grado de rozar al hermano del gobernador, Luis González Parás, cuya operación política es tema público.
En otro bloque de gobernadores se hallan aquellos que son conscientes de la complicidad entre sus fuerzas policiales y las mafias, y que se presentan como víctimas de esta situación. Se trata de mandatarios que hacen el camino de Santiago hasta Los Pinos, en busca de ayuda, la cual en muchas ocasiones no llega.
Un gobernador panista se ha quejado de que en tres diversas ocasiones ha pedido audiencia al presidente Calderón para clamar por un mayor despliegue de fuerzas federales y militares en su estado. Lo más que ha logrado es que lo reciba el secretario particular, César Nava, quien no ha podido hacer mucho más que mostrarle su solidaridad moral.
Con un poco de mejor suerte corrió el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, a quien le restan dos años en el cargo, pero ha expresado que se siente rehén de su propia policía. La semana pasada la policía federal y el Ejército iniciaron una limpia de policías municipales en el estado, que en su mayoría son controladas por mafias que se han ido asentando en esta entidad otrora tranquila, sin que la autoridad sea capaz de hacer nada para detener este proceso.
Y si la infiltración del crimen es seria en las policías estatales, resulta abrumadora en el ámbito de los cuerpos de seguridad municipales, que bien pueden convertirse en el verdadero punto débil de toda la estrategia nacional de seguridad.
Revise usted si no las declaraciones del alcalde priísta en el municipio residencial mexiquense de Huixquilucan, Adrián Fuentes, quien niega las implicaciones que para su comuna supone el que un número sustantivo de los ejecutados hallados en los parajes de La Marquesa fueran originalmente secuestrados en esa demarcación.
Esta confrontación entre el gobierno federal y las regiones no ofrece señal alguna de disminuir, sino todo lo contrario. Sin duda hay ahí un ámbito en el que los llamados a la unidad deberían tomar cuerpo de inmediato.
El Universal, 22 September 2008
La administración Calderón y una larga lista de gobiernos locales, incluso de su propio partido, están en ruta de colisión por la crisis en la inseguridad pública. Los señalamientos mutuos son cada vez más públicos y ásperos.
En charlas privadas, el presidente Calderón se queja cada vez más, y más amargamente, de los gobernadores. Lo menos que dice de ellos es que se lavan las manos en el tema del narcotráfico, y que transfieren al gobierno federal la responsabilidad de investigar, perseguir y castigar sucesos que ocurren en sus entidades; en muchos casos, con la complicidad de policías y otros servidores públicos locales.
El asunto se agudizó luego de que 26 mandatarios reunidos en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pronunciaron en contra de una iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que frenará su envío al Congreso. De ser aprobada, esta propuesta depositaría en la secretaría federal del ramo, a cargo de Genaro García Luna, un poder jamás visto en manos policiales, cuyas atribuciones —como la de conducir sus propias pesquisas— le darían virtual autonomía sobre el Ministerio Público y obligarían a redefinir el concepto mismo de soberanía de los estados miembros de la Federación.
En este contexto, empiezan a surgir voces como la del gobernador priísta de Nuevo León, Natividad González Parás, quien en declaraciones a este diario condenó que el gobierno de Calderón muestre lenta capacidad de respuesta ante el avance de la violencia, lo que, dijo, ha agudizado el problema en los años recientes.
El problema es que para tener la lengua larga hay que mostrar una cola corta. Porque González Parás es ubicado como uno de los gobernantes más tolerantes con el avance del crimen organizado en su estado.
Las inquietudes al respecto estallaron en junio de 2007, cuando fue asesinado el diputado local Mario Ríos, un personaje al que se le atribuyeron por años ligas con el narcotráfico, lo que nunca obstó para que entre sus promotores figuraran el dirigente priísta Roberto Madrazo y Pablo César González, quien aparece en el organigrama estatal como “coordinador de la Secretaría Particular y de Agenda” de González Parás. Los señalamientos han ido más allá, al grado de rozar al hermano del gobernador, Luis González Parás, cuya operación política es tema público.
En otro bloque de gobernadores se hallan aquellos que son conscientes de la complicidad entre sus fuerzas policiales y las mafias, y que se presentan como víctimas de esta situación. Se trata de mandatarios que hacen el camino de Santiago hasta Los Pinos, en busca de ayuda, la cual en muchas ocasiones no llega.
Un gobernador panista se ha quejado de que en tres diversas ocasiones ha pedido audiencia al presidente Calderón para clamar por un mayor despliegue de fuerzas federales y militares en su estado. Lo más que ha logrado es que lo reciba el secretario particular, César Nava, quien no ha podido hacer mucho más que mostrarle su solidaridad moral.
Con un poco de mejor suerte corrió el gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, a quien le restan dos años en el cargo, pero ha expresado que se siente rehén de su propia policía. La semana pasada la policía federal y el Ejército iniciaron una limpia de policías municipales en el estado, que en su mayoría son controladas por mafias que se han ido asentando en esta entidad otrora tranquila, sin que la autoridad sea capaz de hacer nada para detener este proceso.
Y si la infiltración del crimen es seria en las policías estatales, resulta abrumadora en el ámbito de los cuerpos de seguridad municipales, que bien pueden convertirse en el verdadero punto débil de toda la estrategia nacional de seguridad.
Revise usted si no las declaraciones del alcalde priísta en el municipio residencial mexiquense de Huixquilucan, Adrián Fuentes, quien niega las implicaciones que para su comuna supone el que un número sustantivo de los ejecutados hallados en los parajes de La Marquesa fueran originalmente secuestrados en esa demarcación.
Esta confrontación entre el gobierno federal y las regiones no ofrece señal alguna de disminuir, sino todo lo contrario. Sin duda hay ahí un ámbito en el que los llamados a la unidad deberían tomar cuerpo de inmediato.
El Universal, 22 September 2008
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