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En una ceremonia para la suscripción de contratos petroleros, Morales invitó a esas conversaciones en calidad de observadores a representantes de las iglesias Católica, Metodista y Evangélica.
El mandatario precisó que envió cartas a las autoridades de esos territorios y adelantó que las pláticas serían a puertas cerradas y durante el tiempo que consideren necesario.
Morales cuestionó los falsos argumentos conque el prefecto tarijeño, Mario Cossío, vocero del Consejo Nacional Democrático (CONADE), trasmitió el procedimiento para aprobar la víspera ese acuerdo de reiniciar el diálogo.
También estimó que la máxima representación de la Iglesia católica, el cardenal Julio Terrazas, respaldó las acciones incongruentes de la oposición.
En ese sentido, reveló que los prefectos adversarios al cambio presentaron un show mediático al llevar a los informativos un documento solo firmado por ellos, cuando el realidad el Ejecutivo fue el primero en suscribir ese texto sobre la reconciliación nacional.
Las conversaciones gobierno-CONADE culminaron la víspera con la elaboración de un informe que sienta las bases para el inicio oficial de un proceso negociador entre ambas partes.
Tras la rúbrica del convenio por parte de Cossío, en nombre de los territorios de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, consideró que la aprobación de esa propuesta es un triunfo del clamor popular.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Álvaro García, convocó a los prefectos a adherirse a esa resolución para devolver al pais esperanza y tranquilidad.
García precisó que la idea desarrollada es crear tres mesas de negociación referidas a los ejes del conflicto: la devolución del Impuesto Directo de Hidrocarburos, las autonomías y la nueva Constitución.
Cossío destacó que el texto es resultado de las conversaciones sostenidas durante varios días con el gobierno.
Opinó que el convenio permitirá lograr la pacificación en el país, al tiempo que anunció el levantamiento de los bloqueos de caminos y la reinstauración al Estado del control de las entidades públicas tomadas en los últimos días.
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