Mafia en Tonalá

Por: Miguel Ángel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA

El martes fue detenido –o se entregó— Jorge Vizcarra Mayorga, el suspendido alcalde panista de Tonalá, Jalisco. Se hallaba en Los Ángeles, prófugo de la justicia desde diciembre pasado, pues se le acusa de homicidio y delincuencia organizada. Duró menos de un año al frente del ayuntamiento de aquel municipio conurbado al de Guadalajara, lapso en que se hizo manifiesta la presencia de una mafia delincuencial protegida desde el palacio municipal.

Vizcarra estaba perseguido, y ahora será procesado, por el asesinato de su compadre Carlos Romo Guízar, director de mejoramiento urbano del municipio, ocurrido en abril del año pasado. También está implicado en el crimen Ricardo Sigala, ex dirigente municipal del PAN y secretario del ayuntamiento de Tonalá, a quien el alcalde concedió permiso en septiembre pasado, pretextando razones de salud, con lo que en realidad facilitó su fuga, que concluyó con su detención en abril pasado. (Sigala había sido despedido de un cargo de inspección en el municipio de Zapopan, señalado como extorsionador aunque sólo fue cesado y no sometido a juicio).

Todavía está prófugo Miguel Magaña Orozco, ex director municipal de Policía, acusado también de ese homicidio.

La víctima, Romo Guízar, tenía antecedentes penales que no obstruyeron su designación por el alcalde que, presuntamente, lo mandaría matar, al parecer por desavenencias en el manejo de negocios ilícitos (casinos clandestinos, máquinas tragamonedas y narcomenudeo) dirigidos por Vizcarra y Sigala. Romo Guizar, ultimado de siete balazos a la salida de su casa, había estado en la cárcel cinco veces entre agosto de 1981 y octubre de 2000, por robo, abuso de confianza, robo calificado y fraude.

La historia delincuencial de Romo Guízar fue facilitada por la Procuraduría de justicia de Jalisco, que al avanzar en sus indagaciones solicitó y obtuvo el desafuero de Vizcarra quien, destituido por el Congreso local en diciembre pasado, desapareció desde entonces. Vizcarra había atribuido la difusión de los antecedentes penales de su compadre y luego víctima a animosidad política del gobernador Emilio González Márquez.

Hay ciertamente un conflicto interno en el PAN jalisciense, no sólo entre los grupos de centro y de derecha que por largo tiempo coexistieron en ese partido, sino entre recién llegados a quienes impulsa el ejercicio mercenario del poder y la fracción que quisiera ver que su largo antagonismo con el PRI no ha concluido con la mimesis panista al partido antaño en el poder.

Desde que en 1995 Acción Nacional ganó la gubernatura, su dominio electoral no ha cesado de crecer. No sólo ha mantenido el Gobierno Estatal a lo largo ya de tres periodos, sino que controla la legislatura local con veinte de las cuarenta curules (el PRI que es la segunda fuerza llega apenas a 12). Y el poderío albiazul se extiende ya a 46 de los 63 municipios. En el ámbito federal su hegemonía es aún más vigorosa: el año pasado, como antes ya había ocurrido, desbancó por completo al resto de los partidos en la contienda por las diputaciones y miembros suyos son los senadores por mayoría.

No son escasos los ejemplos de funcionarios municipales abusivos o abiertamente corruptos. Un alcalde de Zapopan, Daniel Ituarte Reynaud renunció a su cargo en 1996 antes que enfrentar una averiguación formal por favorecer negocios de su parentela. Otro de Guadalajara, Fernando Garza Martínez, posteriormente funcionario federal en la Sagarpa, protagonizó escándalos de corrupción que preocuparon al cardenal Juan Sandoval, quien se confesó panista (o deslizó su afinidad con ese partido) al escribir en el órgano de difusión del arzobispado tapatío: “la verdad es que no me gusta, a mí no me gusta el espectáculo que estamos dando, los pleitos públicos, lo que está sucediendo en algunos municipios”. Estimó, sin embargo, en aquella oportunidad, que “se está a tiempo de enderezar el camino, antes de devaluar más la imagen del partido de cara a los próximos comicios”.

Desde que en 1994 la corriente de derecha (de ultraderecha en realidad) desbancó a la que más cercana al centro, seguidora de las enseñanzas del primer panista tapatío, Efraín González Luna, había controlado ese partido en Jalisco, hay una tensión viva entre esas fracciones. La situación se agudizó con el retorno del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña después de su despido de la secretaría de Gobernación. Dos de sus adeptos, Eduardo Rosales y Jorge Salinas ejercen una suerte de oposición interna ante el gobernador Emilio González Márquez, aquél desde la presidencia estatal del partido, éste desde el Congreso local. Practican ahora una suerte de revancha contra el Ejecutivo local, que como líder del partido hace seis años encabezó una campaña para que los gobernantes surgidos del PAN redujeran sus percepciones, ciertamente abultadas, en mayor medida aún que las disfrutadas durante largo tiempo por los gobernantes priistas.

González Márquez y Ramírez Acuña se preparan desde ahora para influir en la composición de la planilla panista para la elección legislativa de 2009. Como ha ocurrido con diferencias entre Rosales y el gobernador, en esa próxima querella deberá intervenir como árbitro el comité nacional. Hasta hace poco, Ramírez Acuña hubiera estado en ventaja si Germán Martínez interviniera en el conflicto que se avizora, pero el corrimiento a la derecha del líder nacional panista y la inclusión de González Márquez en su comité conduce ahora a un pronóstico contrario.