jorge carrasco araizaga Contrario a lo que el gobierno de Felipe Calderón pretende presentar como la “Iniciativa Mérida”, fue el Congreso de Estados Unidos el que desde enero de este año concibió un plan antinarco para México.
Desde los primeros días de este 2007, el 17 de enero, el representante (diputado) demócrata por Texas, Henry Cuéllar, presentó en su nombre y en el de Silvestre Reyes, nada menos que presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, la iniciativa que sirvió de base a la negociación.
El plan original consideraba recursos anuales por 170 millones de dólares entre 2008 y 2012; es decir, 850 millones en total, y no los mil 400 millones que el presidente George Bush ahora busca en su Congreso para los próximos tres años.
El propio Silvestre fue quien en junio pasado reveló lo que desde entonces se conoció como el Plan México, en referencia al Plan Colombia.
Por las implicaciones intervencionistas de ese plan en el país sudamericano, que incluye la presencia de militares estadunidenses, el gobierno de Calderón Hinojosa se apresuró en marcar una distancia respecto de los alcances de los planes estadunidenses hacia México.
Sin embargo, nada ha informado sobre el componente militar del Plan México, salvo lo filtrado sobre la entrega de helicópteros.
Llamar ahora “Iniciativa Mérida” no es más que una manipulación, pues lo que Bush y Calderón hicieron en la capital yucateca, cuando se reunieron por primera vez como presidentes en marzo pasado, no fue otra cosa que acordar el inicio de las negociaciones del plan concebido en el Congreso estadunidense.
El rebautizo de la iniciativa se quedó corto ante los desatinos posteriores del gobierno de Calderón, al dar a conocer el acuerdo alcanzado con la administración Bush. El más grave de ellos fue el intento de negar lo innegable.
El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, uno de los principales negociadores del acuerdo, confirmó lo que el propio Pentágono había adelantado: que el gobierno calderonista había comprometido 7 mil millones de dólares a la iniciativa.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, se desmarcó de inmediato para no explicar de dónde saldrá ese dinero. Mucho menos la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, atinó a responder en el Senado.
Pero ya no sólo en los recursos, sino en el contenido de todo el plan es lo que Calderón y sus funcionarios se niegan a informar, de manera que en México se desconoce lo que Bush ya solicitó al Congreso que se apruebe en relación con el país.
El plan original, que no preveía fondos por parte de México, aparece en la iniciativa presentada a la Cámara de Representantes bajo el nombre de “Acta 2007 de la Alianza Vecino Próspero y Seguro”, y enmienda el Acta de Asistencia Extranjera de 1961.
Como justificación, los congresistas se refirieron al “alarmante crecimiento de violencia relacionada con las drogas en la frontera común, lo que ha hecho más difícil para los estadunidenses vivir en las comunidades fronterizas”.
Recordaron que en 2006, el director de Inteligencia Nacional y exembajador en nuestro país, John Dimitri Negroponte, declaró a México ante el Comité de Inteligencia del Senado como un país de preocupación para Estados Unidos debido a la capacidad de los narcotraficantes de debilitar la autoridad del Estado.
Como vecino y nuestro segundo socio comercial, decía la propuesta de ley, México merece el apoyo de Estados Unidos para mejorar su seguridad y promover el desarrollo económico.
Parte de lo acordado entre Bush y Calderón, según la información general ofrecida por el gobierno mexicano, estaba ya establecida desde enero en esa iniciativa de ley.
La propuesta tenía cinco puntos: profesionalizar al personal de la PGR y SSP para un “combate más efectivo” contra las drogas, en coordinación con Estados Unidos; entrega de tecnología; capacitación de jueces y magistrados; mayor vigilancia a los funcionarios mexicanos que trabajan con Estados Unidos, y financiamiento para el desarrollo social en las comunidades más pobres.
Y, en una suerte de certificación de la operación del plan, esa iniciativa establecía que el Ejecutivo estadounidense tendría que enviar un reporte anual de evaluación, además de proponer nuevas estrategias para reducir la entrada de drogas desde México.
Debido a la petición de los millonarios recursos, que llegarán a México en forma de equipo, es muy seguro que este requerimiento se haya mantenido.
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