Desde hace cuatro años, trabajadores de Perforadora Central denunciaron la carencia de equipo de seguridad básico para la realización de sus labores y, ante la nula respuesta de las autoridades y la empresa, buscaron integrar un sindicato.Meses después lograron una votación para que los trabajadores determinaran a qué sindicato deseaban afiliarse, pero en medio de hostigamientos, el grupo de promotores de la sindicalización fue despedido.
Ahora, tras la tragedia en la plataforma Usumacinta, ex trabajadores se unen a quienes exigen una investigación de los hechos pero, sobre todo, trato humano para los cerca de 10 mil empleados al servicio de las contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Diputados del PRD, en tanto, anunciaron que el martes solicitarán la “inmediata” comparecencia de los titulares del Trabajo, Energía y Pemex, entre otros funcionarios federales, para que expliquen lo que –según este grupo parlamentario, ex trabajadores de Perforadora Central e ingenieros petroleros– es un “homicidio industrial”, es decir, un accidente de trabajo provocado por negligencia, omisiones, e irresponsabilidad, tanto de las autoridades como de los propietarios de las empresas privadas que arrendan y prestan servicios en las plataformas marítimas.
Pemex debió suspender los trabajos, “sin embargo prefirió continuar con una maniobra defectuosa y fuera de la norma, a sabiendas que colocaba a los trabajadores en condiciones de riesgo”, dijo José Antonio Almazán, secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Alfredo Hernández, coordinador del Comité Nacional de Energía, integrado por profesionales de los sectores petrolero, eléctrico y nuclear, expresó: “se trata de un gremio de 10 mil personas que no existe para Pemex ni para la Secretaría del Trabajo. Las condiciones de sobrexplotación, documentadas desde 2003, son graves”.
En conferencia de prensa conjunta, Mauricio Pardo Jiménez, quien en 2003 perteneció al grupo de trabajadores de Perforadora Central (luego de una antigüedad de 14 años en esa compañía) que buscaba la sindicalización real, dio su testimonio acerca de los hechos en la sonda de Campeche, donde 86 trabajadores fueron evacuados “tardíamente” el martes pasado, 63 rescatados con vida, 22 fallecieron y uno sigue desaparecido.
Pardo dijo que existe un “contubernio” entre las empresas contratistas y directivos de Pemex, al grado de “olvidar” a los trabajadores en plataformas.
“El 6 de noviembre de 2003 nos manifestamos mediante una organización; denunciamos las anomalías e injusticias que padecían los trabajadores. Recalcábamos, entonces, la inseguridad en que laboraban los trabajadores.
“Ellos daban mayor atención a sus intereses económicos. En una ocasión –cuando azotó el huracán Roxana– pasamos más de 15 días en una plataforma, incluso sin alimentos a bordo. En ese año, por todas esas causas, tuvimos una entrevista con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, a quien se le solicitó integrar una comisión para inspeccionar las instalaciones de las plataformas. Nuestras peticiones no fueron escuchadas.
“Hoy hay un accidente que deja enlutadas 22 familias. Si estos señores hubieran tenido el interés para proteger a la clase trabajadora, esto no hubiera sucedido”, dijo Pardo Jiménez.
El Comité Nacional de Energía –encabezado por Alfredo Hernández, ingeniero químico petrolero– comentó que sólo en un recuento de información periodística reportan, en lo que va del año, al menos 11 decesos de trabajadores en las áreas de exploración y explotación de Pemex. Ahora se suma a la lista la tragedia provocada por la plataforma Usumacinta de la compañía Perforadora Central.
Según el diagnóstico de los especialistas “no se actuó conforme se presentaba el desnivel de la plataforma más allá de los rangos permitidos y, ante la fuga, los trabajadores tuvieron que afrontar un ambiente contaminado de gas sulfhídrico, altamente mortal. A ello se suma que el personal padeció la última adversidad: utilizar equipo de salvamento en mal estado”.
El Comité Nacional de Energía exigió castigo a los responsables ante la “falta de decisión” para un desalojo oportuno en la plataforma y que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados coadyuve en la investigación acerca de las condiciones de seguridad y laborales en plataforma Usumacinta.
(Fuente: La Jornada)
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