Por: Angélica de la Peña (CIMAC)Hay un refrán que dice que todo pasa de moda. Sobre todo cuando llega otra cosa que se sobrepone a la anterior. De tal forma que quienes han auspiciado la asesoría jurídica al señor cardenal Norberto Rivera deben estar esperando que venga alguna noticia o hecho que tienda una cortina de humo sobre la acusación de que el señor cardenal protegió, encubrió y promovió su transferencia a Los Angeles, California, de un sacerdote pederasta.
Conviene recordar brevemente en que se basa esta acusación. En la época en que el señor Rivera era obispo de Tehuacán, Puebla, a finales de los 80, un sacerdote de nombre Nicolás Aguilar fue acusado de haber violado a alrededor de 60 niños de la Sierra Negra de Puebla, entre las acusaciones que se le hacen llama la atención que ante las denuncias, el propio Rivera habló con las víctimas para pedirles que perdonaran al padre Aguilar.
Se menciona que le prestó toda su protección y promovió su traslado a la ciudad de Los Angeles donde, como es de esperarse de este tipo de delincuentes, perpetuó hechos de pederastia contra niños de aquella ciudad.
Estos hechos han sido publicados en todos los medios de comunicación porque se acusa al hoy cardenal, de complicidad y retención de pruebas, además de propiciar un traslado totalmente irregular.
El señor cardenal ha podido eludir la justicia norteamericana, ya que el martes pasado un juez de Los Angeles ha desestimado la demanda contra el cardenal para que fuese juzgado por estas omisiones en EEUU, aunque quien ha interpuesto la demanda anunció que recurrirá a la apelación para insistir que Rivera sea juzgado en Estados Unidos.
La misma acusación se hace al cardenal de Los Angeles Roger Mahony porque sabía que recibía en su arquidiócesis de manera irregular a un sacerdote que estaba siendo denunciado por pederastia en México, aún así lo recibió y le asignó a dos iglesias indistintamente. Como era de esperarse, también en esta ciudad norteamericana, el sacerdote acusado de pederasta abusó sexualmente de más de dos docenas de niños. Hoy este sacerdote está prófugo y se menciona que funcionarios de la Iglesia Católica han confabulado para evitar su arresto.
Más allá de que este caso en particular siga su proceso, son preocupantes los prejuicios que la iglesia católica manifiesta sobre la homosexualidad, porque confunde esa orientación sexual, con la pederastia o pedofilia. Todo esto además en una discusión interna de algunos sectores de la iglesia que señalan que el celibato ya no corresponde a la realidad de la propia iglesia y sólo se fomenta una simulación.
Es necesario rescatar lo que está detrás de las acusaciones contra sacerdotes pederastas y que poco a poco van cobrando importancia, sobre todo cuando las víctimas se resuelven a demandar, cuestión que no es fácil, en primer lugar porque en la aplicación de la justicia, como está hoy concebida, revictimiza a la víctima, no ampara su anonimato y no hay certeza de que la justicia pueda llegar hasta sus últimas consecuencias a favor de las víctimas, ya que hay un encubrimiento de las autoridades eclesiales que protege a sacerdotes pederastas.
Esta situación evidencia también cómo las autoridades pueden ser cómplices para no permitir que las leyes que se aplican a todas las personas, hagan una exclusión a los ministros de cultos religiosos, imponiéndose otro tipo de intereses que no corresponden al bien jurídico que debiesen proteger.
Cambios jurídicos
La legislación en este sentido también tiene que seguir su proceso de reforma. Hay avances importantes en el Código Penal Federal específicamente en el título octavo sobre delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, Artículo 205 bis, que ya castiga con agravante si el agresor tiene con la víctima una relación de confianza, entre esos casos se especifica a los ministros de cultos religiosos.
Es necesario que estos preceptos estén inscritos en la legislación de todos los estados de la República y del Distrito Federal; hoy sólo cinco entidades han legislado en esta materia. Además es necesario proteger debidamente a quienes son afectados por estos delincuentes evitando el careo con sus victimarios.
Una iniciativa importante que no pudo ser dictaminada en la legislatura pasada es la que reforma el Artículo 105 del Código Penal Federal, con relación al tiempo en que debe comenzar la prescripción del delito contra el libre desarrollo de la personalidad, cuando la víctima sea menor de edad, y que debe comenzar su prescripción a partir de los 18 años de edad.
Con esta reforma en todos los códigos penales se podría proteger a quienes no pueden denunciar o porque están amenazados por sus agresores o se presta poca credibilidad a sus acusaciones por parte de quienes están obligados a protegerles.
Con reformas en este aspecto se resguardaría a las personas menores de 18 años, para que cuando adquieran la mayoría de edad puedan recurrir a la justicia en su favor. Cualquier persona que cometa un delito que afecte el libre desarrollo de la personalidad, sea un pederasta contra una persona púber, o sea una persona común y corriente que atente contra un o una adolescente sin ser un pervertido sexual, igual tiene que ser sancionado irrestrictamente por la ley, con la diferencia de que cuando se trate de éstos últimos tendrían que estar bajo tratamiento psiquiátrico de por vida, es decir tanto cuando está cumpliendo su sanción punitiva, como cuando salga de la prisión.
Por eso es verdaderamente inconcebible que el señor obispo de Puebla en aquel tiempo, no haya previsto, intuido, elementalmente haberse informado de que su protegido seguiría perpetuando hechos delictuosos como los que siguió haciendo en las iglesias de Los Angeles. ¿O acaso sí lo sabía?
Justicia
La Iglesia Católica mexicana tiene que hacer una revisión autocrítica sobre la impunidad que ha promovido para proteger a sacerdotes pederastas que abusan de niñas y niños y pedirle perdón al pueblo que ha confiado en ella, como en su tiempo hizo lo propio la iglesia norteamericana.
Quizá no valgan las miles de líneas que se han escrito sobre el tema, quizá sólo se motivarán cuando sigan haciendo el balance de las cuentas decrecientes de sus feligreses.
Quizá sea necesario elevar más alto la voz para exigir justicia. Hoy surge una pregunta: ¿dónde están esas personas que eran niños en los 80 y 90 de la Sierra Negra de Puebla? Frente a una autoridad como la que tiene Puebla está de más la pregunta, la justicia seguirá haciendo mutis.
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