Y los invito a que le caigan también a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda en Monterrey 50 Col Roma por si se les ocurre hacer resistencia sin estrellitis aguda, más vale caerle con el Gobierno Legítimo a la segura, pues la labor de Laura Itzel Castillo también ha sido fundamental para mucha gente que hoy día mantiene su casa o departamento por el apoyo que se está impulsando desde los grupos que trabajan con el Gobierno Legítimo, la nota tiene que ver:
Infonavit y Fovissste, rebasados por la demanda Ventilarán el caso en organismo de Naciones Unidas
El coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, Cesare Ottolini, se comprometió ayer a presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta México sobre vivienda, luego de escuchar que en el país se registran serias irregularidades, como la venta de cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda y el desalojo de quienes no pueden saldar sus empréstitos hipotecarios.
En una reunión con integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda, aseguró que el gobierno federal no cumple con sus obligaciones legales en lo que se refiere al derecho de proporcionar a una casa-habitación digna, por lo cual consideró necesario llevar el caso ante la ONU, concretamente al Comité sobre Desalojos, que se reúne en enero próximo y del que forma parte desde hace dos años.
Con esta medida se busca que el organismo de Naciones Unidas organice una “misión de prevención” que visite México, además de abrir una mesa de negociación para reclamar a la administración de Felipe Calderón Hinojosa la responsabilidad legal que tiene en la materia e impedir que los ciudadanos sean obligados a desalojar sus hogares.
De manera paralela, Cesare Ottolini informó que la alianza internacional emitirá un “duro pronunciamiento” contra la política oficial de vivienda con el fin de generar apoyo entre organizaciones sociales de otros países.
Durante el encuentro, la secretaria de Desarrollo Urbano del “gobierno legítimo”, Laura Itzel Castillo, mencionó que en México hay un déficit de 12 millones de casas, de las cuales 5.3 millones forman parte del rezago en la materia y 6.7 millones corresponden a las nuevas necesidades de la población.
Fallas de las instituciones
Aunado a ello, refirió que los organismos nacionales de vivienda, principalmente Infonavit, Fovissste y Fonhapo, han perdido la orientación social que les dio origen y se han convertido en bancos o entes financieros.
Destacó que Fonhapo, cuyo objetivo primordial es atender a los sectores de la población sin empleo, sólo ha ejercido 37.7 por ciento de su presupuesto destinado a programas de subsidio, lo que representa mil 213 millones de un total de 3 mil 219 millones. Con el subejercicio, aseguró, se corre el riesgo de que el año próximo el presupuesto de esta dependencia se reduzca en 50 por ciento.
Sobre el Infonavit, Castillo sostuvo que en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos “se la está arrebatando”, debido a que vendió 56 mil créditos de su cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda, a un costo de entre 6 y 10 por ciento de su valor real.
Dichas compañías, dijo, tratan de obtener el pago de los créditos, pero aumentan su monto hasta cuatro veces, y cuando no logran su propósito, desalojan a los propietarios originales. Frente a esta situación, Castillo Juárez demandó que cesen los desalojos, que se restructuren las deudas y que se aplique una tregua judicial.
Ottolini indicó que la problemática de la vivienda es de índole mundial y, por tanto, las organizaciones sociales también deben aplicar una estrategia global.
Infonavit y Fovissste, rebasados por la demanda Ventilarán el caso en organismo de Naciones Unidas
El coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, Cesare Ottolini, se comprometió ayer a presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la problemática que enfrenta México sobre vivienda, luego de escuchar que en el país se registran serias irregularidades, como la venta de cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda y el desalojo de quienes no pueden saldar sus empréstitos hipotecarios.En una reunión con integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda, aseguró que el gobierno federal no cumple con sus obligaciones legales en lo que se refiere al derecho de proporcionar a una casa-habitación digna, por lo cual consideró necesario llevar el caso ante la ONU, concretamente al Comité sobre Desalojos, que se reúne en enero próximo y del que forma parte desde hace dos años.
Con esta medida se busca que el organismo de Naciones Unidas organice una “misión de prevención” que visite México, además de abrir una mesa de negociación para reclamar a la administración de Felipe Calderón Hinojosa la responsabilidad legal que tiene en la materia e impedir que los ciudadanos sean obligados a desalojar sus hogares.
De manera paralela, Cesare Ottolini informó que la alianza internacional emitirá un “duro pronunciamiento” contra la política oficial de vivienda con el fin de generar apoyo entre organizaciones sociales de otros países.
Durante el encuentro, la secretaria de Desarrollo Urbano del “gobierno legítimo”, Laura Itzel Castillo, mencionó que en México hay un déficit de 12 millones de casas, de las cuales 5.3 millones forman parte del rezago en la materia y 6.7 millones corresponden a las nuevas necesidades de la población.
Fallas de las instituciones
Aunado a ello, refirió que los organismos nacionales de vivienda, principalmente Infonavit, Fovissste y Fonhapo, han perdido la orientación social que les dio origen y se han convertido en bancos o entes financieros.
Destacó que Fonhapo, cuyo objetivo primordial es atender a los sectores de la población sin empleo, sólo ha ejercido 37.7 por ciento de su presupuesto destinado a programas de subsidio, lo que representa mil 213 millones de un total de 3 mil 219 millones. Con el subejercicio, aseguró, se corre el riesgo de que el año próximo el presupuesto de esta dependencia se reduzca en 50 por ciento.
Sobre el Infonavit, Castillo sostuvo que en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos “se la está arrebatando”, debido a que vendió 56 mil créditos de su cartera vencida a empresas recuperadoras de deuda, a un costo de entre 6 y 10 por ciento de su valor real.
Dichas compañías, dijo, tratan de obtener el pago de los créditos, pero aumentan su monto hasta cuatro veces, y cuando no logran su propósito, desalojan a los propietarios originales. Frente a esta situación, Castillo Juárez demandó que cesen los desalojos, que se restructuren las deudas y que se aplique una tregua judicial.
Ottolini indicó que la problemática de la vivienda es de índole mundial y, por tanto, las organizaciones sociales también deben aplicar una estrategia global.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario