Por: Juan Luis Berterretche *. Revista Desacato/Prensa "Marea Clasista y Socialista", integrante de CCURA
El notable artista colombiano Bottero creó una serie de pinturas sobre las torturas, abusos y humillaciones en Abu Ghraib que sin lugar a duda ocuparán en la historia del arte del siglo XXI el lugar de denuncia de la barbarie, que el Guernica de Picasso simbolizó en el siglo pasado.
Cuando la prensa internacional divulgó videos y fotos mostrando los suplicios, degradaciones sexuales y otras perversidades a que los prisioneros iraquíes eran sometidos en la prisión de Abu Ghraib, el gobierno de EUA, de inmediato, quiso calificar los hechos como excepcionales y resultado de inclinaciones retorcidas de algunos pocos soldados del ejército usamericano.
Tanto las torturas en las cárceles de Afganistán e Irak, como el brutal tratamiento en el campo de concentración de Guantánamo provienen de una decisión aprobada por el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, con el objetivo de extraer de los prisioneros más informaciones sobre Al Qaeda y la resistencia en Irak. Y el Departamento de Justicia, en agosto de 2002, admitió en un memorando a la Casa Blanca que torturar terroristas de Al Qaeda, en el exterior, “puede justificarse”; que las leyes internacionales contra la tortura “pueden ser inconstitucionales si se aplican a interrogatorios” en la guerra contra el terrorismo; y que la necesidad de autodefensa “podía proveer una justificación que eliminaría toda responsabilidad criminal”.
Después de múltiples condenas del Congreso y del Tribunal Supremo, incluso después de una rectificación formal del presidente, George W. Bush, el Gobierno estadounidense ha seguido autorizando el uso de torturas contra detenidos por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia y conocidos por la Casa Blanca. Según la información publicada en exclusiva por el diario The New York Times, y no desmentida oficialmente, esos documentos fueron elaborados en tiempos de Alberto González en la Fiscalía General y siguen todavía en vigor.
El periódico afirma, citando a funcionarios que tuvieron información sobre este asunto, que las autorizaciones hechas en secreto por el Departamento de Justicia suponen "un masivo respaldo de las más crueles técnicas de interrogatorio usadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)". [2]
Esas autorizaciones daban luz verde para que los presos interrogados en las cárceles secretas de la CIA en África, Asia y el este de Europa pudieran ser sometidos a castigos como golpearles en la cabeza, simular intentos de asfixia, someterlos a temperaturas heladas o dejarlos en largos periodos de aislamiento. Similares técnicas fueron utilizadas, de acuerdo a los permisos emitidos, en Guantánamo.
La Administración estadounidense suspendió formalmente, en diciembre de 2004, los poderes que el presidente Bush había concedido después del 11 de septiembre para utilizar las más extremas técnicas de interrogatorio contra los sospechosos de terrorismo. Poco después de la llegada de Alberto González al Departamento de Justicia, en febrero de 2005, empezaron a emitirse de forma secreta nuevos documentos autorizando los métodos que oficialmente se rechazaban, pero que algunos responsables de la lucha antiterrorista seguían creyendo necesarios.
Los argumentos legales para autorizar las torturas fueron escritos por Steven Bradbury, que desde 2005 ocupa la poco conocida pero muy influyente Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, cuya misión es sencillamente la de asegurarse de que la actuación del Gobierno está dentro de la ley.
Con González como fiscal general, sin embargo, tanto la oposición demócrata como varios expertos aseguran que la Oficina de Consejo Legal y todo el Departamento de Justicia se convirtieron en un mero instrumento al servicio de la criminal política de la Administración en su “lucha contra el terrorismo”.
Alberto Gonzáles, abogado de George W. Bush cuando éste era gobernador de Texas, lo ayudó a ejecutar un número récord de 150 condenados a muerte, no aceptando ningún pedido de perdón. En ningún caso registró circunstancias que habrían debido ser suficientes para detener las sentencias. Uno de los casos más terribles es el de Terry Washington, un hombre que al momento de ser sometido a la inyección venenosa tenía la capacidad expresiva de un niño de siete años. O el de Carl Johnson, cuyo defensor de oficio se quedó dormido en la sesión en la que el acusado fue condenado a muerte. Instalado después como secretario de Estado y juez de la suprema corte del Estado de Texas, acompañó a su jefe cuando éste ganó la presidencia para ser su abogado de la Casa Blanca. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en su calidad de consejero legal del presidente, el hijo del inmigrante albañil mexicano redactó la Orden Ejecutiva 13233, que recortó severamente la libertad de información y tiñó de clandestinidad toda la esfera presidencial. Finalmente, con estos óptimos antecedentes llegó a ser el primer “hispano” en encabezar el Departamento de Justicia como fiscal general.
En un memorando, fechado el 25 de enero de 2002, sostuvo que la llamada guerra contra el terrorismo “deja, a mi juicio, obsoleta las limitaciones estrictas de Ginebra sobre la interrogación de prisioneros enemigos”. También argumentó que los derechos básicos garantizados por las leyes nacionales, incluso el habeas corpus, no eran aplicables a detenidos extranjeros e incluso estadounidenses declarados como “combatientes enemigos”. El meollo de su razonamiento era que las disposiciones de ese instrumento internacional que prohibían las ofensas a la dignidad y el trato inhumano a los prisioneros eran demasiado ambiguas y ponían en riesgo a los militares estadounidenses de ser procesados bajo los términos del Acta de Crímenes de Guerra de 1996. Para entonces, los campos de concentración de Guantánamo y Abu Ghraib funcionaban a plena capacidad.
Discurrió entonces en favor de las “torturas light” y forjó el argumento central del actual gobierno estadounidense para legitimar sus masivas violaciones a los derechos humanos en el mundo: la tortura era una práctica aceptable siempre y cuando no se le llame tortura. El hombre que fue el operador central de la aprobación de la Ley USA Patriot, que descartó la validez de las Convenciones de Ginebra, colaboró en legalizar la tortura, implementó el espionaje de ciudadanos sin autorización judicial, negó todo derecho legal básico a sospechosos detenidos en la “guerra al terrorismo”, expulsó fiscales que no comulgaban con su malévola interpretación de la justicia y quien ahora es acusado de engañar al Congreso, anunció el 27 de agosto del 2007 su renuncia como procurador general de Estados Unidos.
Parece evidente que la actuación de Gonzales estuvo coordinada por la oficina del vicepresidente D. Cheney, que siempre defendió en reuniones privadas la necesidad de las torturas y buscó los medios para continuarlas, pese a todos los obstáculos encontrados.
Entre estos obstáculos está una decisión del Tribunal Supremo en 2006 que asegura que todos los sospechosos de Al Qaeda detenidos en cárceles secretas o en Guantánamo están protegidos por la Convención de Ginebra. El Congreso aprobó también en diciembre de 2005 y en noviembre de 2006 dos leyes distintas prohibiendo el "trato cruel, inhumano o degradante" en los interrogatorios.
Frente a esas objeciones, la Administración trató de maniobrar para seguir adelante con su política original. Según un experto en interrogatorios de la CIA, Paul Kelbaugh, las técnicas aplicadas hasta ese momento "habían permitido obtener muy buena información" y el Gobierno no quería renunciar a ellas. Necesitaba, sin embargo, la base legal para justificarlas. Ahí es donde entraron en juego Gonzales, viejo amigo de Bush, y Steven Bradbury. Bradbury aconsejó, entre otras cosas, al presidente que los métodos de interrogatorio de la CIA no contradecían las condiciones de "trato cruel, inhumano o degradante" impuestas por el Congreso, ni violaban la Convención de Ginebra, como pedía el Supremo.
Fue seguramente sobre esa base legal sobre la que Bush dictó en julio de 2007 un decreto en el que autorizaba a la CIA el uso de métodos de interrogatorio prohibidos por el Ejército. Aunque nunca se informó, porque no está obligado a hacerlo, qué métodos eran ésos. Es fácil deducir ahora que los métodos autorizados son las torturas que el Departamento de Justicia había considerado previa y secretamente legales.
El ex presidente Jimmy Carter sostuvo que Estados Unidos tortura a sus prisioneros, [3] a quienes, subrayó, se les niega en las cárceles estadounidenses como la de Abu Ghraib en Irak y la de Guantánamo los derechos de la Convención de Ginebra.
Ante esta denuncia Bush afirmó que su “gobierno no tortura a la gente. Respetamos la ley estadounidense y nuestros compromisos internacionales”, en respuesta a un artículo del New York Times según el cual hay documentos del Departamento de Justicia que dicen que la ley no impide pegarle a un detenido ni someterlo a temperaturas extremas o a un simulacro de ahogamiento.
El ex mandatario demócrata de 83 años, Carter, en entrevista con CNN afirmó: "Yo no creo" que el gobierno de Bush torture, sino que "lo sé con certeza “Y agregó que el actual gobierno estadounidense cree tener el derecho de torturar a los prisioneros y negarles derechos fundamentales. El también Premio Nóbel de la Paz señaló que Bush creó su propia definición de derechos humanos y acerca de la tortura, lo cual le ha permitido afirmar que Estados Unidos no viola los derechos fundamentales y que tampoco practica apremios ilegítimos.
En 1991, el entonces presidente George Bush (padre) propuso a un hombre con el nombre de Robert Gates para que fuera el nuevo director de la CIA. Esto sacó a la luz, sin embargo, algunos recuerdos y menciones del escándalo Irán-Contra que estalló a fines de los años ochenta. El New York Times informó que: “Mr. Gates ha hecho lo posible por disipar las dudas que lo obligaron a retirarse cuando fue propuesto por primera vez en 1987. Ha parecido contrito y de mente abierta y cita su amplia experiencia y visión futura. Pero los senadores deberían tener en cuenta por lo menos tres criterios: Si su desempeño en el pasado muestra que justifica su confianza... si ha conquistado la confianza de los empleados de la agencia... y, sobre todo, si él, alguien de dentro del organismo, es la persona adecuada para dirigir la agencia hacia tiempos inciertos. En cada uno de estos aspectos, Mr. Gates se queda corto,” y además indicó: “David Boren, presidente del comité, elogia a Mr. Gates por su franqueza. Pero pasa por alto las ocasiones en las que Mr. Gates ayudó a tergiversar evaluaciones de inteligencia y se mostró evidentemente ciego ante la ilegalidad. La ilegalidad concierne al escándalo Irán-Contra. Mr. Gates afirma que estuvo fuera de dicha operación en cuanto a decisiones. Y defiende su pretendida ignorancia sobre la base de la negación – de que estaba protegiendo a la CIA de ser involucrada. Esas afirmaciones son inverosímiles.” El artículo explica además: “El testimonio de otros ubica a Mr. Gates, en por lo menos dos ocasiones, directamente en el centro de las decisiones. Supervisó la preparación del engañoso testimonio del director [de la CIA] William Casey ante el Congreso sobre el escándalo. Y un analista de la CIA, Charles Allen, dice que él informó a Mr. Gates, antes de que salieran a la luz, de tres detalles inolvidables: La participación de Oliver North, (condenado en el escándalo Irán-Contra) el encarecimiento de los precios de armas vendidas en secreto a Irán, y el desvío de los ingresos a un fondo para operaciones clandestinas. En un desliz contundente de su supuesta formidable memoria, Mr. Gates no pudo recordar los detalles cuando el Congreso le preguntó dos meses después.” [4]
Este personaje es el que en septiembre del 2007 sustituyó a Alberto González como Fiscal General del Departamento de Justicia de George W. Bush. Por lo visto sus antecedentes en engaño e ilegalidad están a la altura de los del deplorable hispano, que se fue agradeciendo haber vivido “el sueño americano.”
Isla de Santa Catarina, Brasil, octubre 2007
* Juan Luis Berterretche, escritor y periodista uruguayo. Integra el Frente Social y Político y la redacción de la revista Desacato. Colaborador de Correspondencia de Prensa en Brasil.
Notas
[1] El 13 de septiembre del 2001 Cofer Black, recién elegido para dirigir el centro de contraterrorismo de la CIA, dijo abiertamente al Congreso la célebre frase que caracterizó toda esta nueva etapa de intervenciones militares abiertas o clandestinas usamericanas: “Hubo un antes del 11-S, y después del 11-S nos sacamos los guantes.”
[2] Antonio Cañi, El País, 0ctubre 2007, Madrid, España.
[3] Dpa, Afp y The Independent Bush pide al Congreso autorización para extender el espionaje doméstico, www.starmedia.com octubre 2007.
[4] Kerr, Richard. The Once and Future C.I.A. The New York Times: October 18, 1991.
http://www.fas.org/irp/congress/1991_cr/s911031-gates.htm
El notable artista colombiano Bottero creó una serie de pinturas sobre las torturas, abusos y humillaciones en Abu Ghraib que sin lugar a duda ocuparán en la historia del arte del siglo XXI el lugar de denuncia de la barbarie, que el Guernica de Picasso simbolizó en el siglo pasado.
Cuando la prensa internacional divulgó videos y fotos mostrando los suplicios, degradaciones sexuales y otras perversidades a que los prisioneros iraquíes eran sometidos en la prisión de Abu Ghraib, el gobierno de EUA, de inmediato, quiso calificar los hechos como excepcionales y resultado de inclinaciones retorcidas de algunos pocos soldados del ejército usamericano.
Tanto las torturas en las cárceles de Afganistán e Irak, como el brutal tratamiento en el campo de concentración de Guantánamo provienen de una decisión aprobada por el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, con el objetivo de extraer de los prisioneros más informaciones sobre Al Qaeda y la resistencia en Irak. Y el Departamento de Justicia, en agosto de 2002, admitió en un memorando a la Casa Blanca que torturar terroristas de Al Qaeda, en el exterior, “puede justificarse”; que las leyes internacionales contra la tortura “pueden ser inconstitucionales si se aplican a interrogatorios” en la guerra contra el terrorismo; y que la necesidad de autodefensa “podía proveer una justificación que eliminaría toda responsabilidad criminal”.
Después de múltiples condenas del Congreso y del Tribunal Supremo, incluso después de una rectificación formal del presidente, George W. Bush, el Gobierno estadounidense ha seguido autorizando el uso de torturas contra detenidos por medio de documentos secretos emitidos por el Departamento de Justicia y conocidos por la Casa Blanca. Según la información publicada en exclusiva por el diario The New York Times, y no desmentida oficialmente, esos documentos fueron elaborados en tiempos de Alberto González en la Fiscalía General y siguen todavía en vigor.
El periódico afirma, citando a funcionarios que tuvieron información sobre este asunto, que las autorizaciones hechas en secreto por el Departamento de Justicia suponen "un masivo respaldo de las más crueles técnicas de interrogatorio usadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA)". [2]
Esas autorizaciones daban luz verde para que los presos interrogados en las cárceles secretas de la CIA en África, Asia y el este de Europa pudieran ser sometidos a castigos como golpearles en la cabeza, simular intentos de asfixia, someterlos a temperaturas heladas o dejarlos en largos periodos de aislamiento. Similares técnicas fueron utilizadas, de acuerdo a los permisos emitidos, en Guantánamo.
La Administración estadounidense suspendió formalmente, en diciembre de 2004, los poderes que el presidente Bush había concedido después del 11 de septiembre para utilizar las más extremas técnicas de interrogatorio contra los sospechosos de terrorismo. Poco después de la llegada de Alberto González al Departamento de Justicia, en febrero de 2005, empezaron a emitirse de forma secreta nuevos documentos autorizando los métodos que oficialmente se rechazaban, pero que algunos responsables de la lucha antiterrorista seguían creyendo necesarios.
Los argumentos legales para autorizar las torturas fueron escritos por Steven Bradbury, que desde 2005 ocupa la poco conocida pero muy influyente Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia, cuya misión es sencillamente la de asegurarse de que la actuación del Gobierno está dentro de la ley.
Con González como fiscal general, sin embargo, tanto la oposición demócrata como varios expertos aseguran que la Oficina de Consejo Legal y todo el Departamento de Justicia se convirtieron en un mero instrumento al servicio de la criminal política de la Administración en su “lucha contra el terrorismo”.
Alberto Gonzáles, abogado de George W. Bush cuando éste era gobernador de Texas, lo ayudó a ejecutar un número récord de 150 condenados a muerte, no aceptando ningún pedido de perdón. En ningún caso registró circunstancias que habrían debido ser suficientes para detener las sentencias. Uno de los casos más terribles es el de Terry Washington, un hombre que al momento de ser sometido a la inyección venenosa tenía la capacidad expresiva de un niño de siete años. O el de Carl Johnson, cuyo defensor de oficio se quedó dormido en la sesión en la que el acusado fue condenado a muerte. Instalado después como secretario de Estado y juez de la suprema corte del Estado de Texas, acompañó a su jefe cuando éste ganó la presidencia para ser su abogado de la Casa Blanca. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en su calidad de consejero legal del presidente, el hijo del inmigrante albañil mexicano redactó la Orden Ejecutiva 13233, que recortó severamente la libertad de información y tiñó de clandestinidad toda la esfera presidencial. Finalmente, con estos óptimos antecedentes llegó a ser el primer “hispano” en encabezar el Departamento de Justicia como fiscal general.
En un memorando, fechado el 25 de enero de 2002, sostuvo que la llamada guerra contra el terrorismo “deja, a mi juicio, obsoleta las limitaciones estrictas de Ginebra sobre la interrogación de prisioneros enemigos”. También argumentó que los derechos básicos garantizados por las leyes nacionales, incluso el habeas corpus, no eran aplicables a detenidos extranjeros e incluso estadounidenses declarados como “combatientes enemigos”. El meollo de su razonamiento era que las disposiciones de ese instrumento internacional que prohibían las ofensas a la dignidad y el trato inhumano a los prisioneros eran demasiado ambiguas y ponían en riesgo a los militares estadounidenses de ser procesados bajo los términos del Acta de Crímenes de Guerra de 1996. Para entonces, los campos de concentración de Guantánamo y Abu Ghraib funcionaban a plena capacidad.
Discurrió entonces en favor de las “torturas light” y forjó el argumento central del actual gobierno estadounidense para legitimar sus masivas violaciones a los derechos humanos en el mundo: la tortura era una práctica aceptable siempre y cuando no se le llame tortura. El hombre que fue el operador central de la aprobación de la Ley USA Patriot, que descartó la validez de las Convenciones de Ginebra, colaboró en legalizar la tortura, implementó el espionaje de ciudadanos sin autorización judicial, negó todo derecho legal básico a sospechosos detenidos en la “guerra al terrorismo”, expulsó fiscales que no comulgaban con su malévola interpretación de la justicia y quien ahora es acusado de engañar al Congreso, anunció el 27 de agosto del 2007 su renuncia como procurador general de Estados Unidos.
Parece evidente que la actuación de Gonzales estuvo coordinada por la oficina del vicepresidente D. Cheney, que siempre defendió en reuniones privadas la necesidad de las torturas y buscó los medios para continuarlas, pese a todos los obstáculos encontrados.
Entre estos obstáculos está una decisión del Tribunal Supremo en 2006 que asegura que todos los sospechosos de Al Qaeda detenidos en cárceles secretas o en Guantánamo están protegidos por la Convención de Ginebra. El Congreso aprobó también en diciembre de 2005 y en noviembre de 2006 dos leyes distintas prohibiendo el "trato cruel, inhumano o degradante" en los interrogatorios.
Frente a esas objeciones, la Administración trató de maniobrar para seguir adelante con su política original. Según un experto en interrogatorios de la CIA, Paul Kelbaugh, las técnicas aplicadas hasta ese momento "habían permitido obtener muy buena información" y el Gobierno no quería renunciar a ellas. Necesitaba, sin embargo, la base legal para justificarlas. Ahí es donde entraron en juego Gonzales, viejo amigo de Bush, y Steven Bradbury. Bradbury aconsejó, entre otras cosas, al presidente que los métodos de interrogatorio de la CIA no contradecían las condiciones de "trato cruel, inhumano o degradante" impuestas por el Congreso, ni violaban la Convención de Ginebra, como pedía el Supremo.
Fue seguramente sobre esa base legal sobre la que Bush dictó en julio de 2007 un decreto en el que autorizaba a la CIA el uso de métodos de interrogatorio prohibidos por el Ejército. Aunque nunca se informó, porque no está obligado a hacerlo, qué métodos eran ésos. Es fácil deducir ahora que los métodos autorizados son las torturas que el Departamento de Justicia había considerado previa y secretamente legales.
El ex presidente Jimmy Carter sostuvo que Estados Unidos tortura a sus prisioneros, [3] a quienes, subrayó, se les niega en las cárceles estadounidenses como la de Abu Ghraib en Irak y la de Guantánamo los derechos de la Convención de Ginebra.
Ante esta denuncia Bush afirmó que su “gobierno no tortura a la gente. Respetamos la ley estadounidense y nuestros compromisos internacionales”, en respuesta a un artículo del New York Times según el cual hay documentos del Departamento de Justicia que dicen que la ley no impide pegarle a un detenido ni someterlo a temperaturas extremas o a un simulacro de ahogamiento.
El ex mandatario demócrata de 83 años, Carter, en entrevista con CNN afirmó: "Yo no creo" que el gobierno de Bush torture, sino que "lo sé con certeza “Y agregó que el actual gobierno estadounidense cree tener el derecho de torturar a los prisioneros y negarles derechos fundamentales. El también Premio Nóbel de la Paz señaló que Bush creó su propia definición de derechos humanos y acerca de la tortura, lo cual le ha permitido afirmar que Estados Unidos no viola los derechos fundamentales y que tampoco practica apremios ilegítimos.
En 1991, el entonces presidente George Bush (padre) propuso a un hombre con el nombre de Robert Gates para que fuera el nuevo director de la CIA. Esto sacó a la luz, sin embargo, algunos recuerdos y menciones del escándalo Irán-Contra que estalló a fines de los años ochenta. El New York Times informó que: “Mr. Gates ha hecho lo posible por disipar las dudas que lo obligaron a retirarse cuando fue propuesto por primera vez en 1987. Ha parecido contrito y de mente abierta y cita su amplia experiencia y visión futura. Pero los senadores deberían tener en cuenta por lo menos tres criterios: Si su desempeño en el pasado muestra que justifica su confianza... si ha conquistado la confianza de los empleados de la agencia... y, sobre todo, si él, alguien de dentro del organismo, es la persona adecuada para dirigir la agencia hacia tiempos inciertos. En cada uno de estos aspectos, Mr. Gates se queda corto,” y además indicó: “David Boren, presidente del comité, elogia a Mr. Gates por su franqueza. Pero pasa por alto las ocasiones en las que Mr. Gates ayudó a tergiversar evaluaciones de inteligencia y se mostró evidentemente ciego ante la ilegalidad. La ilegalidad concierne al escándalo Irán-Contra. Mr. Gates afirma que estuvo fuera de dicha operación en cuanto a decisiones. Y defiende su pretendida ignorancia sobre la base de la negación – de que estaba protegiendo a la CIA de ser involucrada. Esas afirmaciones son inverosímiles.” El artículo explica además: “El testimonio de otros ubica a Mr. Gates, en por lo menos dos ocasiones, directamente en el centro de las decisiones. Supervisó la preparación del engañoso testimonio del director [de la CIA] William Casey ante el Congreso sobre el escándalo. Y un analista de la CIA, Charles Allen, dice que él informó a Mr. Gates, antes de que salieran a la luz, de tres detalles inolvidables: La participación de Oliver North, (condenado en el escándalo Irán-Contra) el encarecimiento de los precios de armas vendidas en secreto a Irán, y el desvío de los ingresos a un fondo para operaciones clandestinas. En un desliz contundente de su supuesta formidable memoria, Mr. Gates no pudo recordar los detalles cuando el Congreso le preguntó dos meses después.” [4]
Este personaje es el que en septiembre del 2007 sustituyó a Alberto González como Fiscal General del Departamento de Justicia de George W. Bush. Por lo visto sus antecedentes en engaño e ilegalidad están a la altura de los del deplorable hispano, que se fue agradeciendo haber vivido “el sueño americano.”
Isla de Santa Catarina, Brasil, octubre 2007
* Juan Luis Berterretche, escritor y periodista uruguayo. Integra el Frente Social y Político y la redacción de la revista Desacato. Colaborador de Correspondencia de Prensa en Brasil.
Notas
[1] El 13 de septiembre del 2001 Cofer Black, recién elegido para dirigir el centro de contraterrorismo de la CIA, dijo abiertamente al Congreso la célebre frase que caracterizó toda esta nueva etapa de intervenciones militares abiertas o clandestinas usamericanas: “Hubo un antes del 11-S, y después del 11-S nos sacamos los guantes.”
[2] Antonio Cañi, El País, 0ctubre 2007, Madrid, España.
[3] Dpa, Afp y The Independent Bush pide al Congreso autorización para extender el espionaje doméstico, www.starmedia.com octubre 2007.
[4] Kerr, Richard. The Once and Future C.I.A. The New York Times: October 18, 1991.
http://www.fas.org/irp/congress/1991_cr/s911031-gates.htm
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