En la sesión del martes 23 de Octubre, se consumó la aprobación de la Ley de Ingresos para 2008, por la Cámara de Diputados ; que aprobada la trasladó al senado para que proceda lo conducente, con este acto se inicia la discusión del presupuesto para 2008, que aún y cuando es el ingreso más alto en la historia del país, de todos modos es insuficiente.
La ley de ingresos prevé el impuesto a las gasolinas en 5%, del que se piensa se recaudarán 800 millones de pesos, y que pese a que era uno de los temas polémicos, se dejo pasar en la sesión porque su aprobación se dio en el marco de la Reforma Fiscal , por lo cual no fue realmente retomado ni siquiera por los diputados del PRD .
Pero si bien paso la ley de Ingresos; diversos contingentes, ya desde esta sesión y antes, se han dado a la tarea de presionar para lograr reasignaciones del proyecto de gasto de 2008. Entre estos se encuentran desde los rectores de las universidades públicas, que solicitan una reasignación presupuestal por 15 mil millones de pesos; los distintos grupos de campesinos, que se sienten amenazados por la apertura comercial en granos básicos para enero de 2008; los electricistas del SME, que requieren se invierta en el sector y se cubra un pasivo laboral creciente; y en general los sectores que requieren se les de una atención presupuestal.
Si el senado aprueba, como se espera, la Ley de Ingresos; el presupuesto sería de 2 billones 565 mil millones de pesos, el mayor presupuesto aprobado en la historia del país, un poco más de 150 mil millones de pesos más que el del año anterior y en términos reales sería un presupuesto que habría crecido respecto a la inflación del año pasado, pero en contraparte habría que señalar que este presupuesto tiene un grado de complejidad mayor, precisamente por las áreas a las que el gobierno les ha dado prioridad.
Desde que asumió el gobierno, la presidencia ilegitima de Felipe Calderón, incremento los salarios de las fuerzas armadas, y presupuestalmente el gasto en seguridad pública, inteligencia, marina y armada ha crecido exponencialmente, lo que incrementa el gasto público, lo cual se va a reflejar aún y cuando exista el plan Mérida para el combate del narcotráfico en conjunto con EU, las mismas Secretarias de Defensa y Marina ya han externado la necesidad de un incremento sustancial de sus presupuestos y, por supuesto, que la presidencia ilegitima esta por dárselos, así está contemplado en el proyecto de gasto. Aquí lo que debemos señalar es que sí el gobierno quiere darle peso al empleo, la inversión productiva o los problemas sociales, debe dimensionar lo que se gasta en seguridad, como lo han señalado diversos analistas; en el fondo está la pretensión del gobierno ilegitimo de militarizar el país, no de resolver problemas sociales de fondo.
Precisamente ahí esta el centro del problema, porque aún y cuando haya una bolsa grande de recursos que reparte la SEDESOL , en becas, subsidio eléctrico, diesel, asistencia medica, programas asistenciales a la población más desprotegida, etc., esto no resuelve el problema, sólo lo administra y obtiene una base clientelar para el gobierno-PANísta. Desde hace más de una década esta política asistencialista tiene una connotación electoral para los gobiernos neoliberales, quién no recuerda el programa solidaridad con Carlos Salinas y los distintos nombres que este ha venido tomando, hasta él de oportunidades que se usa ahora. Sin embargo pocos o nadie recuerdan las cifras de inversión pública productiva en éstos mismo periodos, porque sencillamente no existen o son irrelevantes, y este es el punto. Se gasta en asistencialismo, no en crear inversión productiva y generar empleos.
El PRD el año pasado, en voz de su coordinador Javier González Garza, salieron a votar de manera favorable la aprobación del presupuesto, luego que lograron la reasignación de 85 mil millones de pesos y que se obtuvo con un ajuste a los ingresos, al incremento del precio esperado del petróleo y a otros ajustes menores en el gasto, también estuvieron viendo, por ahí, el alto costo de algunas obras, carreteras, presas, etc. Pero eso sí, lo que paso completo fue el pago de la deuda interna y externa, los bonos del IPAB-Fobaproa y los PIDIRIEGAS, rubros estos en los que se va junto con el gasto de operación del gobierno, el grueso del presupuesto. Aún y cuando para el PRD es una prioridad la denuncia de estos rubros en tribuna han dejado de tener un peso especifico, ni siquiera como medio de presión para otorgar recursos a otras áreas mal atendidas, por ello es de todo grado que no se tenga una previsión de que se puede avanzar en esta discusión, o cual es la orientación que se pudiera dar en esta materia, sencillamente se esta llegando a un escenario donde las presiones logran reasignaciones irrelevantes mientras el gobierno ilegitimo impone su orientación.
Ahora bien, es importante señalarlo ahora: como en el caso de la seguridad pública del combate al narcotráfico aparentemente el plan Mérida daría un colchón de recursos extras para atender esta área, aunque ahora se habla de que el gobierno adicionalmente tendría que erogar 5,000 millones del presupuesto en el año próximo. En ese mismo sentido se tiene que hablar del tratamiento que se le debe dar al ISSSTE, si recordamos a la aprobación de la nueva ley del ISSSTE, el gobierno garantiza el pago de las pensiones de los empleados ya pensionados y en este caso, dado el incremento de los retiros en el sector público, a partir de la ventana que se abrió antes de la aprobación y en los meses siguientes a su puesta en operación, son varios cientos de miles de trabajadores, que cumpliendo con los requisitos de la ley del ISSSTE de 1983 han tomado la decisión de tomar la pensión, pero esto es tan abrumador que en términos de cálculo se necesitan más de 220 mil millones para liquidar finiquitos y pagar las pensiones en curso. Como se señalo la aprobación de la ley lo que iba a traer para el gobierno federal era una presión presupuestal, hasta donde se sabe, el acuerdo con el BM sobre el tema tenía planteado una asignación presupuestal, el mismo caso de muchos trabajadores que ahora sus comprobantes del SAR viene en ceros es debido a que esos recursos, cercanos a los 80 mil millones de pesos iban a ir a parar al PENSIONISTE, pero falta saber el monto exacto de lo que se piensa gastar en el inicio del costo presupuestal de la nueva ley, y en todo caso si era cierto que con su aprobación iba a ver ahorro o si por el contrario puede ser un gasto abrumador.
Adicionalmente en enero del año próximo se debe concluir la apertura comercial, permitiéndose la libre importación de granos básicos, fríjol, maíz, sorgo, leche, pollo y huevo; en donde se ha insistido hasta el cansancio que los productores no están preparados para competir, ya no digamos en ventaja sino en condiciones de igualdad con los productores extranjeros, y el riesgo de ampliar la dependencia alimentaria es más que latente.
Con estas y otras preocupaciones en mente, por ejemplo el cambio de rector y el insuficiente presupuesto en educación superior es muy claro que lo que ahora se vislumbra es un nuevo enfrentamiento en el Congreso , y no sólo sujeto a las presiones sino a la orientación perversa de gastar el dinero en deuda y mantener a los banqueros que cobran el IPAB y en los requerimientos de las fuerzas armadas a las que se les ha dado prioridad, al gasto social asistencialista y electoralmente clientelar, o por otro lado, de buscar otras alternativas en un gasto de inversión productiva generadora de empleos y con una fuerte orientación social. Seguramente esto se estará definiendo en los próximos días en cuanto comience a caminar la discusión en el congreso, pero no sin quitar los protagonismos y las cortinas distractoras que se acostumbran tender cuando se quieren reasignaciones presupuestarias a toda costa.
*Taller de Economía Social y Políticas Públicas, Facultad de Economía/UNAM.
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