Rogelio Ramírez de la O
En este año el gobierno ha hecho dos señalamientos al Banco de México que están fuera de tono, dada la autonomía de la institución. En mayo pasado, dos secretarios de Estado le reclamaron por haber subido la tasa de interés de 7.0% a 7.25%, indicando, entre otras cosas, que el aumento era “prematuro”.
Más recientemente el gobierno le pide “no equivocarse” y tomar en cuenta que la inflación es generada por “precios reales” y no “monetarios”. Aparte de que el primer término no existe en economía, el fondo del mensaje es no subir las tasas de interés.
A pesar de lo fuerte de los señalamientos de mayo y de hoy, el gobierno no abunda en ningún diagnóstico ni propuesta concreta. Por ejemplo, ¿cree que las altas tasas frenarían el crecimiento y que éste es un problema mayor que el de la inflación?
Sin que estas observaciones signifiquen que uno está de acuerdo con los aumentos del interés en la actual coyuntura, lo relevante aquí es que el peso del gobierno es mucho y sus señalamientos tienen gran impacto y no son bien recibidos sobre todo entre observadores internacionales, entre quienes se leen como intentos de interferencia en la política monetaria.
Ahora bien, es cierto que el gobierno tiene su propia visión de la realidad inflacionaria, pero no debería ignorar que el Banco sigue un mandato legal que lo obliga a controlar la inflación y nada más. En todo caso, podría proponer una reforma a la ley para ordenar al Banco no desatender el crecimiento.
En ausencia de lo anterior, señalamientos públicos con tanto peso no aportan nada constructivo. Más aún, con un análisis más riguroso tiene más mérito mencionar que el Banco no fue inoportuno en el alza en mayo, sino tardío, en vista de la mayor inflación.
En mayo la inflación ya había llegado a 4% durante ocho meses, cuando la meta oficial es de 3%. Las expectativas de inflación de mediano plazo eran de 3.5%. Aun después del alza de tasas, una en mayo y otra en octubre, la inflación sigue pegada en 4% y las expectativas han aumentado a casi 4%.
Bajo este argumento los aumentos de tasas debieron ocurrir desde 2006 no sólo por la inflación de 4%, sino por la masiva expansión del gasto público ese año. Al Banco se le podría acusar de ser complaciente con esta expansión, dado que la base monetaria terminó el año 7.2% por encima de su programa.
Ya sabemos —y por eso casi nunca los aumentos de tasas son bienvenidos— que un aumento de tasas hoy causaría mayores carteras vencidas de la banca, costos más altos de hipotecas y mayor pérdida de confianza de los consumidores. Pero si esos son los problemas, el mensaje gubernamental debería centrarse en ellos y no en lo que hace el Banco de México.
Hay así una gran inconsistencia en anunciar, como el gobierno ha hecho repetidamente, que la desaceleración en Estados Unidos no causará mayor daño en México, pues somos una economía muy sólida. También ha dicho que ha creado 980 mil empleos este año. Lo anterior no coincide con la preocupación por un aumento de tasas, menos aún cuando las expectativas inflacionarias han aumentado.
La realidad es todo lo contrario: esos 980 mil empleos carecen de cualquier sustento analítico y es obvio que todos los sectores de la economía desde manufacturas hasta servicios se han ido debilitando gradualmente. Para el gobierno es, sin embargo, muy difícil hoy proponer una agenda económica contra el ciclo económico adverso sin desajustar su modelo operativo.
Según este modelo, todo va viento en popa. Para quien tenga duda, aplicará en enero un nuevo impuesto a la gasolina, el cual, por cierto, elevará el costo del transporte y presionará los salarios. Y el Impuesto Empresarial a Tasa Única también contribuirá a aumentar muchos precios, debido a las cargas exageradas sobre muchas empresas.
Si el gobierno quisiera minimizar el riesgo inflacionario, debería procurar dar mayor competitividad a todos los energéticos y proponer una masiva reducción del gasto público, entre otras acciones.
Hoy lo más preocupante es una expansión del gasto burocrático basado en ingresos petroleros extraordinarios, pero en una economía cuyo sector privado está perdiendo mucho dinamismo. El reparto de ingreso petrolero entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sugiere que aun el equilibrio político depende del alto precio del petróleo. En el mundo sólo Venezuela tiene su economía tan comprometida con el precio del petróleo.
En este año el gobierno ha hecho dos señalamientos al Banco de México que están fuera de tono, dada la autonomía de la institución. En mayo pasado, dos secretarios de Estado le reclamaron por haber subido la tasa de interés de 7.0% a 7.25%, indicando, entre otras cosas, que el aumento era “prematuro”.
Más recientemente el gobierno le pide “no equivocarse” y tomar en cuenta que la inflación es generada por “precios reales” y no “monetarios”. Aparte de que el primer término no existe en economía, el fondo del mensaje es no subir las tasas de interés.
A pesar de lo fuerte de los señalamientos de mayo y de hoy, el gobierno no abunda en ningún diagnóstico ni propuesta concreta. Por ejemplo, ¿cree que las altas tasas frenarían el crecimiento y que éste es un problema mayor que el de la inflación?
Sin que estas observaciones signifiquen que uno está de acuerdo con los aumentos del interés en la actual coyuntura, lo relevante aquí es que el peso del gobierno es mucho y sus señalamientos tienen gran impacto y no son bien recibidos sobre todo entre observadores internacionales, entre quienes se leen como intentos de interferencia en la política monetaria.
Ahora bien, es cierto que el gobierno tiene su propia visión de la realidad inflacionaria, pero no debería ignorar que el Banco sigue un mandato legal que lo obliga a controlar la inflación y nada más. En todo caso, podría proponer una reforma a la ley para ordenar al Banco no desatender el crecimiento.
En ausencia de lo anterior, señalamientos públicos con tanto peso no aportan nada constructivo. Más aún, con un análisis más riguroso tiene más mérito mencionar que el Banco no fue inoportuno en el alza en mayo, sino tardío, en vista de la mayor inflación.
En mayo la inflación ya había llegado a 4% durante ocho meses, cuando la meta oficial es de 3%. Las expectativas de inflación de mediano plazo eran de 3.5%. Aun después del alza de tasas, una en mayo y otra en octubre, la inflación sigue pegada en 4% y las expectativas han aumentado a casi 4%.
Bajo este argumento los aumentos de tasas debieron ocurrir desde 2006 no sólo por la inflación de 4%, sino por la masiva expansión del gasto público ese año. Al Banco se le podría acusar de ser complaciente con esta expansión, dado que la base monetaria terminó el año 7.2% por encima de su programa.
Ya sabemos —y por eso casi nunca los aumentos de tasas son bienvenidos— que un aumento de tasas hoy causaría mayores carteras vencidas de la banca, costos más altos de hipotecas y mayor pérdida de confianza de los consumidores. Pero si esos son los problemas, el mensaje gubernamental debería centrarse en ellos y no en lo que hace el Banco de México.
Hay así una gran inconsistencia en anunciar, como el gobierno ha hecho repetidamente, que la desaceleración en Estados Unidos no causará mayor daño en México, pues somos una economía muy sólida. También ha dicho que ha creado 980 mil empleos este año. Lo anterior no coincide con la preocupación por un aumento de tasas, menos aún cuando las expectativas inflacionarias han aumentado.
La realidad es todo lo contrario: esos 980 mil empleos carecen de cualquier sustento analítico y es obvio que todos los sectores de la economía desde manufacturas hasta servicios se han ido debilitando gradualmente. Para el gobierno es, sin embargo, muy difícil hoy proponer una agenda económica contra el ciclo económico adverso sin desajustar su modelo operativo.
Según este modelo, todo va viento en popa. Para quien tenga duda, aplicará en enero un nuevo impuesto a la gasolina, el cual, por cierto, elevará el costo del transporte y presionará los salarios. Y el Impuesto Empresarial a Tasa Única también contribuirá a aumentar muchos precios, debido a las cargas exageradas sobre muchas empresas.
Si el gobierno quisiera minimizar el riesgo inflacionario, debería procurar dar mayor competitividad a todos los energéticos y proponer una masiva reducción del gasto público, entre otras acciones.
Hoy lo más preocupante es una expansión del gasto burocrático basado en ingresos petroleros extraordinarios, pero en una economía cuyo sector privado está perdiendo mucho dinamismo. El reparto de ingreso petrolero entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sugiere que aun el equilibrio político depende del alto precio del petróleo. En el mundo sólo Venezuela tiene su economía tan comprometida con el precio del petróleo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario