¿Simular? ¡Vayam otro concepto que en Revoluciones desde cuando hemos venido cantando... (MIREN ACÁ TANTITO) y pues en esto de las deformas, perdón, reformas electorales hay más de lo mesmo ¿y el pueblo? pues hay alistandose para irse de rodillas a uno de los tantos nidos del Vaticano y el Catolicismo, cueva de encubrepederastas, hablo de la Villita quesque a pedirle el milagro a una María que inventaron hace sepa cuantos siglos atrás para manipular a las masas por medio de la fe... o de plano otros siguen esperando que el milagro de cambiar al país les caiga del cielo ¡Dios!
Candidatos a consejeros del IFE acusan a diputados de “simular” el proceso de elección
Excandidatos a consejeros electorales acusaron al PRI, PAN y PRD de “simular” el proceso de elección de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y de eliminar en la primera ronda a algunos contendientes “por motivos políticos”.
En conferencia de prensa, Álvaro Arreola, exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México, y Yolanda Meyenberg, quien elaboraba los discursos de Vicente Fox en la Presidencia de la República, responsabilizaron directamente a los diputados federales de actuar “con dolo, por error o por ignorancia”.
Más cauto, Eduardo Huchim, quien también participó en la conferencia, pidió mayor transparencia en el proceso, “para que quede la convicción de que se eligió por meritos y no por cuotas partidistas”.
Los aspirantes rechazados detallaron el desconcierto que les provocó su eliminación porque, en su opinión, ellos sí cubrían los requisitos para continuar en la segunda ronda.
Huchim, uno de los exconsejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal aclaró que él no descalifica el proceso que realiza la Cámara de Diputados, pero recriminó que los legisladores no hayan considerado su obra publicada sobre la materia.
Su candidatura fue anulada con el argumento de que no tiene título profesional. Sin embargo, la convocatoria señala que el día de la designación se debe poseer el título o “la formación equivalente”. En este caso Huchim no sólo ha publicado 10 libros en materia electoral, sino que, además, ha sido un consejero en la capital del país.
A pesar de ello, dijo que no impugnará la decisión y añadió que espera que los tres consejeros electos puedan garantizar el buen desempeño del IFE, para remontar la situación de desprestigio que enfrentó el Instituto durante y después de las elecciones presidenciales de 2006.
“Lo peor es que (los diputados) se pueden equivocar y elegir por cuotas… que los tres partidos políticos decidan presentar un consejero, entonces lo que pesará es la filia o la fobia, o lo que los partidos presumen”, dijo.
Más directa, Yolanda Meyenberg, cuestionó que en la primera etapa del proceso de elección, los miembros de los tres principales partidos políticos le hayan dado más peso a lo político que a lo académico. Incluso, tildó de “ignorantes” a algunos diputados, pues, según ella, desconocen el trabajo que han desarrollado dentro del ámbito electoral.
Dijo que su eliminación se debió “a motivos políticos” porque durante la presidencia de Vicente Fox estuvo encargada de elaborar y revisar los discursos del entonces presidente de la República. “La razón por la que fui excluida es que se aplicó el veto al foxismo”, acusó.
Además, cuestionó: ¿quién les dijo a los diputados federales que se podían asumir como jueces y descalificar el trabajo intelectual de los participantes?
Aunque tímida al inicio de la conferencia, la exasesora de la Presidencia de la República acusó directamente a los diputados de tomar decisiones de tipo político, y no con base al perfil que demanda un consejero electoral.
Meyenberg aclaró que el problema no es que la hayan eliminado en la primera ronda, sino que los diputados conviertan al IFE en “otro coto de la partidocracia”.
En tanto, Álvaro Arreola denunció que los diputados aceptaron las candidaturas de aspirantes que, incluso, fueron destituidos de su cargo como consejeros electorales en sus respectivos estado, mientras que a otros los descalificaron “por motivos políticos”.
Calificó la eliminación de Yolanda Meyenberg, de Huchim y de él mismo, como “dolosa, a no ser que los diputados sean unos ignorantes”, pues, argumentó, que son ampliamente reconocidos en el ámbito electoral.
Acusó a los diputados de actuar con “parcialidad y discrecionalidad”, pues por motivos políticos ignoraron la experiencia electoral de los aspirantes.
Arreola dijo que si el actual proceso de elección no es similar “sí es muy parecido al de 2003”, cuando el PRI y el PAN “se repartieron” el Consejo General del IFE, salvo que ahora se sumó el PRD.
“Si el Partido de la Revolución Democrática cree que con uno o dos consejeros que pueda incluir logrará un equilibrio de fuerzas en el Consejo General del IFE, está muy equivocado”, sentenció.
En suma, los tres aspirantes eliminados consideraron que los diputados podrán elegir a tres nuevos consejeros electorales capaces y honestos; pero advirtieron que la forma en que están actuando, “deslegitimarán” el proceso de elección y afectarán aún más a la institución.
“La exclusión arbitraria deslegitima el procedimiento de elección”, enfatizó Álvaro Arreola.
Tan pero tan mal va el asunto que hasta los impulsores del fraude electoral ya estan chillando por este regimen simulador (presten los klennex):
Presenta CCE una demanda de amparo contra la reforma electoral
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso hoy una demanda de amparo contra la Reforma Electoral publicada el 13 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que atenta contra las garantías constitucionales de libertad de expresión y asociación, inhibe la participación social en los procesos electorales y limita el derecho a la información.
Es decir, dicha reforma va “contra el progreso democrático del país”, afirmó Armando Paredes Arroyo, presidente del organismo.
Acompañado por los titulares de los 12 organismos que conforman el CCE, más el equipo de abogados del mismo, el líder empresarial –en conferencia de prensa, a la que se citó anoche de urgencia--, consideró que la demanda de amparo, presentada esta mañana ante el juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, está fundamentada en el derecho que cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana a presentar un juicio de amparo en contra de cualquier acto o ley de cualquier rango o jerarquía, incluyendo reformas constitucionales, que violen las garantías constitucionales.
A juicio del CCE, la reforma electoral viola los principios contenidos en los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución.
Paredes Arroyo argumentó que los cambios aprobados en la legislación electoral “dan lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. Además, dijo, “los intereses ciudadanos deben estar por encima de los de los partidos políticos”. Por ello, la demanda de amparo, dijo, es para defender no sólo esos intereses, sino también para hacer “uso de los cauces institucionales, a fin de que se determine si el Congreso de la Unión tiene la facultad de hacer modificaciones a la parte sustantiva de la Constitución, aun cuando se alteren los preceptos que nos cohesionan como sociedad”.
El presidente del organismo cúpula de los empresarios detalló los puntos centrales de la demanda de amparo. Consideró que la Reforma Electoral suprime por completo la libertad de expresión en materia político- electoral, contenida en el artículo 6 constitucional, al adicionar al artículo 41 lo siguiente: “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor o en contra de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular”.
Según el dirigente, esa adición “implica que únicamente los partidos políticos pueden ejercer el derecho de libertad de expresión, dejando amordazados a ciudadanos y/o asociaciones civiles, incluso para llamar al ejercicio de un voto informado, libre, razonado y secreto”.
También, añadió, con la reforma electoral, la difusión pública del ejercicio del derecho de petición en materia política realizada por cualquier persona física o moral que no sean los partidos políticos, queda prohibida terminantemente. Ello contraviene, según el CCE, el artículo 8 constitucional, el cual determina que sólo los ciudadanos podrán hacer uso del derecho de petición en materia política que, para ser efectivo, requiere hacerse del dominio público.
La reforma electoral, expresó el organismo, también nulifica el artículo 9 constitucional, que garantiza la libertad de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, y el cual es un derecho que corresponde únicamente a los ciudadanos, y que no está condicionado a la pertenencia a ningún partido político.
El ejercicio de esta garantía está ligado al derecho a difundir públicamente las actividades, inquietudes, propuestas y pensamientos de cualquier asociación lícita, pues de lo contrario –argumentó-- resultaría infructuoso el derecho a participar en los asuntos políticos del país.
De acuerdo con el CCE, otro atentado de la reforma contra los derechos de los ciudadanos, es la derogación del tercer párrafo del artículo 97 constitucional, el cual establecía que: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público”.
Argumentó que la actuación de la SCJN estaba condicionada a la presentación de quejas, protestas y reclamaciones que públicamente formularan los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas legalmente constituidas. Sin embargo, afirmó, dicha derogación priva a éstos de poder acudir a la Suprema Corte, lo que constituye una violación de la garantía individual contenida en el artículo 9 y, en general, del régimen total de garantías individuales que emanan del artículo 1 constitucional.
En suma, dijo el dirigente empresarial, la Reforma Electoral excluye a los ciudadanos de cualquier proceso de consolidación de la democracia. “Son los ciudadanos quienes construyen y legitiman la democracia. Es necesario tomarlos en cuenta para respetar la libertad y fortalecer las instituciones democráticas”.
Los abogados del CCE consideraron que esta demanda de juicio de amparo es la primera que se hace, con estas características, en los 150 años que lleva en México el juicio de amparo.
Estimaron que una resolución definitiva del juicio interpuesto hoy puede tardar entre 12 y 18 meses.
Y a todo esto de los amparos ¿existe algún jodido amparo que nos ampare de ser tan despojados y tan maltratados por esta perra oligarquia -perdon el lenguaje pero encabrona la verdad tanta porqueria-?
Candidatos a consejeros del IFE acusan a diputados de “simular” el proceso de elección
Excandidatos a consejeros electorales acusaron al PRI, PAN y PRD de “simular” el proceso de elección de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y de eliminar en la primera ronda a algunos contendientes “por motivos políticos”.En conferencia de prensa, Álvaro Arreola, exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México, y Yolanda Meyenberg, quien elaboraba los discursos de Vicente Fox en la Presidencia de la República, responsabilizaron directamente a los diputados federales de actuar “con dolo, por error o por ignorancia”.
Más cauto, Eduardo Huchim, quien también participó en la conferencia, pidió mayor transparencia en el proceso, “para que quede la convicción de que se eligió por meritos y no por cuotas partidistas”.
Los aspirantes rechazados detallaron el desconcierto que les provocó su eliminación porque, en su opinión, ellos sí cubrían los requisitos para continuar en la segunda ronda.
Huchim, uno de los exconsejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal aclaró que él no descalifica el proceso que realiza la Cámara de Diputados, pero recriminó que los legisladores no hayan considerado su obra publicada sobre la materia.
Su candidatura fue anulada con el argumento de que no tiene título profesional. Sin embargo, la convocatoria señala que el día de la designación se debe poseer el título o “la formación equivalente”. En este caso Huchim no sólo ha publicado 10 libros en materia electoral, sino que, además, ha sido un consejero en la capital del país.
A pesar de ello, dijo que no impugnará la decisión y añadió que espera que los tres consejeros electos puedan garantizar el buen desempeño del IFE, para remontar la situación de desprestigio que enfrentó el Instituto durante y después de las elecciones presidenciales de 2006.
“Lo peor es que (los diputados) se pueden equivocar y elegir por cuotas… que los tres partidos políticos decidan presentar un consejero, entonces lo que pesará es la filia o la fobia, o lo que los partidos presumen”, dijo.
Más directa, Yolanda Meyenberg, cuestionó que en la primera etapa del proceso de elección, los miembros de los tres principales partidos políticos le hayan dado más peso a lo político que a lo académico. Incluso, tildó de “ignorantes” a algunos diputados, pues, según ella, desconocen el trabajo que han desarrollado dentro del ámbito electoral.
Dijo que su eliminación se debió “a motivos políticos” porque durante la presidencia de Vicente Fox estuvo encargada de elaborar y revisar los discursos del entonces presidente de la República. “La razón por la que fui excluida es que se aplicó el veto al foxismo”, acusó.
Además, cuestionó: ¿quién les dijo a los diputados federales que se podían asumir como jueces y descalificar el trabajo intelectual de los participantes?
Aunque tímida al inicio de la conferencia, la exasesora de la Presidencia de la República acusó directamente a los diputados de tomar decisiones de tipo político, y no con base al perfil que demanda un consejero electoral.
Meyenberg aclaró que el problema no es que la hayan eliminado en la primera ronda, sino que los diputados conviertan al IFE en “otro coto de la partidocracia”.
En tanto, Álvaro Arreola denunció que los diputados aceptaron las candidaturas de aspirantes que, incluso, fueron destituidos de su cargo como consejeros electorales en sus respectivos estado, mientras que a otros los descalificaron “por motivos políticos”.
Calificó la eliminación de Yolanda Meyenberg, de Huchim y de él mismo, como “dolosa, a no ser que los diputados sean unos ignorantes”, pues, argumentó, que son ampliamente reconocidos en el ámbito electoral.
Acusó a los diputados de actuar con “parcialidad y discrecionalidad”, pues por motivos políticos ignoraron la experiencia electoral de los aspirantes.
Arreola dijo que si el actual proceso de elección no es similar “sí es muy parecido al de 2003”, cuando el PRI y el PAN “se repartieron” el Consejo General del IFE, salvo que ahora se sumó el PRD.
“Si el Partido de la Revolución Democrática cree que con uno o dos consejeros que pueda incluir logrará un equilibrio de fuerzas en el Consejo General del IFE, está muy equivocado”, sentenció.
En suma, los tres aspirantes eliminados consideraron que los diputados podrán elegir a tres nuevos consejeros electorales capaces y honestos; pero advirtieron que la forma en que están actuando, “deslegitimarán” el proceso de elección y afectarán aún más a la institución.
“La exclusión arbitraria deslegitima el procedimiento de elección”, enfatizó Álvaro Arreola.
Tan pero tan mal va el asunto que hasta los impulsores del fraude electoral ya estan chillando por este regimen simulador (presten los klennex):
Presenta CCE una demanda de amparo contra la reforma electoral
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso hoy una demanda de amparo contra la Reforma Electoral publicada el 13 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, por considerar que atenta contra las garantías constitucionales de libertad de expresión y asociación, inhibe la participación social en los procesos electorales y limita el derecho a la información.
Es decir, dicha reforma va “contra el progreso democrático del país”, afirmó Armando Paredes Arroyo, presidente del organismo.
Acompañado por los titulares de los 12 organismos que conforman el CCE, más el equipo de abogados del mismo, el líder empresarial –en conferencia de prensa, a la que se citó anoche de urgencia--, consideró que la demanda de amparo, presentada esta mañana ante el juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, está fundamentada en el derecho que cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana a presentar un juicio de amparo en contra de cualquier acto o ley de cualquier rango o jerarquía, incluyendo reformas constitucionales, que violen las garantías constitucionales.
A juicio del CCE, la reforma electoral viola los principios contenidos en los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución.
Paredes Arroyo argumentó que los cambios aprobados en la legislación electoral “dan lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. Además, dijo, “los intereses ciudadanos deben estar por encima de los de los partidos políticos”. Por ello, la demanda de amparo, dijo, es para defender no sólo esos intereses, sino también para hacer “uso de los cauces institucionales, a fin de que se determine si el Congreso de la Unión tiene la facultad de hacer modificaciones a la parte sustantiva de la Constitución, aun cuando se alteren los preceptos que nos cohesionan como sociedad”.
El presidente del organismo cúpula de los empresarios detalló los puntos centrales de la demanda de amparo. Consideró que la Reforma Electoral suprime por completo la libertad de expresión en materia político- electoral, contenida en el artículo 6 constitucional, al adicionar al artículo 41 lo siguiente: “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor o en contra de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular”.
Según el dirigente, esa adición “implica que únicamente los partidos políticos pueden ejercer el derecho de libertad de expresión, dejando amordazados a ciudadanos y/o asociaciones civiles, incluso para llamar al ejercicio de un voto informado, libre, razonado y secreto”.
También, añadió, con la reforma electoral, la difusión pública del ejercicio del derecho de petición en materia política realizada por cualquier persona física o moral que no sean los partidos políticos, queda prohibida terminantemente. Ello contraviene, según el CCE, el artículo 8 constitucional, el cual determina que sólo los ciudadanos podrán hacer uso del derecho de petición en materia política que, para ser efectivo, requiere hacerse del dominio público.
La reforma electoral, expresó el organismo, también nulifica el artículo 9 constitucional, que garantiza la libertad de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, y el cual es un derecho que corresponde únicamente a los ciudadanos, y que no está condicionado a la pertenencia a ningún partido político.
El ejercicio de esta garantía está ligado al derecho a difundir públicamente las actividades, inquietudes, propuestas y pensamientos de cualquier asociación lícita, pues de lo contrario –argumentó-- resultaría infructuoso el derecho a participar en los asuntos políticos del país.
De acuerdo con el CCE, otro atentado de la reforma contra los derechos de los ciudadanos, es la derogación del tercer párrafo del artículo 97 constitucional, el cual establecía que: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público”.
Argumentó que la actuación de la SCJN estaba condicionada a la presentación de quejas, protestas y reclamaciones que públicamente formularan los ciudadanos y las organizaciones ciudadanas legalmente constituidas. Sin embargo, afirmó, dicha derogación priva a éstos de poder acudir a la Suprema Corte, lo que constituye una violación de la garantía individual contenida en el artículo 9 y, en general, del régimen total de garantías individuales que emanan del artículo 1 constitucional.
En suma, dijo el dirigente empresarial, la Reforma Electoral excluye a los ciudadanos de cualquier proceso de consolidación de la democracia. “Son los ciudadanos quienes construyen y legitiman la democracia. Es necesario tomarlos en cuenta para respetar la libertad y fortalecer las instituciones democráticas”.
Los abogados del CCE consideraron que esta demanda de juicio de amparo es la primera que se hace, con estas características, en los 150 años que lleva en México el juicio de amparo.
Estimaron que una resolución definitiva del juicio interpuesto hoy puede tardar entre 12 y 18 meses.
Y a todo esto de los amparos ¿existe algún jodido amparo que nos ampare de ser tan despojados y tan maltratados por esta perra oligarquia -perdon el lenguaje pero encabrona la verdad tanta porqueria-?
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