No obstante las amplias expectativas que había despertado la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 21 de agosto, el desencanto fue inmediato y mayúsculo. A pesar de los reclamos serios y profundos de Alejandro Martí y María Elena Morera, la contestación resultó tradicional: "Ahora sí entraremos en acción".
Mientras esperamos cien días para el próximo e impresionante encuentro en la cumbre, las preguntas surgen.
1. ¿Podrá la tan cuestionada Corte decirnos porque el juez, Miguel Ángel
Robles, que lleva el asunto de Alfredo Rivera y Granados Chapa, demandados por el cacique de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, ha tardado cuatro años en dar una sentencia?
2. ¿Quedará impune el asesinato de Felicitas Martínez y Teresa Bautista, encargadas de la radio comunitaria La voz que Rompe el Silencio?
3. ¿Se castigará a quienes desaparecieron a los miembros del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz?
4. ¿Se admitirá que un juez sentencie a 45 años de cárcel a Ignacio del Valle
por el conflicto de Atenco?
5. ¿Por fin se aceptará que los homicidios contra reporteros sean materia federal y se dará presupuesto para que actúe la fiscalía que está, supuestamente, para defender a los periodistas?
6. ¿El ejecutivo dará publicidad a los medios (Proceso, Forum, Contralínea, Quehacer Político, Por Esto! y otros) motejados de contrarios al gobierno federal?
Las interrogantes pueden continuar. Pero mientras exista esa inequidad en muchos órdenes, no podremos decir que hay libertad de expresión y se avanza en la justicia.
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