El general Walter Panozo, jefe del Comando de Emergencia para Pando, mostró el arsenal de armamento y municiones, dentro del cual se encontraban ametralladoras, petardos de gran poder explosivo y proyectiles capaces de atravesar blindajes.
Asimismo reveló el descubrimiento de 50 cartuchos para carabina con la insignia del Ejército de Bolivia, artefacto sólo empleado por las FF.AA.
Señaló que el material decomisado es para uso exclusivo en casos de guerra, y los poseedores del mismo deberán aclarar la procedencia y los objetivos de tenerlo en sus domicilios.
No puede ser que en un depósito o en una casa particular se tenga todo este arsenal bélico en manos de civiles de Cobija, subrayó.
El alto oficial informó a la prensa que fueron apresadas 10 personas sospechosas de participar en la masacre perpetrada contra campesinos en las localidades de Porvenir y Filadelfia, que según cálculos preliminares provocó cerca de 30 muertos.
De acuerdo con Panozo, el hallazgo de medios militares en un territorio en estado de excepción y escenario del reciente asesinato en masa de seres humanos genera suspicacias, aunque explicó que la decisión final es competencia de la justicia.
Indicó que los militares tomaron el control de la urbe cabecera de Pando en cumplimiento del decreto emitido por el Gobierno, con el propósito de proteger a la población.
El Ejecutivo mantiene sus acusaciones por los trágicos hechos contra el prefecto opositor de esa región, Leopoldo Fernández, cuyo paradero se desconoce.
En conversaciones telefónicas con varias televisoras nacionales y con la CNN en Español, el dirigente departamental asegura permanecer en Cobija, pero hasta ahora nadie lo ha vuelto a ver.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, manifestó la víspera que el Gobierno solicitará para Fernández una condena de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.
Mientras efectivos policiales y militares buscan a esa autoridad regional, el fiscal general de la República, Mario Uribe, anunció el inicio de un proceso judicial en su contra por genocidio en la categoría de masacre sangrienta.
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